Por Vigila la Pandemia*
Seis medios de Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador investigaron el estado de las indagaciones de distintas instancias (contralorías, fiscalías, procuradurías y fuerzas de seguridad) por la compra-venta presuntamente ilegal o irregular de mascarillas, pruebas de detección rápida, medicamentos y elementos de bioseguridad. Sólo en los últimos tres países se detectaron más de mil 300 investigaciones en el sistema de justicia, entre marzo de 2020 y mayo de 2021.
Los casos analizados también incluyen adquisiciones sospechosas de kits de alimentos y hasta jabón carbólico (desinfectante); oxímetros y bolsas mortuorias para el traslado de los cuerpos de fallecidos por el Covid-19.
En la lista de investigados por estas supuestas irregularidades aparece desde el personal del sector salud, miembros de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas hasta empresas privadas y un expresidente.
Perú registra más de mil investigaciones fiscales, entre abril de 2020 y junio de 2021, según informó la Procuraduría Anticorrupción.
En Colombia, están en proceso 121 casos penales por contrataciones asociadas a la pandemia. Ochenta y una de ellas superan los 49 millones de dólares. Además, la Contraloría General realizó al menos 185 indagaciones por malos manejos de unos 26 millones de dólares en entes territoriales (distritos, municipios, departamentos) y centenares de procesos administrativos de sanción contra funcionarios públicos hasta mayo de 2021.
El presidente Iván Duque, en un centro de vacunación de san Andrés, junto ministro de Salud y el Gobernador Everth Hawkins. Fuente Presidencia de Colombia.
Ecuador cuenta con 160 casos, entre marzo de 2020 y mayo último, a cargo de una Fuerza de Tarea, creada por la Fiscalía General y especializada en presunta corrupción de contrataciones durante la emergencia sanitaria.
En Venezuela, la investigación de Runrunes y El Pitazo concluyó que en estos últimos 15 meses de pandemia se impuso una “justicia mediática”, que se centró en pequeños casos aislados y 40 detenciones (entre mayo de 2020 y abril de 2021), en especial, contra personal de la salud. Debido a la falta de transparencia y rendición de cuentas del gobierno de Nicolás Maduro, se desconoce el paradero de los detenidos y el estado de las indagaciones de esos casos.
Entre mayo de 2020 y abril de 2021, al menos 40 personas fueron detenidas y acusadas públicamente por el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Foto: Policía de Carrizal.
A la hora de analizar cómo actuaron las autoridades frente a la posible comisión de delitos en estas compras en el contexto de la emergencia sanitaria, los periodistas de la alianza ‘Vigila la pandemia’ determinaron que sobresalen la falta de mecanismos para prevenir casos de corrupción.
En estos meses de compras millonarias, se generaron situaciones de excepción que permitieron a los gobiernos saltarse reglas precedentes como transparentar los procesos de compras y contrataciones, que antes de la pandemia eran de acceso público; se dejó de lado la obligación de multar a los proveedores que tardan en la entrega de los bienes y servicios contratados; y se adquirieron elementos básicos que ni siquiera cumplen con las normativas de salubridad del propio Estado.
La iniciativa transfronteriza, que coordina Convoca.pe, está integrada por Periodismo de Investigación (PI) y GK (Ecuador); Consejo de Redacción (Colombia); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Convoca.pe (Perú), Runrunes y El Pitazo (Venezuela). ‘Vigila la pandemia’ es un esfuerzo colaborativo para investigar el uso de fondos públicos y potenciales hechos de corrupción en la lucha contra el Covid-19.
Investigados y delitos
En esta nueva serie investigativa de la alianza periodística, quedan en evidencia patrones de común y diferencias en los delitos imputados o el tipo de investigados en cada país. Algunos están relacionados con prácticas que perjudican a la administración pública como el peculado, contrataciones direccionadas a determinadas empresas y la alteración de las normas de contratación en perjuicio de las arcas públicas.
En otros casos, los expedientes se centraron en delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, además de tráfico de influencias. En Venezuela, el gobierno volvió a apelar a acusaciones por presunto contrabando de extracción y de concusión (requerir un pago indebido abusando de su autoridad) a diversos profesionales de menor rango.
Los grados de alcance de estas indagaciones oficiales también son disímiles.
En Venezuela, mientras las autoridades dan a conocer públicamente detenciones de trabajadores de la salud por posibles irregularidades, otras sospechas de casos potencialmente más graves pasan inadvertidas para el gobierno, como el de un laboratorio privado con apenas 21 días de vida que fue instalado en el aeropuerto internacional Simón Bolívar para realizar la prueba PCR a los viajeros.
En Colombia, donde la pandemia se entrelazó con el paro y las protestas masivas contra la reforma tributaria, Consejo de Redacción ahondó en las investigaciones oficiales a las que tuvo acceso y determinó que la mayoría solo alcanzó a los entes territoriales (departamentos, distritos o municipios). Sin embargo, no se incluyeron casos sobre posibles malos manejos de fondos públicos contra el Covid-19 por parte del gobierno nacional. Además de las 185 indagaciones preliminares de la Contraloría General, hay centenares de procesos disciplinarios contra funcionarios.
Las autoridades de Ecuador investigan unos 160 casos de presunta corrupción en el manejo de los fondos para la pandemia, según establecieron los medios GK y Periodismo de Investigación (PI). Las denuncias proliferaron a tal punto que la Fiscalía General ecuatoriana tuvo que crear una Fuerza de Tarea especializada para poder procesar y desarrollar las investigaciones sobre presuntos actos ilícitos relacionados con las adquisiciones de productos para la emergencia sanitaria. Entre los acusados se encuentra también el expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram Ortiz (agosto 1996 – febrero 1997). Según la fiscalía a cargo del caso, el exmandatario sería parte de un “grupo estructurado” que planificó la venta y distribución de insumos médicos con sobreprecios a hospitales de Guayaquil, entre noviembre de 2019 y agosto de 2020.
En Perú, de acuerdo con información de la Procuraduría Anticorrupción a la que accedió Convoca.pe, se abrieron más de mil investigaciones en el Ministerio Público, entre abril de 2020 y mayo de 2021. Entre esos casos, figuran 107 carpetas fiscales por delitos presuntamente cometidos por miembros del Ejército del Perú (90) y del Ministerio del Interior (17).
Miembros del Ejército Peruano son investigados por irregularidades penales en compras de equipos de bioseguridad y aseo durante la pandemia del Covid-19. Foto: Andina.
La investigación periodística también permitió ahondar en los casos de 18 integrantes de la Policía Nacional de Perú (PNP) y del Ejército peruano acusados de irregularidades penales en compras de equipos de bioseguridad y aseo durante la pandemia del Covid-19, según informes de la Contraloría General de la República. En las denuncias aparecen implicados oficiales, suboficiales y trabajadores de estas fuerzas del orden.
Al igual que en la primera entrega de esta alianza transfronteriza, centralizada en los contratos de vacunas contra el coronavirus entre las farmacéuticas internacionales y los gobiernos de siete países de la región (Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, México, Perú y Argentina), la opacidad y las sospechas de malos manejos de los fondos públicos de países de América Latina vuelven a quedar en evidencia en esta segunda investigación de ‘Vigila la Pandemia’, en un contexto mundial gobernado por una crisis sanitaria y económica que se extiende cada vez más en el tiempo.
*La iniciativa transfronteriza, que coordina Convoca.pe, está integrada por Periodismo de Investigación (PI) y GK (Ecuador); Consejo de Redacción (Colombia); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Convoca.pe (Perú), Runrunes y El Pitazo (Venezuela). ‘Vigila la pandemia’ es un esfuerzo colaborativo para investigar el uso de fondos públicos y potenciales hechos de corrupción en la lucha contra el Covid-19.