Las violaciones al derecho de información son preocupantes y llaman a la sociedad civil y autoridades a proteger este derecho fundamental. RSF y FECOLPER revisan en este informe el estado de la libertad de expresión y el derecho a la información en el departamento de La Guajira, Colombia. El panorama resulta desalentador.
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En el informe se evidencia la dificultad cada vez mayor que tienen los medios para cubrir ciertos temas como la corrupción, la protesta social y el narcotráfico, entre otros. Igualmente, cada vez son más frecuentes las agresiones y amenazas a medios de comunicación y periodistas en todo el país y la consecuente autocensura para protegerse de un posible despido o de un atentado.
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Se une a esto los casos de agresiones a periodistas en redes sociales, así como el acoso judicial que sufren como forma de amedrantamiento. Además, se contrastaron casos de censura en medios públicos y pronunciamientos de altos ejecutivos del Estado que amenazan la autonomía y el libre ejercicio periodístico. Sumado a esto, los medios locales o regionales sufren una situación de aislamiento informativo, fruto del marcado centralismo existente y de una falta de financiamiento que les permita sostenerse.
Todos estos hechos sumados, van reduciendo sustancialmente el espacio de acción de los medios de comunicación para realizar su trabajo, con lo que la libertad de expresión está siendo claramente amenazada en el país.
“La gran mayoría de las entidades no permiten que acceda a la información, es complicado un informe sobre la desnutrición porque no hay entidad que de datos certeros… también hay una traba con otras… le toca improvisar o confiar en quien no es contable”.
– Aldaír Rodríguez. Periodista de La Guajira
Ante este delicado panorama, RSF y FECOLPER, se unieron para revisar el tema, centrándose en el estado actual del derecho a la información y el libre ejercicio periodístico en el departamento de La Guajira, que, aunque relativamente nuevo (tiene solo 54 años como departamento administrativo), sus medios de comunicación y periodistas enfrentan serios problemas de inseguridad por el único hecho de ejercer su profesión.
De esta manera, del 10 al 13 de febrero de 2019, realizaron una misión de observación al departamento, que dio como resultado 1 video (que recoge los testimonios de una docena de periodistas y entrevistas a autoridades y líderes sociales de distintas regiones), y un informe, que brinda una visión general de la situación actual que viven los medios de comunicación en el país, haciendo énfasis en el caso del Departamento de La Guajira.
El informe ofrece recomendaciones para solventar esta problemática.
Este documento inicia dando un vistazo general a la situación del país: la llegada al poder de Iván Duque, del Centro Democrático, con su oposición al proceso de paz, el inquietante inicio de año con el atentado del coche bomba a la Escuela de Policía General Francisco de Paula Santander y los 18 líderes sociales asesinados solo en el mes de enero pasado.
En cuanto a la situación de los medios de comunicación, el informe destaca la preocupación que existe ante la presentación por parte del Gobierno Nacional del proyecto de la Ley Mintic, el cual recibió un claro rechazo por parte de distintos senadores, quienes consideran que esa ley es una herramienta del gobierno para controlar a los medios. Igualmente, el informe da cuenta de cómo los principales canales de televisión nacionales, realizaron una reorganización interna en la cual no han quedado muy claros los motivos. ¿Autocensura?
Para poder hacer un análisis completo, el informe hace un recuento de la cantidad de medios que laboran en el país. Entre las cifras presentadas señalan que para 2018 se contabilizaron 455 medios de comunicación digitales, 667 emisoras radiales comerciales, (285 de interés público y 626 comunitarias), estas últimas sin financiación y muchas de ellas sin programas informativos. El panorama general cierra con la precaria remuneración que reciben los periodistas, que sólo llega a $600 dólares mensuales.
En cuanto a los medios de comunicación regionales, a través de entrevistas con 10 periodistas de medios regionales y corresponsales de medios nacionales, así como de medios comunitarios, se logró establecer la situación que viven actualmente. Según sus declaraciones, la violencia no ha desaparecido, aunque ha disminuido con la firma del acuerdo de paz. Continúan los asesinatos y persecuciones a líderes sociales y periodistas, quienes carecen de garantías, lo que conlleva a la autocensura y que se veten ciertos temas.
Sus principales fuentes de financiación son las pautas publicitarias de los políticos, condición que mediatiza el tratamiento informativo. Todos concluyeron en que existe un marcado centralismo y un aislamiento informativo.
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El caso de La Guajira ejemplifica con creces toda esta problemática. Es una región en su mayoría desértica, con graves problemas de suministro de agua, con una población 65% indígena y un índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) superior al 90%. Esta es una de las razones por la que RSF y FECOLPER deciden llevar hasta allí una investigación.
El informe explica cómo la situación geográfica y condición de frontera de La Guajira, ha incentivado que la ilegalidad haya estado siempre presente, manifestándose en el contrabando de productos y gasolina, así como en el tráfico de drogas, hecho que marca duramente esta región.
Como si esto fuera poco, ha sufrido la presencia de grupos armados ilegales, así como también de grupos de paramilitares, incrementando la violencia. La presencia de las multinacionales que explotan la mina de carbón de Cerrejón y el cada vez mayor número de migrantes venezolanos, no hacen más que añadir leña a la conflictividad de la zona.
Esto hace que sea muy difícil, por no decir peligroso, ejercer libremente el periodismo en esta región. El informe recoge a través de testimonios de periodistas, dirigentes y líderes regionales, que la violencia tiene 3 orígenes: el ilegal (grupos armados), el social (delincuencia organizada) y el poder político (dirigentes). De allí que los periodistas se auto censuren, ante las amenazas de todos estos grupos, como método de amedrentamiento.
Los medios de comunicación son muy jóvenes, al igual que la existencia del Departamento como entidad administrativa. En total son 24 emisoras radiales distribuidas en los 15 municipios del departamento, con 112 periodistas repartidos por toda la zona, el mayor número en Riohacha (61).
Uno de sus mayores problemas es la falta de financiación y la precariedad de los sueldos de los periodistas, quienes tienen que luchar por conseguir ellos mismos su pauta y son muy pocos los que logran publicar a nivel nacional. La única fuente para recibir pauta es la administración y las empresas Cerrejón, EPM y Ecopetrol, quienes irónicamente son el origen de muchos de los problemas de la zona.
“Hay un poco de miedo porque no es que haya temas vedados sino que implican riesgo… nuestros propios miedos nos impiden ir más allá del trabajo normal que hacemos diariamente”
– Betty Martínez periodista #AsociadaCdR en La Guajira
La falta de estadísticas es otra situación que deben enfrentar los periodistas de la zona. El informe destaca la poca o casi nula información que generan los organismos públicos con respecto a temas álgidos como la corrupción en obras o el índice de mortandad infantil por desnutrición. La falta de interés por parte de las autoridades se justifica cuando se descubre que los recursos existen, pero no se implementan.
Los nexos que existen entre las familias y los clanes, crean alianzas de silencio que los periodistas no pueden romper. Es por ello que una de las conclusiones más dramáticas de este informe, es que a pesar de los graves problemas que enfrenta el Departamento de La Guajira, como la escasez de agua, el contrabando de gasolina, la corrupción, la desnutrición infantil, entre otros, los medios de comunicación no pueden denunciarlo por temor a represalias.
El informe ofrece recomendaciones para solventar esta problemática.
El informe concluye enumerando una serie de sugerencias y recomendaciones al gobierno nacional, a la administración del Departamento y de los municipios de La Guajira. De entre todas, destaca que exista un verdadero compromiso por parte del Estado para crear condiciones y un ambiente más propicio que resguarde y promueve la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo, un derecho inalienable que se debe proteger.
En Consejo de Redacción tuvimos la oportunidad de entrevistar a Adriana Hurtado, presidenta de FECOLPER, organización gremial de periodistas en Colombia que lucha por la libertad de expresión y libertad de prensa.
¿Los periodistas regionales se mostraron dispuestos a participar en la realización de este informe o se sintieron atemorizados?
Los periodistas de La Guajira sí estuvieron dispuestos a participar. Sin embargo, fueron diferentes las afirmaciones que hicieron off the record contra las que quedaban grabadas en video.
Fueron más explícitos en denuncias los periodistas de la región sur de La Guajira, donde de hecho tuvimos que hacer un trabajo de edición para salvaguardar su vida, pues considerábamos que algunas afirmaciones podían ponerlos nuevamente en riesgo. Esto fue consultado con ellos.
También hubo personas que pidieron alterar la voz por que sentían temor de ser identificados de esa manera.
Este informe no solamente se realizó con periodistas sino también con líderes sociales, los cuales aseguraron en su conjunto que uno de los principales problemas está relacionado con el contrabando de gasolina, el cual es controlado por peligrosas bandas criminales. Esto hizo que ambos grupos fueran cautelosos al momento de hablar sobre este tema.
¿Fue la situación que enfrentan los medios de comunicación en La Guajira lo que los llevó a realizar el informe en ese departamento?
El 17 de diciembre de 2018 fue asesinado el periodista Victor Diago en Riohacha. Inicialmente surgieron diferentes hipótesis sobre los presuntos móviles de este homicidio.
Posteriormente siguieron habiendo asesinatos, no necesariamente de periodistas, pero si en circunstancias ambiguas y las autoridades no esclarecían el tema.
En Fecolper estábamos preocupados con esta situación y la necesidad de saber por qué estaba ocurriendo, por qué se estaban autocensurando los medios.
Varios periodistas contactaran a FECOLPER para denunciar la situación y que no podían informar verázmente sin ser amenazados.
Por esta razón decidimos llevar a cabo esta misión conjunta.
Inicialmente estaba pensado contactar únicamente a periodistas de Riohacha, pero nos dimos cuenta que habían grandes diferencias entre el periodismo que se ejerce en el norte del departamento y en el sur. Por eso la misión se dividió en dos zonas geográficas.
¿Cuántos periodistas intervinieron en el desarrollo de este informe?
El trabajo fue realizado por Adriana Hurtado y Fabiola León, con el acompañamiento del periodista Edgar de la Hoz. En total intervinieron 12 periodistas quienes fueron entrevistados por cada una de las comunicadoras y también se entrevistaron con tres líderes sociales de la zona.
¿Trataron de contactar con alguna persona del Ministerio de Comunicaciones o del gobierno para que diera su versión de los hechos?
Tanto FECOLPER como RSF intentaron comunicarse con distintas entidades del gobierno para que ofrecieran su versión de los hechos. Es así como días antes de la misión se ubicó a la defensoría del pueblo, se contactó también a la alcaldía de Riohacha y a la gobernación de La Guajira, pero infortunadamente no se pudo obtener esta comunicación. Sin embargo, en aras del equilibrio, se contactó a la Policía Nacional y a la personería. Estas dos entidades fueron las únicas que tuvieron a bien ofrecer información para esta investigación.
Se puede acceder al informe completo desde aquí.