En la isla de Tierrabomba, a menos de media hora de navegación desde el Centro Histórico de Cartagena, se erige el majestuoso Fuerte de San Fernando de Bocachica. A la entrada de la bahía, sus baterías y troneras son un testimonio mudo de la Cartagena colonial que atrae cada año a miles de turistas. En lanchas o yates, nacionales y extranjeros llegan allí deslumbrados por las tonalidades intensas del agua y los rascacielos de los barrios Manga, Castillogrande y Bocagrande, que han dejado mar atrás.
A unos cuantos pasos de esa postal turística se levantan unas columnas de hierro de lo que prometía convertirse, hace cinco años, en un moderno puesto de salud para mejorarles las condiciones de vida a los cerca de seis mil habitantes de Bocachica, el corregimiento insular asentado a un lado de las baterías y troneras. Desde ahí se ven los imponentes edificios, los hoteles de lujo y las playas de ensueño. Un retrato idílico completamente opuesto a las calles de barro en las que chapotean, a diario, quienes allí viven.
Al otro extremo de la isla, en un terreno desmontado sobre una loma, solo se ven los cimientos de la construcción prometida para el corregimiento de Tierrabomba, uno de los cuatro asentamientos nativos de este pedazo de tierra con 43 kilómetros de litoral costero. Mientras llega el puesto de salud, sus casi 4.000 habitantes deben conformarse recibiendo atención médica en una casa. En caso de emergencia, sea día o noche, deben cruzar la bahía para llegar al Hospital de Bocagrande, tal como les ocurre a sus vecinos en Bocachica.
En la Cartagena continental, lejos de la zona turística y colonial, una bodega llena de polvo, murciélagos, listones de madera y equipo médico abandonado ocupa el lugar de lo que en el pasado fue el Hospital de Nelson Mandela, una institución pública que funcionaba 24 horas para ofrecerles los servicios de emergencias y consulta externa a los habitantes de este sur cartagenero. Al igual que en Bocachica y Tierrabomba, la construcción de Nelson Mandela es un testimonio de lo que no fue.
La misma fotografía de abandono se repite en El Pozón y Canapote, barriadas de la periferia que atestiguan una fallida revolución de cemento, en una ciudad que desde hace ocho años no logra que sus alcaldes electos acaben su mandato constitucional por cuenta de enfermedades, inhabilidades o escándalos de corrupción. Esa inestabilidad administrativa ya deja 12 mandatarios. Sin embargo, no ha frenado las inversiones en infraestructura que, durante ese periodo, sumaron al menos $366.726 millones en escuelas, vías, parques, caños, hospitales y un mercado.
Uno de los símbolos del desgreño administrativo de una ciudad en crisis recurrente son los casi $100.000 millones contratados en 2014 para intervenir 25 puestos de salud en los barrios y corregimientos más pobres, durante los dos años y medio del gobierno atípico de Dionisio Vélez Trujillo. Mucho más porque esos recursos salieron de un crédito de $250.000 millones del que Cartagena aún debe $82.000 millones hasta 2022.
“Aquí pasa que cuando el Gobierno viene, llega es a destruirnos lo que ya nosotros hemos conseguido con las ONG, con los privados. Porque así es como hemos conseguido casi todo: el colegio, un hogar infantil bien bonito y ese puesto de salud que era hasta de dos pisos y tenía atención de especialistas una vez al mes”.
El reclamo lo hace Agustina Carmona, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Puerto Rey, una vereda de 1.800 habitantes ubicada a media hora del casco urbano de Cartagena sobre la Vía al Mar. El puesto de salud del que habla fue demolido, pese a estar en buenas condiciones, para darle paso a una estructura nueva sin dotación. Mientras tanto, ella y sus vecinos reciben atención médica en una casa de familia cercana.
La queja de Carmona en Puerto Rey no es infundada. En septiembre pasado, la Procuraduría y la Contraloría anunciaron investigaciones en contra del exalcalde Vélez: la Contraloría le abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $37.810 millones, cálculo del posible detrimento que le ocasionó al erario al adjudicarles al Consorcio Salud Heroica y a Coinses SA la construcción de los puestos de salud.
La Contraloría también considera a los contratistas responsables de esa desidia. El detrimento ocasionado por Coinses lo estima en $25.770 millones y el del Consorcio Salud Heroica en $9.716 millones.
Ya en 2018 la ESE Moreno y Clavijo, en Arauca, había multado por $71 millones al consorcio, del que Coinses hace parte, por incumplimientos en la construcción de un hospital en el municipio de Cravo Norte. También lo había sancionado en 2017 la Alcaldía de Sincelejo por las entregas fallidas de su nueva sede y tres años atrás, en 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio lo había multado por prácticas anticompetitivas en la licitación de la Vía de la Prosperidad en Magdalena, obra que comenzó como miembro de un consorcio y nunca terminó.
La Procuraduría, por su parte, le formuló pliego de cargos al exalcalde Vélez por posibles irregularidades en los dos contratos y por no vigilar su correcta ejecución. Negligencia que, según el Ministerio Público, ha terminado afectando a 470.000 cartageneros de los sectores más deprimidos.
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Para que las 17 obras dejen de ser elefantes blancos hay un largo camino administrativo por delante, que incluye la liquidación de uno de los dos contratos y la devolución de un anticipo. Trámites que asume la recién llegada administración de William Dau al Palacio de La Aduana.
Seis años de desidia
La historia de los 17 elefantes blancos se remonta a 2014, cuando el entonces alcalde Dionisio Vélez le pidió al Concejo autorización para gestionar $250.000 millones ante seis bancos y destinarlos a obras en salud, vías y escuelas. En marzo de ese año, 18 de los 19 concejales le dieron luz verde en medio de acusaciones de dádivas que supuestamente les entregó, pero de las que no hay evidencias ni investigaciones abiertas. Aprobada la gestión del crédito, el Gobierno de Vélez entregó dos contratos que suman $93.954 millones para intervenir 39 unidades primarias de atención (UPA) y centros de atención permanente (CAP). Los contratistas seleccionados fueron Coinses, representada por Gary Espitia Camargo y una de las firmas consentidas en contratación durante la era Char en Barranquilla. Esta empresa obtuvo un contrato por $64.061 millones para construir cuatro hospitales y 10 CAP. El otro contratista seleccionado fue el Consorcio Salud Heroica, representado por Jaime Amadeo Sánchez Giraldo y conformado por las firmas JASG y Cia Ltda (con el 20% de participación), Kamana SAS (con el 30%) y Convias SAS (con el 50%). Este contrato por $29.893 millones proyectaba trabajos en 25 UPA. Ambas contrataciones se dieron bajo la figura de agrupamiento o empaquetamiento, cuestionada por la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar porque favorecía la concentración de proyectos en pocos contratistas y privilegiaba a firmas foráneas sobre las cartageneras. Como parte de sus críticas, ese gremio aludió a las relaciones políticas que para la época tenía Vélez con Alejandro Char, exalcalde de Barranquilla, quien en plena campaña electoral viajó a Cartagena a levantarle el brazo y lo asesoró en la construcción de su plan de gobierno. Poco tiempo después quedó al descubierto una larga cadena de errores de planeación y de irregularidades por parte del gobierno de Vélez. El Distrito, por ejemplo, contrató las obras sin tener la titularidad de los terrenos ni las licencias de construcción. Además, proyectó intervenciones sobre lotes baldíos. Tampoco contaba con los avales técnicos del Ministerio de Salud, pese a que por ley este tipo de construcciones no pueden iniciarse sin el visto bueno de esa entidad, por ser la encargada de comprobar que los diseños cumplan unos mínimos que garanticen una buena prestación del servicio de salud. La Alcaldía, además, firmó los contratos con unos diseños prototipo que no tenían en cuenta el estado detallado de los sitios a intervenir y les permitían a los contratistas hacer ajustes sobre la marcha y, de ser necesario, solicitar recursos adicionales. Esas características de contratación llevaron a replantear el número de obras: de las 39 anunciadas, Vélez dijo que la plata solo alcanzaba para 25. Esa situación se hubiera evitado con un sólido proceso de estudios preliminares, que en ciudades como Medellín se prolongan hasta dos años antes de la contratación. Los puestos de salud, finalmente, comenzaron a construirse casi un año después de entregados los contratos. Pese a que ninguno estaba terminado, Vélez cortó las cintas e inauguró cuatro en diciembre de 2015, antes de terminar mandato: los de Pontezuela, Arroyo de Piedra y Líbano, que realmente terminaron funcionando un año y medio después, y el de El Pozón, que recién comenzó a funcionar en diciembre pasado. Poco después, el 21 de diciembre de 2015, se daría la primera de las tres suspensiones de estos contratos. A la nueva administración de Manuel Vicente Duque le tomaría nueve meses reiniciar los trabajos, porque el gobierno de Vélez proyectó erróneamente la plata en el presupuesto de 2016. Es decir, no la incluyó como establece la ley y el nuevo mandatario no pudo disponer de ella de inmediato. Aunque el reinicio se dio, llegó con un nuevo anuncio: los recursos sólo alcanzaban para 12 proyectos y no para los 25 priorizados. El alcalde Duque alcanzó a entregar cinco obras: los puestos de salud de Arroyo de Piedra, Caño del Oro, Fátima, Líbano y Pontezuela, antes de que la Procuraduría lo inhabilitara por la falta de controles en las construcciones ilegales en la Cartagena periférica, que dejaron 21 muertos en un barrio popular y de que la Fiscalía lo acusara de participar en una trama corrupta para elegir a la contralora Nubia Fontalvo en 2016. Después, en noviembre de 2017, fue el alcalde encargado Sergio Londoño quien inauguró el sexto centro en el barrio Socorro.Un camino incierto
Con 17 obras en el limbo, las deudas de los contratistas siguen acumulándose porque no les pagan puntualmente a los dueños de las casas donde mudaron los puestos de salud como medida transitoria y como parte de su compromiso con el Distrito. En los barrios Daniel Lemaitre y Puerto Rey, por ejemplo, a los dueños les adeudan varios meses de arriendo e incluso, en el primero, ya hubo una orden judicial de desalojo. La barranquillera Coinses tampoco les paga con regularidad los salarios a sus trabajadores. En un comunicado de 2018 su gerente, Gary Espitia, les reconocía a ellos y a sus exempleados que la empresa buscaba soluciones para “ponerse al día” con sus obligaciones laborales. El camino que el Distrito debe recorrer es incierto. Para poder recuperar parte de la plata contratada, la oficina Jurídica de la Alcaldía empezó en 2019 la liquidación unilateral del millonario contrato con Coinses, para librar así $21.000 millones atados a ese proceso. Con esa plata, la administración de William Dau podrá abrir una nueva licitación y contratar las obras que Coinses no entregó: de las 10 proyectadas, sólo comenzó cuatro. La Alcaldía le pidió a la Procuraduría y a la Contraloría ser garantes del proceso. En respuesta a la liquidación del contrato, Coinses le propuso al Distrito una cesión del mismo. De esa manera, otra firma asumiría sus obligaciones con todos los problemas técnicos, financieros y legales incluidos. Una posibilidad inviable. “Ninguna compañía seria aceptará asumir ese contrato con todo lo que eso amerita”, precisó el exsecretario de Infraestructura Édgar Marín. Además de la liquidación del contrato, la Alcaldía debe empezar un trámite judicial para que la firma barranquillera le devuelva $14.000 millones de un anticipo cuya inversión no demostró. Ese último trámite puede demorar más de un año, según calcula el exsecretario de Infraestructura, por lo que se trata de recursos que ya salieron de las arcas distritales y de los que Cartagena no puede disponer para terminar sus elefantes blancos. Nos comunicamos con el representante legal de Coinses Gary Espitia para conocer sus argumentos ante los elefantes blancos, pero no obtuvimos respuesta. Por lo pronto, la administración de Dau tuvo una primera reunión, el 27 de enero pasado, con los representantes del Consorcio Salud Heroica para conocer los avances y el estado de ese contrato. Información de la que el actual gobierno no tenía conocimiento, dijo el secretario de Infraestructura Gonzalo Jácome, porque la administración de Pedrito Pereira no le entregó formalmente un informe de gestión. El gobierno de Dau también anunció su intención de reunirse con la firma interventora para decidir si reinicia o mantiene la suspensión de las obras, o apela a la Justicia. Mientras esas decisiones llegan, el giro de 180 grados para la infraestructura hospitalaria de Cartagena luce cada vez más como una quimera, pues de aquella locomotora que arrancó hace seis años solo queda el freno de mano.
