Esta investigación, que se realizó a lo largo de 6 meses, deja en claro que, aunque los gobiernos de Chile y Bolivia invierten grandes cantidades de dinero para luchar contra el tráfico de drogas, admiten que no realizan investigaciones en conjunto. Esta situación no es de extrañar, dado que ambos países rompieron relaciones hace más de 40 años ante la demanda de Bolivia a Chile por una salida al mar.
Es así como en este escenario de confrontación binacional, los grandes narcotraficantes quedan libres, mientras que los eslabones más frágiles son los que caen: las “mulas” y las “tragonas”.
Este es el tema que investigan a profundidad tres periodistas: Nelfi Fernández (El Deber, Bolivia); Cristian Ascencio (El Mercurio de Antofagasta, Chile) y Carlos Luz (La Estrella de Iquique, Chile), apoyados por la plataforma periodística para las Américas, Connectas.
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En un trabajo en conjunto, revisaron más de 300 expedientes cursados entre 2017 y el primer semestre de 2018, de mujeres bolivianas apresadas en el norte de Chile, con el fin de conocer y poder escribir con conocimiento de causa, sus historias, saber qué las llevó a tomar la decisión de transportar droga, cómo fueron apresadas y las consecuencias en sus vidas de su estadía en la cárcel. Suman a esto, los testimonios de policías, fiscales y representantes de defensorías y entes gubernamentales, quienes completan el cuadro que describe estos relatos.
Todo este material es presentado de forma completa en 4 capítulos, 3 en forma escrita y 1 conformado por varios videos y 1 audio, que van narrando desde distintas perspectivas, con gráficos estadísticos, materiales multimedia e imágenes, cómo cientos de mujeres se prestan a este negocio, para tratar de pagar deudas, paliar enfermedades o cubrir sus necesidades más básicas, terminando casi todas ellas en la cárcel.
En el primer capítulo, “Los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico”, a través del análisis de las historias de 5 mujeres detenidas, quienes aceptaron dar su testimonio para este trabajo y los recogidos en 325 expedientes de otras mujeres bolivianas apresadas en ese país, se establece un perfil de las mujeres bolivianas que son apresadas por transportar droga.
De este modo, la investigación determina que la mayoría de estas mujeres son originarias de Cochabamba e indígenas, muy pocas tienen educación secundaria completa y casi todas son madres solteras y muy pobres. Igualmente, de las 365 mujeres bolivianas apresadas en Chile en 2017, sólo 2 de ellas tenían antecedentes penales. Las demás nunca habían cometido delito alguno. Igualmente se establece que el método más utilizado para transportar droga es el de las “mulas” con un 52.9%, seguido por el de las “tragonas” con un 36,3%.
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También se determina que la cárcel que albergan el mayor número de bolivianas es la de Alto Hospicio, que aloja un 53%, seguida por el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Iquique con un 26%.
De igual forma, en este capítulo, los periodistas establecen el modus operandi de los narcotraficantes, quienes buscan mujeres con un denominador común: La pobreza y la necesidad. Casi todas fueron abordadas en terminales de pasajeros y buses, donde las ofrecen hasta $1000 dólares para transportar droga, una tentación muy grande para una mujer llena de deudas y único sostén de su familia.
Para Francisca Fernández, antropóloga y perita de la Defensoría chilena, y quien ha recorrido las cárceles chilenas y conversado con cientos de detenidas bolivianas, estas mujeres están siendo utilizadas como carne de cañón. Es decir, las utilizan para desviar la atención de las policías, mientras pasan cargamentos mucho más grandes por algún otro paso clandestino.
También pueden ser utilizadas como “falsos 22”, un término que se refiere al número del artículo de la Ley 20.000 contra el narcotráfico, que habla sobre la cooperación compensada, que los narcotraficantes utilizan para disminuir sus condenas. En este caso, la persona que fue contratada para llevar droga ya fue previamente delatada, para que un narcotraficante pueda acceder a este beneficio.
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Las historias de Elena, Celia Casorla, Carmen, Maribel y María, son las dramáticas historias de cientos de mujeres bolivianas, arrastradas a transportar droga por necesidad y hechas presas en alguna cárcel de Bolivia o Chile.
En el segundo capítulo: “Cazadas a medio camino”, se narra la historia de otras dos mujeres bolivianas atrapadas, pero en Bolivia, en la cárcel de Oruro, antes de cruzar la frontera hacia Chile. Son las historias de Judith y Laura, otras dos mujeres bolivianas pobres, llenas de necesidades.
Sus casos son aún peores, pues las condenas son mucho más largas en Bolivia y las cárceles están en condiciones más precarias. “Bolivia se encuentra entre los diez países con mayor sobrepoblación carcelaria en el mundo. En 2017 el hacinamiento en las cárceles había superado el 256%”.
En Oruro, el 70% de las detenciones, tienen que ver con el narcotráfico. De las 118 mujeres presas allí, el 49% están presas por ese delito.
También en este capítulo se muestra, a través de una presentación con ilustraciones, el sistema que utilizan los narcotraficantes para captar a sus “mulas”: primero las identifican, luego las contactan y las asedian hasta que acceden a transportar la droga, las llevan a la frontera para sacar el permiso, las entrenan para tragar los ovoides llenos de droga y luego ya las transportan hasta la frontera para que traguen los dediles y traten de cruzar hacia Chile.
Igualmente, se señalan las rutas que utilizan las mulas para atravesar la frontera. La fiscal antinarcóticos José María Barrientos señala que las rutas de las ‘mulas’ y tragonas del narco son: A Chile, van por Pisiga; a Perú, por Desaguadero; a Brasil, por Puerto Suárez y a Argentina, por Yacuiba-Pocitos. Bolivia no solo es país productor, también de tránsito de drogas.
El problema del narcotráfico en la frontera entre Bolivia y Chile se acrecenta. Y es que, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Chile es uno de los mayores consumidores de cocaína y marihuana en América. Si vamos más allá, en 2016 se alcanzó el nivel más alto jamás reportado de producción de cocaína en el mundo, con un estimado de 1.410 toneladas. La mayor parte de la producción proviene de Colombia y Bolivia ocupa el tercer lugar.
Aquí la investigación ahonda aún más y explica cómo el aumento del detenido por narcotráfico está colapsando los sistemas jurídicos y penitenciarios de Bolivia, sobre todo los de Oruro, un departamento en la frontera entre Chile y Bolivia. Son tantos los casos por delito de narcotráfico que los jueces no tienen tiempo de procesarlos en los lapsos establecidos, por lo que se produce un hacinamiento en los procesos y, por ende, en las cárceles, que se llenan de presos esperando ser procesados. En 2018, de los más de 18.500 presos en Bolivia, el 18,5% es por delitos relacionados con el narcotráfico.
En el trabajo se verifica, además, que las leyes bolivianas que condenan a las personas incursas en tráfico de drogas no hacen diferencia de sexo, cantidad de drogas o si se colabora con las autoridades, como sí ocurre en Chile. Para el ex fiscal Joadel Bravo, es necesario un cambio en las leyes, para tomar la colaboración del detenido como un atenuante, reduciendo la condena para quienes denuncien a “los peces gordos”.
De igual forma se hace necesaria un cambio en las políticas de Estado. Para la Fiscal María Barrientos, no sólo hace falta cambiar las leyes, sino también generar oportunidades de trabajo y de formación, para que las mujeres que estén a cargo del hogar puedan tener un trabajo digno que les permita vivir. Existe un proyecto de ley para hacer estos cambios desde 2016, sin embargo, aún espera ser aprobado.
En el tercer capítulo “El segundo vía crucis de las tragonas”, da cuenta del container junto al hospital de Iquique, donde llevan a los que caen presos por tráfico de drogas en el norte de Chile, para que expulsen los ovoides que traen en el estómago. El equipo de investigación constató que las condiciones de los detenidos allí son casi inhumanas, realizando una descripción del lugar y de cómo se recuperan los dediles con drogas para empezar el procesamiento de estas personas.
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Durante 2017, hubo 535 detenidos que fueron llevados hasta esa estructura. En un día, el contenedor puede ser ocupado hasta por 20 personas. La estadía máxima es de 5 días, según informó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)
Las condiciones de los detenidos allí son tan precarias, que el INDH introdujo en 2017, un recurso de amparo, dirigido a mejorar las pobres condiciones del contenedor. Gracias a esto, en septiembre de ese mismo año, se logró la instalación de un nuevo módulo, con lo que se pudo separar a mujeres y niños, de hombres. Esto se logró a 7 meses de haberse publicado esta investigación.
El cuarto y último capítulo, recoge 5 videos con entrevistas a mujeres bolivianas que cayeron presas por tráfico de drogas y accedieron a dar una entrevista a los periodistas de esta investigación. Sus testimonios no hacen más que corroborar un mismo patrón por el que fueron reclutadas por el narcotráfico: mujeres jóvenes, solteras, con hijos, en extrema pobreza y necesidad.
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También incluye un audio con el ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero. Para el ministro de Gobierno: “la recurrencia de mujeres involucradas en el tráfico de drogas obedece a las condiciones de pobreza y esa es la principal razón que está conduciendo a una suerte de feminización del narcotráfico que es emergente de la feminización de la pobreza”.
Estos videos y audio, hacen parte de todo el material que se recopiló para esta investigación y que es una cruda muestra de esta situación que afecta tan gravemente a las mujeres de escasos recursos en Bolivia.
Lo que esta investigación deja en claro, es que estas mujeres están siendo utilizadas como carne de cañón por los narcotraficantes, quienes se aprovechan de su extrema necesidad y pobreza para captarlas. Estas mujeres representan el eslabón más pequeño de la cadena del narcotráfico y pueden ser fácilmente reemplazables, por lo que el problema cada día se acrecienta más y es necesario implementar medidas económicas y políticas para paliar esta situación.
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El hecho de que mujeres madres y cuidadoras vayan a la cárcel tiene consecuencias muy graves para su núcleo familiar y para sus comunidades. Es necesario crear redes sólidas de protección social para que las personas en condiciones de pobreza no queden expuestas a situaciones de abandono y marginalidad y se vean obligadas a transportar droga.
La investigación da cuenta además de que el 93% de las 325 bolivianas condenadas en el norte de Chile entre los años 2017 y el primer trimestre de 2018, pudo acceder a la expulsión del territorio de ese país, al declararse culpable en delitos con penas inferiores a los 5 años de prisión, con la condición de no regresar al menos durante 10 años.
Las mujeres que protagonizan las historias aquí narradas lograron salir de esta manera. Sin embargo, muchas encuentran al regresar, que la vida ha cambiado en sus casas, con sus hijos y ahora, de alguna manera, tendrán que tratar de reconstruir sus vidas.
Si algo queda de este trabajo, además de todos los testimonios recogidos, es la clara necesidad de un cambio en las leyes y en las políticas de Estado que signifiquen una verdadera ayuda y un verdadero cambio para estas mujeres, ofreciéndole oportunidades que les permitan salir adelante en sus vidas y con sus familias, y no se vean en la necesidad de recurrir en este delito y de esta manera, destruir sus vidas.
Consejo de Redacción entrevistó al periodista Cristian Ascencio del periódico ‘El Mercurio’ de Antofagasta (Chile).
1 – ¿Cómo se formó la alianza que resultó en este proyecto?
En grandes rasgos nosotros en Antofagasta desde hace 4 o 5 años empezamos a notar que había muchos casos en el norte de Chile de mujeres que estaban siendo apresadas capturadas transportando drogas. El transporte de drogas en el norte de Chile es algo común, pues estamos en la punta del tráfico, al lado esta Bolivia que es un centro productor y nosotros estamos en desierto, por lo que no podemos producir, pero hay mucho tráfico de drogas para sacarlo a Norte América, Europa e incluso Santiago de Chile que es una zona de mucho consumo, al igual que otras ciudades en todo Chile.
Empezamos a ver este fenómeno y cómo pasa en todos los medios, recibíamos comunicados de prensa de la fiscalía y la policía, fuimos a algunos juicios y empezamos a notar que gran porcentaje de las personas detenidas eran mujeres indígenas.
Hicimos más averiguaciones y como ya habíamos trabajado antes con Connectas, nos pusimos en contacto con Carlos Eduardo Huertas, a ver si nos podía tender una mano y ubicar a alguien en Bolivia con quien pudiéramos hacer algo en conjunto. En ese momento no se logró, pero el año pasado, Connectas nos invitó a otra capacitación en Bogotá. Esta capacitación era sobre la cobertura de temas indígenas justamente.
También, durante este proyecto, Carlos Eduardo me presentó a Nelfi Fernández, periodista boliviana que se interesó en el proyecto y pasamos gran parte de la capacitación discutiéndolo.
Ella también había escuchado de este problema y decidimos hacer algo en conjunto. Es decir, para nosotros fue súper importante Connectas como puente que nos unió. Siempre pensamos, desde que nos surgió la idea de hacer este proyecto, que no podíamos armarlo solos. Habríamos podido contar una historia, pero no con la profundidad que logramos si no lo hacíamos con más gente. Fue el equipo de Connectas el que finalmente logró unir a los equipos de El Deber (Bolivia), El Mercurio (Chile) y hasta la Estrella de Iquique.
2 – Al ser esta una investigación transnacional, ¿cómo se distribuyó el trabajo?
Connectas funcionó como articulador. Obviamente eran 3 medios de 2 países, hubo cosas en las que Connectas ayudó a corregir vocablos, buscando formas más neutrales del lenguaje para que la investigación se pudiera publicar en otros países además de Bolivia y Chile.
La coordinación o la cabeza del trabajo estuvo muy dividida entre mi persona y Nelfi Fernández. Todas las decisiones fueron tomadas entre los dos. No sé si fue el mejor método, al final buscamos llegar siempre a un consenso entre los dos y Carlos Luz, periodista de la Estrella de Iquique. Carlos se unió más tarde, porque nos dimos cuenta de que Iquique era un punto importante de la historia, pues la mayoría de estas mujeres que quedan presas, van a una cárcel en Iquique, una zona cercana a Bolivia por la que pasa todo el tráfico.
Siempre es importante tener una cabeza definida, pues siempre hay muchas opiniones y debe haber alguien que evalúe y tome las decisiones finales, aunque en este caso funcionamos perfectamente de manera colaborativa.
3 – ¿Cómo seleccionaron a las mujeres que intervienen con sus historias en esta investigación?
Fue una de las etapas con las que más cuidado tuvimos y que atravesó muchos filtros, pues queríamos garantizar que cada historia contada fuera 100% real. No nos bastaba solo con ubicar a una mujer en la cárcel y preguntarle su historia. Tanto así que una de las historias que se recopiló en Iquique después la continuó Nelfi en Bolivia. Era la historia de una mujer que intentó ingresar con drogas para poder ayudar a su hermano enfermo. Ella termina presa en Iquique. Aunque ella nos había contado su historia, los periodistas tenemos que ser escépticos y en este caso la historia era tan terrible que decidimos corroborar hasta el final. Nelfi la fue a visitar en Bolivia y llegó hasta la tumba del hermano por el cual ella había hecho el viaje. Lo mismo con todas las historias. Pudimos hablar con los funcionarios que las apresaron, corroboramos los antecedentes y archivos de la policía para asegurar que había documentación que corroborara las historias.
No nos pasó, pero se podía dar que una mujer contara una historia de vulnerabilidad, pero ella fuera la jefa de una mafia. Queríamos asegurarnos de que eso no fuera así. Corroborrar que fueran víctimas y no victimarias ocultando la historia real.
Además, a estas mujeres les cuesta reconocerse en su situación, pues saben que hicieron algo malo. Es después de mucho tiempo y análisis que finalmente dicen “no lo puedo creer, fuí utilizada”, pero les cuesta reconocerse.
Revisamos más de 300 sentencias judiciales. Construimos perfiles, estudiamos los factores que se repetían: mujeres indígenas, personas que viven en zonas rurales o periféricas de las ciudades, que eran madres solteras, que tenían problemas familiares de tipo un familiar enfermo o ellas mismas estaban enfermas.
4 – ¿Fue muy difícil que estas mujeres contaran sus casos?
Hubo historias fascinantes desde el punto de vista periodístico pero que ellas no quisieron y nosotros lo respetamos. Fuimos a cubrir un taller en la cárcel para mujeres migrantes e indígenas y hablé con muchas de ellas, incluso algunas me reconocieron pues me habían visto en otras visitas que realicé por el mismo tema, y eran ellas las que me buscaban y contaban su historia. Esto es comprensible, pues son historias que una persona trataría de ocultar durante toda su vida.
Las mujeres que nos contaron la verdad dieron una muestra de generosidad gigante pues sabían que no lo hacíamos tratando de que ellas recibieran algún beneficio, pues sabíamos que era imposible, la única ventaja de contarla era evitar que a otras mujeres les pasara lo mismo.
5 – ¿Qué fue lo más complicado en este trabajo?
El reto principal fue el tiempo, pues tanto como yo, Nelfi y Carlos somos editores en nuestros medios. Invertimos nuestro escaso tiempo libre y eso fue muy complicado. También lo fue manejar la paciencia, porque en algún momento llevas 8 meses revisando documentos, moviéndote, gestionando entradas a la cárcel, hablando con personas, editando, leyendo los artículos de los otros periodistas y llega un momento en que quieres ya publicar como sea. Es importante aprender a manejar la paciencia.
Por suerte supimos esperar y cerrar las historias. De haber publicado antes, no habríamos podido unir todos los puntos.
Personalmente el tema de trabajar en formato multimedia también fue un reto. En mi caso, porque trabajo en periódico en la parte impresa y cambiar a este tipo de formato fue muy desafiante.
6 – ¿Después de haber hablado con autoridades de ambos países sobre este problema, vieron en realidad una clara voluntad política para ayudar a mitigarlo?
Yo he hablado de este tema con autoridades políticas en Chile y Nelfi en Bolivia y la verdad es que no. No se ve salida en el corto plazo. Lamentablemente desde el aspecto político hay muy pocas posibilidades, desde el periodismo y la ciudadanía si lo hay.
¿Por qué es tan difícil? Las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile tienen siglos siendo muy malas. Nosotros tenemos consulados más no embajadas, por ejemplo. Esto dificulta muchas cosas, entre ellas la persecución a las cabezas del narcotráfico.
Una de nuestras hipótesis es que se persigue a las mulas porque es más fácil, pero las cabezas de las mafias que se aprovechan de estas mujeres vulnerables no están siendo perseguidas. Nuestra hipótesis es que justamente es por las malas relaciones políticas.
Los policías nos aseguraron que, si intercambian información de una nación a la otra, pero las fiscalías no, y son estos entes los que ejecutan las investigaciones que podrían atrapar a las cabezas de la mafia.
Atrapan a las mulas para cumplir con la cuota. Cada año más de 300 mujeres son capturadas transportando la droga y por desgracia no existe un plan para acabar con esto.
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