Bolivia, inversión a ciegas

En 2015, el Gobierno boliviano comenzó la implementación del Plan Plurinacional de Prevención de Embarazos Adolescentes y Jóvenes 2015-2020, que a través de políticas públicas pretende reducir las cifras de gestantes menores de 19 años de edad, “pasando del 18% al 8%, favoreciendo su desarrollo y formación integral”.

La razón por la que crearon este ambicioso plan es para beneficiar alrededor de 3.951.879 adolescentes y jóvenes, un 40% de toda la población, mejorando el acceso a la información, estableciendo programas y proyectos que involucren a la familia y al sistema oficial en aras de la prevención del embarazo en adolescentes.

La inversión prevista para los cinco años es de 4.2 millones de dólares, cuya financiación proviene en 75% de capital externo y en 25% de capital nacional.

Es un proyecto aparentemente con buenas intenciones, pero nadie explica de dónde salieron las cifras para justificar la millonaria inversión. Ni desde el plan ni desde el Ministerio de Justicia, que tiene a su cargo el Comité Interministerial de Políticas Públicas de la Juventud, entregaron información para este reportaje. Por el contrario, las organizaciones que abordan el tema en el país y los organismos dedicados a la recolección de información coinciden en que no hay cifras confiables sobre el embarazo en adolescentes.

Lo que es cierto para todos los sectores –oficiales y privados- es que la situación es preocupante y Bolivia se mantiene entre los países con más altos índices, la tasa anual para 2012 (fecha del último censo) es en promedio de 230 adolescentes por cada mil embarazadas en los nueve departamentos.

El mismo el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Luis Fernando Pereira, admitió para esta investigación que la entidad no posee los datos porque los ministerios la recopilan de manera independiente y desordenada y nunca la entregan al INE. Los pocos datos que llegan allí son los resultados de las encuestas.

Durante los dos últimos años, las cifras han descendido, pero según información del Fondo de Población de la ONU, la edad de las niñas embarazadas ha bajado hasta los 12 años y casos como este se relacionan directamente con la violencia sexual que en mujeres de 15 a 19 años de edad alcanza el 29%. Los reportes entregados por el Ministerio de Salud incluso hablan de menores de 10 y 11 años en estado de embarazo.

Pero la única cifra oficial es la de 246 embarazos diarios durante 2015, entregada por el Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) y que no coincide con los 226 que muestra la información allegada para esta investigación por ese mismo organismo.

El director del SNIS, Max Enríquez admitió que la última encuesta en demografía y salud data de 2008, pero sus datos presentan problemas y por ello los estadísticos se centran en los obtenidos en la encuesta de 2003. A partir de ese momento hasta 2008 no hubo otra encuesta y solo se volvió a preguntar del tema en el censo de 2012. Lo que dice Enríquez es que los datos que se conocen son después del censo, pero los únicos que se refieren exactamente a las cifras de adolescentes embarazadas de manera disgregada por edades y municipios son los de 2015 y 2016.

Y va más allá. Esas cifras de los dos últimos años tienen una información confiable del 72%, porque las restantes no cuentan con interconexión para entregar los datos y por esta razón llenan los formularios de manera manual. Sumado a esto, en las zonas urbanas existe el problema de que la información es voluminosa y tomada por unas pocas personas, lo que no garantiza su fidelidad. El objetivo, explica, es que los formularios se debieran llenar en línea desde la gestión del paciente, pero para llegar a esto falta demasiado.

Y para los organismos internacionales los datos no son más que especulaciones originadas en los datos del censo de 2012. Precisamente, toda la justificación del Plan Plurinacional se remite a cifras de ese censo, a pesar de que lo poco que se sabe es que los datos han variado considerablemente en los cuatro años siguientes a esa medición, y además sin considerar las realidades municipales o departamentales.

La representante del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), Ana Angarita, va más allá: “Una gran preocupación es la falta de datos oficiales que muestren la situación real del embarazo en adolescentes, y no solo eso, no se trata de medir simplemente cuántas son, sino cuál es su perfil”.

Para la representante de la UNFPA, aparte de un número que no es concluyente no se sabe nada más, ni cuál es el perfil de las chicas, ni las causas que las llevaron a quedar embarazadas y además quedan por fuera las adolescentes que decidieron tener a su bebé en casa o las que optaron por abortar. En realidad, asegura, existe un subregistro.

En esto coincide el experto Ernesto Rodríguez, un sociólogo uruguayo y consultor de la Organización Iberoamericana de Juventud en Políticas Públicas, Prevención de la Violencia y Desarrollo Social, quien asegura en un análisis a las políticas públicas de juventud en Bolivia que las propuestas siguen siendo muy generales. “En más de un sentido, la propuesta de “plan” parece seguir siendo una propuesta de “política” de Juventud, más que un “plan” propiamente dicho”, asegura.

Su crítica está basada en las cifras del diagnóstico, que aseguran que tres de cada cuatro embarazos en mujeres de 15 a 19 años de edad no son planificados y que entre un 7 y un 17% de los embarazos no planificados se producen por violencia sexual, pero además que solo el 12.5% de los adolescentes y jóvenes con vida sexual activa utiliza un método anticonceptivo. De nuevo, estos datos no provienen de un estudio específico o de una encuesta de salud.

Está de acuerdo el experto con el UNFPA en que es necesario contar con definiciones concretas para volver operativas las propuestas concretas.
Y también coincide Mariana Ramírez, responsable del área Continuo de la Atención dependiente de la Unidad de Redes de Servicios de Salud y Calidad del Ministerio Salud, quien admite que no es posible entregar información certera sobre el embarazo en adolescentes en Bolivia porque solo se conocen las cifras de quienes han accedido al control prenatal, pero la realidad del país es que hay muchas que no cumplen con este paso. “Hay un sesgo muy importante en el marco de la información”, admite.

Para la planeación de las inversiones ni los encargados del Plan Plurianual ni los ministerios tienen en cuenta factores como el índice de desigualdad, la medición de la pobreza o las características específicas de cada región o municipio. Por ejemplo, Santa Cruz es el departamento con más adolescentes embarazadas y un municipio llamado Montero que no es la capital, tiene las cifras más preocupantes, pero se trata de una relación lógica con la cantidad de habiantes pues según el Censo 2012, Santa Cruz es el departamento más grande y próspero del país. Tiene una población 2.783.790. En cambio Potosí es el departamento más pobre y su población alcanza las 847.536 personas. En el norte de Potosí se vive la extrema pobreza y allí se encuentra el municipio de Llallagua con sus 41.100 habitantes tuvo una tasa mucho mayor pues 2013 se contabilizaron 769 menores en gestación. Ese mismo año, Montero, con 109.518 habitantes, registró 1.041 menores embarazadas. Sin embargo, las inversiones no cambian para ninguna de las localidades.

Y con todo esto, se siguen haciendo destinaciones de recursos nacionales e internacionales. Adicional a los recursos logrados para el Plan Plurinacional que justifica la inversión de 2´700.000 dólares en talleres de diferentes especialidades, pero no el resto de los recursos, también el Ministerio de Salud está buscando en las arcas internacionales 8.8 millones de dólares adicionales para el Plan de Prevención de Embarazo Adolescente y el presupuesto destinado del UNFPA alcanzó en 2015 los 4.8 millones de dólares, de los cuales el 87% se destinó a programas relacionados con la planificación y la prevención del embarazo, estos recursos son ejecutados en programas en coordinación con el Gobierno.

Además, cada municipio debe realizar unas partidas específicas para este tema, por disposición del Gobierno nacional. De nuevo, esto sin conocer exactamente qué debe priorizarse en cada región y sin tener en cuenta las particularidades de cada municipio y cada caso específico. Por ejemplo, el embarazo adolescente aparentemente disminuyó en 2015, pero en los departamentos de Chuquisaca, Pando y Tarija mostraron sus cifras más altas de la última década.

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Dora Montero Carvajal
Editora equipo Bolivia