En Arauca, la reconstrucción del tejido social ha sido un “plan de vida para las víctimas”. Esto se puede ver afectado con los desplazamientos de algunas comunidades a los cascos urbanos y la frontera.
Liderazgo de organizaciones, a la cabeza
Promovido por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Arauca, el pedagogo Wilfredo Donado Leal aspira a la curul de paz. Es oriundo de Arauquita, tiene 42 años, es especialista en docencia universitaria de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), con una experiencia en las aulas de diez años. Cuenta que es el legado de su padre, Pablo Emilio Donado, un militante de la Unión Patriótica y del Partido Comunista, que llegó a ser concejal de ese municipio en 2001 y que fue asesinado a manos de paramilitares. Este es el hecho victimizante que lo impulsa a trabajar por la paz en la región.
Otro de los aspirantes es Rodulfo Arciniegas Guevara, promovido por la Asociación Granja Integral Tamarindo “Granadita”. Su liderazgo se ha enfocado en las comunidades campesinas, en las familias vulnerables y en condición de discapacidad. Es egresado del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), de donde se graduó como técnico en soldadura. Cuenta que junto a su familia fue desplazado del municipio de Tame (Arauca) a Yopal (Casanare), luego de las intimidaciones de guerrilleros del Eln, que querían reclutar a sus dos hermanos mayores.
La creación de la Fundación Sembrar en Casanare es una de sus cartas de presentación. Esta organización trabaja por la defensa de las víctimas del conflicto armado y el mejoramiento de sus condiciones de vida, así como la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación integral. Desde 2017, Arciniegas Guevara retornó a Arauca, pero se mueve en ambas regiones tanto con sus proyectos como con la campaña para la curul de paz.
También aspira llegar al Congreso Xiomara Blanco Macualo, de 25 años, oriunda de Arauquita. En 2010 asesinaron a su papá y esto la obligó a desplazarse con su familia a Yopal. Su experiencia de trabajo con las comunidades la ha desarrollado en la Fundación Sembrar, desde hace 5 años. Junto a Arciniegas, trabajan de la mano en la campaña y en las visitas a las comunidades.
Shirley Patricia Moreno Palencia, de 41 años, es otra de las aspirantes. Promovida por la Asociación de Sobrevivientes de Minas Antipersonal Luchando por la Dignidad y la Paz (Asodigpaz). Esta habitante de Puerto Jordán, población límite entre Arauquita y Tame, es madre de tres hijos y licenciada en pedagogía infantil. En 2003 salió desplazada y en 2017 fue víctima nuevamente de desplazamiento forzado y secuestro. Lleva diez años trabajando por dignificar a las víctimas y esta labor la ha ejercido desde la Mesa Departamental de Víctimas, en Tame. También es reconocida por liderar procesos con mujeres y de hacer pedagogía sobre la Ley 1448 de 2011. En 2020, Asodigpaz recibió el premio CaMina, entregado por la Corporación Reconciliación Colombia, como reconocimiento a la labor que se desarrolla Arauca por los sobrevivientes de las minas antipersonal.
Candidatas con experiencia en lo público
Karen Astrith Manrique Olarte, de 31 años, es administradora de empresas, especialista en gestión pública y gestión de proyectos, y actualmente adelanta proceso de convalidación de una maestría Derechos Humanos y Derecho Internacional de conflictos armados, y cursa otra en derecho ambiental y sostenibilidad, según afirma. Es respaldada en su candidatura por la Asociación de Víctimas Intercultural y Regional (Asvinreg), que desarrolla proyectos agroindustriales entre los sectores públicos y privados.
Desde la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) ha trabajado como asesora en planes de acción para la transformación rural en los municipios PDET. Dentro de su experiencia en el sector público figura haber sido secretaria municipal de Bienestar Social en Tame, entre enero y abril de 2020, bajo la administración del liberal Aníbal Mendoza Bohórquez, quien enfrenta un proceso en el Tribunal Administrativo de Arauca, que aceptó en febrero de 2020 una demanda por presuntas irregularidades en su elección en los comicios de 2019. Desde la fecha de la admisión, en la página de consulta de la Rama Judicial no reposan nuevas actuaciones.
Fue asesora en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Nevardo Eneiro Rincón (Partido Liberal), quien fue diputado y representante a la Cámara por Arauca y a quien el Consejo de Estado le decretó la pérdida de investidura en 2021 por violación al régimen de inhabilidades relacionadas con un contrato para la construcción de la sede del Gaula-Sipol Arauca. Su esposo, Gustavo González Ruiz, ha sido representante legal del Consorcio Construhabitat Rural Arauca, que adelantó proyectos de construcción de viviendas de interés social en el Departamento, y también ha sido contratista de la Alcaldía de Tame.
Otra de las aspirantes es la contadora pública, especialista en Gestión de la Empresa Pecuaria, Leyi Melón Robles, oriunda de Tame, avalada por el Consejo Comunitario Panamá de Arauca. Según lo que da a conocer en la red social Facebook, se ha desempeñado como gerente del Comité de Ganaderos de Tame, y directora administrativa y comercial de la Feria Ganadera. En dicho Comité también ha coordinado proyectos en todo el Departamento y apoyó en 2014 la implementación de Asistigan, un proyecto creado por la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán-FNG), en 2009, para impulsar la modernización de los pequeños ganaderos de Colombia.
Entre el 1 de enero y el 23 de febrero han muerto en Arauca 84 ciudadanos, más de una docena de disidentes de las Farc, y 2687 personas han sido desplazadas.
¿Militarizar es la solución?
Actualmente, la zona tiene despliegue militar con dos batallones que buscan contrarrestar los ataques del Eln y de la disidencia del Frente 10 ‘Martín Villa’ de las Farc, los cuales se han ido fortaleciendo en territorio venezolano hasta llegar a Arauca. Pero, la decisión de militarizar tiene pros y contras. Como lo explica Andrés Cajiao, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, la Fuerza Pública se concentra en los cascos urbanos y “podría llevar a aumentar las restricciones y presiones de los grupos armados sobre las comunidades rurales”, lugares en donde se desarrollarán las elecciones para estas curules. Por su parte, Torregrosa dice que los candidatos “no la tienen fácil”, ya que algunos alcanzaron a hacer campañas en diciembre y este año muy pocos han podido ir a las veredas. “El resto lo están haciendo por vía virtual y por emisoras. Todo tiende a empeorar”, concluye este experto.
