La normatividad que empezará a regir en seis meses, fue sancionada por el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Con esta ley, Colombia se alinea a la tendencia regional de legislación sobre el derecho de acceso a la información que lideran México, Chile y más recientemente Brasil.
Entre los avances de la nueva ley se destacan:
- Las entidades públicas no serán las únicas obligadas a entregar información. También lo serán las personas naturales y jurídicas privadas que cumplan funciones públicas, las empresas prestadoras de servicios públicos y los partidos y movimientos políticos.
- Se establecen unos contenidos mínimos de la información que deben publicar, principalmente servicios y estructura de las organizaciones.
- Las entidades no pueden rechazar solicitudes de información por discrecionalidad, deben presentar pruebas y argumentos para reservarla.
- Se dan garantías para que los diferentes grupos étnicos y culturales accedan a la información que los afecta.
- Se obliga a hacer adecuaciones para que las personas con discapacidad también tengan acceso a la información.
“Para periodistas e investigadores la ley será una herramienta que hará más fácil el acceso a la información de interés público. Ahora los recursos de insistencia se pueden presentar directamente ante el tribunal, sin intermediarios”, así lo dio a conocer la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP y la Alianza Más Información Más Derechos, organizaciones que por más de “5 años trabajaron y promocionaron el derecho de acceso a la información pública y 4 desde el diseño y socialización del proyecto de ley”.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información la pueden consultar aquí.