El 7 de diciembre de 2021 fue asesinada “La Malvada”, mujer trans habitante de calle. El 9 de septiembre de 2022, dos esteticistas, Miguel Medina y Edwin Urdaneta, fueron reportados como desaparecidos. El 22 de diciembre de 2023, Teresa fue asesinada a disparos, al tiempo que dos mujeres trans eran abusadas sexualmente y dejadas desnudas en una vía pública, en hechos que aún son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Desde 2021 y hasta 2023, se han registrado en Riohacha, capital del departamento de La Guajira, cinco ataques a personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
Juan Parra se reconoce como gay, reparte su tiempo entre su oficio de estilista y las reuniones que lidera desde la fundación que lleva su nombre para reclamar los derechos que son esquivos a quienes, como él, se salen de la heteronorma.
Sus palabras son directas: “Actualmente la situación que se vive es bastante triste porque no tenemos el acompañamiento del Distrito para desarrollar acciones afirmativas para la comunidad LGBTIQ+”.
Juan Parra lidera una fundación, que lleva su nombre, con la que se encarga de proteger y promover los derechos humanos de la población LGBTIQ+ de La Guajira. Foto: Cortesía de Juan Parra.
Soraya Escobar, Defensora del Pueblo, asegura que en la capital de La Guajira poco se ha avanzado para que se reconozca a esta población en una sociedad con una alta dosis de machismo. Por eso considera que es necesario trabajar desde la promoción, la divulgación y el respeto para el reconocimiento de ese grupo poblacional, sujeto de especial protección, por la violencia y discriminación que enfrenta.
Abraham Puche es el enlace de Riohacha con Caribe Afirmativo, organización que trabaja por el reconocimiento de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas y dice sentirse angustiado por la situación que atraviesan especialmente las mujeres trans en la ciudad, pues son ellas quienes suelen tener mayores barreras y se enfrentan a humillaciones cuando llegan a las instituciones de salud y son llamadas por su nombre jurídico, en lugar del identitario.
El 28 de mayo de 2019, el concejo del Distrito de Riohacha expidió el acuerdo 010 por el cual se reglamentan e implementan estrategias de promoción de los derechos y la prevención de la discriminación de la población LGBTI con el fin de mejorar su calidad de vida y el proceso de inclusión.
El acuerdo representa la lucha de varios años de una comunidad que enfrentó un sinnúmero de dificultades, como el desconocimiento de sus derechos en entidades públicas, discriminación para el acceso al trabajo, y la atención diferencial en el sistema de salud.
En principio, por el poco avance de la administración en generar políticas públicas que garanticen desde la vista de educación, salud, cultura la garantía de derechos humanos, sexuales y reproductivos.
Respecto a la educación en sexualidad la ley 115 articulo 13 y 14 promulga que debe haber educación en sexualidad de carácter obligatorio en todos los establecimientos educativos.
En el artículo 13 en el literal d, se precisa desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida familiar armónica y responsable.
En tanto en el artículo 14 sobre enseñanza obligatoria, se plantea en el literal e, la educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad.
En ese sentido, es importante referenciar la edición revisada de las Orientaciones Técnicas Internacionales sobre “Educación en Sexualidad: Un enfoque basado en la evidencia”, donde la organización de las Naciones Unidas plantea que con la educación integral en sexualidad se reafirma la posición de la educación en sexualidad dentro de un marco de derechos humanos e igualdad de género; promueve un aprendizaje estructurado acerca del sexo y de las relaciones de una manera positiva, fortalecedora y centrada en lo que es mejor para una persona joven.
En el capítulo 3 Salud y Bienestar de los y las jóvenes, en la línea de personas jóvenes, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI): precisa sobre las restricciones y sanciones serias que se imponen a las personas LGBTI en muchos países del mundo. Estas restricciones se manifiestan en la persecución directa e indirecta, incluidos: el enjuiciamiento activo de las personas (IPPF y Coram Children’s Legal Centre, 2014); la falta de protección de las personas contra el hostigamiento, la estigmatización, la discriminación y el daño sobre la base de su orientación sexual, identidad o expresión de género; o en el caso de los niños y jóvenes intersexuales, la falta de protección contra procedimientos quirúrgicos u otros que puedan causar infertilidad permanente, dolor, incontinencia, pérdida de sensación sexual y angustia mental para toda la vida (ACNUDH, 2016); y una falta de acceso para rectificar mecanismos. No existen suficientes investigaciones sobre las vidas y necesidades sexuales y reproductivas de los jóvenes LGBTI.
Isabel María Valdeblánquez, directora de Asuntos Sociales del Distrito de Riohacha, reconoce que se han dado pasos positivos en la garantía de los derechos de esa comunidad discriminada por mucho tiempo, como la publicación de la política pública a través del acuerdo 010, que se constituye en una herramienta de gobierno que ayuda al pleno reconocimiento en la sociedad.
Sin embargo, advierte que en el presupuesto del Distrito no existen recursos económicos puntuales para darle vida a dicho acuerdo.
Los recursos hacen parte de la atención a la población vulnerable en general, lo que dificulta que desde la administración se desarrollen programas y proyectos para reivindicar unos derechos que no se garantizan.
La funcionaria plantea entonces recurrir al gobierno nacional y a los cooperantes para cumplir con lo propuesto en el Plan de Desarrollo 2024-2027. “Las intenciones las tenemos y son muy claras. Por eso nos toca hacer esfuerzos con la ayuda nacional, con cooperantes, pero debemos responderle a una población que tiene una política pública y una necesidad sentida”, explica.
Plan de Desarrollo
El alcalde de Riohacha, Genaro Redondo Choles, es médico y presentó al concejo el Plan de Desarrollo 2024-2027, que fue aprobado en sus sesiones reglamentarias. El documento de 450 páginas pasa muy por encima el tema de la comunidad LGBTIQ+.
En la página 153 se encuentra el capítulo Población LGBTIQ+, donde todos somos iguales, en el cual se plantea que el Distrito deberá adelantar acciones para el reconocimiento de esa población, con el fin de estimular procesos organizativos que permitan hacer visibles sus necesidades como la conformación de la Mesa Distrital de Participación. El Plan, denominado una Riohacha socialmente sana y sostenible busca promover la inclusión, la igualdad, el respeto y la no discriminación. Esto implica la construcción de entornos sanos, en los que no se limita el ejercicio de los derechos, se eliminan las barreras para garantizar el acceso a los servicios de salud, hay reconocimiento legal mediante el cambio al nombre identitario de quienes lo deseen y medidas de protección que respalden ese proceso de transición.
En el eje estratégico Riohacha socialmente sana, se ubica a esta población en la línea Inclusión social y reconciliación, con grandes apuestas para responder a las necesidades que los grupos vulnerables del Distrito de Riohacha, tanto en lo urbano como lo rural. El objetivo de esta apuesta es mejorar la calidad de vida de sus habitantes mediante un proceso continuo y multidimensional, que requiere de la colaboración de diferentes actores, incluidos los gobiernos departamental y nacional, la sociedad civil, el sector privado y las instituciones académicas.
Sin embargo, a pesar de que esta población es de especial protección en el Plan de desarrollo, las únicas acciones claras tienen que ver con el servicio de promoción y divulgación de la garantía de sus derechos.
Abraham Puche, enlace de Caribe Afirmativo, explicó que las sugerencias planteadas por la Red distrital LGBTIQ+ no fueron tenidas en cuenta por la administración.
“En la parte de la institucionalidad sí veo que hay un retroceso, incluso se ve reflejado en el Plan de Desarrollo. A nosotros nos convocaron y participamos en múltiples mesas, dejamos aportes como establecer un porcentaje mínimo de oferta laboral dirigido a la población LGBT para que haya una posibilidad de acceso a empleo; propuestas que no fueron consideradas. No hay política con enfoque diferencial”, dice Puche.
Abraham Puche es enlace de Caribe Afirmativo.
Políticas públicas de papel
Para Caribe Afirmativo, las políticas públicas que reivindican los derechos de la comunidad LGBTIQ+ son de papel porque no atienden las necesidades estructurales de la población a la cual se quiere impactar.
“Esa situación traduce que la política pública se vuelve de archivo en un documento que nunca llega a la luz frente a su implementación”, dijo, Ces Badillo, coordinadora de incidencia de Caribe Afirmativo.
Sin embargo, para Isabel María Valdeblánquez, directora de Asuntos Sociales del Distrito de Riohacha, el hecho de que haya una política pública es un avance porque les permite contar con una herramienta necesaria para reivindicar los derechos de esa población a través de iniciativas que se pueden trabajar con otras instituciones.
Para Ces Badillo Gutiérrez, coordinadora de incidencia de la Corporación Caribe Afirmativo, Colombia es un país bastante particular frente a su ejercicio de reivindicación de derechos. Por un lado, se reconoce que efectivamente se ha avanzado en la producción de políticas públicas, de acciones afirmativas, de planes de desarrollo más incluyentes. Pero se está en un punto en el cual hay que dar un salto cualitativo, porque más allá de la nominación en esa herramienta de planeación, es necesario consolidar una estrategia de implementación que pueda incidir sobre la situación de derechos.
Badillo Gutiérrez va más allá y expresa que no habrá un ejercicio pleno de derechos mientras que las herramientas no cuenten con los mínimos para que las acciones y la nominación de ese grupo poblacional se materialicen en acciones concretas.
Por ello, la Corporación y otras organizaciones sociales trabajan con el Ministerio del Interior para brindar recomendaciones al gobierno nacional en el fortalecimiento de la implementación de la Política Pública Nacional LGBTIQ+.
“Desde el Ministerio del Interior estamos trabajando para generar unos lineamientos mínimos sobre los cuales cada administración debe trabajar y que, si no se cumplen, entonces no podemos hablar de que exista una política pública LGBTIQ+”, precisó Badillo Gutiérrez.
La coordinadora de Caribe Afirmativo señaló de manera explícita que en Colombia año tras año siguen aumentando los niveles de violencia contra las personas LGBTIQ+. Además dijo que el departamento de La Guajira termina siendo un territorio bastante hostil para esa población cuando una persona tiene una identidad sexual fuera del canon heteronormativo y la expresa abiertamente, se somete a riesgos que tiene que ver con la falta de garantías del Estado.
“A mayor visibilidad, mayor riesgo. Efectivamente, en un país donde el año pasado se asesinaron más de 140 personas LGBTIQ+, mostrarse abiertamente como tal aumenta de manera significativa el nivel de riesgo”, dijo Badillo Gutiérrez.
Población agredida
La Red Distrital LGBTIQ+ de Riohacha, (conformada por las organizaciones Más que un amigo, Cactus Guajira, Douglas Ceballos, Deporte para todos, La sombra del amigo y Fundación Juan Parra), advierte que la población es sujeta de hechos violentos y actos discriminatorios, especialmente hacia las mujeres trans como Mary Cruz y Cinthia, amenazadas a través de un panfleto en el que les advertían que serían violentadas.
Esa situación la referenció Juan Parra, miembro de la red, quien advirtió de otros hechos como maltrato físico, discriminación y hurto: “Nos sentimos desprotegidos. La institución y La Policía deben tener más accionar con esta población y estos líderes sociales que siguen reclamando espacios seguros en la capital de La Guajira”, señala.
Los integrantes de la Red se reúnen cada quince días para analizar diferentes casos, como la vicisitud de una pareja de lesbianas a quienes un notario de la ciudad se negó a formalizar su unión matrimonial, pese a que en Colombia el matrimonio igualitario es legal desde 2016.
En un documento enviado a la Defensora del Pueblo, Soraya Escobar, los integrantes de la Red le solicitaron su intervención ante las peticiones que enviaron al alcalde Genaro Redondo, como la actualización de la política Distrital de la población LGBTIQ+, el nombramiento de un enlace distrital que sea parte de la población y la concertación de acciones que visibilicen las líneas de política pública en el Plan de Desarrollo con programas y recursos asignados.
Los casos
Sobre este grupo de población se ejercen diversos tipos de violencia, de acuerdo con las denuncias que llegan a la oficina para los derechos de las mujeres y asuntos de género. Entre estas figura la violencia familiar a razón de la orientación sexual, vulneración de derechos por su orientación sexual, violencia sexual por actos del conflicto, por prejuicios y “correctiva”.
La Defensora advierte también de situaciones que no se denuncian por temor y vergüenza, lo que indicaría de un alto subregistro que afecta el buen vivir de esta comunidad. Además, recalcó que la administración distrital de Riohacha no cuenta con un diagnóstico que le permita garantizar las inversiones en el presupuesto que orienten a esa población hacia la estabilidad y a la inserción social y laboral. A la vez que expresó que los entes territoriales deben darle el reconocimiento a esa población de la misma manera que se hace con otras igualmente vulnerables, como indígenas y afrocolombianos.
La funcionaria dijo que desde la Defensoría se trabaja para que las políticas públicas de los diferentes municipios tengan la mirada puesta en esa población vulnerable y se implementen las medidas que les ofrezcan garantías para la convivencia pacífica y en su proyecto de vida.
“Se está trabajando en la atención de superar esa violencia que se ejerce sobre esa población, para establecer canales de atención y de vinculación de la población a todas las actividades de la sociedad”, expresó la funcionaria.
Voces de la comunidad
Wilder Guerra Cúrvelo, antropólogo wayuu y docente de la Universidad del Norte, precisa que se debe marchar hacia el reconocimiento de la comunidad LGBTIQ+ y una frontera por conquistar.
“La gran tarea de la humanidad es marchar hacia el horizonte y el horizonte es reconocer derechos, ampliar fronteras, lo estamos haciendo con lo no humano hablo de plantas, animales, de ríos como el Ranchería y el Atrato que han sido reconocidos, ahora tenemos que ampliarlo con mucha más razón al mundo de los humanos, y en la diversidad hay libertad de expresarse libremente en su creencia religiosa, de género, deportivas, políticas, económicas, religiosas entonces creo que hay una tarea grande por hacer”, asegura Guerra.
María Isabel Cabarcas es abogada, docente de la Universidad de La Guajira y se muestra muy optimista frente al reconocimiento de esta población en la ciudad de Riohacha: “La realización de marchas, los diálogos y eventos, los proyectos sociales y culturales, el valioso aporte del carnaval de Riohacha, y la vocería permanente de sus líderes, debe seguir fortaleciéndose y escuchando, pues es necesario avanzar juntos en la construcción permanente de un proyecto societario que reconoce y respeta la diversidad y del cual todos somos parte sin distinción alguna”.
Mientras en la capital de La Guajira la comunidad LGBTIQ+ multiplica sus esfuerzos por reivindicar sus derechos, la indiferencia de ciertas autoridades se mantiene, los insultos homofóbicos y el acoso se lanzan contra aquellos que muestran expresiones de género que se consideran distintas. Por eso, cuando salen a la calle se vuelven a esconder.
“Cuidan las formas. He tenido compañías masculinas que han accedido a estar conmigo porque tengo apariencia masculina, porque en la calle a ellos no los van a señalar porque anda con una marica, lo que no pasa con otras personas que presentan unas expresiones de género más marcadas. Y sí, hay mucho conservadurismo en esta ciudad, pero giran en torno a la expresión. Tú puedes ser lo que sea, pero que no se te note”, contó un activista que prefiere reservar su nombre.
La Corporación Caribe Afirmativo insiste que no hay apropiación de lo que implica hablar de enfoque diferencial y mucho menos de su aplicación en herramientas de planeación. Además, de manera general, las personas que están a cargo sobre todo a nivel territorial no cuentan con las herramientas teórico-prácticas para incluir de manera efectiva los diferentes enfoques diferenciales.
En la capital de La Guajira se requiere abrir más espacios para reconocer a quienes desde la diferencia siguen trabajando para demostrar que son personas libres, con derechos iguales que han ganado con su trabajo y activismo diario.
Esta historia hace parte del proyecto de formación ‘CdR/Lab Periodismo y sexualidad: informar desde la evidencia’, financiado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y realizado por Consejo de Redacción (CdR).