Clarita, un rostro de la trata de personas desde Venezuela

La vida le cambió cuando, con engaños, resultó en Colombia sometida a toda clase de abusos. Es uno más entre tantos casos que quedan en la impunidad por un problema que está creciendo en la frontera de La Guajira, según denuncian voces locales.

Por: Betty Martínez Fajardo

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Podría ser tan fácil como decir que Clarita* pasó de llevar la vida normal de una joven Wayúu de 16 años, estudiante de bachillerato en el estado Barinas, Venezuela, fronterizo con La Guajira, a estar sometida contra su voluntad por cerca de tres meses en una finca en las montañas de Boyacá y expuesta a toda clase de abusos.

Pero esta historia es más compleja y el sufrimiento que pasó Clarita pone en evidencia el flagelo que enfrentan cada año decenas de personas –o centenares, no hay cifras precisas–, especialmente extranjeras, en condición de vulnerabilidad. La mayoría de los casos quedan en la impunidad. La mayoría, tragedias que siguen vivas.

Clarita, por ejemplo, recorrió engañada cerca de 800 kilómetros. Una amiga del colegio, una mala amiga, le ofreció un supuesto trabajo en Colombia y la convenció de dejar a los suyos por un ingreso económico fijo. La niña se escapó de su hogar el 16 enero de 2021, junto con su compañera de clases cuatro años mayor. Entró vía terrestre por Cúcuta y luego se desplazó en bus hasta Santa Sofía, un frío y campesino municipio ubicado a 52, 3 kilómetros de la ciudad de Tunja.

Quien da los detalles es Maryori López, madre de Clarita. Atiende la llamada telefónica desde Maicao, en medio de la odisea que se convirtió la búsqueda de su hija, quien siempre soñó con ser modelo. Su voz preocupada intenta armar un rompecabezas del que seguramente quedarán faltando fichas.

“Yo no sabía nada. A mí ella me dijo que iba para una actividad social y cuando la busqué en casa de su amiga me enteré que habían agarrado las maletas y arrancado para Colombia. Yo quedé sin saber qué hacer o en qué parte buscarla”, relata Maryori, quien aclara que es colombiana, pero lleva once años trabajando al otro lado de la frontera.

Fue el comienzo de la angustia para esta familia Wayúu. Yadira Martínez, tía paterna de Clarita y activista de derechos humanos, fue quien lideró la búsqueda publicando avisos en redes sociales. Movió cielo y tierra para encontrar a la joven, pero una corazonada le dejaba ver la complejidad de lo que estaban a punto de enfrentar porque, justo por esos días, lidiaba con un caso de trata de personas, muy común en los últimos años en la zona fronteriza, según afirma.

Clarita llegó a un territorio desconocido ilusionada con trabajar, pero nada más alejado de la realidad. La copia de la denuncia que presentó su tía Yadira ante la Fiscalía de Maicao da cuenta de los vejámenes que sufrió esta menor de edad Wayúu en tierras boyacenses.

Estuvo todo el tiempo en contra de su voluntad, era obligada a tener relaciones sexuales con un hombre conocido con el alias El Conejo, al parecer miembro de bandas criminales, quien amenazaba con matarla a ella y a su familia y la golpeaba constantemente. Muy lejos de los suyos, abandonada por su amiga, seguramente arrepentida de lo que hizo, la joven de 16 años estuvo casi tres meses padeciendo lo indecible.

En la denuncia que hizo Yadira queda escrito cómo Clarita logró, a comienzos de mayo, usar un teléfono celular de un trabajador de la finca para llamar a su papá, residente en Uribia (La Guajira), y contarle lo que vivía. Entre lágrimas, según recuerda su tía, pidió que no la juzgara y le dijo que estaba desesperada, secuestrada, que necesitaba ayuda, que la rescataran. Y entonces comenzó otro suplicio para dar con su paradero.

Las personas menores de edad suelen ser las víctimas favoritas de quienes delinquen con la trata de personas, afirma Silvana Zapata Bedoya, epidemióloga y experta en temas de niñez. Ella advierte que los más vulnerables ante este flagelo suelen ser las mujeres, menores de edad y quienes se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales.

“Todos ellos sufren por igual graves secuelas en la salud reproductiva como traumatismo ginecológico, embarazo no planeado, aborto inseguro, disfunción sexual, infecciones de transmisión sexual y fistula traumática. A eso se le suman las afectaciones en la salud mental como la depresión, trastorno por estrés postraumático, ansiedad, dificultades del sueño, síntomas somáticos, comportamientos suicidas y trastorno de pánico”, señala la experta, quien ha atendido decenas de casos como el de Clarita.

La epidemióloga plantea también escenarios de contexto de explotación sexual en los migrantes, que de alguna forma favorecen el delito. “Ejemplo de ello es la mendicidad ajena, esa que se ve de manera cotidiana donde usan población menor de edad migrante para pedir o vender en semáforos o puntos estratégicos, sin saber en realidad si ese niño o niña es hijo de quienes piden ese dinero. Otras están relacionadas con empleos fraudulentos que ponen a las víctimas de trata en condición de explotación sexual comercial”, expone.

La búsqueda

Ya había una pista clara. Clarita logró dar algunas indicaciones que servían para cerrar la búsqueda. Yadira Martínez logró comunicarse con César Pachón, líder social de Boyacá y le pidió ayuda para alertar a las autoridades e iniciar un operativo en la zona.

“A la niña la encuentran al día siguiente. El domingo a las once de la mañana se filtró la información y el señor que la tenía la dejó en una vía sola, allí la halló la policía, no hubo capturados”, señala Yadira.

Luego de eso, las autoridades entregaron la joven menor de edad a un hogar sustituto donde permaneció dos meses, hasta que fue devuelta a su madre después de cumplir con varios requisitos, como aportar la documentación de su mamá y su papá, toda vez que la menor goza de doble nacionalidad.

Sin embargo, para llegar hasta ese abrazo Maryori tuvo que vender algunas pertenencias y trasladarse desde Barinas a Maicao. Allí recibió ayuda económica de la organización Save The Children para continuar con su viaje en medio de la incertidumbre, pensando cómo sería ese momento en el hogar sustituto en la ciudad de Moniquirá.

“El encuentro fue algo grandioso, yo pensaba que no iba a recuperar a mi hija, que no la volvería a ver cuando la soltaran de ese lugar. Primero por los recursos y después porque eso es delicado, no iba a ser fácil que me la entregaran. Me alegré mucho”, narra la madre.

El rompecabezas que intenta armar Maryori presume que su hija fue vendida por su amiga del colegio. Y una prueba que expone es que la joven de 20 años desapareció de Barinas junto con los suyos. Maryori es madre de otros cinco hijos y desde Maicao pide justicia para que se castigue a quien con engaños se llevó a su hija.

Clarita, mientras, está en La Guajira y no quiere regresar a Barinas. Sus familiares son conscientes de que necesita ayuda psicológica o un tratamiento, que aún no llega y que será más fácil conseguir en Colombia. Pero la joven menor de edad insiste en no querer hablar de ese tema. “Me dice, ‘olvídalo aquí no pasó nada’, y trata de olvidar como yo lo he hecho. Eso es lo único que me dice”, concluye la madre.

Tal vez el silencio le ayuda a soportar tanto dolor e impotencia.

Otros casos

“Mayerlín Vergara Pérez es la coordinadora regional para La Guajira de la Fundación Renacer, dedicada a la investigación social en la calle, lo que le permite reconocer las dinámicas de explotación sexual y de trata de personas que se está presentando en la población migrante. Su trabajo le valió el premio Nasen para los refugiados, otorgado por Acnur en septiembre de 2020.

“Desde abril del 2019 hasta junio de 2021 hemos atendido a más de 150 niños víctimas de abuso, de explotación sexual y de trata de personas; de ellos más o menos 20 han sido víctimas de trata de personas”, detalla.

En su experiencia de más de veinte años trabajando para la erradicación y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, incluida la trata de personas con fines de explotación sexual, Mayerlín tiene claro cómo es la dinámica en esta zona fronteriza.

Sus años recorriendo las calles le advierten que la situación cada día es más compleja, especialmente porque los casos se presentan en familias vulnerables. Afirma que los abusadores y explotadores sexuales logran generar un proceso de manipulación emocional, llevando a las víctimas a adaptarse al delito, no encontrando otra opción de vida.

Pero el tema va más allá y tiene que ver con el nivel de impunidad, pues los resultados de las investigaciones son prácticamente nulos, sentencia Vergara.

“Esa es una de las grandes deudas que se tiene en cuanto a investigación judicial, y es la Fiscalía la responsable de identificar y detectar hasta qué punto es una red informal porque hay varios actores que se unen de manera informal y participan, o si hay una red debidamente estructurada”, cuestiona.

En eso coincide la líder Wayúu Yadira Martínez, que vivió este drama en su propia familia: “Ya tienen una ruta establecida y saben cómo manejar a las jóvenes y llevárselas con trampas, con engaños de promesas de trabajo. Las venden y a la final las personas terminan utilizadas y siendo pareja de muchos hombres sexualmente u obligadas a hacer trabajos sin remuneración. Las golpean, además, y las maltratan psicológicamente porque les dicen que no valen nada como personas”.

Las cifras

Al indagar sobre la dimensión de este problema en La Guajira las cifras no coinciden. En la Fiscalía Seccional dan cuenta de tres denuncias que corresponde a los años 2019, 2020 y 2021, una de ellas de un ciudadano extranjero; en tanto, desde el Comité Departamental contra la Trata de Personas documentan siete casos y la Fundación Renacer registra veinte en los dos últimos años.

Para el director seccional de la Fiscalía en La Guajira, Franklin Martínez Solano, investigar los casos de trata es bastante complejo porque no se puede determinar la conducta hasta tanto la persona no la ponga en conocimiento. “De los tres casos, tenemos uno cuya nacionalidad corresponde a una persona de origen extranjero”, precisa.

Martínez reconoce que el nivel de impunidad es bastante alto y se refleja en los resultados de los casos que se indagan, pues por las características del delito al ente investigador le corresponde actuar solo de manera posterior.

Por su parte, Jairo Aguilar Deluque, secretario de Gobierno de La Guajira y quien preside el Comité Departamental contra la Trata de Personas, afirma que es evidente el aumento de los casos en la región, razón por la cual invita a denunciar.

“Hay unas investigaciones desde el 2019, ya se han dado unas capturas en uno de los siete casos que se han presentado y se vienen realizando las investigaciones en trabajo articulado con todas las oficinas de turismo del departamento porque lógicamente tienen que ver situaciones que se desprenden por la oferta de turismo”, sostiene.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), mientras, informa que desde 2013 hasta julio de 2020, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior, en Colombia se han registrado 686 casos de trata de personas, de los cuales el 82 por ciento corresponde a mujeres y el 18 a hombres.

En un informe de la Organización Internacional para las Migraciones sobre seis datos relevantes sobre la trata de personas en Colombia, publicado el 30 de octubre de 2020, señala que cuando la movilidad humana es alta y se da en contextos de precariedad, la trata de personas aumenta. Esto sucede debido a dos factores: primero, a la vulnerabilidad de las personas refugiadas y migrantes que, en general, alcanza niveles alarmantes en situaciones de crisis. Segundo, a que existe un incremento en la actuación de redes delictivas de trata que, precisamente, encuentran en esta vulnerabilidad una ocasión idónea para delinquir.

Asimismo, indica que “en el contexto de los desplazamientos de nacionales de Venezuela, la mayor vulnerabilidad se explica por la precariedad de los recorridos y de los medios de transporte, la fragmentación familiar con la consiguiente pérdida de vínculos afectivos y de protección durante el camino, el hacinamiento en casas de hospedaje, el tener que recurrir a ofrecer servicios sexuales para sobrevivencia, la falta de documentos de identidad y/o de viaje, la irregularidad migratoria y laboral, entre muchos otros factores. Así, las redes de trata ya existentes se reactivan y se fortalecen”.

Mientras Clarita intenta recuperarse emocionalmente junto a su familia, su tía Yadira sigue denunciando los abusos que se cometen contra los menores y Mayerlín continúa caminando para apartar a los niños, niñas y adolescentes de las garras de los abusadores, y así puedan volver a sonreír.

El nombre de la protagonista fue cambiado para proteger su identidad.