La atención de millones de personas que abandonaron su país
requiere medidas especiales para quienes las reciben, entre ellas el acceso a la salud. En
Colombia, las políticas de atención de la población migrante tienen falencias, agravadas por
la pandemia de la COVID-19. La radiografía es crítica. Este proyecto periodístico auscultará
la situación de los migrantes venezolanos en el país, especialmente en los departamentos de
Cundinamarca y La Guajira.
Por: Juan Diego Restrepo E.
La imagen es recurrente: grupos de hombres, mujeres y niños deambulan por las calles y carreteras
cargados de maletas y mochilas. Se trata de familias enteras que gritan a voz en cuello que son
venezolanos, que huyeron de su país en busca de mejores condiciones de vida y que requieren
ayuda para subsistir.
Esa escena representa una de las mayores crisis humanitarias de la historia contemporánea de
América Latina y el Caribe. De acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) 5,4 millones de personas, equivalente al 19,3 por ciento de la población, calculada en
27 millones 951 mil personas, abandonaron la República Bolivariana de Venezuela en los últimos
cinco años en busca de mejores condiciones de vida y ahora viven en otros países en condición de
refugiadas y migrantes.
Semejante tragedia tiene origen en la compleja situación política del vecino país, marcada por un
cuestionado manejo económico, que se refleja en una hiperinflación sin precedentes, calculada
para 2020 por la calificadora de riesgos Ecoanalítica en 3.478%. Es por ello que, según el
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, “cada vez es más difícil para el venezolano
mantener las mínimas condiciones de vida en aspectos fundamentales como salud, alimentación y
vivienda, lo que constituye el motor de las protestas sociales”.
Caminantes Venezolanos en la vía Cúcuta-Pamplona. Foto por
Cindy Catoni. Tomado de https://bit.ly/3kRYq2N
Pero no solo es un asunto de cifras. Esta situación se ve reflejada en repetidos testimonios de
migrantes, cada vez que se les pregunta por qué abandonaron su país: “Salimos de Venezuela
porque no tenemos condiciones de vida dignas”; “perdimos el empleo y nos gastamos todos los
ahorros y ya no hay en qué trabajar”; “falta la comida, los cortes de luz son frecuentes, no hay
gas y los niños sufren con tantas carencias”.
La tasa de desempleo confirma esas apreciaciones. De acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional, en el año 2020 la cifra llegó al 58,3%, la más alta del mundo. Y el salario
mínimo está fijado en 3 dólares mensuales. A esa situación se llegó tras un fuerte deterioro de
varios sectores productivos clave para la economía.
Ejemplo de ello es el sector de la manufactura, que, entre 1999 y 2020, redujo su aparato
industrial en 9.017 empresas, pasando de 11.138 activas a solo 2.121, pero con una capacidad de
producción reducida al 30%. En el sector comercial la situación es también crítica: de 600 mil
lugares de comercio registrados en 2019, ahora solo quedan unos dos mil.
A ello se deben sumar las constantes variaciones de los precios del petróleo, del que depende en
gran medida la economía venezolana; el deterioro de la infraestructura petrolera administrada
por PDVSA, su principal empresa estatal; la corrupción que carcome sus entrañas; y la caída en
la producción del crudo, estimada por el Ministerio del Poder Popular de Petróleo en 400 mil
barriles diarios durante 2020, reflejando una disminución de graves proporciones si se tiene en
cuenta que a finales de la década del noventa producía 3 millones de barriles diarios.
Tales circunstancias han derivado en un desempleo sin antecedentes y en la informalidad laboral.
Ante esto, millones de venezolanos decidieron no vivir bajo esas condiciones en su país,
gobernado por el chavismo desde 1999, primero por el Movimiento V República, creado por Hugo
Chávez, quien presidió ese país entre 1998 y 2013, cuando fallece. En su reemplazado emergió
Nicolás Maduro, respaldado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), presidente en
funciones desde 2013. Ambos impusieron el Socialismo del Siglo XXI, un concepto que, en la
práctica, ha significado el deterioro de vida de los venezolanos.
Para este tipo de migración la situación se tornó más crítica con la irrupción del virus de la
COVID-19, culpable de la peor pandemia en el último siglo. Al respecto, Eduardo Stein,
representante especial conjunto de ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) para los Refugiados y Migrantes de Venezuela, escribió que la propagación sin control
agravó “aún más las extremas condiciones de vida de las personas refugiadas y migrantes de
Venezuela. Además de los graves riesgos para la salud a los que se han visto expuestas las
poblaciones en movimiento, incluidas las que se encuentran en situaciones vulnerables, la
pandemia ha causado trastornos económicos generalizados y ha agravado los problemas en materia
de protección”.
Su preocupación está consignada en el prólogo del Plan Regional de Respuesta para Refugiados y
Migrantes de Venezuela enero-diciembre 2021 (RMRP), documento que se elabora desde 2018 y que se
ha convertido en un “instrumento de planificación e incidencia regional para apoyar las
operaciones nacionales y subregionales y asegurar que se atendieran las necesidades
humanitarias, de protección e integración más urgentes de las personas refugiadas y migrantes de
Venezuela, así como las de las comunidades de acogida”.
Presencia en Colombia
El impacto de las políticas de Estado impulsadas por el gobierno del presidente Maduro y el
consecuente deterioro social y económico que han ocasionado, se siente en los 2.219 kilómetros
de frontera terrestre que comparte Colombia con Venezuela. Millones de ciudadanas y ciudadanos
de Venezuela han salido de su país, unos de manera legal viajando por puertos terrestres y
aéreos, y otros de manera ilegal, utilizando cientos de pasos irregulares que existen a lo largo
de esa porosa línea imaginaria.
Miles de grupos familiares toman la decisión de migrar sin más recursos que los que tienen en sus
maletas y mochilas, dispuestos a caminar día y noche hasta un destino aún más incierto que el
que dejan atrás. Para quienes transitan por carreteras de diversas regiones del país, aún
algunas muy alejadas de la frontera, como las de Nariño, Cundinamarca o Antioquia, se ha vuelto
un paisaje cotidiano verlos sobre las bermas, caminando en “fila india”. ¿Hacia dónde van?
Muchos de los migrantes utilizan a Colombia como paso obligado para ir a Ecuador, Perú y Chile,
donde tienen la percepción de que hallarán una mejor calidad de vida; otros buscan arraigarse en
ciudades como Bogotá, Medellín, Cali o Pereira, en las que pretenden asentarse y rehacer sus
vidas; y unos más retornan de los países del sur del continente porque se les acabó el trabajo y
prefieren vivir en tierra colombiana.
Caminantes Venezolanos en la vía Cúcuta-Pamplona. Foto por
Cindy Catoni. Tomado de https://bit.ly/3kRYq2N
La tecnología ha contribuido a la movilidad de los migrantes. “Estamos en grupos de WhatsApp y
por ahí nos enteramos dónde hay trabajo”, dice un joven de no más de 23 años de edad, quien
abandonó Venezuela hace cuatro años y ya ha vivido y trabajado en cinco países. Los integrantes
de esos grupos en redes sociales están asentados entre México y Argentina.
De acuerdo con datos de ACNUR, de los 5,4 millones de refugiados y migrantes venezolanos,
Colombia acoge por lo menos 1,7 millones, además de los nacionales retornados y de los que
ostentan doble nacionalidad, que se estiman en 845 mil personas. Los demás se distribuyen en
otros países de la región y del mundo.
Cifras de Migración Colombia, autoridad estatal sobre el tema, estimaron en 56,4% la presencia
irregular de venezolanas y venezolanos a mediados del año pasado. Esa crisis humanitaria ha
retado al Estado colombiano, que se ha visto en la necesidad de implementar medidas para acoger
a ciudadanas y ciudadanos venezolanos.
En función de ello, el gobierno nacional expidió el 23 de noviembre de 2018 el documento Conpes
3950, mediante el cual se buscaba “establecer e implementar estrategias de atención en salud,
educación, primera infancia, infancia y adolescencia, trabajo, vivienda y seguridad, articular
la institucionalidad existente y definir nuevas instancias para la atención de la población
migrante desde Venezuela en un horizonte de tres años”.
Bajo esos lineamientos, se diseñaron instrumentos como el Permiso Especial de Permanencia y el
Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización, y el Estatuto Temporal de
Protección (ETP), que fue rubricado el pasado 1 de marzo por el presidente de la República, Iván
Duque. Su objetivo es legalizar a todos los migrantes irregulares que demuestren que estaban
asentados en el país al 30 de enero de 2021 y con el que se espera que, en agosto de 2022, estén
todos legalizados y, a partir del registro, tendrán un periodo de 10 años para adquirir una visa
de residentes.
De acuerdo con ACNUR, la permanencia irregular en Colombia “aumenta la exposición a riesgos de
protección durante el cruce de la frontera y el tránsito, incluyendo la explotación sexual, la
trata y el tráfico de personas, el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes
por parte de grupos armados, la violencia basada en género (VBG), la separación familiar y los
incidentes con grupos armados irregulares que operan en la frontera, y afectando también su
salud y bienestar”.
Y es justo lo que el ETP quiere atender, pues con ese tipo de regularizaciones se eliminarían las
barreras y limitaciones para acceder a derechos fundamentales, a diversos servicios, públicos y
privados, y a oportunidades educativas y laborales. “El Estatuto es una ventana a un mundo de
oportunidades y juntos podemos lograr que los sueños de muchos se hagan realidad. Que esos miles
de migrantes que se convirtieron en parte del paisaje para el mundo entero, vuelvan a ser
visibles”, ha declarado recientemente Juan Francisco Espinosa Palacios, director general de
Migración Colombia.
En busca de la salud
“Por fabor donde me podrán atender. No tengo el permiso de permanencia. Mi situación es que estoy
quedando ciega”, escribió la ciudadana venezolana Yanet Reyes el pasado 31 de mayo en el foro
que dispuso en su
página
web el Hospital General de Medellín, entidad estatal adscrita al
Municipio de Medellín, para ciudadanos venezolanos.
Las cortas descripciones registradas y publicadas en ese sitio en Internet revelan las tragedias
cotidianas de los migrantes en la capital antioqueña. “Fuimos a un metro salud y también nos
estaban cobrando, no tenemos con qué”, escribió una mujer el pasado 17 de junio; otra más, un
día después, dijo: “Necesito realizarme una ecografía. Tengo siete meses por mi cálculo y no
tengo ingresos para realizarlo pago”.
El fenómeno migratorio ha impactado de manera profunda el sector de la salud en el país, debido
al aumento de atenciones médicas y a los altos costos de algunos de los procedimientos
requeridos por venezolanas y venezolanos. Y la afectación es mucho más profunda en aquellas
poblaciones donde el sistema es precario y la capacidad instalada es muy limitada.
Las habituales filas de pacientes en clínicas y hospitales a lo largo y ancho del país para
acceder a servicios de salud se han visto nutridas en los últimos cinco años por migrantes
venezolanos. De acuerdo con el Ministerio de Salud, a abril de 2021, 354.628 venezolanos estaban
afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, lo que quiere decir que más de 1,3
millones de personas están por fuera, lo que genera graves condiciones de vulnerabilidad.
Miles de migrantes irregulares que viven en hogares de paso, asentamientos e inquilinatos,
recurren a procedimientos alternativos y remedios caseros para atender sus dolencias por cuanto
carecen de recursos económicos para buscar asistencia médica y protección social, aunque se les
garantiza la atención universal de urgencias y la atención de partos.
Caminantes Venezolanos en la vía Cúcuta-Pamplona. Foto por
Cindy Catoni. Tomado de https://bit.ly/3kRYq2N
Cifras divulgadas a comienzos de junio de este año por el Ministerio de Salud y Protección Social
revelan que entre marzo de 2017 y marzo de 2021 fueron atendidas 1.179.047 personas provenientes
del vecino país, sumándose a ello 96.155 partos de venezolanas. Se espera que con el Estatuto
Temporal de Protección (ETP) este tipo de servicios esenciales tengan unos niveles de atención
mucho más especializados.
La otra cara del desarraigo la exhiben los cientos de migrantes venezolanos regularizados en el
país que son profesionales de la salud y fueron acogidos laboralmente en distintas clínicas y
hospitales. Médicos, enfermeros y salubristas ahora están
integrados al sistema y desde esos lugares intentan reconstruir sus vidas y ayudar a sus
coterráneos.
Pero también hay migrantes formados en esas labores que no han podido conseguir trabajo por falta
de documentos que certifiquen sus estudios. Su tragedia es aún mayor, porque deben trabajar en
labores muy básicas para sobrevivir. Las quejas de muchos de ellos es que les están exigiendo
más requisitos que a los nacionales para convalidar sus títulos. Esa rigurosidad ha sido exigida
por los gremios médicos colombianos.
Bajo la lupa
Dado que la salud es un derecho fundamental, aún en condiciones de migración, este proyecto
que hoy se presenta auscultará la situación de los migrantes venezolanos en el país
Un equipo periodístico de alto nivel ha venido explorando el tema desde diversas aristas, con
el fin de contar historias que le permitan a venezolanos y venezolanas expresar sus
realidades en la búsqueda de atención médica integral, que vaya más allá de las atenciones
primarias.
En diez entregas, se profundizará periodísticamente en asuntos relacionados con el acceso a
servicios de atención en salud mental, mujeres gestantes y sus bebés, salud sexual y
reproductiva; en la atención que reciben los migrantes privados de la libertad; en el impacto de
la COVID-19 en esta población; y en la situación de los profesionales de la salud, entre otros.
Se trata de ponerle la lupa a un tema sensible para una población migrante que, en medio del
desarraigo, enfrenta serias dificultades para acceder a esos derechos que las políticas
imperantes en su país de origen les arrebató.
