La Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha Contra la Corrupción (CNCLCC) es la instancia creada por la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción con el propósito fundamental de contribuir desde la sociedad civil colombiana a hacer seguimiento a las políticas, los programas y las acciones formuladas e implementadas por el Estado y el Gobierno Nacional para la prevención, el control y la sanción de la corrupción.
Las valoraciones y las recomendaciones del Tercer Informe están ordenadas en cinco secciones:
- Desarrollos normativos e institucionales en materia de lucha contra la corrupción.Co
- Relación entre la lucha contra la corrupción y aspectos clave del actual contexto: los resultados de las elecciones presidenciales 2014 y los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.
- Alcance y proyección de algunos compromisos internacionales que contribuyen a la transparencia y lucha contra la corrupción en el país.
- Otras recomendaciones prioritarias para los próximos cuatro años.
- Rendición de cuentas sobre las actividades de la CNCLCC en el primer semestre de 2014.
Se destaca la revisión que se hace de tres instrumentos que se considera de alta relevancia para la lucha contra la corrupción en el país: el CONPES 167 Estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional, y el Estatuto Anticorrupción.
Frente a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional (1712 de 2014), instrumento normativo cuya entrada en vigencia en septiembre de 2014 para las entidades públicas del orden nacional y en marzo de 2015 para las entidades del nivel territorial, debe ser uno de los principales ejes de los esfuerzos en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.
La Comisión Nacional Ciudadana llama la atención sobre la importancia de desarrollar procesos de consulta amplios con todos los sujetos obligados de la Ley—tanto de sector público como de entidades privadas que cumplan funciones públicas, organizaciones sociales que manejen recursos públicos y partidos políticos—, de tal manera que se logren identificar las debilidades que los mismos puedan tener para cumplir con la norma, las dudas que la misma pueda generar y las medidas para resolverlas.
Destataca el informe la importancia de lograr armonizar los alcances de la Ley respecto a normas que también aborden temas de reserva y clasificación de información, como las referidas a derecho de petición, protección de datos personales y secreto industrial.
Con respecto al panorama que plantean los diálogos de paz, el informe señala la alta importancia de los temas de transparencia y lucha contra la corrupción para el éxito de un eventual escenario de posconflicto. El informe subraya que la paz, «entendida no solo como el fin del conflicto armado, implicará la superación de los altos niveles de desconfianza que la corrupción ha generado entre actores públicos, privados y sociales en todo el país, así como alcanzar mayores niveles de transparencia que favorezcan una mejor inversión de los recursos públicos y por lo tanto, unas condiciones de vida de equidad y calidad que contribuyan a una situación de estabilidad política, económica y social».
De esta forma se recomienda la preparación de una propuesta detallada sobre cómo se dará cumplimiento a los compromisos en materia de fortalecimiento de la participación ciudadana y el control social incluidos en los acuerdos sobre participación política alcanzados en la mesa de diálogo de La Habana.