Omaira Montoya Henao, bacterióloga de 30 años egresada de la Universidad de Antioquia, militante del ELN es la primera persona desaparecida de la que se tiene registro escrito. Con este nombre inicia la historia de la desaparición forzada en Colombia. En el momento de su captura por parte del Servicio de Inteligencia (SIPEC) junto a la Policía del Atlántico, Omaira se encontraba con su compañero Mauricio Trujillo Uribe.
La captura se dio el 9 de septiembre de 1997 en Barranquilla, los llevaron a una playa cercana donde fueron separados. Mauricio fue torturado durante 2 días hasta que el 11 de septiembre fue trasladado a la Estación de Policía de Soledad. El 14 del mismo mes fue puesto a disposición del Juzgado 14 de Instrucción Penal Militar y condenado a 7 años por el delito de rebelión. En su informe nunca se mencionó la captura de Omaira, quien tenía problemas cardíacos y 3 meses de embarazo en el momento de la detención.
Mauricio envió múltiples cartas a la Procuraduría denunciando la desaparición de Omaira y, luego de 5 años, el 4 de noviembre de 1982, la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional concluyó que Omaira sí había sido capturada y que desapareció desde esa fecha. Durante las investigaciones se sancionó a 4 funcionarios; 2 de la Policía y 2 del F2 de los 20 que habían sido identificados. Este fue el primer caso de desaparición forzada denunciado y ampliamente conocido por el país.
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El poder de la fuerza pública.
Los abusos de la fuerza pública se amparaban en la figura del estado de sitio y el estado de excepción (previsto en el artículo 121 de la Constitución de 1886) que les otorgaba competencia judicial a los militares quienes podían juzgar y poner en prisión a civiles. Por los años del gobierno de Alfonso López Michelsen (1974-1978) las principales centrales obreras habían convocado un gran paro cívico, el cual fue calificado como subversivo por el gobierno. El estado de sitio estaba vigente en todo el territorio, con éste el gobierno tenía poderes excepcionales para controlar el orden público, penalizar la protesta social y prohibir la transmisión de noticias o propaganda alusiva al paro en los medios de comunicación.
Bajo la ideología anticomunista los militares exigieron públicamente y por escrito al presidente López “medidas de emergencia” contra la subversión a finales de 1977. Así nació el decreto 1923 de 1978 conocido como estatuto de seguridad. Estas atribuciones le dieron el poder a la fuerza pública para detener, torturar y en algunos casos desaparecer a los civiles; se permitía la retención, hasta por 10 días, de personas con “graves indicios de que atentaban contra la paz pública”. Durante el gobierno de Turbay Ayala (1978-1982) se utilizó este mecanismo contra más de 3000 personas y, en muchos casos, superando los 10 días de detención.
La Constitución de 1886 establecía que “de los delitos cometidos por los militares en servicio activo y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar”. Los jueces militares consideraron todos los delitos como actos de servicio y en este periodo de gobierno no se registró ninguna condena por violaciones de Derechos Humanos contra militares o policías: el fuero militar garantizaba la impunidad. Incluso, la Procuraduría General de la Nación no podía juzgar las acciones de la fuerza pública ya que existía una Procuraduría Delegada que hacía parte del Ministerio de Defensa que se encargaba de vigilarlos. Por esa época no existía ningún ordenamiento jurídico que penalizara la desaparición forzada, los pocos casos de desaparición que fueron juzgados se catalogaron como secuestro simple.
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Organismos y asociaciones nacen en medio de la impunidad
Ante el panorama continental nació Fedefam, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Detenidos Desaparecidos en 1981, su objetivo era crear una convención internacional contra las desapariciones forzadas en la OEA y la ONU.
El año siguiente nació Asfaddes, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, esta asociación surgió luego de la detención y desaparición de 13 personas. Este fue un caso emblemático, pues fue el primero que se ejecutó de manera colectiva y secuencial. Inició el 4 de marzo con la primera captura y finalizó el 15 de septiembre. Estas desapariciones se dieron por una alianza entre el Ejército Nacional, agentes del Estado y el narcotraficante de la época José Jader Álvarez.
El primer instrumento internacional fue el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas creado en 1980 para examinar este delito a nivel global. En 1988 dos expertos del Grupo visitaron Colombia y rindieron un informe en en el que llamaban la atención a la Nación por la falta de consenso en el poder judicial para Juzgar los casos de desaparición forzada.
Desapariciones que llamaron la atención internacional
Luis Fernando Lalinde Lalinde era un estudiante de sociología de la Universidad Autónoma de Medellín, tenía 26 años y era miembro del Partido Comunista de Colombia – Marxista Leninista y comisario político de EPL, grupo guerrillero con el cual el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) habían entablado una negociación de paz y habían hecho un cese al fuego. El 4 de octubre de 1984, en la vereda Verdún, de Jardín (Antioquia) fue desaparecido por miembros de la contraguerrilla “Cóndor”, del batallón de Infantería No. 22 del Ejército Nacional.
El 15 de septiembre de ese mismo año, el Ejército Nacional lanzó una operación militar de aniquilamiento contra el EPL, los combates duraron varias semanas y Luis Fernando Lalinde fue llamado para auxiliar a sus compañeros el 2 de octubre. En la mañana del 3 de octubre el Ejército Nacional entró a las casas de los campesinos en la vereda con amenazas de muerte sino revelaban información sobre el paradero de los guerrilleros; así fue capturado Luis Fernando, luego lo torturaron en un árbol cerca a la escuela veredal delante de los habitantes. En la noche lo trasladaron en un camión militar y nunca más lo volvieron a ver.
Este fue el primer caso de desaparición forzada sobre el cual se pronunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1987 un mes antes de que cayera asesinado por los paramilitares el médico Héctor Abad Gómez quien llevó el caso al organismo internacional.
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Se cae el fuero militar
Durante la administración de Virgilio Barco (1986-1990) la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares se trasladó del Ministerio de Defensa a la Procuraduría General de la Nación quitándole así el beneficio a los miembros de la fuerza pública de ser juzgados por sus superiores.
En el caso de la desaparición de Nydia Érika Bautista a manos de la Brigada XX de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército el 30 de agosto de 1987, su cuerpo fue hallado en julio de 1990 con evidentes signos de tortura, un tiro de gracia y sin ropa interior en una fosa común en el cementerio de Guayabetal, Cundinamarca, junto a los cuerpos de 16 personas más que habían sido desaparecidas por la misma Brigada. El general Álvaro Velandia Hurtado fue el responsable de la desaparición de Nydia según las investigaciones.
No fue sino hasta 2009 cuando el Consejo de Estado confirmó la resolución de la Procuraduría General de la Nación en cabeza del Procurador General, Hernando Valencia Villa que destituía al General Velandia Hurtado y a tres suboficiales más por la desaparición de Nydia Érika. La resolución salió en septiembre de 1995, 8 años después de la desaparición.
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