El laberinto burocrático que atrapa a los médicos venezolanos

Colombia se ha convertido en uno de los principales destinos de miles de profesionales de la salud que no solo huyen de la precariedad y la pobreza, sino que tienen que enfrentar las trabas administrativas de ambos países que dificultan su inserción en el mercado laboral.

Por: Tatiana Escárraga

El día que entró a un supermercado en Bogotá y vio las estanterías llenas de productos, la doctora Jhonelly Narváez (que nació en Coloncito, Táchira, en abril de 1990) se echó a llorar. “¡Había comida!”, dice agitando las manos y abriendo sus ojos como una niña pequeña cuando recibe el regalo de Navidad que esperó todo el año.

Narváez es médico cirujano de la Universidad de los Andes, en Mérida. Se graduó en 2014 y ejerció hasta abril de 2017, cuando tuvo que salir repentinamente de Venezuela por una brutal persecución política que se desató cuando hizo un comentario contra el gobierno en un chat de médicos. No se lo perdonaron.

Grupos armados, cuenta, la amenazaron de muerte. Era tanta la zozobra que pidió ayuda ante la ONU para llegar a Colombia y dejar atrás aquella pesadilla. No era lo único de lo que quería escapar. También huía de una situación que se hizo insostenible año tras año: a los hospitales dejaron de llegar insumos, no había forma de operar, no había guantes, no había gasas. “El paciente casi que se moría en las manos de uno sin que se pudiera hacer nada”, relata Narváez, líder de urgencias del Hospital Simón Bolívar, en Bogotá.

La crisis política, económica y social del país vecino ha expulsado 5.4 millones de personas en los últimos cinco años, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), y ha convertido a Colombia en el principal receptor de esa huida, con el enorme desafío que ello implica. Según datos de Migración Colombia, hasta el pasado 31 de enero había aquí 1.742.927 venezolanos, de los cuales 759.584 estaban en situación regular y 983.343 eran irregulares.

Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, asegura que en los últimos quince años han salido de ese país unos 50.000 médicos, asfixiados por la grave situación social y económica, pero también por las “indignas” condiciones en las que se ven obligados a trabajar. En hospitales desabastecidos, “sistemáticamente perseguidos”, sometidos a toda clase de maltratos laborales y condenados a un salario mensual irrisorio impuesto por decreto, que oscila entre los 3 y los 6 dólares, y con una hiperinflación que rozó el 3.000 % acumulado en 2020 (Valora Analitik, 2021).

En principio, dice Natera, los pocos médicos que se fueron con la llegada al poder en 1999 del fallecido Hugo Chávez (2013) tenían como destino Estados Unidos y España, atraídos por algunas ventajas para trabajar. Pero desde hace unos cinco o seis años, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, esa dinámica cambió y ahora son Chile, Perú, Ecuador y Colombia, en ese orden, los principales receptores.

Jhonelly Narváez

Para los que se van, el drama no termina con la salida de Venezuela. Al impacto que supone verse obligado a partir en busca de mejores condiciones de vida, se suman otros calvarios como las barreras burocráticas que deben superar si quieren ejercer su profesión en otro país.

Por un lado, los médicos se enfrentan a la dificultad que en estos momentos supone legalizar y apostillar los documentos en Venezuela y, por otro, al proceso de homologación en Colombia, que pasa por el Ministerio de Educación y el Colegio Médico Colombiano, la organización gremial encargada de expedir la tarjeta profesional que da vía libre para desempeñarse laboralmente.

En ese laberinto muchos quedan atrapados. Pero los casos son complejos y diversos. Hay quienes han podido sortear con éxito las trabas administrativas después de varios intentos y gestiones; otros siguen a la espera de que se resuelva su situación, y varios más no han encontrado ninguna posibilidad en Colombia, según explican expertos y organizaciones como Coalición por Venezuela, una federación de organizaciones de la sociedad civil venezolana.

La doctora Narváez tuvo que esperar ocho meses para que le saliera la convalidación de su título. Nieta de colombianos, no se había planteado siquiera la posibilidad de solicitar la cédula de ciudadanía de Colombia. A pesar de sus raíces, este era un territorio ajeno para ella, sin apenas vínculo, un lugar perdido en la memoria de sus abuelos maternos, que nacieron en Santander y se fueron muy pronto a buscar otra vida en Venezuela. A estos lados nunca regresaron.

“Cuando llegué, fue muy duro”, recuerda Narváez. Nada más llegar, en abril de 2017, trabajó durante unos cuatro meses acompañando pacientes en hospitales y en una discoteca de la zona T de Bogotá. Era mesera, atendía la barra y a veces a uno que otro borracho impertinente. En los días más pesados, cuando los clientes no abundaban, cerraban el local y ella se iba con las manos vacías porque no le pagaban. “Imagínese, una persona que había tenido todo, de repente tiene que limpiar en una barra y atender borrachos”, dice con la voz apagada.

Testimonio

Un trámite costoso

“Todo aquel que quiera imaginarse cómo está Venezuela, lo que cree que sabe hoy, que lo multiplique por mil”, afirma, tratando de explicar la diáspora, Hernando Rubiano, coordinador nacional de salud de la organización Coalición por Venezuela. Él es médico, hijo de padre colombiano y madre española. Llegó a Bogotá hace seis años y ahora reside en Barranquilla, donde trabaja como Jefe de Operaciones de la clínica Bonnadona Prevenir.

Un informe de la organización de la que forma parte Rubiano indica que hasta 2020 en Colombia había 1.946 profesionales de la salud, de esa cifra 786 eran médicos y 974 enfermeras. El resto se inscribía en el apartado de otras profesiones adscritas al área de salud. Datos aportados por el Ministerio de Educación revelan que, entre 2015 y 2021, se encuentran registrados en el sistema de convalidaciones 3.403 solicitantes con nacionalidad venezolana, de los cuales 2.567 corresponden a nivel de pregrado y 836 a posgrados del área de salud.

El estudio de Coalición por Venezuela concluyó que la primera gran barrera a la que se enfrentan los médicos es económica. Legalizar títulos en Venezuela y homologar en Colombia es engorroso, pero, sobre todo, costoso. Un obstáculo que afecta especialmente a los recién graduados y a enfermeros y enfermeras. El cuello de botella, dice Rubiano, está en aquel país.

La descomposición social ha hecho que florezcan mafias alrededor de los ministerios e instituciones encargadas de legalizar y apostillar los títulos en Venezuela, según denuncian médicos y expertos en migración. Todo se hace a través de intermediarios —en ocasiones los mismos funcionarios— que cobran hasta 100 dólares por documento, lo que significa que se pueden pagar entre 500 y 1.000 dólares, algo inalcanzable para muchos profesionales de la salud. A eso se suma el costo en Colombia, que es de $ 665.900 para pregrados y de $ 756.800 para posgrados, según consta en la página web del Ministerio de Educación.

Natera añade la grave situación de muchas universidades: sin energía eléctrica, en paro, sin papel para imprimir documentos académicos, sin computadores, sin archivos. Así las cosas, obtener las credenciales y las notas que se exigen para tramitar la homologación en otro país resulta una misión casi imposible.

Una vez superado el escollo de la tramitación de documentos en Venezuela, viene la presentación ante el Ministerio de Educación de Colombia, donde el proceso no es más fácil. Los requisitos son los mismos tanto para colombianos como para extranjeros. Aunque, en el caso de los venezolanos, supone un capítulo más de su angustia por las esperas y la rigidez en el proceso. Algunos, incluso, terminan presos de la ilegalidad, abocados a aceptar trabajos por debajo de su calificación profesional, muchas veces sometidos a abusos laborales sin ninguna posibilidad de reclamo.

Es una realidad que se repite por todo el territorio nacional, pero que se agudiza en las ciudades intermedias y pequeñas. “En materia de especialistas y subespecialistas en Colombia hay unos fuertes regionalismos para los médicos, que les impide moverse con facilidad de un municipio a otro. Son nichos muy fuertes, cerrados, que incluso van en contra del acceso al servicio de salud por parte de los usuarios y de los pacientes. A eso también se enfrentan los médicos venezolanos”, explica Ronal Rodríguez, director del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, que tiene su sede en Bogotá.

Este medio visitó Riohacha, en el departamento de La Guajira, una zona en la que viven 150.806 venezolanos, el 8,65 % del total que reside en el país, según Migración Colombia. Varios de los médicos contactados para este reportaje reconocieron trabajar en circunstancias de ilegalidad o por debajo de su formación, pero declinaron entregar más detalles o contar su testimonio. “Tiene que entender que da miedo hablar de estas cosas. No solo por el temor a que quede en entredicho el nombre del profesional, sino porque pone en riesgo su trabajo y la empresa para la que hace ese trabajo. Y mucho peor si se trata de un empleo sin la documentación en regla”, dice un médico que pidió la reserva de su identidad.

Testimonio

Situaciones surrealistas

Daniel Carvajal, abogado colombovenezolano experto en migración, señala que en este complicado entramado están en juego muchos actores y grupos de interés, con el agravante de la inexistencia, desde febrero de 2019, de relaciones diplomáticas formales entre los dos países, lo que impide alguna comunicación para certificar los documentos o, al menos, despejar dudas. Suele ocurrir, explica el abogado, que “el ministerio prefiere negar convalidaciones sin justificaciones válidas, por lo que el proceso debe volver a comenzar”.

En los años que lleva trabajando en estos casos, Carvajal ha visto de todo. Situaciones surrealistas. Kafkianas. O terriblemente injustas. Una de las historias que se le vienen a la mente es la de una pareja de esposos que estudiaron medicina juntos y presentaron los mismos documentos. El ministerio convalidó a uno y le negó el trámite a otro. Simplemente adujo que uno de los expedientes sí era equivalente en Colombia y el otro no. Sin más.

También ocurre, dice este experto, que el Ministerio de Educación puede tardar meses o años en responder una solicitud de convalidación, a pesar de que el proceso, tal como consta en su página web, va de 60 a 180 días calendario, en promedio. Carvajal habla de expedientes de dos a tres años de espera. Incluso, dice, hay recursos de 2017, 2018 y 2019 que apenas se están resolviendo este año.

Y si bien el trámite, en teoría, no distingue entre propios y foráneos, en la práctica la realidad puede llegar a ser muy distinta. “Lo que hemos encontrado es que los criterios que se utilizan para evaluar las solicitudes de convalidación de los extranjeros pueden ser más exigentes que las que hay en Colombia para profesionales similares”, afirma el abogado. Y lo ilustra con el ejemplo de un cirujano de corazón al que le pedían tener en su record de intervenciones los trasplantes de corazón que había hecho como cirujano principal durante su época de estudiante. Algo prácticamente imposible. “Es que el estudiante acude como ayudante o como observador, pero nunca como cirujano principal”, relata.

Para demostrar la invalidez del requerimiento del ministerio, el abogado tuvo que enviar derechos de petición a todas las universidades en Colombia que ofrecen el programa de cirugía cardiovascular y hacerles la misma pregunta: ¿usted les exige a sus estudiantes de primer, segundo o cualquier año que hagan procedimientos de trasplante de corazón como cirujano principal? La respuesta fue no. Carvajal presentó un recurso y ganó el caso.

“¿Qué hubiese pasado si nosotros no tuviésemos el conocimiento o la persona no tuviera para pagar honorarios a un abogado? Se trata de una situación completamente injusta, porque lo mínimo que debe hacer el ministerio es evaluar de acuerdo a criterios colombianos, no a criterios fantasiosos o irracionales. Y eso pasa mucho”, asegura este abogado.

Ronal Rodríguez dice que se ha encontrado con funcionarios que “creen o sienten que hacen patria” si bloquean a los venezolanos, y diligencian más rápido las peticiones de los nacionales. Colombia, explica, “no ha generado ningún instrumento para capturar mano de obra calificada, ni siquiera en servicios médicos, como lo hizo, por ejemplo, Chile, que creó espacios para que los médicos venezolanos pudieran regularizarse de forma mucho más rápida”.

Cuando se le plantearon al Ministerio de Educación las quejas sobre los trámites infinitos, la falta de respuesta o de voluntad para responder a las convalidaciones de sanitarios venezolanos, desde el área de comunicaciones contestaron que “hay canales de atención para la ciudadanía a través de la página web donde se encuentra disponible la radicación de PQRS, de forma presencial en las instalaciones del Ministerio de Educación o a través del canal de atención virtual personalizada para atender específicamente inquietudes del proceso de convalidaciones”. Este medio solicitó hablar con un portavoz, pero no fue posible.

Testimonio

“Una pelea tremenda”

La última parada, tras la convalidación del Ministerio de Educación, es solicitar la tarjeta profesional ante el Colegio Médico Colombiano. Esta facultad se la concedió el Ministerio de Salud desde 2015. Entre el 18 de agosto de ese año y el 31 de mayo pasado, el Colegio había emitido 2.114 tarjetas profesionales a médicos venezolanos. 1.045 corresponden a médicos generales y 1.069 a especialistas. En la actualidad, hay 360 trámites abiertos que incluyen a nacionales y extranjeros, pero es una cifra que varía cada día. En una jornada se pueden recibir entre 50 y 80 solicitudes. Este trámite tiene un costo de $151.400 (Colegio Médico Colombiano, s.f.).

Llegar a esta instancia —la última— después de sortear el laberinto burocrático de Venezuela y del Ministerio de Educación colombiano no supone necesariamente un alivio para los médicos venezolanos. “En mi opinión, el Colegio Médico Colombiano es un actor muy importante porque tiene un rol que, creo, perjudica más a los extranjeros que a los nacionales. En ocasiones, ellos se basan en una normativa que no es tan clara, o también en algunos vacíos legales para establecer limitantes o restringir el ejercicio de los profesionales extranjeros, cuando ese no es el espíritu de la norma”, afirma el abogado Carvajal.

Desde 2017, explica este experto, el Gobierno estableció un mecanismo de regulación migratoria conocido como Permiso Especial de Permanencia (PEP) para migrantes venezolanos. Supuestamente permite cualquier actividad laboral en territorio colombiano. Pero no es válido para el Colegio de Médicos, que exige la cédula de extranjería.

“¿Por qué un migrante tiene que tramitar una visa que cuesta más de un millón de pesos si ya tiene una solución de regularización que es gratis y que sirve para cualquier tipo de trámite?”, se pregunta Carvajal. Y añade: “Ha sido una pelea tremenda. Hemos tenido que presentar tutelas, recursos ante el Ministerio de Salud…El punto es que no ha habido forma humana que haya podido hacer que los colegios profesionales cambien de parecer”.

El médico Rubiano, de Coalición por Venezuela, dice que no se trata de una “resistencia formal” de parte del gremio médico colombiano, sino de un “celo natural” en la medida en que los venezolanos han empezado a ocupar puestos de trabajo. Él cree que existe, más bien, una tendencia a rechazar la figura del médico comunitario, algo que el presidente de la Federación de Médicos Venezolanos califica como “aberrante”.

“Se trata de la promoción masiva de un plan de salud, un programa de estudio que organizó el gobierno nacional llamado medicina integral comunitaria, que está graduando casi de forma ‘exprés’ a estas personas que no son reconocidas por la Academia Nacional, por las universidades autónomas o por la Federación Médica”, dice Natera. De los 50.000 médicos que la Federación calcula que se han ido de Venezuela, 10.000 serían comunitarios. “Evidentemente ha habido obstáculos para permitirles el ingreso, pues no están bien formados. Y lo veo lógico”, agrega Rubiano.

“Nuestra función es vigilar el ejercicio de la profesión: que los médicos que ejercen en Colombia, no importa si son de aquí o de afuera, cumplan con los requisitos que le van a garantizar al paciente que realmente se trata de un médico graduado. Aquí no hay ninguna resistencia. Nosotros somos un apéndice del Gobierno y solo seguimos las normas. Lo contrario se opondría a nuestro entendimiento del mundo, de la vida. Yo personalmente vería esa resistencia como algo antiético”, responde el doctor Stevenson Marulanda, presidente del Colegio Médico Colombiano.

Por su parte, el Ministerio de Salud explica que “en aplicación del principio de prudencia” no se acepta el PEP sino la cédula de extranjería pues, aunque el permiso permite trabajar, “es de carácter temporal”. Y añade: “En atención al riesgo social de las profesiones del área de salud se ha considerado que existiría dificultad en el control del ejercicio cuando no se renueve el PEP por parte del profesional”.

Testimonio

El decreto que no fue

Mientras echaba a andar el trámite de la homologación de su título, la doctora Narváez se dedicó a repartir hojas de vida en busca de un trabajo como médico. Imprimió unos cincuenta currículums, recuerda. La llamaron de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte de Bogotá. La gerente del hospital le propuso encargarse de la coordinación de urgencias, un puesto que no requería la tarjeta profesional porque tenía carácter administrativo, es decir, no tenía que atender pacientes. “¿Se le mide?” le preguntó. Ella contestó que sí, pero no tenía ni idea de cómo hacerlo. Así llegó al hospital de Engativá, en octubre de 2017.

Cuando salió la convalidación se propuso sacar su tarjeta profesional como médico general. Pero se topó con un muro. La normativa exige que el servicio social que hacen los médicos colombianos, también llamado año rural, comience después del grado. En Venezuela existe esta figura, pero a veces se pone en marcha un poco antes de que el estudiante reciba el diploma. Un pequeño matiz que para cualquier profano no supondría mayor problema, pero que en Colombia es un requisito inamovible.

En casos así, al médico se le ofrece la opción de solicitar una plaza ante el Ministerio de Salud para hacer el año rural en Colombia. Algunos, por tratarse de plazas ubicadas en territorios considerados como zona roja, resultan exonerados. Otros tienen que retroceder en el tiempo al momento en que terminaban su carrera. A la doctora Narváez la enviaron al municipio de Chaguaní, en Cundinamarca, a cinco horas de Bogotá. Allí estuvo durante siete meses, entre 2018 y 2019, hasta que dio a luz a su bebé y tomó la licencia de maternidad. En 2020 la llamaron del Hospital Simón Bolívar. Querían que fuera la líder de urgencias. Ya completa un año en ese cargo, al frente de un equipo de 175 trabajadores.

El pasado enero Luis Ernesto Gómez, secretario de gobierno de la Alcaldía de Bogotá, agradeció a los médicos migrantes venezolanos que trabajan en Colombia su vinculación a la Red Distrital de Salud, e hizo énfasis en el caso de Jhonelly Narváez (Pulzo, 2021).

Varias voces han pedido que se flexibilice la vinculación de los médicos venezolanos al sistema de salud del país, actualmente colapsado por la COVID-19 (Noticiasrcn.com, 2021) y por las precarias condiciones laborales del sector. David Smolansky, Comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, solicitó al Gobierno colombiano, en julio del año pasado, que considerara la opción de integrar a médicos y enfermeras venezolanos al sistema de salud (Lafm, 2020).

Hasta diciembre de 2020 el Ministerio de Salud contabilizaba 118.404 médicos en Colombia, 91.995 de ellos médicos generales. Las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud establecen en 25 el número de médicos por cada 10.000 habitantes, una cifra que en Colombia, según dijo a este medio el Ministerio de Salud, está en 23. Sin embargo, en una respuesta de enero de 2020 a un requerimiento del Congreso, el ministerio informó que eran 21 el número de médicos por cada 10.000 habitantes, por debajo de la meta de la OPS.

El presidente Duque anunció en marzo de 2020 un decreto —que no se ha materializado— para acelerar las convalidaciones de los títulos obtenidos en el exterior con el fin de sumar más médicos en la batalla contra el coronavirus, pero los gremios rechazaron la iniciativa asegurando, entre otras cosas, que en Colombia no hacen falta médicos.

El pasado 4 de agosto el Congreso expidió la Ley 2136 que reglamenta la política integral migratoria y que incluye, entre otras disposiciones, la actualización de la normatividad vigente en materia de convalidación de títulos de educación superior. Según el Ministerio de Educación, se “adelantarán acciones para dar mayor facilidad” a los venezolanos que pretenden adelantar este trámite. Algo que duda el abogado Daniel Carvajal: “La Ley no modifica en nada la normativa de convalidaciones. Es un copia y pega de la resolución de 2019. No hay ninguna flexibilización”, sentencia.

Mientras, el flujo migratorio continúa imparable. Vendrán más venezolanos. Y entre ellos, más médicos. La doctora Narváez se declara optimista: “Yo no creo que el sistema de salud colombiano expulse a un médico que tiene todos sus papeles en regla. Cuando está todo en orden, no es muy difícil conseguir trabajo. En mi caso ya son cuatro años aquí. Tengo una pareja de este país, un hijo nacido aquí. Me gusta todo de Colombia (menos el tráfico de Bogotá) y soy muy feliz. Lo único que me haría volver a Venezuela sería que el gobierno cayera”.

Bibliografía y referencias

Colegio Médico Colombiano, (s.f.). “Expedición tarjeta de identificación única nacional del talento humano en salud por primera vez”. https://www.colegiomedicocolombiano.org/web_cmc/tarjeta.html

Congreso de la República de Colombia. (2021, agosto 4). Ley 2136 “Por medio de la cual se establecen las definiciones, principios y lineamientos para la reglamentación y orientación de la Política Integral Migratoria del Estado colombiano – PIM, y se dictan otras disposiciones”. https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202136%20DEL%204%20DE%
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Gil Gutiérrez, Juliana. (2021, febrero 12). “¿Qué significa una inflación del 3.000 % en Venezuela? Su impacto en los cuidadanos”. Valora Analitik. https://www.valoraanalitik.com/2021/02/12/que-significa-una-inflacion-del-3-000-en-venezuela-su-impacto-en-los-cuidadanos/#:~:text=La%20inflaci%C3%B3n%20de%20Venezuela%20cerr%C3%B3,
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Lafm. (2020, julio 29). “OEA sugiere a Colombia médicos venezolanos en vez de misiones cubanas”. https://www.lafm.com.co/colombia/oea-sugiere-colombia-medicos-venezolanos-en-vez-de-misiones-cubanas

Ministerio de Educación de Colombia. (s.f.). “Convalidaciones Educación Superior. Conozca el proceso”. https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-350670.html?_noredirect=1

Ministerio de Educación de Colombia. (s.f.). “Convalidaciones Educación Superior. Costo y duración”. https://www.mineducacion.gov.co/portal/convalidaciones/Convalidaciones-Educacion-Superior/350995:Costo-y-duracion

Noticiasrcn.com. (2021, junio 8). “El sistema de salud colombiano colapsó”: gremio médico pide que paren las aglomeraciones. https://www.noticiasrcn.com/salud/el-sistema-de-salud-colombiano-colapso-medicos-por-aglomeraciones-381237

Pulzo. (2021, enero 12). “Hay médicos venezolanos en Bogotá enfrentando la emergencia por COVID-19”. https://www.pulzo.com/nacion/medicos-venezolanos-bogota-apoyaran-clinicas-por-emergencia-PP102