Por Convoca y medios aliados*
Entre selvas y cordilleras de Sudamérica, los mineros ilegales cuentan con un recurso aún más valioso que el codiciado oro que extraen a sus anchas: la incapacidad de las autoridades para fiscalizarlos. Degradando los ecosistemas y burlando la ley, dan inicio al primer eslabón de una larga cadena de producción y comercialización en la que campean la falta de controles y la impunidad. Así, el metal precioso es exportado a otros continentes ocultando su origen ilegítimo. Buena parte de este oro termina en lujosas joyerías de Europa, destinos poco auditados como Dubai, Turquía e India y en los almacenes de conocidas fábricas tecnológicas de Estados Unidos.
La falta de trazabilidad del oro ilegal ha sido el punto ciego de las políticas públicas en la región. Y se hace más evidente ahora que la minería ilegal incrementa sus volúmenes de exportación como nunca antes. De acuerdo con una base de datos estructurada por periodistas de Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador y Brasil, como parte del especial ‘Dorada opacidad: mecanismos sobre el tráfico del oro latinoamericano’’, liderado por Convoca.pe, se exportaron al menos 5 mil 941 toneladas de oro desde estos países, entre 2013 y 2023. De esta cantidad, no se conoce el origen de más de 3 mil toneladas si se compara la cantidad de producción de oro con el cargamento declarado para la exportación, lo que equivale a más de la mitad de la producción reportada y en dinero representa más de US $158 mil 341 millones si se toma en cuenta el precio promedio del oro en cada año de este periodo del desbalance.
El complejo sistema de blanqueamiento y desvío masivo de oro de origen sospechoso por nuevas rutas incluyen diversos mecanismos que identificamos en esta serie investigativa recorriendo los territorios mineros, construyendo bases de datos y analizando documentos y mapas satelitales: la falsificación de facturas de compra y venta del metal, autorizaciones fraudulentas, concesiones fantasmas, flujos de contrabando, plantas de producción y fundición cómplices, finanzas de grupos armados, controles negligentes, cambio de caminos hacia destinos opacos para evadir sanciones económicas y procesos judiciales.
El país de Sudamérica que, por mucho, exporta la mayor parte del oro de origen desconocido es Perú: concentra más del 99 por ciento del desbalance entre producción y exportación en estos cinco países analizados. Entre 2013 y 2023 vendió al extranjero 4.402 toneladas a pesar de que solo registró la producción de 1.373, lo que revela una diferencia de más de 3.028 toneladas de oro exportado de origen sospechoso.
Le sigue Colombia, con 58,91 toneladas de diferencia entre lo producido y exportado para el mismo lapso de tiempo: este país vendió a otros países 618,7 toneladas pero extrajo 559,81 entre 2013 y 2023. Mientras que Ecuador hizo envíos por 82,1 toneladas en los últimos siete años, registrando 12,73 toneladas de desbalance, lo que representa un exceso de 18% sobre lo reportado. En el caso de Ecuador se analizaron las cifras entre 2017 y 2023 al ser las más confiables para el análisis.
En Brasil y Venezuela las cifras públicas sobre producción y exportación de oro no son muy claras o hay vacíos de información. En un primer análisis para esta investigación, se identificó que hay años en los que se registra más exportación que producción. Brasil registra un desbalance a favor de su producción de +34,11 toneladas, entre 2015 y 2021; y Venezuela un desbalance a favor de +52,66 toneladas entre 2013 y 2023. Sin embargo, en todas estas jurisdicciones la minería ilegal está ganando terreno.
Un estudio de la organización canadiense Artisanal Gold Council determinó que en 2016 (año de la creación del Arco Minero del Orinoco) solo el 20% del oro venezolano era exportado a través del Banco Central de Venezuela, la vía oficial, mientras que el 80% salía de manera clandestina. En la actualidad, estas proporciones se mantienen. Un informe de Transparencia Venezuela reporta que entre 70% y 90% del oro que se extrae al sur del país, sale del territorio de forma ilegal en operaciones que involucran a funcionarios del alto gobierno y familiares cercanos al entorno presidencial.
Las sanciones económicas de Estados Unidos contra el sector aurífero de Venezuela obligaron al gobierno de Nicolás Maduro a cambiar las rutas tradicionales de exportación del oro legal. A partir de 2019, incorporó a Líbano, país de reconocida administración opaca, como uno de sus principales destinos pasando ser plataforma de tránsito para la comercialización del metal de conflicto venezolano en el mercado internacional.
¿Qué ha impulsado la creación de diversos mecanismos para comercializar el oro de origen oscuro? Más allá del apetito por el incremento del precio en el mercado internacional —el metal abrió el 2019 con un valor de US $1.286 dólares por onza y cinco años después alcanza los US $2.300 en promedio–, hay otras causas internas que facilitan este boom.
“Un factor es la actitud en general de los gobiernos hacia la minería artesanal y de pequeña escala. Vemos cómo las políticas pueden influenciar la tolerancia hacia ellas. Hay, detrás de todo, algunos factores estructurales como la baja presencia de los gobiernos en estas zonas remotas de producción de oro, altos niveles de informalidad económica y el aumento del precio del oro debido a perturbaciones geopolíticas y económicas”, explica para este reportaje Luca Maiotti, analista de políticas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Brasil: de lavador a proveedor de oro ilegal
Datos de la plataforma Amazon Mining Watch revelan que Brasil concentra la mayor parte de la degradación provocada por la minería en toda la Amazonía de Sudamérica. El área afectada por las minas en el bosque tropical ha pasado de 9.700 km2 en 2018 a 13.100 km2 en 2023. Pero en Brasil, ya sobrepasa los 5,9 mil km², lo que representa un 45% del total.
En este país, la minería considerada por las autoridades como artesanal y de pequeña escala (o los garimpos) experimenta hoy una expansión alarmante, un fenómeno que no es espontáneo. Fabiano Bringel, investigador de la Universidad del Estado de Pará, señala a Convoca.pe que en Brasil “hubo una supresión gradual de obstáculos jurídicos-formales que, de alguna manera, disciplinaban la práctica de esta actividad”. Esto ocurrió sobre todo luego de la destitución de la expresidente Dilma Roussef (2016) y con el ingreso de Jair Bolsonaro al poder (2019-2022).
Por ejemplo, en 2022 se aprobó un supuesto “mejoramiento” del Nuevo Código de Minería brasileño, que en realidad flexibiliza la entrega de permisos mineros a los garimpeiros bajo el argumento de que se está estimulando la minería artesanal y de pequeña escala. Esto llegó al punto de que, las solicitudes para explorar terrenos que no fuesen respondidas en 60 días, los mineros pueden considerarlas como aceptadas. Ya se han detectado garimpos fantasmas que servían para justificar toneladas de oro extraídas de otros lugares e introducirlas al circuito legal. En este contexto. Brasil ha sido una importante plaza para el lavado de oro de otros países limítrofes.
En el último año, sin embargo, las cosas han empezado a cambiar con nuevas medidas antilavado. Hasta hace poco el mineral se comercializaba con comprobantes de pago físicos, que hacían muy difícil la fiscalización y la trazabilidad. Además, existía una “regla de buena fe” que eximía de responsabilidad a los negociantes que compraban el oro siempre que el productor declarara que este era de procedencia legal. En mayo de 2023 se revocó la presunción de buena fe y dos meses después se empezó a exigir facturas electrónicas que permiten a las autoridades cruzar información de vendedores y compradores.
Sin embargo, como lo revela un reportaje de Repórter Brasil para esta serie periodística, aunque la productividad “declarada” de los garimpos legales cayó en 70% desde entonces, en realidad estos cambios han llevado a los grupos criminales a encontrar otras formas de seguir operando fuera de los radares de la fiscalización. Una muestra es el aumento de deforestación asociada a la minería ilegal en los territorios indígenas. Esto hace sospechar a las autoridades que Brasil ha pasado de ser una escala de lavado a un proveedor de oro ilegal.
Para Rodrigo Oliveira, investigador y funcionario del Ministerio Público Federal (MPF) en Pará, «la presunción de buena fe institucionalizó el blanqueo de oro en Brasil», ya que prácticamente eximía a los compradores de cualquier responsabilidad sobre el origen del oro que adquirían, incluso en casos flagrantes de fraude, como las llamadas «minas fantasma». Sin embargo, Oliveira afirma que “la regulación de este mercado sigue siendo bastante precaria, con muchas lagunas para el blanqueo. Si no se mejora la reglamentación, el nuevo escenario no conducirá a una reducción de la minería ilegal, sino sólo a una mayor clandestinidad”.
Mientras no existan controles efectivos en el sistema de permisos mineros artesanales (permissao de lavra garimpeira), la industria seguirá explotando las lagunas de la legislación actual. El investigador Fabiano Bringel comenta que existe un “contorsionismo normativo reciente” que ha terminado por oscurecer los conceptos que diferencian la minería legal del garimpo ilegal. “El debilitamiento del concepto de ‘permiso minero artesanal’ resultó en la inserción de una serie de actividades que por su naturaleza ni siquiera podrían ser consideradas garimpo, las mismas que, a pesar de eso, siguen valiéndose de normas menos protectoras”, explica.
Es así que se ven embarcaciones con equipos sofisticados y maquinaria pesada en estas zonas de explotación. Existe una controvertida norma que define las dimensiones de los permisos para trabajos de garimpo: 50 hectáreas por garimpeiro individual, mil hectáreas por cooperativa o incluso diez mil si esta opera en la Amazonía.
En Brasil, recientes investigaciones de la Policía Federal apuntan a un acercamiento entre facciones criminales y minas ilegales de oro en la Amazonia en los últimos años. Los expertos señalan que el crimen organizado ha aprovechado las rutas aéreas y fluviales utilizadas para el tráfico de cocaína entre Brasil y los países vecinos para transportar también oro ilegal, como revela la serie Narcogarimpos, publicada por Repórter Brasil en 2023.
Perú: epicentro de la ilegalidad
Perú es el principal exportador de oro de Sudamérica. Los datos públicos sistematizados para este reportaje indican que entre 2013 y 2023 el metal exportado desde este país fue más de tres veces el registrado como producido. Convoca.pe revela, como parte de esta serie investigativa, cómo cargamentos de oro de origen informal en el sur del país ingresan sin control de las autoridades al sistema legal de producción a través de la planta de procesamiento de minera Laytaruma, el cuarto exportador de oro más importante del Perú, con más de 1,500 millones de dólares en exportaciones a países como Estados Unidos, Suiza, Emiratos Árabes Unidos y Turquía.
Este caso muestra claramente las condiciones que facilitan la impunidad y el blanqueamiento del oro: La planta de beneficio de Laytaruma opera en la región andina Ayacucho en el límite con la región Arequipa, lo cual dificulta la fiscalización de esta actividad en un territorio poco accesible para las autoridades ubicadas en la ciudad ayacuchana de Huamanga, a 12 horas de viaje en vehículo si se toma la vía más rápida a través de Nazca. La empresa está registrada en la categoría de pequeña minería como si procesara menos de 350 toneladas de oro por día, lo cual obliga a las autoridades regionales a encargarse de su supervisión y no a los fiscalizadores del gobierno central. Sin embargo, un equipo de reporteros de Convoca.pe pudo identificar que ingresan a la planta de Laytaruma decenas de camiones con cargamentos que bordean las 650 toneladas por día.
Como parte de esta serie investigativa, también se pudo identificar que existen otras plantas de beneficio que exportan más oro de lo que declaran como producción a las autoridades sin que existan los mecanismos de fiscalización oportunos. Además, en un recorrido exhaustivo en Madre de Dios, región amazónica arrasada por la minería ilegal, descubrimos una cadena opacada de comercialización con compañías involucradas en investigaciones por lavado de activos o comercio ilegal de oro que hacen envíos, con regularidad, a India y a Emiratos Árabes Unidos.
La trazabilidad de la cadena de suministro es el principal punto flojo en el Perú, como en el resto de los países de Sudamérica. El problema es que la responsabilidad de la certificación del oro recae en los propios productores y no en el Estado. Para extraer y negociar el mineral, los interesados solo deben estar inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y en el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro (Recpo). Este último, a pesar de tener más de 11 mil inscripciones de ciudadanos y empresas, no está interconectado con otros sistemas informáticos para hacer cruces de información y detectar operaciones sospechosas.
Por otro lado, la SUNAT, autoridad tributaria y aduanera, es la encargada de evaluar la certificación del metal dorado antes de ser exportado. Pero, de nuevo, la efectividad de la fiscalización depende más de las buenas intenciones de la compañía minera o del minero en formalización. La norma indica que son estos quienes deben acreditar la licitud del cargamento. Se hace a través de una simple declaración jurada en la que se indica la procedencia del oro y donde deben afirmar que no están incurriendo en lavado de activos.
También se piden las guías de remisión para transportar la carga y el análisis de laboratorio de la ley de oro, que señala la pureza y peso del mineral. Y se suele pedir un “certificado de origen”, un formulario que es validado por las autoridades peruanas y que permite acceder a beneficios arancelarios. Por su parte, SUNAT no cuenta con laboratorios especializados para evaluar el oro.
En Perú también el poder político ha favorecido de manera directa a la minería informal. Desde 2002 existe una Ley de Formalización que busca que los mineros artesanales y de pequeña escala regularicen su situación precaria, operen con título y se adapten a los estándares ambientales. El plazo inicial era de un año. Pero este ultimatum, gracias a las gestiones de los grupos políticos en el Congreso peruano, se ha prorrogado tantas veces que 22 años después aún sigue ofreciendo la posibilidad de regularizarse, pero sin hacerlo de manera definitiva y sin asumir las consecuencias. Se ha establecido que este año se termine la vigencia, pero ya ha surgido una nueva iniciativa para alargarla una vez más hasta el 2027.
A la fecha hay 86.829 inscripciones en el mencionado Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) en Perú, de las cuales 63.824 (73,5%) se encuentran suspendidas. Como en Brasil, estos registros también se han utilizado para pervertir el sistema, pues se han detectado concesiones mineras fantasmas que registran producción pese a estar inoperativas. Tal fue el caso de la red criminal “Los topos del frío”, que usaban los registros de cuatro personas que no usaban sus concesiones para lavar enormes cantidades de oro ilegal extraído en las montañas de La Libertad, en la sierra norte peruana.
Convoca.pe ha identificado que en las rutas también se ha instalado un sistema de blanqueo. Los documentos que se exigen a los transportistas pueden ser obtenidos de manera muy fácil, una situación que genera condiciones para que el oro ilegal se mezcle con la carga legal. Estos llevan el mineral a las plantas de beneficio, donde se convierte en barras para ser exportado a las compañías refinadoras internacionales.
Descontrol en Colombia
Si bien el caso peruano tiene varios desafíos por delante, para Mark Pieth, ex presidente del Basel Institute of Governance y autor del libro “Gold Laundering”, la situación de “Colombia es mucho más problemática (…) con la presencia del crimen organizado por todas partes es más difícil. Está presente la tensión entre los pueblos indígenas y la criminalidad. Y eso es muy desesperanzador”, señala el investigador suizo en diálogo con Convoca.pe. En Colombia la minería ilegal está muy lejos de ser fiscalizada de manera efectiva por la burocracia estatal debido a que los territorios explotados hoy se los disputan a sangre y fuego grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional, el Clan del Golfo o las disidencias de las FARC. Lucran y se financian con el oro sucio.
Al sur del departamento de Bolívar ha estallado una guerra de bandas que ha forzado el desplazamiento de 120 familias. En marzo del año pasado el Ejército desplegó un operativo contra mineros ilegales en el Bajo Cauca, en el departamento de Antioquia, al noroccidente. Esto desató un paro minero en el que se expusieron las inconformidades del sector aurífero (legal, informal e ilícito) de la subregión, que han sido objeto de manifestaciones desde hace más de una década.
En medio de la protesta, las comunidades fueron instrumentalizadas y sofocadas por el Clan del Golfo, el grupo armado ilegal que controla la zona, lo que ocasionó el aislamiento de 250 mil personas por varios días, con desabastecimiento de servicios básicos y víveres.
Estas organizaciones criminales han aprovechado la débil presencia estatal para corromper los mecanismos de control y usarlos a su favor. Frédéric Massé, codirector de la Red de Monitoreo del Crimen Organizado en América Latina, explica en entrevista para este reportaje con Consejo de Redacción, que estas redes criminales falsifican títulos mineros, certificados de origen del mineral, los registros de mineros de subsistencia y la cantidad de oro extraído.
Un ejemplo es lo ocurrido en los municipios de Caucasia, Zaragoza, El Bagre, San Roque y Remedios, en Antioquia, y de Quibdó, en Chocó, en el noroccidente colombiano. Allí, alias “Robert” forjó un imperio de lavado aurífero. Compró bases de datos de los beneficiarios de los programas sociales e inscribió a 5 mil de ellos como si fueran mineros independientes. Así legalizó más de 7,5 toneladas de oro ilegal para enviarlas a Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos e India.
Colombia también se ha convertido en un importador de oro ilegal. En sus plantas de beneficio se reciben los cargamentos ilegales y se eliminan los rastros del mercurio utilizado para su extracción. Al mismo tiempo, los mineros locales también suelen deshacerse de sus cargamentos contrabandeándolos a otros países, como ocurre en los alrededores del río Puré, en la frontera con Brasil, donde la presencia de las guerrillas colombianas ha despertado las alarmas e incluso han llegado a enfrentarse con la Armada Brasileña. En estas zonas de conflicto el mineral es utilizado como si fuera una divisa para adquirir otros productos de contrabando. Se ha instalado una economía ilegal.
Para atacar los vacíos en la cadena de suministro, el congreso colombiano aprobó una norma que obliga a los comercializadores de oro y otros metales preciosos a aplicar criterios de debida diligencia. Por ejemplo, se exige capacidades mínimas de operatividad, especialización y finanzas para comprar y vender, y que exijan información a sus contrapartes sobre sus operaciones. Si va a exportar un cargamento debe además demostrar que el oro ha sido extraído de una concesión autorizada por el Estado. A pesar de que la norma entró en vigencia en julio de 2022, casi dos años después la medida aún no se implementa porque el Ministerio de Minas no ha emitido las directrices específicas para reglamentar el proceso.
Un boom en Ecuador
Los grupos armados también han tomado por asalto a Ecuador. La Fundación Ecociencia, que monitorea el problema de la minería ilegal en ese país, explica que la situación empezó a salirse de control entre 2016 y 2017. Sin embargo, el advenimiento de la crisis de la pandemia del covid-19 impulsó a muchas familias a buscar trabajo en esta industria. Hay señales de que peligrosas bandas del crimen organizado emplean a los mineros artesanales bajo extorsión.
La pequeña minería, la más proclive a la ilegalidad, ha ganado terreno en los últimos años. Entre 2020 y 2023 sus exportaciones crecieron en 238%. Esta evolución ha ido de la mano con un boom de nuevas compañías comercializadoras. En el mismo período se crearon 10 nuevas empresas que exportaron US $530 millones, como revela esta serie investigativa sobre la comercialización del oro en Ecuador.
La Organización de Estados Americanos (OEA) afirma que “las comercializadoras y exportadoras, y “en particular las firmas nuevas”, son el “principal punto de entrada del oro ilícito en los mercados legales al ocultar el origen ilícito, con frecuencia antes de venderlo a refinerías extranjeras”. Advierte que el método de lavado más utilizado es la falsificación de facturas, donde “se nombran mineros artesanales falsos o compañías ficticias para justificar la fuente del oro extraído ilegalmente”.
El ecosistema del crimen y la violencia también se ha expandido en el país. Entre los casos investigados por Ecociencia está el de Sucumbíos, al nororiente de Ecuador, en la frontera con Colombia, una zona amazónica por muchos años olvidada por el gobierno. Esta organización explica a esta alianza periodística que grupos de indígenas achuar practican la minería con maquinarias muy costosas, cuyo traslado a esta zona remota implica una fuerte inversión. “Tienen otro beneficiario que está colaborando con ellos para que realicen esta actividad. Y dada la cercanía a la frontera y esos contextos transfronterizos, se da a entender que esa ayuda viene de movimientos delictivos del narcotráfico y otras actividades”, sostiene Ecociencia.
En la cuenca del río Punino también se ha registrado una progresiva devastación de la selva. Solo en 2023 se perdieron 784 hectáreas según el programa de monitoreo MAAP, a pesar de que es una zona sin acceso por carretera. Allí operan grupos criminales colombianos y ecuatorianos que han devastado la selva para sacar el oro.
El catastro de concesiones mineras se encuentra cerrado en Ecuador desde hace seis años debido a las protestas de los grupos indígenas que reclaman una ley de consulta previa. Pero esto no detiene la explotación en los suelos amazónicos: Ecociencia advierte que, en Punino, el 96% del territorio explotado por la industria ilícita no está registrado en el catastro.
La indecisión política también afecta los procesos de fiscalización justo cuando la incidencia de este crimen ecológico se encuentra en pleno auge. Hace cuatro años el entonces presidente Lenín Moreno decidió fusionar las tres entidades supervisoras de los sectores Minería, Energía e Hidrocarburos en una sola institución: la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos No Renovables. En opinión del exviceministro de minas Fernando Benalcázar, entrevistado para esta serie periodística, el proceso fue un fracaso y se perdieron muchos recursos.
Benalcázar asegura que la oficina encargada de los asuntos mineros se quedó solo con 10 técnicos aunque luego fue ampliado a 35. Pero aún así, estos recursos humanos, dice, resultaban insuficientes para fiscalizar las dos mil concesiones de pequeña minería registradas. En mayo, el actual presidente, Daniel Noboa, volvió a separar las agencias, y las competencias del sector quedaron de nuevo adscritas a la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), que recuperó su nombre. Esta entidad también está a cargo de la verificación de la exportación. En 2019, intentó tomar muestras de laboratorio para corroborar la pureza y peso declarado por los comercializadores. Pero por los reclamos de este sector esta medida se revirtió y los controles volvieron a ser menos estrictos.
Rutas opacas de Venezuela
Un caso complejo es el de Venezuela, donde la minería a gran escala es reducida mientras que pequeñas unidades de producción bajo el control de bandas criminales se propagan el Arco Minero del Orinoco, cinturón de minería decretado por Nicolás Maduro en 2016. En este país solo es posible comercializar el oro de manera legal con la mediación del Banco Central de Venezuela, que monopoliza la exportación del metal. Sin embargo, se calcula que el “oro legal” apenas representa el 20% del total extraído cada año. Constituye un sector de la maltrecha economía venezolana no exento de denuncias por violaciones de derechos humanos y crímenes ambientales.
Desde 2019, Estados Unidos impuso sanciones económicas al sector aurífero en Venezuela. Es por ello que en los últimos años, el Banco Central debió cambiar sus destinos de exportación a gestiones opacas que ayuden a introducir el oro venezolano en el circuito legal mundial. Como lo revela el reportaje de Armando Info para esta serie periodística, entre 2019 y 2023 los principales clientes del gobierno venezolano fueron Uganda (US$ 309 millones), Líbano (US$ 174 millones), Emiratos Árabes Unidos (US$ 123 millones) y Turquía (US$ 7 millones). En 2021 y 2022, el Líbano fue el destino de más del 90% de las ventas del metal de Venezuela. Se trata de un país de tránsito, que compra y vende el metal, y sobre el que algunas organizaciones no gubernamentales advierten el riesgo de que pueda convertirse en escala del “gold laundering” mundial.
Fuera del monopolio del Banco Central, existe el 80% de la producción ilegal de oro que se fuga por caminos irregulares. En el tráfico participan distintas mafias a todo nivel, incluidos servidores públicos, militares y guerrillas colombianas, de acuerdo con el estudio Flujos de oro desde Venezuela de la OCDE.
“Esta expansión se desarrolla dentro de una estructura central conformada por una jerarquía de autoridades —militares, políticas y otras— que envían una parte del oro producido en decenas de pequeñas operaciones a lo largo de la cadena de mando mientras se enriquecen con el resto. Esto constituye la participación directa o indirecta de grupos armados estatales y no estatales”, alerta la OCDE. Los grupos armados y los militares tienen el control, cobran una parte a las cuadrillas de mineros y en ocasiones los extorsionan. Los políticos locales y nacionales también se llevan una gran parte, indica el informe de 2021.
Cristina Burelli, directora de SOS Orinoco, afirma que ahora los militares están ganando terreno en el negocio ilícito. “La tendencia que estamos viendo en distintos sitios de Venezuela es que por un lado la Fuerza Armada saca a los cabecillas, los que controlan esas minas, pero los sustituyen con gente afín. Y la minería sigue igual y se va expandiendo. No está el régimen de [Nicolás] Maduro desmantelando la minería. Ellos están en plan ‘quítate tú para ponerme yo’”, dice en entrevista con Convoca.pe.
Burelli menciona como ejemplo el desalojo que hicieron los efectivos militares en el tepuy de Yapacana, parque nacional en la frontera con Colombia cuyo territorio se repartieron las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC. Hoy, a pesar de que los uniformados entraron a la zona, las imágenes satelitales muestran que la mancha de la minería sigue creciendo.
Este contexto de corrupción hace fútil cualquier discusión sobre implementar controles o transparentar la cadena de suministro en Venezuela. Una de las rutas de salida del oro han sido las islas de Aruba y Curazao. Por ejemplo, las exportaciones de oro de Curazao, país donde no existen yacimientos ni refinerías, en 2019 representaron el 34,4% de todas sus ventas internacionales. Luego de que las autoridades de Países Bajos tomaron conocimiento de esto, en los años siguientes este mineral casi desapareció de la canasta exportadora de las antillas neerlandesas. El oro ilegal venezolano ahora ha consolidado sus salidas hacia Brasil, Colombia y República Dominicana.
Destino final
Mientras existe un sistema fallido de control de la extracción y comercialización del oro en el territorio de los países productores, hay una reconfiguración del mercado internacional aurífero. En los últimos años han emergido dos nuevos grandes compradores: India y Emiratos Árabes Unidos (EUA), países que figuran entre los principales destinos del oro exportado de manera oficial desde Perú, Ecuador, Brasil y Colombia.
“Mediante el lavado, el oro sale del Perú y no va directo a la refinadora de Estados Unidos o Suiza. Se va a Dubai (EUA), se va a China. Y sabemos que en estos dos países ya no se toman las reglas tan en serio”, advierte a Convoca.pe Livia Wagner, experta de Global Initiative Against Transnational Crime, una organización internacional que promueve estrategias para enfrentar el crimen organizado.
Lo cierto es que Suiza sigue siendo el principal demandante de oro a nivel mundial, con un valor de importaciones de US $94 mil millones en 2022, según el Observatorio de Complejidad Económica del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Contrario a lo que se podría imaginar, ese año sus más importantes abastecedores de oro no fueron latinoamericanos, sino Estados Unidos (22,4%), Emiratos Árabes Unidos (8,7%), Burkina Faso (6,2%), Sudáfrica (5,9%) y Rusia (3,9%).
“El rol de Suiza es un poco especial. En realidad es un proveedor de servicios. Ellos siempre han sido refinadores. Originalmente tenía el 70% del oro mundial. Ahora ha caído a cerca del 50%, porque hay otros refinadores como Dubai, pero muy poco oro se queda en Suiza”, explica Mark Pieth.
De hecho, este país europeo es al mismo tiempo el mayor exportador del metal dorado del planeta (US$ 101 mil millones en 2022), pues el mineral que refina —es decir, que purifica— lo reexporta al Medio Oriente, India o China, donde hay una boyante industria de joyería.
Sobre la responsabilidad de las empresas compradoras, la OCDE ha establecido principios y prácticas de debida diligencia para el sector privado. Entre estas, están establecer sistemas de control y transparencia sobre la cadena de suministro y sus actores, identificar los riesgos y generar estrategias para enfrentarlos, contratar auditorías independientes supervisadas y dar a conocer sus resultados de forma pública.
Desde hace muchos años existen iniciativas privadas de la propia industria internacional para “auto-regularse”, como el London Bullion Market Association o el Responsible Jewellery Association, entre otros.
“Ellos aseguran que están aplicando estas reglas. Eso significa que si eres un refinador, debes averiguar no solo quién te vendió el oro, sino también de qué mina proviene. Eso por momentos es muy difícil porque si viene de minas artesanales como La Rinconada (en Puno, Perú), no te será posible saberlo”, dice Pieth. “‘Es de Puno’, eso es lo que pueden decirte. Pero deberían estar habilitados para decir con mayor precisión de dónde viene”, agrega.
Livia Wagner comenta que este rubro es “sumamente cerrado y ellos no tienen la necesidad de colaborar con nadie”. “Ahora ya ni se toman la molestia de hablar con otros actores. Y eso para mí es una señal de una arrogancia en este sector que no he visto en muchos otros”, apunta.
En 2018 la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos) advertía de varios puntos por mejorar en las auditorías que conducían estas entidades gremiales. Las instaba a mejorar el conocimiento de sus auditores y les recordaba que la “debida diligencia no es solo recoger papeles y pasar por una auditoría”. “Es un asunto muy grave porque la auto-regulación sin auditorías serias es inútil”, dice Pieth.
De otro lado, Luca Maiotti, analista de OCDE, señala que “la mayor parte de la infraestructura, el prefinanciamiento, los insumos —incluso los ilegales, como los explosivos y el mercurio— muchas veces provienen de los compradores —acopiadores, comercializadoras, exportadoras—. Creemos que poner el foco sobre estos actores es clave para reducir las opciones para los criminales. No pueden sobrevivir sin compradores”.
Así, el oro lavado en Sudamérica engrosa las billeteras de grandes actores globales, adorna las vitrinas de la industria del lujo y es atesorado en las bóvedas de los bancos centrales de las grandes economías. Para entonces ya no se ven las cicatrices que dejó a miles de kilómetros en ecosistemas y vidas humanas. A lo lejos es una cuestión de perspectiva.
Metodología para el análisis de los datos
Para identificar el desbalance entre producción y exportación de oro, en esta investigación se analizaron datos oficiales y de fuentes especializadas de Perú, Venezuela y Colombia, entre 2013 y 2023. Para el caso de Brasil se incluyeron las cifras entre 2015 y 2021 debido a que era la información disponible más confiable, mientras que para Ecuador se abarcó el periodo 2017-2023 debido a que eran los datos más consistentes que obtuvimos a través de un pedido de acceso a la información pública.
La fuente de los datos de producción de oro en Perú es el Ministerio de Energía y Minas, en Colombia es la Agencia Nacional de Minería, mientras que en Ecuador las cifras corresponden a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables. Para Brasil, se recurrió al Anuario Mineral y el Relatorio de la Agencia Nacional de Minería y debido a la falta de transparencia del gobierno venezolano, se utilizaron los datos de Comtrade ONU para el análisis de la producción de oro en Venezuela.
En el caso de las exportaciones, en Perú los datos son de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), mientras que en Ecuador se usaron las cifras del Banco Central del país. Para los casos de Brasil, Colombia y Venezuela se usaron las mismas fuentes de información que para las cifras de producción de oro.
Créditos:
*Este reportaje fue elaborado como parte de la investigación transfronteriza ‘Dorada Opacidad: mecanismos sobre el tráfico del oro latinoamericano’, liderado por Convoca.pe (Perú) con la participación de reporteros y editores de Repórter Brasil, Plan V (Ecuador), Consejo de Redacción y Rutas del Conflicto (Colombia), Armando.info y Alianza Rebelde Investiga (ARI), formada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual (Venezuela).
Coordinación y edición general: Milagros Salazar
Reporteros y editores que participaron en este reportaje:
Brasil: Hyury Potter y Naira Hofmeister (Repórter Brasil)
Ecuador: (Plan V)
Colombia: Juan Carlos Granados y Óscar Parra (Rutas del Conflicto / Consejo de Redacción)
Perú: Paul Tuesta, Roberth Orihuela, Milagros Salazar, Gonzalo Torrico (Convoca)
Venezuela: Lisseth Boon (Armando.info), Lorena Meléndez, Ronna Rísquez (Alianza Rebelde Investiga, formada por Runrunes / El Pitazo / Tal Cual).
