Las empresas ‘tiznadas’ por las tierras de Santa Fe
Jueves, 07 Septiembre 2017

Las empresas ‘tiznadas’ por las tierras de Santa Fe

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El proceso de restitución de tierras ha sido complicado en el departamento del Cesar. Por demoras del Estado, presión de particulares, y violencia que queda latente del conflicto armado que vivió Colombia durante tantos años. El equipo de Verdad Abierta entrega un especial de tres entregas con todos los detalles de este fallido proceso de restitución. Entrevistamos al medio sobre la última entrega, la investigación del caso de las parcelas Santa Fe en Becerril, Cesar. 

En Becerril, Cesar, existe un terreno llamado Parcelación La Santa Fe. En los años 90, el Incora tituló estas tierras de más 800 hectáreas a 30 familias campesinas. La mitad de esas parcelas fueron despojadas a razón del conflicto armado. 

"La Santa Fe es una parcelación de 896 hectáreas que el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) le tituló a 30 familias en 1991 y que colinda con la mina La Jagua, la tercera más grande de explotación de carbón a cielo abierto del país. Pero lo que parecía un gran beneficio social y económico, se convirtió muy pronto para los campesinos en un motivo de intranquilidad, impidiendo el disfrute pleno de sus predios: algunos fueron desplazados ese mismo año por ser miembros de la Unión Patriótica (UP), movimiento político que surgió de las negociaciones con la guerrilla de las Farc a mediados de los años ochenta; otros salieron amenazados, paradójicamente, por ese grupo subversivo; y entre 1997 y 2002 paramilitares del Frente Juan Andrés Álvarez de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) expulsaron a los que aún quedaban. El detonante, en esta ocasión, fue el asesinato del profesor Weimar Navarro en 2002". (Fragmento de la investigación) 

Así, Verdad Abierta, se dio a la tarea de documentar a profundidad este caso de despojo de tierras en el Cesar, siendo Becerril uno de los municipios que registra un número grande de víctimas del conflicto armado. En la primera entrega: 'La fallida restitución en el Cesar', el equipo hace una radiografía al problema de restitución que vive todo el departamento: "Contrario a los anuncios oficiales, la restitución de tierras en este departamento ha sido lenta y fraccionada, enfrentándose a diversas presiones. El caso de la parcelación Santa Fe, en Becerril, es solo un ejemplo de lo que ocurre en esta región, donde las víctimas piden atención del gobierno nacional frente a un proceso clave para la paz". (Fragmento de la investigación) 

 

En la segunda entrega hicieron un perfil del ganadero Hughes Rodríguez, alias 'Comandante Barbie', un personaje que aparece aunque no figura en los organigramas criminales del paramilitarismo, es bien conocido en el Cesar, por promover el paramilitarimo. Hugues no se desmovilizó, y, tanto víctimas, como la Unidad, lo ha identificado como una de las personas que presiona reclamantes de tierras para que no reclamen; pese a ser acusado de haber participado en los crímenes o en la actuación del frente Juan Andrés Álvarez de las AUC, no ha pagado un solo día de cárcel en Colombia. Rodríguez, en cambio, llegó a una negociación en Estados Unidos, una negociación secreta. Este hombre sería una pieza clave en el rompecabeza que reconstruye el equipo de periodistas.  

Aunque Rodríguez salió del país luego ser acusado de delitos asociados al tráfico de droga a Estados Unidos, su nombre sigue presente en varias de las denuncias por despojo de tierras en el llamado corredor minero del Cesar. Los reclamantes prefieren no decir su nombre en voz alta porque saben que conserva su poder en la región y temen que les impida regresar a sus parcelas.

En Estados Unidos negoció con la justicia, pero en Colombia sigue prófugo de la justicia que lo condenó por promover grupos paramilitares. Esto no impidió, sin embargo, que fuera declarado como víctima del conflicto y, por consiguiente, inscrito en el Registro Único de Víctimas (RUV).

Hugues, escondido en algún país de Latinoamérica, sigue al tanto de sus negocios en Colombia. Según personas que lo han contactado, teme perder sus bienes y por eso no tiene interés en presentarse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el escenario judicial en el que se espera comparezcan no solo los guerrilleros de las Farc, sino todos aquellos que participaron de la guerra, entre ellos algunos empresarios". (Fragmento de la investigación) 

 

La tercera entrega es la investigación del caso específico de Becerril, Cesar: 'Las empresas ‘tiznadas’ por las tierras de Santa Fe'. En este capítulo, se hace una minuciosa documentación sobre todo lo ocurrido con la parcelación La Santa Fe, sólo uno de los ejemplos, de lo que ha venido ocurriendo en el Cesar con los procesos de restitución. Una suma de factores que han hecho que se falle en la reparación a las víctimas. 

Sobre mediados de los años 90 los campesinos dueños de las parcelas comienzan a ser víctimas del conflicto armado, a finales de los 90, los paramilitares llegan y emprenden una serie de asesinatos y masacres, que siembran terror entre los habitantes de estas tierras, en las que delinquió el frente Juan Andrés Arias de las AUC, un brazo del bloque Norte.

 

Así, empezó una violencia fuerte desde el año 98 hasta el año 2006. Por el terror, las masacres y los asesinatos perpetrados por los grupos paramilitares, los campesinos se desplazan y la parcelación queda prácticamente vacía en el año 2002. Y el punto que marca esa expulsión total es el asesinato de un profesor, Weimar Navarro, dentro de la parcelación.

 

En el momento en que ocurre la expulsión de los campesinos, no hay un claridad sobre el porqué los estaban expulsando; con el tiempo, estos campesinos empezaron a entender que sus tierras tenían mucho valor, un valor estratégico porque sobre esa tierra se superpone un gran título minero.

Así, la investigación establece que paralelo a la presión y violencia ejercida por paramilitares, y el desplazamiento masivo de los campesinos, desde el 98 a 2002, comienza la presión para la compra de las parcerlas por parte de Edgardo Percy Diazgranados, entonces gerente de una empresa llamada Carbones del Caribe. 

Como se ve en la línea del tiempo, parte de la investigación: "En agosto del 2002, paramilitares amenazan al parcelero del predio 1 de Santa Fe. Luego, Edgardo Percy Diazgranados le ofrece comprarle la tierra. Esta compra no queda registrada en el folio de matrícula. El Hermano del Alcalde de Becerril contacta a los campesinos de la parcela 2 para que vendan. La compra no queda registrada en el folio de matrícula". 

Inicialmente las familias desesperadas le venden a Percy a muy bajos precios, pero nunca se legaliza en registro. Cuando entró en vigencia la ley de víctimas y restitución de tierras el 10 de junio del 2011, Percy empieza a buscarlos para legalizar las ventas que hicieron.

En el año 2005, Carbones del Caribe toma las 13 parcelas que había sembrado con palma y se las transfiere a Carbones Sororia, empresa del Carbón que explota la palma. Posteriormente esta empresa fue comprada por el grupo empesarial Argos, que se lava las manos, argumentando que las transacciones sin registro de traspaso fueron realizadas por las empresas anteriores. 

Pese a esto, el vínculo entre la presión paramilitar, con las ofertas de compras de las parcelas, con alto valor debido a su ubicación estratégica, es evidente. Esta investigación pretende juntar todas estas piezas y mostrar la realidad de los procesos de restitución a los que se enfrentan miles de colombianos víctimas del conflicto armado, revictimizados por las demoras del Estado, y las presiones de particulares, que llegan a ser muchas veces violentas. 

 

"En la actualidad, 11 reclamaciones de campesinos de Santa Fe cursan en los tres Juzgados Especializados de Restitución del Cesar, la mayoría de estos en el Juzgado Segundo. Ellos están esperanzados en que las sentencias saldrán a su favor, que volverán a las tierras y crearán una cooperativa para obtener ganancias de la palma de aceite ya sembrada. Esta idea surge en medio de un contexto de presión que persiste contra los reclamantes, de la que no hablan ni los labriegos ni la URT". (Fragmento de la investigación) 

 

Hablamos con el equipo de Verdad Abierta sobre la investigación, esto nos contaron.  

¿En qué consistió este especial sobre restitución fallida de tierras en Becerril, Cesar? 

El trabajo consistió en documentar el caso. Fuimos a la zona, verificamos lo que ocurría. Hicimos un trabajo muy fuerte de tratar de entender la historia a través de documentos públicos, revisar folios de matrícula de cada predio, y armamos bases de datos propias para poder reconstruir la historia, pues este tipo de casos es como un rompecabezas; las piezas están sueltas y hay que unirlas.

Unimos lo que nos decían los folios de matrícula, que son como las hojas de vida de los predios, con los testimonios de la comunidad del territorio que nos contaron qué era lo que había ocurrido.

Lo que pudimos poner en evidencia a través de documentos (folios de matrícula, constitución de cámaras de comercio, actas de junta de las empresas, más los testimonios, más documentos de prensa y archivos sobre la violencia) es que hay una relación muy fuerte entre la violencia paramilitar y la transformación de la propiedad rural en la parcelación de Santa Fe en el municipio de Becerríl.  Nos fuimos dando cuenta a través de los meses que el caso de Santa Fe era un solo ejemplo de lo que estaba ocurriendo con los procesos de restitución en el Cesar. 

Entre las dificultades de estos procesos de restitución encontramos que la Unidad de Tierras no tiene la capacidad administrativa para atender en profundidad todos los casos, pero sobre todo para hacerle frente a las presiones políticas, económicas que hay sobre la tierra, pues hay bastantes presiones de los opositores para que esas tierras no vuelvan a las víctimas del conflicto armado. En el proceso de reportería las fuentes nos aseguraron que eso tiene que ver con un tema empresarial. 

¿Cuáles fueron los retos más grandes de esta investigación? 

Yo creo que hay dos grandes retos, uno es el acceso a la información pública, aunque las instituciones públicas saben que existe la ley 1712 del 2014 que es la ley de acceso a la información pública, algunas instituciones como la Unidad de Tierras, utilizan mecanismos legales para frenar o fragmentar la información.

Nosotros, por ejemplo, a lo largo de la investigación, solicitamos en varias oportunidades información a la unidad de Tierras. Solicitamos primero una entrevista con el director territorial, no la concedieron, luego nos dijeron que teníamos que interponer un derecho de petición y nos respondieron el último día hábil, diciendo que nuestra solicitud era demasiado compleja y que se tomaban un derecho de prorroga. El día que la investigación se publicó ellos respondieron, unos minutos después de que publicamos, entonces su respuesta fue por la vía legal, pero fue demorada, a mi criterio, incompleta.

El segundo reto es el temor de muchas fuentes de hablar, pues todavía existe el tema social del conflicto armado. A mucha gente le da miedo hablar. Pero la investigación fue un impulsó importante porque mucha más gente quiere que se cuente su historia. La investigación abrió una puerta. 

¿El temor que aún existe en la gente de este municipio se debe a que aún hay presencial paramilitar?

Es difícil sostener que aún hay presencia paramilitar en ese territorio, pero sí es claro que aún hay muchos opositores, estoy hablando sobre todo de particulares, que no quieren que haya restitución y de alguna forma generan presión sobre la gente.

Adicionalmente, en el territorio está ocurriendo un fenómeno, como la gente está cansada de tantos años de reclamar y que el Estado no sea diligente con esa solicitud, la gente está queriendo negociar por fuera de juicio, fuera de la justicia transicional, y eso es supremamente peligroso, porque se supone que una ley transicional es para brindar las garantías de reparación y resitución de manera integral. Entonces como la gente está cansada, muchos opositores logran ubicar a los reclamantes, antes de que el caso entre a juicio, y los animan a desistir del proceso para negociar por aparte. Esas son negociaciones desiguales, porque un campesino víctima que entra a negociar con una empresa que tiene abogados, no tiene garantías; la empresa tiene las de ganar. 

¿Qué consejo darían a periodistas interesados en hacer investigaciones relacionadas con restitución de tierras y conflicto armado en Colombia? 

El principal consejo es primero documentarse muy bien antes de ir al terreno. Entender muy bien la ley, estar muy preparados en los contextos para entender qué fue lo que pasó en el territorio (reforma agraria, contrarreforma).

Ya en terreno, es un tema más de paciencia. Las fuentes tienen que sentir confianza en los periodistas para contarles su historia. Y luego, hay que hacer un gran trabajo de gestión documental, no todo está en lo testimonial, hay muchos documentos que hay que buscar en distintos lados, en notarías, en cámara de comercio. Hay que tener la paciencia para buscar, tramitar y organizar la información. En eso es clave el trabajo en equipo.  

Mira aquí el reportaje completo.  

 

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Modificado por última vez en Viernes, 08 Septiembre 2017 16:54