Migración con rostro: mujeres migrantes que resisten

Desde Bogotá, 13 migrantes venezolanas cuentan cómo la inseguridad alimentaria, la reunificación familiar y la falta de un empleo las trajo a Colombia y cómo, pese a la xenofobia, la escasez en los servicios de salud, de comida y las condiciones de precariedad en las que viven, se abren camino para sobrevivir. Radiografía que retrata esta realidad a través de testimonios, cifras, datos y una serie podcast de siete episodios.

Por: Xiomara K. Montañez Monsalve

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En el momento en que se cruza una frontera, la mujer migrante se convierte en símbolo de fortaleza para sus semejantes. La travesía que se emprende no es solo por estar bien, es para que lo cotidiano en sus vidas –comer, estudiar, hacerse un examen médico, caminar con libertad, vestirse, ahorrar y tener un techo–, recobre sentido. De paso, sanar los corazones rotos que ha dejado la separación de las familias, los padres, las parejas y los hijos; acceder a los servicios de salud; retomar sus estudios técnicos y universitarios; trabajar para conseguir las tres comidas diarias; ahorrar y emprender un negocio propio, o, por qué no, retornar a Venezuela.

La falta de empleo y la reunificación familiar abren la puerta a la migración, como lo evidencia la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi, 2019-2020). Pero que Venezuela esté dentro de la lista de 25 países en riesgo de agudización de la inseguridad alimentaria (grave y moderada) “debido a su deterioro económico continuo e impactos socioeconómicos de la COVID-19”, es otra de las razones para abandonar ese país, como también lo son las barreras de acceso a la salud prenatal y posnatal y la violencia doméstica.

La violinista y doctora en pedagogía Arex Alejandra Aragón Cerón (43 años) explica que “para poder obtener un kilo de café, uno de arroz y otro de azúcar, tuve que dormir en la calle haciendo una cola, expuesta al peligro”, y que esto la impulsó a emigrar porque “mis hijos no merecían esto”.

Dicen que su derecho a la vida fue violado porque “no tenías salud, no tenías el poder adquisitivo para comprar los medicamentos, la comida, algo tan indispensable como el agua potable”, expresa la enfermera Maribel Torbello Villarroel, de 43 años.

Y “si no tenías dinero, no te alcanzaba para comprar alimentos y, si conseguías el dinero, no había qué comprar, y esto me llevó a tomar la decisión de irme”, agrega Sikiu Karelis Salcedo Finol (35 años), madre de dos niños, de 8 y 10 años, quien dejó sus estudios en sociología y comunicación social para mejorar sus condiciones de vida.

Al tiempo, son optimistas. Para ellas, migrar es sinónimo de vida y, por proteger a sus hijos, alimentarse, trabajar y reunirse con sus seres queridos, son capaces de soportar la xenofobia y la discriminación por género.

La migración también es una oportunidad. Lejos de casa asumen roles productivos y “recobran la autonomía e independencia económica y social”, explica Laura Thompson, directora general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

“Colombia es esperanza” y es el lugar en el que les gustaría “echar raíces”, comentan algunas de estas mujeres. Pero sus realidades no pueden verse a través del mismo lente: en algunos capítulos de sus nuevas vidas hay tristeza y desesperanza; y en medio de esas batallas, también hay triunfos.

Realidad en contraste

De acuerdo con la Encuesta de calidad de vida e integración de los migrantes venezolanos en Colombia (2020) y del Observatorio del Proyecto Migración Venezuela, los ingresos insuficientes (62,9 %), la escasez de alimentos (49,9 %) y la dificultad para encontrar trabajo (31,1 %), propician la emigración.

La situación en Venezuela es cada día más dramática a la hora de conseguir comida. A corte de abril de 2021, el salario mínimo era de 0,74 centavos de dólar (1 millón 800 mil bolívares), dinero con el que “una familia al mes solo podía comprar un pan canilla [baguette] y dos huevos”, según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda, 2021) de ese país.

Y es también por esto que la reunificación familiar siempre es un anhelo: mientras el 32 % de los participantes en la Encuesta de calidad de vida e integración de los migrantes venezolanos en Colombia (2020) tienen dentro de sus planes reunirse con su familia en menos de un año, lo cierto es que el 56,6 % aún no marca una fecha en el calendario (GIFMM y R4V, 2021, junio).

Colombia es el principal receptor de migrantes en América Latina, concluye un informe difundido en junio pasado por la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela, del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (Gifmm), dato que coincide con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi, 2019-2020). De los 5.636.986 millones de venezolanos que han abandonado su territorio, por lo menos 1.742.927 están en el país, según Migración Colombia. Los restantes se distribuyen en diversas naciones de la región.

La capital colombiana aloja el 19,55 % del total nacional, es decir, 340.711 migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, y es el destino preferido, por las oportunidades económicas que ofrece esta ciudad, dado que, en promedio, Bogotá representa el 25 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país (DANE), lo cual se refleja en más opciones laborales y mayor estabilidad. Además, cuenta con la red de servicios de salud más amplia del territorio nacional (Equilibrium-CenDE, 2020).

La alimentación es prioridad para los hogares de migrantes que llegan al territorio colombiano, de los cuales el 52 % tienen jefatura femenina y el 47,1 % masculina. Pero, en la capital colombiana, como lo muestra la Evaluación conjunta de necesidades ante Covid-19: diciembre 2020, del Gifmm Colombia, “la mayoría de los hogares no pueden satisfacer sus necesidades alimentarias”, pues el 64 % consume solo dos comidas al día.

Sobre estas frecuencias de consumo, el Gifmm explicó que hogares en donde no hay ningún miembro entre 15 y 65 años con estatus regular, se tiende a consumir menos comidas al día. Asimismo, las dificultades no solo se centran en obtener alimentos, el 51 % de los hogares no tenía asegurada una vivienda o no sabía si tendría una para el siguiente mes, de acuerdo con la investigación.

Sobrevivir es la meta

“Debido a la situación que se presentó en Venezuela, no teníamos comida, no teníamos medicamentos para mi niño pequeño. Por eso salí. Mi plan, en primer momento, era viajar a Perú o Chile, pero no se pudo. Al llegar a Cúcuta hubo mucho problema, todo el mundo salió corriendo y a mí me robaron todas mis pertenencias, y parte de mi dinero. Por eso no pude llegar a otro país”.

Así fue el ingreso a Colombia de Ámbar Danaee Chourio Torrelles (41 años), el 3 de diciembre de 2019, junto a su hijo menor, Junior Fermín Chourio, que tenía 10 años en ese momento y padecía asma. Provenían del estado Guárico. Con el poco dinero que le quedó luego del asalto, pudo llegar a la localidad de Kennedy, en Bogotá, y tres meses después se empleó en una peluquería, en el mismo oficio que realizaba en su país: el arreglo de uñas en acrílico.

En marzo de 2020 Junior Fermín tuvo una crisis de asma, convulsionó, y luego de varios exámenes, descubrieron que también padecía epilepsia. En ese momento, Ámbar no tenía empleo, había renunciado a su trabajo para cuidarlo y, para sobrevivir, preparaba y vendía tortas de dulce y postres, mientras alguna de sus clientas llamaba a la puerta y le pedía una manicure.

Las mujeres migrantes como Ámbar cuentan con una alta participación en el mercado laboral (61,3 %), superior al de las colombianas (52,5 %), debido a que las nacionales, según el informe Dinámicas laborales de las mujeres migrantes venezolanas en Colombia (2019 – 2020) (Cuso International, Gobierno de Canadá y Empleos para Construir Futuros, 2020), “tienen mayores probabilidades de estar estudiando y de realizar trabajos no remunerados en el hogar, ya que otros integrantes dentro del mismo pueden generar unos ingresos suficientes para garantizar el sostenimiento de su núcleo familiar”.

Sin embargo, la situación se complica cuando están en condición irregular, como le ocurre a Ámbar. El grado de vulnerabilidad las mantiene en una constante elección: quedarse en la casa y cuidar a sus hijos o salir a buscar trabajo. Esto afecta a largo plazo su estabilidad económica, como explica el mencionado informe, también financiado por la Embajada de Canadá.

Otro grave problema para los migrantes es la informalidad laboral. La enfermera Maribel Torbello Villarroel (43 años), quien proviene de Barquisimeto y vive en la localidad de Fontibón desde octubre de 2019, se ha enfrentado a ella: “antes de la pandemia, trabajé como un mes cuidando pacientes de forma particular y a domicilio. Lo hice en empresas donde ofrecen cuidados de enfermería, pero, como no tenía cómo garantizar mi atención médica (pago de la EPS) y la convalidación de mi título, no me pudieron contratar más”.

En la actualidad vende tortas de dulce y postres para apoyar económicamente a su esposo, quien cubre turnos de cuidador en un ancianato. Permanece en casa y acompaña a su hija de 12 años, en los estudios remotos.

Unión de viejas y nuevas familias

De acuerdo con la caracterización de las familias venezolanas que emigran (Encovi, 2019-2020), los hijos e hijastros son los primeros en abandonar el país. Les siguen los cónyuges y las parejas, y luego los padres o madres. En este último grupo se encuentra María Elena Vivas (51 años).

Cuando salió de Coro (estado Falcón) y dejó su trabajo de catorce años en una cadena de papelerías que vendía suministros para alcaldías, gobernaciones y contratistas, tenía claro que su objetivo sería la reunificación familiar, luego de emplearse en Bogotá, donde se estableció el 18 de mayo de 2018.

Antes de cumplir un año de estancia en la capital colombiana, llegó a buscarla su hija Rosa Angélica Ugarte Vivas (entonces con 23 años de edad), a quien había dejado estudiando fisioterapia en la Universidad Francisco de Miranda.

Transcurridos tres años —incluida la pandemia, cuando María Elena sufrió crisis de ansiedad por el encierro como trabajadora doméstica— se convirtió en abuela. No ha estado sola y nunca imaginó que una de las personas que le brindaría la mano sería una emigrante española, profesora universitaria.

¿Cómo ha vivido María Elena la reintegración familiar en Colombia? Después de dos meses de descanso de las labores domésticas, ¿cuáles son sus planes ahora?

Vivir entre esperanzas y carencias

La migración femenina está ligada a otros factores que no solo se relacionan con lo económico y lo alimentario, sino también con la salud y los derechos sexuales y reproductivos, asegura Betilde Muñoz-Pogossian, directora del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Esa situación se refleja en un informe de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa, 2021). Los datos indican que, en la actualidad, en el vecino país, 7 de cada 10 mujeres no utilizan métodos anticonceptivos; 3 de cada 10 no pudieron asistir a su primer control prenatal después de la semana 12 de gestación; 9 de cada 10, entre los 15 y los 59 años, no han podido planificar sus embarazos, y el 1,9 % reconoció haberse practicado un aborto inducido alguna vez.

De acuerdo con ese informe titulado La salud de las mujeres en Venezuela: crisis del sistema sanitario y Covid-19 (2021), el deterioro de la infraestructura hospitalaria, la falta de insumos, de personal médico general y especializado, hacen que las mujeres deban costear los exámenes de su bolsillo.

Pero, al llegar a Colombia, las mujeres venezolanas en situación migratoria —tanto regular como irregular— enfrentan desafíos para acceder a los servicios de salud. Así se advierte en el informe Parir en Colombia: una aproximación cualitativa a la situación de las mujeres gestantes venezolanas en Vichada y Bogotá. Las que cuentan con el Permiso Especial de Permanencia (PEP) pueden afiliarse y contar con la seguridad social, pero no saben cómo y por dónde ingresar a las plataformas virtuales para hacerlo. Además, según datos de Profamilia (2020), algunos empleadores pasan por alto el pago de las afiliaciones.

Cada situación tiene sus particularidades. Mariangel Gilmar Mujica Guevara (24 años), violinista, proveniente de San Felipe, estado Yaracuy, cuenta que desde febrero de 2021 es madre y que, a pesar de pagar la seguridad social y de contar con el PEP, aún no recibe el pago de la licencia de maternidad.

Durante su embarazo, que fue confirmado en junio de 2020, no tuvo los controles que necesitaba. “La primera ecografía que me hizo la EPS fue en diciembre del año pasado. Todo fue lento y demorado. Mi hijo está bien, pero nació con ventriculomegalia y ahora también se me han presentado problemas para que lo atiendan. He tenido que llevarlo a médicos particulares”, asegura.

En el caso de las que permanecen en condición irregular en el país y que pueden acceder a los servicios de salud a través de urgencias, no tienen claro qué es y qué no es una urgencia, y el personal administrativo y médico en esta área les da un trato discriminatorio. “Hay un gran vacío en el acceso a controles prenatales y servicios postparto”, señala Profamilia en el informe Desigualdades en salud de la población migrante y refugiada venezolana en Colombia (2020).

En marzo de 2018 Bárbara Oskarina Zavarce Blanco (26 años) migró a Bogotá con tres niños, de 5, 7 y 8 años. Hoy, tiene seis meses de un embarazo de alto riesgo; además, sufre de anemia y migraña. Ella cuenta que es madre soltera, cabeza de hogar y que resiste económicamente con la mendicidad: “Para que me hagan controles y saber cómo va el bebé, voy a urgencias; la verdad es que ser venezolana impide que me atiendan”.

Ámbar, amiga de Bárbara, cuenta que “en una oportunidad la atendieron en un hospital en Soacha, y como ella no tenía un recibo de servicios públicos de esa localidad para mostrar y que la dieran de alta, por poco no la dejan salir del lugar”.

No todas las historias de las madres migrantes son desesperanzadoras. Kenia Vera está próxima a cumplir 44 años. Hace cuatro, cuando su esposo le dijo que lo acompañara a explorar una opción laboral en Bogotá, tenía cuatro meses de embarazo de su segunda hija.

Continuó los controles prenatales en Colombia y resalta que el trato del personal médico siempre fue cordial. Pero, en la semana 27 de gestación, faltando tres días para abordar el vuelo de regreso a Maracaibo, presentó complicaciones y la bebé nació de forma prematura en la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, en Suba. “Pesó 1,9 kilos y tenía reflujo. Ya no teníamos un solo centavo ahorrado. Para nosotros comenzó la verdadera vida del migrante”, recuerda Kenia.

¿Cómo ha sido la vida de esta mujer y de su familia después del nacimiento inesperado de su hija en Colombia y cómo el programa madre canguro, que no existe en Venezuela, ayudó a salvar la vida de su bebé?

Sobrevivir y empezar desde cero

Los migrantes en Bogotá llevaron la peor parte durante la pandemia por la COVID-19. El DANE confirmó la caída en un 6,8 % del Producto Interno Bruto en 2020, siendo la peor de la historia de Colombia e impactando a esta población vulnerable (LR La República, 2020).

De acuerdo con datos de esta agencia estatal, para marzo de 2021 a nivel nacional el desempleo de los migrantes (hombres y mujeres) alcanzó el 22 %; incluso, para quienes desde hace más de cinco años viven en Colombia el aumento del desempleo se hizo visible: se registró un 29,2 %, a diferencia del 20,8% registrado en marzo de 2020.

La pandemia también sacó a la luz la violencia de género y los desalojos de las viviendas. “Hemos registrado al menos 40 casos de agresión a mujeres, niñas y niños, y hemos pedido amparo a la Casa de la Mujer. El aislamiento y el encierro, así como la imposibilidad de conseguir el dinero y alimentar a sus familias, son las causas de estos enfrentamientos”, explica Nydia Hernández, directora de la Fundación Charity Colombia.

Hernández agrega que esa fundación presta apoyo a cerca de 23 mil migrantes pertenecientes a 14.147 grupos familiares: el 70 % son madres cabeza de hogar que tienen a su cargo entre dos y tres niños. Bosa, Usme, Suba y Kennedy son las localidades con mayor número de migrantes atendidos por esa organización y son los lugares donde “las mujeres han podido asentarse, con el apoyo de familiares o amigos que han llegado antes y pueden pagar una habitación por días”, añade.

En medio de esta situación, la directora de Charity también ha encontrado casos en los que, desde Colombia, las mujeres son contactadas con la promesa de tener un lugar dónde alojarse y encontrar trabajo, y cuando llegan al país terminan en redes de trata de personas o de prostitución.

Erradicar este flagelo no ha sido fácil. Sin embargo, situaciones como el anhelo de encontrar empleo, sacar adelante emprendimientos o establecerse en lugares donde también conviven venezolanos, han motivado la unión entre las migrantes que acuden a la fundación.

Liderazgo entre las migrantes

A Yoseanne Glendary Schaffter Vásquez (35 años), Sikiu Karelis Salcedo Finol (35 años), Maribel Torberllo y Ámbar Chourio las une un mismo propósito: consolidar su rol de líderes en la Fundación Charity Colombia. Conocieron a su directora, Nydia Hernández, mientras prestaba apoyo a las familias migrantes en los meses de aislamiento obligatorio por la pandemia, en 2020.

Algunas de las labores de estas mujeres en Charity Colombia son llevar registros de las migrantes, mantener grupos informativos en WhatsApp, guiarlas mientras se instalan en Bogotá, ayudar a conseguir mercados y empleos, y ayudar en las tareas de los hijos.

Yoseanne Schaffter, ama de casa, madre de seis niños y líder en Suba (donde vive desde 2018), cuenta que en 2020 el maltrato físico y verbal a muchas mujeres marcó su trabajo y que la situación económica de las familias la llevó a conocer casos en los que fue necesario recoger dinero y retornar a las mujeres a Venezuela.

“Muchas no lo cuentan; decir que son golpeadas, les da miedo”, asegura Sikiu Karelis Salcedo Finol, otra líder en Suba, quien hace cuatro años llegó al país junto con la familia de Yoseanne Schaffter, su pareja sentimental, y con sus dos hijas, que hoy tienen 8 y 10 años. Mientras trabaja como manicurista para sacarlas adelante —en Colombia se separó del padre de ellas—, apoya a la Fundación en labores de comunicación y acercamiento a instituciones que entregan ayudas.

A su vez, la enfermera Maribel Torbello es líder en la localidad de Fontibón. Dice que ha conocido a mujeres que llegan a la fundación y que viven bajo los puentes. Otras “tienen hijos en condición de discapacidad y sus vecinos les han ofrecido dinero a cambio de sexo, queriéndose aprovechar de la situación que presentan”.

¿Qué las llevó a trabajar para otras migrantes si sus condiciones de vida son iguales o más precarias que las propias?

Xenofobia, ¿hasta cuándo?

De acuerdo con el Barómetro de la Xenofobia (Corporación Otraparte; Observatorio de Migraciones de la Universidad Externado de Colombia y otros, 2020), la discriminación contra población migrante en redes y medios de comunicación aumentó de manera progresiva durante la pandemia, en 2020. Según la medición que aplica esta iniciativa “La conversación de seguridad estuvo compuesta mayoritariamente por las publicaciones alrededor de las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá —Claudia López Hernández— con respecto a la relación entre migración y crimen”.

Un ejemplo de esto fueron las declaraciones que hizo el 29 de octubre de 2020 en un Consejo Local de Gobierno, en la localidad de Kennedy, luego de conocerse la muerte de una persona con arma blanca en el sistema Transmilenio: “No quiero estigmatizar a los venezolanos, pero hay unos que en serio nos están haciendo la vida de cuadritos. Aquí el que venga a trabajar bienvenido sea, pero el que venga a delinquir deberíamos deportarlos inmediatamente” (Twitter, 2020).

A raíz de esto, se “generaron nueve alertas luego de las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá”, y se aumentó la conversación sobre xenofobia en ciudades como Bogotá (918 %), Cúcuta (900 %), Cali (376 %), Barranquilla (300 %) y Medellín (250 %) (El Derecho a No Obedecer, 2020).

En los registros de esta medición también se evidenció un aumento del 24,1 % en mensajes de xenofobia entre los meses de octubre y diciembre de 2020, y un 10,2 %, en comparación con lo registrado entre los meses de enero y marzo de ese mismo año.

Esos señalamientos se dieron en momentos en que el gobierno nacional promovía el lanzamiento del Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos, actualmente en marcha, con el cual se pretende fortalecer su protección.

La enfermera Johana Angélica Sánchez (29 años), proveniente de Maracay, estado Aragua, vive en Bogotá desde 2017 y ha padecido esa estigmatización: “Me han hecho llorar. Obviamente no lloro en la cara de nadie, porque soy orgullosa. Lo que no entienden es que no queremos nada regalado, queremos trabajar. ¿Cómo hacemos? No te aceptan en una empresa porque no tienes papeles y tenemos que vivir, comer, pagar arriendo. No es fácil. Creo que el que nunca ha emigrado, no lo comprende”.

Otra batalla: ejercer una profesión

Las profesionales de la salud no desfallecen ante la posibilidad de ejercer su carrera en Colombia. La historia de Daniela Guiliana Labarca (34 años), odontóloga y rehabilitadora oral, y la de su cuñada, la médica María Daniela Fiorda Díaz (33 años), así lo demuestran. En 2014 llegaron de Maracay y se establecieron en la capital del país.

Al cursar una especialidad en rehabilitación oral en la Universidad del Bosque de Bogotá, ese mismo año, y trabajar en clínicas de trayectoria, Daniela Guiliana Labarca se abrió camino y hoy tiene un consultorio en el norte de la ciudad. Además, ofrece el plan Devolviendo Sonrisas dirigido a la población inmigrante y retornada que no cuenta con los recursos necesarios para los tratamientos.

El caso de Fiorda Díaz fue distinto. Tomó la decisión de migrar junto a su esposo, el nutricionista Luis Ernesto Ferrer Ferrer, a mediados de 2014. Renunció a la clínica en la que trabajaba y empezó su recorrido por los consulados de Colombia, Chile y Argentina, en Maracay, y en cada uno decía siempre lo mismo: “Quiero migrar de forma legal, ejercer mi profesión, y no quiero llegar a ver qué hago con mis papeles”.

A Bogotá llegaron en octubre de ese año y vivieron cerca de tres años. Hoy, radicados en Cali, María Daniela y Luis Ernesto lograron ser independientes y trabajan en temas de nutrición y dietas cetogénicas, promueven su consultorio a través de la cuenta de Instagram @ferrerfastingm y tienen un emprendimiento familiar: una venta de chorizos cuya receta está inspirada en la tradición argentina.

Cuando la música une y salva vidas

Combinar la interpretación, el canto, los violines y las clases de música con la labor social y el apoyo a otros artistas que han migrado y que viven de la caridad en las calles, es la labor de dos mujeres de reconocida trayectoria en Venezuela y que hoy están radicadas en Bogotá.

Se trata de la maestra en canto lírico y soprano Sara Josefina Catharine de Gómez (57 años), magíster en música de la Universidad de las Artes, Filadelfia, e integrante de la Ópera de San Francisco (EE. UU), durante la década de los noventa. También formó parte del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela y del Conservatorio de Música Simón Bolívar. Hoy, es profesora de canto en la Universidad Central de Bogotá.

Junto a ella está Arex Alejandra Aragón Cerón, doctora en pedagogía, violinista e integrante de Orquesta Aragón, creada por una de las familias de músicos más destacados en el vecino país, fundada por su padre, el también músico Francisco Aragón, un caleño que migró en los años sesenta para trabajar en San Cristóbal (estado Táchira) y que participó en proyectos como la creación de la Banda Municipal y la Escuela Superior de Música Miguel Ángel Espinel. Actualmente imparte formación en la Orquesta Filarmónica de Bogotá y es maestra de música en la Caja de Compensación Familiar, Cafam.

Ambas reconocen que su labor artística no fue lo único que las trajo a Bogotá. Aragón Cerón recuerda que uno de los momentos más complejos de sus últimos meses en San Cristóbal fue cuando “tuve que dormir en la calle haciendo una cola. Esa fue la estocada. No pensé en mí; dije, mis hijos no merecen esto”.

La maestra Sara Caterina —como es conocida artísticamente— no olvida el día en el que no pudo conseguir proteínas para alimentar a su hijo menor, que padecía de anemia crónica. Fue en agosto de 2016 cuando “pidió ayuda divina” y, gracias a una invitación que le hizo la Universidad Central de Bogotá, decidió partir de Caracas.

Asegura que no ha podido regresar a su país, “muchos no lo saben, yo estaba en la ‘lista de Luis Tascón’, porque firmé la revocatoria del mandato de Hugo Chávez”. Dicha lista, elaborada en 2004 por el entonces diputado chavista y publicada en la página web www.luistascon.com, expuso la identidad de más de tres millones de venezolanos opositores al gobierno, lo que ocasionó despidos e intimidaciones a funcionarios públicos.

La Fundación para la Integración de la Música en Colombia (Fundimusicol), que integra a una comunidad que supera los trescientos músicos venezolanos —retornados y locales— es también el escenario que une a estas dos mujeres desde el concierto y homenaje al compositor José Antonio Abreu, quien falleció el 24 de marzo de 2018 y su legado quedó plasmado en la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela y en el Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas Juveniles e Infantiles.

Allí, Arex se desempeña como secretaria general y también como músico de la orquesta en ocasiones especiales, y la maestra Sara Caterina dirige el proyecto coral, Fundimusicol. Ambas reconocen que la unión hace la fuerza entre los migrantes, y más en medio de la pandemia, cuando varias familias de músicos fueron expulsadas de los lugares donde vivían y no tenían dinero para comprar alimentos.

Emprender para cambiar vidas

La tasa de desempleo y la necesidad de medios de vida estables, tanto en mujeres como en hombres migrantes, llevó a que muchos venezolanos se establecieran en Colombia a través de nuevos negocios. De acuerdo con el boletín del Observatorio del Proyecto Migración Venezuela, Emprendimiento de los migrantes venezolanos en Colombia (2019), se contabilizaron 879.057 migrantes que trabajaban en el país, de los cuales 177.122 son emprendedores. Además, 2 de cada 10 venezolanos que trabajan en este territorio son independientes.

A diferencia de los emprendedores colombianos, el nivel educativo de los trabajadores provenientes de Venezuela es más alto, ya que el 23,5 % cuenta con título de educación superior y el 64 % son bachilleres, mientras que, en ambos indicadores, los colombianos independientes registran un 19 % y un 41,7 %, respectivamente, como lo explica dicho informe.

Ferias de emprendimiento como “Mi pana emprende”, se han convertido en una vitrina importante para que Eloísa Andreina Lepage Vallejo y Yulia Torres, entre otras mujeres, no solo den a conocer sus negocios, también han abierto camino a otros migrantes que buscan oportunidades laborales en Colombia.

“Cuando uno decide emigrar es empezar de cero y es muy difícil. Ya nosotros tomamos la determinación de que este va a ser el país donde mis hijos van a crecer, donde van a tener sus oportunidades y donde vamos a luchar para continuar”, afirma Andreina, propietaria de Natural Lash Studio, un spa en el que el arreglo de uñas y cejas es el producto estrella, y que después de funcionar por seis meses en el sector de Chapinero, en 2020 cerró e inició la oferta de servicios a domicilio. Hoy se ubica en un local del barrio Villa Alsacia, al occidente de Bogotá.

Yulia Sauret Torres Guerrero (32 años), proveniente de Maracaibo, es otra emprendedora destacada. Su escenario es la red social Instagram, con el perfil “Venezolanos en Bogotá”. Lo que empezó como una cuenta informativa en la que Torres hablaba sobre trámites migratorios, hoy es una vitrina para los negocios y emprendimientos de los migrantes en la ciudad.

¿Cómo lograron estas mujeres sacar adelante sus emprendimientos? ¿Cuáles son sus historias de vida y a dónde anhelan llegar?

Una travesía que continúa

Para Ámbar Chourio se migra para aferrarse a los hijos, porque son ellos los que “transmiten esas ganas de seguir” y se hace con el corazón partido en dos, como lo describe Andeina Lepage, quien a diario se despierta pensando cómo sanar esa herida mientras remueve sus esperanzas e impulsa a su familia a continuar, lejos de su natal Caracas.

Pero, sin saberlo, en el momento en que llega al territorio colombiano, la mujer migrante se transforma en un símbolo de resistencia. Soporta la indiferencia, como Johana Sánchez, quien recuerda que “me han hecho llorar. Obviamente no lloro en la cara de nadie porque soy orgullosa; lo que no entienden es que no queremos nada regalado, queremos trabajar”. Y se fortalece porque reconoce que existen territorios donde pueden estar a salvo juntos. “No se quieren lujos o ser millonarios, simplemente vivir tranquilos”, concluye Daniela Fiorda.