Por La Liga Contra el Silencio
“Esta situación nos tiene devastados, decepcionados. Otra vez empezar de cero, porque de ahí nos tocó salir otra vez con la mera ropita. Esto no tiene compón”, cuenta una habitante* del lado venezolano que en la primera semana de enero cruzó a Colombia por el río Arauca. En menos de un año es la segunda vez que huye de la violencia de los grupos armados ilegales que se mueven con impunidad a ambos lados de la frontera.
“La población en Arauca y Apure es víctima de la brutalidad de los grupos armados, la tolerancia y connivencia del régimen de Venezuela, y la ineficacia y a veces inoperancia de las fuerzas de seguridad del gobierno de Colombia”. Juan Pappier, investigador sénior de la División de las Américas de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW).
En la zona operan el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Décimo Frente Martín Villa, un grupo que no participó en el proceso de paz firmado entre las FARC y el Estado colombiano. Ambos son los protagonistas de la violencia reciente. Además han estado en la región los hombres de la Segunda Marquetalia, otro grupo disidente liderado por ‘Iván Márquez’. En esta área fronteriza fueron asesinados a inicios de diciembre dos altos comandantes de ese grupo: alias ‘El Paisa’ y alias ‘Romaña’. Asimismo, presuntos uniformados venezolanos fueron señalados de asesinatos y saqueos contra civiles, a quienes acusaban de integrar otro bando, pues se cree que respaldaban a los de Márquez. Un caldo de cultivo muy variado.
“La población en Arauca y Apure es víctima de la brutalidad de los grupos armados, la tolerancia y connivencia del régimen de Venezuela, y la ineficacia y a veces inoperancia de las fuerzas de seguridad del gobierno de Colombia”. Así lo resume Juan Pappier, investigador sénior de la División de las Américas de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW).
La situación en el departamento llevó al presidente Iván Duque a visitar Arauca el domingo 16 de enero. Ahí realizó un consejo de seguridad y acusó al gobierno de Venezuela de proteger a “los grupos criminales que atacan desde allá”. Duque dijo que la presencia de la fuerza pública había aumentado para garantizar la seguridad en la región, pero ese mismo día circuló en redes una foto en un lugar cercano, donde miembros del ELN a plena luz del día ocupaban una carretera en La Esmeralda, Arauquita. La pregunta surgió inevitable: ¿Quién manda en Arauca?
Le podría interesar leer Clarita, un rostro de la trata de personas desde Venezuela.
Antes, entre el dos y seis de enero, las autoridades colombianas habían informado de 27 homicidios por la confrontación entre el ELN y el Décimo Frente. “En muchos de los casos al parecer las víctimas habrían sido obligadas a salir de sus viviendas y habrían sido ejecutadas con tiros a corta distancia. Algunas de estas víctimas fueron llevadas a Venezuela y luego trasladadas a territorio de Colombia donde dejaron los cuerpos”, explica Pappier. Hasta el 10 de enero HRW ha recibido información sobre “30 muertos, 400 desplazados internos en Colombia y más de 60 personas que han llegado a Arauca desde el estado Apure”.
Entre los muertos identificados figura gente común, como dos vendedores de gallinas y un trabajador de un taller mecánico. También fue identificado un cabecilla de las disidencias de las FARC, alias ‘El Flaco’, que tenía órdenes de captura por extorsión, secuestro y tráfico ilegal de armas, según informó el ministro de Defensa, Diego Molano.
Las poblaciones de Venezuela más afectadas en esa zona del Alto Apure son: Guasdualito, El Amparo, Puerto Páez y Elorza. Del lado colombiano, los municipios de Arauquita, Saravena, Fortul y Tame, en Arauca; y Cubará en Boyacá. “El conflicto es por las rentas criminales a lo largo de este tramo de la frontera colombo-venezolana, incluido el tráfico de drogas, de personas y todas las formas de contrabando”, dice Jeremy McDermott, codirector de InSight Crime, una fundación dedicada a la investigación del crimen organizado.
Conflicto en la frontera colombo-venezolana
La violencia en Apure, por la confrontación entre el ELN y las disidencias de las FARC, también generó la semana pasada el desplazamiento de familias venezolanas hacia Vichada: “200 personas, entre ellos 150 indígenas sikuani, llegaron a Puerto Carreño buscando protección de sus derechos”, informó la Defensoría del Pueblo. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) también alertó sobre la “grave emergencia humanitaria” que viven los indígenas Amorúa y Sikuani en esa región.
Durante las últimas semanas se han registrado otros hechos que tienen en vilo a la población. Lo que por años fueron hechos registrados en el lado colombiano, hoy son frecuentes del lado venezolano. Además de los asesinatos, medios de la región han publicado información sobre un ataque del ELN a un campamento del Décimo Frente, supuestamente ubicado en Apure, y detonaciones de explosivos en El Amparo. El 10 de enero también fue asesinado en su casa “a manos de grupos armados que operan en la zona” el comunicador José Gregorio Urbina, director de una emisora comunitaria en Apure y militante del Partido Comunista de Venezuela.
Al otro lado, en Arauca, los periodistas han recibido amenazas e intimidaciones. La guerra entre el ELN y el Décimo Frente se libra también en los medios. Entre pobladores y reporteros de la frontera circulan por Whatsapp videos y audios atribuidos a esos grupos. Cada uno quiere posicionar su versión. Incluso ha habido presiones para que medios locales difundan lo que reciben.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) denunció que durante la primera semana de 2022 tuvo conocimiento de que “al menos 7 periodistas de Arauca han recibido presiones y amenazas por parte de las disidencias de las FARC y del ELN para que publiquen información que entregan a través de WhatsApp. En uno de los casos, después de que el reportero se rehusara a publicar, le advirtieron que ‘de no hacerlo debía atenerse a las consecuencias’”.
“Forzar a comunicadores a difundir información de las partes en conflicto es inadmisible. Esto les genera un riesgo de ser objeto de represalias y lleva a la autocensura que afecta gravemente la circulación de información sobre la situación de emergencia en la región”, advierte la FLIP. Desde el año pasado la organización ha alertado del creciente clima de violencia contra los periodistas en la zona y ha llamado la atención sobre la “desprotección estatal”.
En los últimos días han circulado materiales como un audio del Décimo Frente y unas declaraciones en video de alias ‘Ferley’, miembro del “Estado Mayor del Comando Conjunto de Oriente”, del que hace parte el Décimo Frente, donde intentan explicar los recientes episodios de violencia. Esa disidencia de las FARC está al mando de alias ‘Gentil Duarte’, que opera en otros departamentos.
“Ellos (el ELN) fueron los que empezaron a atacarnos. Nosotros nos estamos defendiendo (…) Si en verdad tienen la guerra bien ganada en contra de nosotros, que vengan y nos combatan a los que tenemos las armas no involucren al pueblo en medio de esto (…) han caído en esta masacre selectiva que ha originado el ELN”, señala ‘Ferley’ en el video. En el audio, por otro lado, también se acusa al ELN de cometer asesinatos para “enlodar y ocultar las acciones indiscriminadas contra la población civil, el genocidio, los asesinatos selectivos, la persecución contra todos aquellos que presuntamente tengan vínculos” con las FARC.
Lo que está ocurriendo responde a lo que advertió la Defensoría desde la alerta temprana 029-19, donde mencionó que desde el segundo trimestre de 2018 el ELN y las facciones disidentes de las FARC habían iniciado una “escalada de violencia” contra la población, la fuerza pública y autoridades locales.
El deja vú
En marzo de 2021 se registró la masacre de El Ripial: cuatro miembros de una misma familia y otro hombre, un panadero, fueron asesinados. Uno de sus familiares*, que hoy vive en Colombia y a quien protegemos su identidad, recuerda lo ocurrido. “Fueron sacados cuando estaban dormidos y luego de tumbar la puerta (…). A empujones, esposados y subidos en una tanqueta, mientras los militares se llevaban las cosas de la casa. No solo se trató de un secuestro, sino también de un robo”, cuenta, todavía afectado.
Los responsables supuestamente fueron funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), pertenecientes a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que acusaban a los civiles de “guerrilleros”. Meses después, el hecho sigue impune y recuerda a otra masacre, la de El Amparo, ocurrida en octubre de 1988, cuando 14 pescadores fueron asesinados para simular una acción militar exitosa contra grupos ilegales.
Lo ocurrido en El Amparo y El Ripial se asemeja a otros casos recientes: civiles masacrados y señalados sin saber de qué. Los responsables cambian de siglas y de nombres, pero las víctimas siguen siendo los mismos pobladores sometidos a las dinámicas violentas de la región que habitan.
Para Jeremy McDermott, de InSight Crime, entre los hechos de marzo del año pasado y los de este inicio de 2022, algo ha cambiado. “El ELN ha entrado en el conflicto”, dice. Antes la pugna era entre diferentes facciones disidentes de las FARC (el Décimo Frente y la Segunda Marquetalia). “El ELN tiene las raíces más profundas en Arauca, Colombia; y en Apure, en Venezuela. Esto lo convierte en esta ocasión en el actor más poderoso”, explica McDermott.
El investigador recuerda que en junio del año pasado el gobierno venezolano lanzó en Apure una ofensiva militar contra combatientes del Décimo Frente, el de Gentil Duarte, comandado en la región por alias ‘Arturo’. De allí salió derrotado y registró soldados muertos y secuestrados. Del lado colombiano, las autoridades tampoco han podido derrotar al ELN y las disidencias que operan en Arauca.
Tras los enfrentamientos entre disidencias de las FARC y los militares venezolanos el año pasado unas 5.000 familias venezolanas y colombianas se vieron obligadas a huir de sus casas hacia los albergues dispuestos por la alcaldía de Arauquita, levantados entre julio y agosto de 2021.
El más reciente episodio de violencia se originó el 30 de diciembre pasado con el asesinato de José Noel Ortega Fandiño, alias ‘Cherry’, integrante del ELN en El Nula. Esto ocurrió entre los estados Apure y Barinas, presuntamente a manos de las disidencias de las FARC, según explica Miguel Cardoza, investigador y periodista del estado Apure, radicado en Bogotá. ‘Cherry’ manejaba los negocios ilícitos entre los estados Táchira y Apure. “Tres cuerpos fueron llevados a Puerto Contreras, municipio Saravena, en Colombia, los cuales sirvieron de evidencia para que las autoridades conocieran el verdadero origen de la disputa entre ambos grupos irregulares. De forma inmediata comenzaron a aparecer muertos en las carreteras de Saravena, Arauquita y Tame”, explica el reportero, quien trabaja estos temas desde 2012 y colabora con el medio NewsRadio, de Arauca.
La Liga recorrió en noviembre pasado varias poblaciones entre Apure y Arauca. La tensión se siente entre los vecinos, que comentan los hechos de violencia en voz baja, siempre temerosos. Los pobladores de Apure, en la zona fronteriza, son víctimas de extorsiones por parte de los grupos ilegales, que se lucran del tráfico de drogas y otras actividades ilícitas en esas zonas boscosas y medio despobladas, donde no existen mayores fuentes de empleo.
Los vecinos de Elorza, municipio Rómulo Gallegos, en Apure, revelaron que alias Romaña, antes de morir, fue víctima de dos atentados en Capanaparo, zona de narcotráfico. “Contaba con más de 2.000 hombres, en especial jóvenes, reclutados en Venezuela. Luego un francotirador y un grupo comando del gobierno de Colombia, o cazarrecompensas, fueron a buscarlo hasta matarlo”, dijo un poblador de Elorza que pidió ocultar su nombre por seguridad.
Luego del conflicto armado y estos hechos, según esta fuente, la presencia de los guerrilleros ha mermado en Elorza porque el gobierno venezolano detuvo a unas 300 personas a fines del año pasado. Además, dice el informante, el régimen de Nicolás Maduro ha desalojado a varios ganaderos de sus fincas para propiciar los negocios ilícitos, la mayoría ubicados sobre el río Arauca.
En La Victoria y El Amparo se maneja el negocio del narcotráfico y el contrabando a través del río y por vía aérea, debido a su cercanía con poblaciones colombianas. Los pobladores de la frontera usan canoas para su traslado de una orilla a otra. Los pasos están siempre controlados por los grupos ilegales, que realizan sus actividades ilícitas con redes de apoyo local. “Los dueños de los hatos mantienen una relación comercial con los irregulares: pistas a cambio de protección personal o altas sumas de dinero por cada aterrizaje. Son zonas de alta presencia militar y donde el Ejército mantiene una alianza estratégica con las Farc de Iván Márquez”, dice un pequeño ganadero de La Victoria.
Lea también la historia de Daniela Soto, la voz de la resistencia juvenil en Caldono.
Por la vía fluvial, a la altura de la isla La Pradeña, entre El Amparo y La Victoria del municipio Páez en Apure, se transporta droga hacia la zona de Puerto Infante, Elorza, donde confluyen los ríos Capanaparo y Cinaruco, que se conectan con los municipios Achaguas y Pedro Camejo.
“En 2021 y 2022 los acontecimientos ratifican lo que tanto ha negado el Estado venezolano acerca de la presencia de grupos” ilegales, dicen investigadores de la organización Fundaredes, con sede en Venezuela.
Los vecinos de La Victoria recuerdan con dolor las muertes, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas durante el conflicto armado, generado en esta zona limítrofe con Colombia hace diez meses. Aseguran que esta experiencia marcó a todo un pueblo que quiere vivir en paz, y no sometido por los grupos armados que lidera el propio gobierno venezolano, que se han encargado durante los últimos años de maltratar y extorsionar a la población.
Walter Márquez, exdiputado a la Asamblea Nacional (AN) y director de la Fundación El Amparo, dice que el gobierno de Maduro ha cometido delitos de guerra y de lesa humanidad en el Alto Apure, desde el 21 de marzo pasado. “Atacó de manera indiscriminada los sectores poblados en La Victoria y sus alrededores; incendia las casas, fomenta saqueos y ajusticiamiento de prisioneros”, dice.
Inicialmente el gobierno venezolano detuvo a 31 personas, de los cuales 19 continúan tras las rejas y sus casos están en juicio, ante la simulación del hecho punible. Son acusados de traición a la patria, sustracción de objetos y rebelión militar sin prueba alguna. Son expedientes fabricados para justificar los graves crímenes cometidos en el Alto Apure, en medio de detenciones arbitrarias, denuncia Márquez.
Las familias de La Victoria recuerdan con horror cuando 25 personas fueron asesinadas durante este conflicto. Todos fueron reportados por las autoridades como miembros de grupos armados en la zona. Cuentan sus protagonistas que antes de los combates en Apure durante el año pasado, las relaciones comerciales en Arauca, Arauquita, La Victoria y El Amparo eran constantes. Ahora los colombianos evitan cruzar el río que une a La Victoria con Arauquita para establecer intercambios de este tipo, ante el cobro de vacunas por parte de los militares y guerrilleros que se encuentran ubicados en los pasos de canoa, donde los ciudadanos deben pagar para trasladarse de un lugar a otro.
“En La Victoria han bajado las ventas en más del 50 %, mientras que en los negocios ubicados en el lado colombiano han subido el 80 % por la incertidumbre que vive la población”, dijo una comerciante venezolana en Arauquita, quien todavía vive en La Victoria. Otros pobladores allí respaldan a las disidencias de las Farc en la zona. Argumentan que sus hombres ofrecen dinero a los pobladores para invertir en negocios, y además acabaron con la delincuencia.
En la frontera la vida cotidiana de la población está controlada por los grupos armados, quienes imponen sus normas, sancionan, ordenan toques de queda, prohíben y castigan delitos, y reglamentan la pesca, el pago de deudas y hasta los horarios de los bares.
En la actualidad, los habitantes de la frontera se mantienen encerrados en sus casas, resguardados. Ahí reciben llamadas a escondidas y con temor. “Son muchos muertos reportados durante la disputa de las Farc y el ELN en Caño Hondo, municipio Paéz, que han sido enterrados en fosa común”, revela un venezolano en Bogotá que pidió anonimato y que tiene información sobre lo que ocurre en la zona.
Los grupos armados no sólo someten a los civiles, también avanzan en el control social, económico y político; y desafían a ambos Estados todos los días, como reveló la famosa fotografía del ELN que se paseaba por la carretera mientras Iván Duque hablaba seguridad a unos pocos kilómetros. Al otro lado, el silencio del gobierno venezolano parece haber dejado a la población abandonada a su suerte.
*Protegemos la identidad de las fuentes por riesgos de seguridad.