Aury Bonaci es venezolana, lleva diez años en Colombia y aún no tiene permiso de permanencia. Se lo negaron, dice ella, porque tiene tres comparendos por problemas en el mercado, donde ejerce de vendedora ambulante y por saltarse un pare en una moto. Briskelys Álvarez, su compatriota, sigue a la espera de que sus dos hijos sean recibidos en el colegio. No los aceptan, asegura, porque no tienen los documentos en regla. Para Aury y Briskelys, el anhelo de una vida mejor se ha visto frustrado por las barreras que desconocen los derechos que tienen en el que es su país de acogida.
En la Costa Caribe hay cerca de 392.000 venezolanos. El departamento del Magdalena acoge a unos 83.000, de los cuales aproximadamente 60.000 están en Santa Marta. La mayoría son mujeres y muchas de ellas desconocen sus derechos, lo que las hace más vulnerables. A la dura situación que enfrentan se suma el no saber que hay instituciones que deben garantizarles el ejercicio de esos derechos. Violencia sexual, violencia intrafamiliar, discriminación, dificultades para el acceso a la salud y a la educación son, entre otras, algunas de las problemáticas que afectan a este colectivo. En este video se recoge el testimonio de varias mujeres venezolanas que reclaman sus derechos y se explican algunas de las rutas que deben seguir para recibir atención.
Este trabajo periodístico fue elaborado en el marco de ‘Periodismo en movimiento. Laboratorio de creación de historias sobre migración venezolana en Colombia’, iniciativa de Consejo de Redacción y el Proyecto Integra de USAID. Su contenido es responsabilidad de sus autores y no refleja necesariamente la opinión de USAID o el Gobierno de los Estados Unidos.