Blanca Rosa Torres, lideresa comunitaria que se rehúsa a abandonar su vivienda situada en una zona de alto riesgo. Foto: Sara Alejandra Marín Valencia.
Cuando llueve las dos nietas de Blanca Rosa Torres lloran y se abrazan por el miedo a que la quebrada vuelva a desbordarse. “Pensé que nos iba a tapar con los niños”, recuerda esta lideresa barrial mientras el cielo se oscurece y los truenos interrumpen la conversación.
La angustia no es infundada. El 24 de junio de 2025 se produjo un deslizamiento en la vereda Granizal del municipio de Bello y en la parte alta del barrio Santo Domingo Savio, en Medellín. Aquel día, según un análisis de World Weather Attribution (WWA) —con la participación de la Universidad de Antioquia y publicado el 22 de julio—, cayeron entre 60 y 70 milímetros de lluvia por metro cuadrado.
La Alcaldía de Bello confirmó que 27 personas fallecieron por el deslizamiento del 24 de junio. Según explicó John Alexánder Osorio, secretario de Gestión del Riesgo de ese municipio, los Puestos de Mando Unificado operaron a diario hasta el 7 de julio, fecha en que concluyó la fase de rescate con el hallazgo del cuerpo número 27.
Entre las víctimas se encontraban: Maximiliano Pérez Ciro, de apenas 8 meses; María Fernanda Agudelo Londoño, de 11 años; Clarena Esther Oquendo Nerio, de 51 años; Jhon Esteban Bedoya Oquendo, de 21 años; Neila Astrid Sarmiento Sandoval, de 31 años; y Juan David Lozano Hernández, de 16 años.
Muchos no tuvieron tiempo de escapar. El movimiento en masa ocurrió hacia las tres de la madrugada, tras un aguacero prolongado que tomó por sorpresa a la comunidad. No dieron margen para evacuar el estruendo de la tierra cediendo ni el aumento repentino de la quebrada Cañada Negra, que recibió parte del material desprendido.
El volumen de los residuos, cerca de 75.000 metros cúbicos de tierra, convierte a esta catástrofe en una de las mayores remociones de ladera registradas en la historia del Valle de Aburrá.
Según declaró durante la atención de la emergencia Carlos Ríos Puerta, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), entidad adscrita a la Gobernación de Antioquia, el evento fue provocado por la saturación del suelo debido a precipitaciones muy por encima del promedio para la región.
Sobre las causas Osorio explicó que la zona del deslizamiento no estaba clasificada como de alto riesgo y que, según estudios preliminares, se trató de “un fenómeno natural, causado muy posiblemente por la alta pluviosidad de mayo, que colmató el terreno”.
El funcionario dijo que en los sectores Altos de Oriente I y II, donde se condensó una gran parte de las afectaciones, había entre 30 y 34 viviendas rurales, sin alertas previas. El secretario precisó además que el talud desembocó en una avenida torrencial del sector Manantiales, identificada como zona de riesgo mitigable por su cercanía a la quebrada Cañada Negra y la presencia de viviendas dentro de la franja de retiro.
En una mirada más amplia a los factores que intervinieron, Paola Andrea Arias Gómez, doctora en Ciencias de la Tierra e integrante del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), señaló que “estos desastres son multifactoriales y tienden a involucrar casi siempre los mismos elementos: un evento de lluvia fuerte, que ya representa una amenaza considerable, y la alta vulnerabilidad y exposición de la infraestructura y las poblaciones humanas, que se interrelaciona con la manera en la que se ocupa y se transforma el territorio”.
El deslizamiento de Granizal ilustra esa vulnerabilidad. Aproximadamente desde 1996 se asentaron allí de manera informal familias desplazadas por el conflicto armado, lo que ha generado una deforestación progresiva y la ocupación de pendientes inestables. Según la Alcaldía de Bello, hoy habitan la zona cerca de 25.000 personas. El suelo queda más expuesto con la pérdida de cobertura vegetal, lo que incrementa la inestabilidad del terreno.
La profesora Arias Gómez explica que en esta región también puede influir la presencia de aguas subterráneas provenientes del corregimiento de Santa Elena, que es posible que se filtren y agraven la inestabilidad del terreno. A ello se suma la urbanización, que impermeabiliza el suelo y reduce su capacidad de infiltrar el agua. En particular la urbanización informal y autogestionada que ocurre en muchos barrios de ladera del Valle de Aburrá visibiliza las condiciones de vulnerabilidad que experimentan estas poblaciones.
Granizal comparte dicha realidad con otros barrios de ladera del Valle de Aburrá, donde comunidades desplazadas por la violencia o en búsqueda de oportunidades levantaron barrios autoconstruidos sin infraestructura adecuada para enfrentar lluvias intensas.
En un contexto ya marcado por la precariedad y la exposición permanente al riesgo, la situación se agrava por la falta de recursos para mitigar nuevos eventos. Con corte al 17 de octubre de este año, el Distrito Especial de Medellín reportó un déficit cercano a $42.000 millones para ejecutar obras de estabilización en 48 puntos críticos. El dato refleja una problemática común a toda la región metropolitana, donde se mantienen miles de familias en riesgo por la combinación de topografía escarpada, la expansión urbana desordenada y las lluvias extremas.
En la imagen se puede ubicar a Medellín, el corregimiento de Santa Elena a la derecha y Granizal al norte. Imágenes extraídas de https://earth.google.com/
Lo ocurrido en Granizal no es un hecho aislado. El Valle de Aburrá, conformado por Medellín y los municipios que lo rodean, ha enfrentado otros desastres que revelan una vulnerabilidad estructural frente a los movimientos en masa. En Medellín, el deslizamiento de Villatina, ocurrido durante 1987, dejó cerca de 500 víctimas fatales, y la tragedia del barrio El Socorro, el 31 de mayo de 2008, causó 27 muertes. En Bello el deslizamiento de La Gabriela, el 5 de diciembre de 2010, sepultó 37 viviendas y provocó la muerte de 80 personas.
Estas historias de dolor también han dejado lecciones en los estrados judiciales. En 2022 el Consejo de Estado determinó que el municipio de Medellín debía asumir el 50 por ciento de los perjuicios morales ocasionados por la tragedia de El Socorro, lo que implicó pagar la mitad de los más de $3.000 millones fijados como indemnización a las víctimas.
El riesgo sigue alto y la comunidad no tiene dónde ir
Rosa cambió sus tacones por botas de plástico para ayudar a las personas damnificadas horas después del movimiento en masa. Foto: Sara Alejandra Marín Valencia.
La madrugada del deslizamiento fue caótica para Blanca Rosa. Vio a sus vecinos correr “con bolsos y televisores al hombro”, mientras intentaba despertar a su esposo Álvaro, que dormía profundamente porque “cada noche toma pastillas para dormir”. La cañada junto a su casa no le permitió escuchar las alarmas. La tierra ya pasaba frente a su puerta cuando su hija la llamó para advertirle que “toda la montaña se iba a venir abajo”. Acto seguido subió con sus nietos al segundo piso para resguardarse.
Pero, antes de subir a la casa de su hija, debió esperar a que bajara el primer derrumbe. “El pantano hasta la rodilla”, recuerda, y una mezcla de tierra que “traía palos, piedras, envuelto” y “altotote”, mientras pensaba: “creí que nos iba a tapar con los niños”.
A Teresita del Niño Jesús Marín Henao también la tomó por sorpresa la emergencia. Había pasado la noche sacando agua y se quedó dormida hasta que sus hijas “casi le tumbaron la puerta”. Salió con su esposo rumbo al vecino municipio de Guarne, escuchando “los lamentos de las personas”. Aunque le ofrecieron refugio, insistió en que se ponían “a la mano del señor”. Al amanecer regresó y recuerda que su esposo perdió una chancla: “de esas había muchas por el camino”, dice resignada.
“Yo lo monté en una moto, y le dije: ‘vamos para la casa’. Después de que llegué no quise salir”, añade Teresita. Esa tarde veía a sus vecinos bajar “con un morralito”, buscando dónde pasar la noche, mientras ella confiaba en que Dios la protegía. Muchos, en su huida, dejaron las puertas abiertas y fueron víctimas de hurtos.
En la imagen, Teresita del Niño Jesús, una de las personas que tuvo que dejar su casa durante unas horas en medio del deslizamiento. Foto: Sara Alejandra Marín Valencia.
Mientras relata lo ocurrido y cae un nuevo aguacero, Teresita señala la quebrada Cañada Negra, límite entre Medellín y Bello. Tras la tragedia, hicieron presencia en la zona los organismos de socorro, autoridades departamentales y municipales. Más de 1.900 familias fueron evacuadas a albergues o viviendas temporales. Algunas denunciaron malas condiciones y fallas en la alimentación, aunque el secretario de Gestión del Riesgo, John Alexánder Osorio, aseguró que durante los 14 días de atención se garantizó alojamiento, comida y atención médica.
La Alcaldía de Bello informó que, tras el deslizamiento, se adelantan acciones en vivienda, servicios públicos, educación y salud, pero la emergencia sigue abierta y muchas familias permanecen en zona de riesgo. Ante la falta de soluciones duraderas, varios damnificados decidieron regresar a la vereda para reconstruir lo que quedó. Una de ellas fue Blanca, quien volvió en cuestión de horas para apoyar la entrega de ayudas, esta vez con botas en lugar de tacones.
En la imagen superior, que data de 2018, se puede ver cómo en Granizal aumentó la población de forma considerable en los últimos años, en comparación a 2005, fecha de la imagen de abajo. Imágenes tomadas de https://earth.google.com/
Ella afirma que en encuentros de socialización del riesgo han escuchado expresiones como “no pierdan la vida por cuatro tablas”, lo que genera malestar porque, dice, esas cuatro tablas les costaron mucho. Además cuenta que, a quienes deciden quedarse, les informan que es por decisión propia y “a consciencia de cada quien”.
Sobre esta situación la profesora Arias Gómez insiste en que no puede culparse a quienes migran a causa de conflictos socioambientales en búsqueda de mejores oportunidades y ocupan estas laderas: “es un asunto sistémico y estructural y, en general, está pasando en las zonas urbanas de Colombia”.
Luego de profundizar sobre el papel de la deforestación y la ocupación del territorio, la profesora añade que en eventos como el de Granizal también confluyen el cambio climático y la variabilidad natural, como los episodios de La Niña, que intensifican las lluvias en zonas vulnerables y hacen que “no se necesite mucho para que esto ocurra”.
Recuerda, además, que los habitantes destacan la fuerte precipitación de esa madrugada, pero advierte que, según el estudio realizado en cojunto con WWA y publicado el 17 de julio de 2025, el mes de abril comenzó con lluvias muy por encima de lo habitual, luego se dio una breve normalización y se volvieron a registrar lluvias altas desde mayo y junio, lo que contribuyó a la saturación del suelo que derivó en el deslizamiento.
“No fue solamente que hubo un único día en el que llovió mucho y eso detonó la tragedia, sino que además habría que pensar cuánta agua se había acumulado en esos suelos durante los días y las semanas anteriores”, puntualizó la profesora. Aclara que, después de semanas o meses de humedad persistente en el suelo, se necesita “muy poco para que pase algo como lo ocurrido” y que estos deslizamientos no siempre dependen de un evento “superextremo” de precipitación, por lo que resalta la importancia de monitorear los suelos durante temporadas lluviosas prolongadas.
A pesar de la emergencia muchas personas han regresado a la zona y, según fuentes que pidieron reserva, persisten dinámicas ilegales como la venta de lotes por bandas que operan en el sector.
Para Blanca dejar su vivienda no es una opción. “Mi historia en esa casa tiene un significado muy grande, porque descansé de pagar arriendo”, reflexiona. Ella llegó hace 15 años, cuando compró un pequeño lote por $560.000 y levantó su casa con esfuerzo, después de vivir bajo “tablas y un techo de plástico”.
Su llegada a Medellín fue tras un desplazamiento forzado en el municipio de Ituango, luego de que la guerrilla asesinara a su padre y las amenazara a su madre y a ella con sus hijos de “matarlos como a una gallina con sus pollos”. Ya en Medellín trabajó como empleada doméstica y vendió comida en el centro de la ciudad. Hoy sus hijos le ayudan económicamente y recibe una pensión tras la muerte de José Alfredo, uno de ellos, que perdió la vida mientras prestaba el servicio militar.
El asentamiento de una montaña saturada de problemas
Blanca cree que la primera defensa posible está en sus propias manos: a la fecha trabaja con la comunidad para levantar un pequeño muro de contención junto a la quebrada, usando las piedras que bajaron en el derrumbe en función de amortiguar futuras crecientes.
La organización comunitaria en Granizal ha sido constante: el 24 de julio cerca de 900 habitantes bloquearon durante horas la autopista Medellín-Bogotá, a la altura del barrio Zamora, exigiendo agua potable, vivienda digna y una presencia institucional que consideran insuficiente.
Desde el ámbito técnico, la profesora Arias Gómez reconoce el trabajo del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá en el monitoreo de cuencas, resaltando la importancia de robustecer el monitoreo de la humedad del suelo: “no solo es importante monitorear cuánto llueve, sino también hacer un rastreo de esos suelos, para saber qué tan húmedos están”. La estabilidad del terreno, afirma, depende de una “red de cosas” que deben abordarse como un problema estructural y multidimensional.
Por su parte, Osorio indicó que, tras el deslizamiento, varias secretarías del municipio, junto con el Dagran, el Dagrd (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres adscrito a la Alcaldía de Medellín), el Área Metropolitana y la Alcaldía de Bello, adelantan estudios para determinar el estado actual del terreno. Según explicó, en la zona podría presentarse un fenómeno geológico conocido como la dunita tectónica de Medellín, que se investiga como posible causa del evento.
El Servicio Geológico Colombiano señala que este tipo de formaciones —rocas con alta concentración de minerales magnesianos— pueden generar inestabilidad por la circulación de agua subterránea. El funcionario añadió que EPM realiza un estudio independiente en la parte superior del talud, ante la hipótesis de una posible ruptura en una tubería matriz.
Con el fin de conocer mejor la recurrencia de estos eventos en el Valle de Aburrá, se elevó un derecho de petición al Área Metropolitana solicitando los registros de remociones en masa de los últimos cinco años y una caracterización de la zona afectada. La entidad no respondió con la información solicitada y, en su lugar, pidió justificar el uso del material en el marco de la investigación periodística, advirtiendo que, si dicha explicación no se allegaba en un mes, se entendería desistida la solicitud.
Mientras tanto la ausencia de soluciones integrales mantiene en riesgo a quienes llegaron desplazados por la violencia. Son familias que hoy se debaten entre abandonar nuevamente sus hogares o quedarse a esperar que la montaña no vuelva a moverse.