Descripción

La investigación la realizó la Contraloría de La Guajira con el apoyo de un investigador grado I del Cuerpo Técnico Investigación de la Fiscalía General de la Nación.

En ella se encontraron 10 hallazgos administrativos. De los cuales siete tienen presunta connotación disciplinaria, uno fiscal y tres 3 penales.

Inicialmente, el Departamento de La Guajira y Corpoguajira firman el convenio marco 221 del 2007, por 16 mil millones de pesos, cuya finalidad fue diseñar, construcción y/o mejoramiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, y sistemas de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de aguas residuales de varios corregimientos del sur de La Guajira.

A su vez, Corpoguajira de los 16 mil millones, utiliza 15 mil millones en el convenio 008 del 2 de junio del 2008, con Acuavalle, y de inmediato le giró un anticipo por valor de 7.5 millones. Con dicho anticipo la empresa a sí mismo, comenzó a contratar con varias firmas.

En el tenor del informe se observa una presunta violación a la Ley 599 de 2000 del Código de Procedimiento Penal, porque la "Corporación se limitó a considerar la naturaleza de la Empresa de servicios públicos, sin que efectuara una evaluación que le permitiera concluir que la opción presentada por Acuavalle fuera la más conveniente; ni siquiera se verificaron otros factores de escogencia como cumplimiento organización, equipos, plazo y precio".

También se le reprocha a Corpoguajira, que escogió la primera opción presentada, sin comparar otras ofertas, desnaturalizando en un principio la figura del convenio y violando, las reglas que ella misma estableció en el pliego de condiciones.

La empresa Acuavalle, en casi los tres años del contrato, ni siquiera logró definir los diseños conforme a los parámetros requeridos en el proyecto, generando un retraso en la ejecución de las obras, hasta que se terminó en la no realización de las mismas.

La Contraloría, también observa al Departamento de La Guajira, poco interés en el convenio, siendo el aportante de los recursos, que provienen de regalías. En esta situación, los hace acreedor a un hallazgo administrativo con posible alcance disciplinario.

Otra anomalía que observó la Contraloría, fue que Romero Pérez, firmó el contrató 039 del 2009 de interventoría para hacerle seguimiento a convenio que se firmó con Acuavalle, pero lo hizo un año después, tipificándose un hallazgo de tipo administrativo.

Fuente: El Informador