Por La Liga Contra el Silencio
“Una joven fue asesinada a tiros en el corregimiento de Cuturú, zona rural del municipio de Caucasia, Antioquia. La víctima fue identificada como Nicole Agudelo García. Según la Policía, sujetos armados dispararon mientras la mujer se encontraba departiendo con amigos en una fiesta en el corregimiento de Cuturú. La mujer deja una hija huérfana de dos años”.
Así decía la noticia sobre el asesinato de Nicole, ocurrido el 7 de septiembre de 2020, reproducida por varios portales digitales del Bajo Cauca Antioqueño y de Córdoba. NP-Noticias Online en Facebook registró 983 reacciones. Entre ellas 110 personas comentaron que no se estaba contando la verdad.
Nicole fue asesinada por su pareja, un integrante del grupo Virgilio Peralta Arenas (Los Caparros), cuando ella decidió terminar la relación. El día de su muerte, en las capitales del país se adelantaba un paro nacional como protesta a las precarias condiciones laborales y a la ola de masacres. Mientras tanto, en Zaragoza, un municipio cercano a Cuturú, otras seis personas fueron masacradas en un billar.
“Eso que dijeron los medios es falso. La pareja de Nicole y el grupo armado la obligaban a hacer cosas que ella rechazaba”, contó Celmira, una de sus amigas, quien hace seis meses salió de Cuturú, corregimiento de Caucasia en el Bajo Cauca, para evitar que la reclutaran.
“Tuve varias compañeras a las que quise salvar y no pude. Con Nicole hicimos capacitación con la Mesa de Derechos Humanos para que buscara una solución, pero no fue posible. La prima también cayó y sigue desaparecida. La tía no notificó su desaparición para proteger a la familia”, dijo Celmira.
Isaura, otra joven de Cáceres, cortó comunicación con su novio cuando supo que integraba un grupo armado. Él informó a sus hombres que debía ser retenida para realizar un comité de guerra. “Mi madre armó un plan para sacarme del territorio. Las transportadoras evitaban ser blanco de los grupos. Un taxista se arriesgó y me sacó del pueblo”, contó Isaura, quien vive con su familia en una ciudad donde reciben asistencia humanitaria como desplazados.
Este nuevo año trajo muerte en el norte de Antioquia. Comenzó con los crímenes de la excombatiente Yolanda Zabala, de 22 años; y su hermana Reina Zabala, de 14, en el municipio de Briceño.
En el Bajo Cauca han asesinado a tres mujeres en estos primeros dos meses. El 6 de enero a Mary Luz Mazo, de 38 años, en el barrio Las Palmas de Tarazá. El 19 a la excandidata al Concejo y lideresa social Linda Díaz Romero, de la Asociación de Campesinos y Agricultores de Villa San Roque, en el corregimiento El Guarumo (Cáceres). Siete días después, delante de sus hijos, asesinaron a Vera María Loaiza, de 38 años de edad, cuñada del actual secretario de gobierno de Tarazá, Deivisón Montero, quien días antes había denunciado amenazas.
En Córdoba, el 16 de enero, días después de que la sacaron de su casa, fue hallada María Camila De la Barrera en la vía que une Montelíbano y Puerto Libertador. Tenía 23 años y era hija del concejal Jhon Jaime De la Barrera. El 12 de febrero encontraron a Diana Fernández, en el cercano corregimiento de Juan José.
La Policía Nacional registró el año pasado 26 asesinatos de mujeres en el Bajo Cauca; siete en el norte de Antioquia y cinco en el sur de Córdoba. Este año se cuentan tres en la primera región; tres en la segunda y dos en la tercera.
Los crímenes de Nicole, Yolanda, Reina, Mary Luz, Linda, Vera, María Camila y Diana, sin incluir los del año anterior, resumen una violencia contra las mujeres que con frecuencia se desconoce y se calla. La impunidad cubre el sur de Córdoba, el norte de Antioquia y el Bajo Cauca Antioqueño, zonas sometidas a la voluntad de los grupos armados, como lo reportó La Liga a finales de 2020.
Desesperanzas de vida
La esperanza de vida de las mujeres en el norte de Antioquia y Bajo Cauca Antioqueño, según el Dane, baja cada año. Así lo proyecta la Serie municipal de población por área, sexo y edad para el periodo 2018-2026; y lo resume la Gobernación de Antioquia en el Plan de Desarrollo de 2020-2023.
Lo mismo ocurre en el sur de Córdoba, pero el Plan de Desarrollo de este departamento para 2020-2023 carece de un análisis distribuido por subregiones e impide hacer una lectura real de la situación en los municipios bajo confrontación armada. La mayoría de sus indicadores no incluye enfoque de género.
“Vemos en el marco de la Comisión de la Verdad que las expectativas de vida bajan, así como las condiciones dignas y materiales de las mujeres. En Antioquia las más bajas son las del Bajo Cauca, y esto está vinculado a la pandemia y al conflicto”, dijo Kelly Echeverry, miembro de la Ruta Pacífica de las Mujeres en Antioquia.
Ludys Soto, líder indígena Zenú en el Bajo Cauca, coincide. “Es muy difícil ser mujer en esta zona. Sobrevivimos en medio de condiciones indignas. Las menores están muriendo involucradas en el conflicto armado”, contó.
Según Soto, las mujeres en las zonas rurales están huérfanas de apoyo institucional. “Existe una política sin implementación, el alcalde de Cáceres (Juan Carlos Rodríguez) dice que es transversal el componente participativo de la mujer, y no ve la necesidad de algo específico para nosotras. Sabemos que no es así. Las mujeres en el Concejo no pelean por nuestros derechos”, dijo.
En Caucasia todos conocen los casos de adolescentes que son parejas de hombres armados. “En mi pueblo vi que uno solo tiene embarazadas a ocho niñas. Por sentirse protegidas, y ante la necesidad de huir de la violencia que vivieron en sus casas, se involucraron con él”, contó Celmira. Las menores dicen que necesitan salir del territorio, pero temen ser asesinadas. “Si toman la decisión de irse, tienen que salir desplazados todos sus núcleos familiares. Por eso muchas aguantan y frustran sus deseos de salir adelante”, agregó.
Esto coincide con los altos índices de embarazos adolescente que registra el Dane para esa subregión desde 2017. En ese año, por cada mil mujeres de entre 10 y 14 años, había una tasa de embarazo del 8,5 %. Y una del 93 % entre las edades de 15 a 19 años. Hoy la tasa sigue siendo una de las más altas de Antioquia.
Las rutas de atención no funcionan en el Bajo Cauca. “Algunos se quedan en la denuncia, no hay acompañamiento. En Cuturú nadie se quiere meter en problemas, y por lo general salen revictimizadas por los funcionarios”, dijo Celmira. En el entorno familiar algunas jóvenes tampoco están seguras. “Sus padres o hermanos, al servicio de los grupos ilegales, les ordenan prostituirse para que colaboren en los gastos de la casa”, contó.
En Montelíbano, al sur de Córdoba, donde recientemente fueron asesinadas María Camila De la Barrera y Diana Fernández, activar las rutas de atención es un desafío para líderes y lideresas porque los grupos armados han corrompido a muchas familias. “Si no es el sobrino que está en un grupo, es el tío, el yerno o el marido. Por eso muchas prefieren aguantar, por temor a que las maten o tomen represalias con sus parientes”, reveló una vocera de la Red de Mujeres de Montelíbano para la Prevención de la Violencia Basada en Género.
Esta Red, con el apoyo de la Alcaldía de Montelíbano y de otras organizaciones, ofrece capacitaciones y talleres en las veredas, donde la mayoría de las mujeres desconoce las herramientas para proteger sus vidas. Ellas divulgan la Ley 1257 de 2008 para que las mujeres del pueblo recuerden que no están solas. Cuando ocurren asesinatos como el de la comerciante Melissa Romero y su sobrina Taniusca Romero, el 14 de septiembre pasado, lo rechazan en público.
“Ese día hicimos un acto con velas en la Casa de la Mujer. Cuando acabamos se nos acercó un hombre mostrándonos un arma y mandó a callar. Nos dio mucho miedo. Así les ha pasado a muchas mujeres. Las parejas de los pagadiarios asesinados abandonaron el municipio”, contó una integrante del Comité de Mujeres Constructoras y Tejedoras de Paz de Montelíbano.
Las viudas como carne de cañón
La Red de Organizaciones Sociales y Campesinas del Norte y Bajo Cauca lanzó en 2019 un pedido de auxilio para las viudas de la subregión que son utilizadas en la guerra. “No hay una política que atienda sus necesidades y las de sus hijos. Cuando matan a sus maridos, algunas salen desplazadas; otras quedan a merced de los enemigos y por eso las asesinan. Muchas trabajan en lo que les resulte, atraviesan las fronteras invisibles o se prostituyen”, dijo un líder de la organización que pidió no mencionar su nombre.
La situación de las viudas preocupa también a Ludys, la líder indígena. “A muchas les tocó abandonar su tierra y al día de hoy no tienen nada. Cáceres es priorizado para PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), y pedimos que se implemente con enfoque de género”, dijo.
El movimiento Ruta Pacífica, que considera grave la situación de las mujeres en el norte de Antioquia y Bajo Cauca, cree que los esfuerzos, tras el Acuerdo de Paz, debieron concentrarse en las rutas de protección. “Con 4.500 hombres de la operación Aquiles (Fuerza de Tarea Conjunta) no es suficiente para protegerlas. La ausencia estatal no puede ser subsanada solo con presencia militar en zonas tan complejas”, dijo Kelly Echeverry.
Sin garantías de no repetición
Las mujeres del Bajo Cauca, norte de Antioquia y sur de Córdoba no tienen garantías de no repetición en el marco de la justicia transicional. Ellas enfrentan tiempos igual de críticos o peores que aquellos vividos por sus madres y abuelas entre 1994 y 2006, cuando el bloque Mineros de las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC), comandado por Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, y otros paramilitares, las sometían a constantes humillaciones. Esos testimonios fueron recogidos por el Tribunal Superior de Medellín en 2015. Quince años después las mismas manifestaciones de violencia de género son practicadas por los Caparros y las AGC, grupos herederos del paramilitarismo. “
Las graves consecuencias del conflicto en el sur de Córdoba, norte de Antioquia y Bajo Cauca, relacionadas con la violencia contra las mujeres, están sobre diagnosticadas. Pese a ello, el tema no está posicionado en la agenda pública municipal, departamental ni nacional.
Echeverry, de la Ruta Pacífica de las Mujeres en Antioquia, explicó que esa organización documentó, entre 1985 y 2016, unos 280 casos de mujeres violentadas en el Bajo Cauca. Sus testimonios fueron entregados a la Comisión de la Verdad. “Es un silencio cómplice nacional, reflejado en las cifras y en los relatos de la gente. El cuerpo de las mujeres sigue siendo usado como botín de guerra”, reclamó Echeverry.
Para Celmira es evidente la razón que oculta los abusos sexuales en el Bajo Cauca: las mujeres callan por temor a los señalamientos y las retaliaciones. “Los sujetos armados llegan donde las madres y les anuncian que su hija les gusta. Si se niega y no sale de la zona, la matan”, contó.
Las autoridades han ignorado las advertencias de la Defensoría del Pueblo, que desde 2018 investiga el reclutamiento y la vinculación o utilización ilícita de niñas, niños y adolescentes para actividades criminales y de explotación sexual. Los hechos figuran en su alerta temprana N° 045-2020 del 31 de agosto de 2020, y fueron ampliados en publicaciones del portal Verdad Abierta.
No futuro
El Gobierno Nacional declaró Zonas Futuro el sur de Córdoba, norte de Antioquia y Bajo Cauca, junto al Pacífico nariñense, Catatumbo, Arauca, Chiribiquete y parques naturales nacionales aledaños. A través de la Ley 1941 del 18 de diciembre de 2018, dispuso de mecanismos para acelerar allí la llegada del Estado. Pero los grupos armados entraron primero. “De qué futuro estamos hablando. En el papel suena bonito, pero la realidad es otra y muy dolorosa”, reclamó el líder de la Red de Organizaciones Sociales y Campesinas del Norte y Bajo Cauca.
En estas regiones no hay institucionalidad, legalidad ni respeto por la vida. Allí confluyen todos los presupuestos de nuestra larga guerra. El Bajo Cauca, según Indepaz, fue en 2020 la región con más masacres. En 2019 registró una tasa de 145 homicidios por cada 100 mil habitantes, por encima de Tijuana, México, la ciudad más violenta del mundo (134).
El asesinato de Linda Díaz Romero, lideresa de Cáceres, presuntamente a manos de grupos armados, llevó a que Ruta Pacífica ampliara el análisis de la violencia contra las mujeres en el Bajo Cauca y al norte de Antioquia. “Es hora de que empecemos a hablar de feminicidio político, tema complicado porque también tiene que ver con el acceso a la justicia de las violentadas en el contexto de conflicto armado”, dijo.
El feminicidio en la disputa armada no está tipificado en Colombia, y los jueces y fiscales deciden sin entender las condiciones donde viven las víctimas. “La Unidad Nacional de Protección (UNP) emite un esquema muy criticado por el movimiento feminista. Tenemos casos de mujeres con alto riesgo que han rechazado la medida porque reciben camionetas blindadas, un botón de pánico o un celular en veredas donde no hay señal. No son medidas efectivas”, cuestionó Echeverry.
Mujeres del Bajo Cauca, tras la firma del Acuerdo de Paz, decidieron liderar sus propios procesos sociales. Para la Red de Campesinos, los grupos ilegales y la fuerza pública rechazan que sean ellas quienes tomen las riendas del cambio. Las ven como un peligro latente, así como miran al hombre en el escenario de guerra.
“Son declaradas objetivos militares, perseguidas por adelantar procesos sociales complejos. Están en medio de muchos fuegos”, dijo un integrante de la organización campesina sobre la captura de Aída Silva, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Piamonte (Cáceres), el 8 de febrero. Ella se encargaba del ferry que permite cruzar el río Cauca hacia las zonas pobladas, y se le acusa de concierto para delinquir por proveer víveres a Los Caparros y supuestamente entregarles información sobre el movimiento de la fuerza pública en la zona.
“¿Qué hacemos ante la orden de un armado? Si nos negamos, nos matan. A ella la conocemos, es una mujer comprometida con las comunidades. El Bajo Cauca es un escenario putrefacto para ellas. Aquí no hay garantías de supervivencia”, dijo el vocero campesino.
Reclamar derechos allí es una sentencia de muerte. Las asociaciones de mujeres en el Bajo Cauca marchan solo cuando participan los hombres de las asociaciones campesinas y agromineras, como hicieron el 19 de noviembre del año pasado, en una manifestación que no figuró en los medios de comunicación. Aunque sí se conoció el paro armado decretado por las AGC al día siguiente.
Al norte de Antioquia, en Ituango, las violencias contra la mujer son públicas. “Cuando un grupo armado viola a alguna, ese hecho no es silenciado. Los combatientes se encargan de que todos en el pueblo se enteren”, contó Lina María Zuleta, directora ejecutiva de la corporación Lazos de Humanidad.
Tampoco se tipifica el feminicidio y no se le da el enfoque diferencial, ni se refleja en las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. “Por eso tuvimos una pelea de años con la Comisaría de Familia. Aquí no hay ningún proceso de violencia basado en género. Todos son violencia intrafamiliar y lesiones personales, aunque tenemos una ley para eso”, sostuvo Zuleta.
Entre tanto, Cecilia Bedoya Porras, de la Asociación de Mujeres de Yarumal (AMY), explicó que no existe una política pública en esta localidad que favorezca a la mujer. “Estamos cortos en ese tema, la famosa ley del feminicidio no nos ampara mucho porque asumimos riesgos bien sea porque somos mujeres o lideresas”, dijo.
En el sur de Córdoba, en los despachos de la Fiscalía reposan las denuncias de 13 lideresas que salieron del municipio amenazadas y están bajo medidas de protección. Son liderazgos oprimidos bajo la intimidación. “A los presidentes de las JAC (Juntas de Acción Comunal) nos llamaron para decirnos que sabían dónde estaban nuestros hijos y que sabían nuestras direcciones. ¿Cómo trabajamos en un territorio donde la seguridad nuestra es nula?”, cuestionó la vocera de la Red de Mujeres. A esa organización, y al Consejo Municipal de Mujeres, se debe la construcción de la política pública sobre la mujer en Montelíbano.
La situación para ellas en el sur de Córdoba es tema central para la Misión de Observación de la OEA, que ha instado a la Fiscalía y a las autoridades municipales para que se apropien del problema del feminicidio y le hagan seguimiento a través de la ruta de atención. “Exhortamos a las secretarías de gobierno a manejar un registro estadístico sobre el impacto del conflicto armado en las mujeres”, dijo Édgar Cuesta, delegado de la Misión.
En las llamadas Zonas Futuro, la confianza y la justicia lucen como un porvenir lejano. Las mujeres no eligieron nacer allí, pero saben que nadie vendrá a salvarlas. Algunas, como Celmira, lograrán huir. Otras, como la madre de Nicole, seguirán ahí obligadas a sobrellevar sus pérdidas; condenadas a sortear fronteras invisibles y a llorar en silencio esta guerra que les impone el costo más alto solo por ser mujer.