Descripción

El Juzgado Segundo del Circuito de Armenia, condenó al procesado a 210 meses de prisión (17 años) y a pagar una multa equivalente a 1.492 salarios mínimos legales mensuales vigentes por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Según la Juez, Barros incurrió en los delitos mencionados cuando, en su mandato, que fue en el periodo 2004 al 2007, firmó un contrato para un Circuito Cerrado de Televisión (Cctv) para la ciudad, por casi 2 mil millones de pesos, financiado por el Ministerio de Justicia y del Interior, que contemplaba la instalación y puesta en funcionamiento de 40 cámaras de seguridad, para el control del orden público en Armenia.

En octubre del 2007, al no haber más licitante, el contrato se firmó con la unión temporal SIS, por la suma de 1.998.558.635 pesos. Dentro de las condiciones se especificó que el Cctv estaría listo en diciembre del mismo año. Sin embargo, en enero del 2008 y según los peritos realizados por la Fiscalía, "no había ni un poste instalado". A pesar de ello, la Administración Municipal, en cabeza del acusado (Barros), recibió a satisfacción el Cctv, dándole los recursos a un tercero en vez de devolvérselos al Estado", explicó la jurista.

La Juez leyó una factura de una mesa, que costó realmente un millón cien mil pesos, pero que la unión temporal SIS la cotizó por 50 millones de pesos más, recursos que se pagaron con las arcas públicas. "Según el contrato el valor unitario de esa mesa era de $51.848.496 pesos, cosa que no era cierta pues era una mesa común y corriente, lo único especial que tenía era unos cajones".

Con el cotejo de los precios reales y los precios propuestos por la unión temporal, se logró demostrar la responsabilidad de Barros en el delito de peculado por apropiación, ya que todo el proyecto tuvo sobrecostos, dijo la Juez.

Barros Vélez, quien fue gobernador del Quindío, senador de la República y alcalde de Armenia en dos ocasiones, es investigado además por enriquecimiento ilícito, proceso que está estancado por la traducción de un documento, que contiene los movimientos financieros del ex funcionario.

Fuente: El Tiempo