La pandemia desnudó los modelos desventajosos de contratación a los que está expuesto gran parte del talento humano de salud en Colombia. Foto Hugo Mario Cárdenas López
Óscar Tulio González Riascos, un bonaverense que dedicó 30 años de su vida a la medicina, fue el primer médico que falleció a causa de COVID-19 en Cali. Era de esos valientes a los que cada día, a las 8 de la noche, los caleños aplaudieron en cuarentena; a quienes el Gobierno bautizó como ‘héroes sin capa’. Lo de la capa es lo de menos, el problema es que tampoco tienen prestaciones sociales.
González laboró para instituciones como el Hospital Universitario del Valle, la Cárcel de Mujeres y el Hospital Departamental de Buenaventura. Últimamente tenía tres consultorios en los barrios El Lido, San Judas y San Fernando, pero nunca cotizó a pensión ni a salud, tampoco tenía derecho a vacaciones, cesantías, primas ni dominicales.
Estaba tan desprotegido como el 80 % del personal de salud en Colombia, como lo advierte la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos y la Asociación Nacional de Trabajadores (Anthoc). En esas mismas condiciones de indefensión quedó su familia tras su muerte el pasado 15 de abril, cuando perdió la batalla contra el virus.
Cinco meses después de iniciada la pandemia, a finales de agosto, y cuando 45 empleados más de la salud en Colombia habían muerto, se supo que quienes están en primera línea en la contención del virus lo hacen bajo su responsabilidad y riesgo. Una realidad que desnudó el virus y que confirmó la Contraloría General de la República en una encuesta realizada en julio pasado a 12.230 profesionales de la salud en Colombia, quienes aseguraron en un 43 por ciento que están contratados por prestación de servicios, tercerizados o en provisionalidad.
Y no son solo los empleados de la red de hospitales públicos. Lina Triana, presidenta de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y Estética Reconstructiva, reconoce que los médicos en el sector privado también carecen de condiciones dignas y justas. “Nos contratan por prestación de servicios o por evento mediante un contrato tipo comercial para que no tengamos derechos como empleados”.
Otra forma de vinculación, según la doctora Triana, es mediante agremiaciones sindicales que contratan directamente con los hospitales como único camino para que el médico ingrese al sistema de salud, pero sin garantías y normalmente pagando un ‘peaje’ para poder entrar a trabajar.
En el Valle del Cauca, que según el Instituto Nacional de Salud, registraba la cifra más alta de empleados de la salud contagiados con el virus (5.234 casos de los 15.512 que llevaba el país hasta el 14 de octubre), la contratación del personal administrativo y de salud en los hospitales quedó a merced de lo que decidan estas ‘agremiaciones sindicales’, que no son lo uno ni lo otro, según Jorge Rodríguez, directivo de Sintrahospiclínicas, el sindicato de trabajadores del Hospital Universitario del Valle Evaristo García (HUV).
“Somos los esclavos modernos”, asegura el ginecólogo Jorge Enrique Enciso, presidente de la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos, “nos pagan muy mal y tarde, si es que nos pagan, y no tenemos derechos laborales. Pasamos de ser unos profesionales liberales a ser obreros de la salud altamente calificados, pero con pésimas remuneraciones, que por lo general las hacen entre 90 y 360 días después de prestado el servicio, si no las glosan. Eso nos ha llevado al multiempleo que nos está esclavizando”.
Desde enfermeros hasta médicos especialistas están vinculados de una manera que no tienen derecho a pensión ni prestaciones sociales. Foto: Bernardo Peña / El País
Asegura que las cifras extraoficiales que manejan, apuntan a que cerca del 80 % del talento humano en salud está contratado por prestación de servicios y solo el 20 por ciento tiene contrato directo con el centro asistencial. “Por cada $100 que a mí me pagan por prestación de servicios, solo me quedo con $60 porque el resto debe ser para pagar pensión y seguridad social. Cuando a mí me contratan de planta por $60 pesos, no me gano $60, sino que estoy ganando $80 porque tengo vacaciones, primas, cesantías y seguridad social”.
Así el doctor Enciso concluye: “Estamos tercerizados por sindicatos de papel que les pertenecen a unos políticos o al gamonal de la región. Si nos enfermamos o nos incapacitamos no tenemos derecho a nada”.
Esos sindicatos de papel a los que se refiere el presidente de la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos son la segunda generación de las llamadas Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA).
Lo único que cambian son las leyes
Desde camilleros hasta médicos especialistas padecen hace décadas el modelo de negocio avalado por la Ley 100 de 1993 y que permite a clínicas y hospitales subcontratar sus procesos para subsanar las deficiencias del Estado en la prestación del servicio.
La misma Ley 100 transformó los centros médicos en Empresas Sociales del Estado (ESE) y vino el auge de las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA), en las que se descargó el peso de contratar el personal administrativo y el talento humano en clínicas y hospitales.
En la época en la que se estaba negociando el TLC con Estados Unidos, recuerda José Norman Salazar, presidente de la Academia de Medicina de Caldas y director del Centro Colombiano de Derecho Médico, abundaban las CTA. “Muchos hospitales públicos las buscaron para disminuir la carga laboral, pero con el TLC uno de los requisitos de EE. UU. era combatir esas formas y la Procuraduría emitió una circular amenazando con procesos disciplinarios a los hospitales y eso sirvió para acabar muchas de esas cooperativas, pero se pasaron a otro lado y cambiaron de nombre, pero en esencia buscaban lo mismo, tercerizar”.
Al contratar el personal de salud mediante prestación de servicios o por agremiaciones sindicales se busca reducir la carga laboral de los hospitales. Foto: Bernardo Peña / El País
Apareció entonces lo que el gremio médico considera el nuevo modelo de tercerización laboral: las agremiaciones sindicales. El mayor peso de la contratación del talento humano en salud en el Valle recayó sobre la Asociación Sindical de Trabajadores de Colombia y la Salud (Asstracud) y la Asociación Gremial Especializada de Occidente (Agesoc), ambas con personería Jurídica otorgada por el Ministerio del Trabajo en mayo del 2012.
En estos ocho años Agesoc ha firmado 2.159 contratos para suplir de personal a hospitales y clínicas por cerca de $3 billones al valor del 2020, según la documentación que reposa en la Cámara de Comercio de Cali para inscribirse en el Registro Único de Proponentes. El más grande de ellos firmado con la Red de Salud ESE Centro, su principal cliente, por 40.485 salarios mínimos mensuales vigentes.
Entre tanto, Asstracud reportó con el mismo propósito 214 contratos sindicales por unos $266.000 millones, en pesos del 2020, siendo su principal cliente el Hospital Universitario del Valle y el de mayor valor un contrato realizado por 14.856 salarios mínimos mensuales vigentes.
Aunque se supone que los afiliados a estas agremiaciones sindicales sin ánimo de lucro son socios partícipes en estos contratos, para el talento humano en salud en el Valle nada ha cambiado. Por el contrario, denuncian que las condiciones son cada vez menos dignas.
Darío Salazar es cirujano plástico y era agremiado de Agesoc. Fue expulsado del Hospital Universitario del Valle un día después de denunciar ante una comisión de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca el deterioro de las instalaciones y la reducción de tres a solo un quirófano, según denunció el Partido Mira en un comunicado.
Aunque el médico dijo desconocer las causas exactas por las que fue retirado del Hospital y se abstuvo de responder otras preguntas, Héctor Fabio Osorio, directivo de Sintrahospiclínicas, había advertido que tras las denuncias de Salazar en medios de comunicación seguramente sería despedido, como en efecto ocurrió al día siguiente.
“El famoso contrato sindical no es ningún contrato, son las mismas cooperativas disfrazadas”, asegura Adolfo Villota, directivo de Sintrahospiclínicas en el Valle. Expone: “Cuando se crea un sindicato es porque se tiene un patrón; pero estas agremiaciones salieron de la nada y no han cambiado su forma de actuar con el trabajador”.
Pero sí tienen origen. La asociación gremial Asstracud, según empleados de la salud, fue creada a partir de la Cooperativa de Trabajo Asociado Multisalud que años atrás controlara el fallecido exsenador Juan Carlos Rizzetto y que ya transformada pasó a manos de su esposa, Ángela María López, quien es hoy su representante legal.
La ley ordena que todo el personal misional de hospitales públicos debe ser contratado de planta, pero eso en Colombia no ocurre. Foto: Bernardo Peña / El País
De estas agremiaciones como Asstracud, asegura Villota, lo más perverso es que el trabajador no recibe salario, sino unas compensaciones económicas. “Se supone que son socios en un proceso de contratación que hizo la agremiación con el Hospital Universitario del Valle y resulta que les aportan a salud y pensión sobre un mínimo o menos, y así estafan al Estado porque todo lo que uno recibe de un patrón es salario”, explica el dirigente sindical.
José Norman Salazar, presidente de la Academia de Medicina de Caldas, agregó que el efecto de mediano y largo plazo de esa deslaboralización “es que el nivel salarial del talento humano en salud va en descenso, hay una pérdida de poder adquisitivo y hoy estamos viendo casos de médicos que se están pensionando con un salario mínimo”.
El Hospital Universitario del Valle Evaristo García es el más grande del suroccidente colombiano y presta servicios de mediana y alta complejidad. De las 1.425 personas que allí laboran, de acuerdo con Sintrahospiclínas, el 75 % llegó a través de estas agremiaciones sindicales y solo 312 personas son empleados de planta.
“Bajo ese modelo de contratos basura está entre el 78 y el 80 por ciento de los empleados de la salud”, indica Darwin Duque, vicepresidente de la Asociación Sindical de Trabajadores de la Salud y la Seguridad Social (Anthoc), quien asegura que los contratan solo por tres o cuatro meses y luego los despiden al vaivén de la política.
Advierte Duque que si alguien investiga estas agremiaciones sindicales se dará cuenta de que no las creó un trabajador porque necesita originar y dar empleo. “Son actores políticos que saben que alrededor de esto hay mucho dinero; hemos denunciado públicamente que a estos trabajadores les toca a fin de mes sacar de su remuneración para entregarle la cuota al político o al que contrata. Esa explotación es a lo que llamamos contratos basura”.
Ante los duros cuestionamientos a estas agremiaciones sindicales se buscó durante tres semanas a Alba Ruth Libreros, representante legal de Agesoc, en su oficina y se dejaron mensajes con su secretaria Adriana Gómez, pero hasta el momento de publicar no habíamos tenido respuesta. Caso similar sucedió con Astracud.
Para el presidente de la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos, Jorge Enrique Enciso, ya el gremio está cansado de ser pisoteado por los dueños de la salud. “Todas las noches el señor presidente nos llama héroes, pero hay compañeros en huelga de hambre porque llevan meses sin que les paguen”.
Dos pulpos, muchos tentáculos
La salud es solo uno de los ‘negocios’ de las agremiaciones sindicales en el Valle. Cada día acumulan más contratos en otros sectores, así como quejas y denuncias como la que recibió la Contraloría Departamental el 22 de mayo del 2019 por presuntas irregularidades en las etapas de contratación del Hospital Universitario del Valle y estas agremiaciones sindicales.
Las agremiaciones sindicales son una versión moderna de las cooperativas de trabajo asociado, señaladas de explotación laboral al personal de salud. Foto: Bernardo Peña / El País
Para el 2019, según la Contraloría, el HUV contrató con Agesod más de $45.500 millones y con Astracud cerca de $29.600 millones. Entre las principales conclusiones del informe final estuvo que en etapa precontractual no se detalla la cantidad de personal requerido para ejecutar el contrato ni la experiencia, ni el perfil que debe acreditar el empleado de acuerdo con las necesidades de cada área.
También describe el ente de control que en el acta de finalización no existe una relación detallada de los servicios, las horas cumplidas por el contratista con su respectivo valor y deja en duda si fue real el valor estimado del contrato, si hubo interventoría y si se eligió la oferta más favorable.
Concluye, además, que “de acuerdo con los informes presentados por el interventor de estos contratos no se evidenció seguimiento a los descuentos efectuados por el Hospital teniendo en cuenta los numerosos reportes negativos ante el esquema de turnos asignados a la agremiación por ausencia o retrasos de los agremiados”.
Este informe, como varios de los que ha hecho la Contraloría departamental del Valle en los últimos años, encuentra las mismas irregularidades y concluye que pudo estar en riesgo la prestación del servicio.
Aunque la Contraloría reiteró que son casi inauditables los contratos con agremiaciones sindicales, el 30 de marzo del 2020 el gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres, designó mediante la resolución GG-1164-2020 otro contrato por $10.571 millones con Asstracud, cuyo objeto es “prestar apoyo en la ejecución del proceso de médicos generales del Hospital Universitario del Valle Evaristo García en aproximadamente 107.590 horas”. Sin más detalles.
“Esto no es solo en el HUV; todos los hospitales del departamento, las ESE de primer nivel tienen parte de su personal vinculado por nómina, pero la mayoría es por agremiaciones o prestación de servicios. Un modelo que se diseñó por libre comercio y lamentablemente se ha mantenido en algunos casos por temas de costo”, explica el gerente del Hospital Universitario del Valle.
Agrega: “En mi caso, encontré esos modelos cuando llegué al hospital y he tratado en el mediano y corto plazo cambiar de agremiaciones a contratos de prestación de servicios. Cuando fui gerente del Hospital Mario Correa Rengifo, en Cali, traté de crear plantas temporales. Pero no es un tema diseñado por los hospitales, sino una política del Gobierno”.
Pero el apetito de estas agremiaciones sindicales, que en solo ocho años se convirtieron en dos de los gigantes de la contratación en el Valle del Cauca, como más adelante lo refiere la Auditoría General de la Nación, no se limita solo a la salud.
Toda la contratación —asegura bajo reserva de identidad un exempleado de una de estas agremiaciones— “es direccionada por políticos y entre más se deterioren las condiciones laborales a médicos y enfermeros, mayores son las ganancias. Ahora sé por excompañeros que con las agremiaciones sindicales están tercerizando otros sectores laborales y temo que la salud pasará a un segundo o tercer plano”.
Sectores políticos han manejado en los últimos años los hilos de la contratación del talento humano en salud en los hospitales del Valle. Foto: Bernardo Peña / El País
Además del manejo de buena parte de los hospitales del Valle, la Alcaldía de Tuluá le adjudicó también a Asstracud el pasado 2 de abril el contrato 310-20-1-25 por $200 millones para el aseo, desinfección y mantenimiento de las escuelas del municipio, incluidas labores como barrer los parqueaderos, botar el agua de las materas y lavar las canecas de basura.
Tres semanas después, el 27 de abril, la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Educación, adjudicó los contratos para el suministro de raciones alimentarias para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) con los lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional.
Entre los ganadores estuvo la Unión Temporal Nutriendo Cali 2020-1, a la que la administración del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, le adjudicó un contrato por $2.915 millones y su representante legal es Ángela María López Osorio, la misma representante legal de Asstracud, que ahora prepara también desayunos escolares en alianza con la Fundación Funcol y la Fundación Fomento Social, creada también por su esposo, el exsenador Rizzetto, y cuyo representante legal es Juan Manuel Rojas Rojas, quien también estuvo al frente de Asstracud.
Aunque en apariencia no hay nada irregular en la adjudicación del contrato, llama la atención el documento PRF-2017-00533 de la Contraloría del Huila en el que citaron en diciembre del 2019 a Rojas Rojas a comparecer por un proceso de responsabilidad fiscal por incumplimiento de contratos de alimentación escolar en ese departamento, dejando en duda la idoneidad del contratista para firmar un convenio con el mismo propósito con la Alcaldía de Cali.
Aunque a la fecha no ha sido posible tener la versión de Rojas Rojas, sí le aseguró al diario La Nación a comienzos de este año que la situación fue subsanada, pero no entregó ningún soporte que lo corroborara.
En el caso del Huila, conformaron un consorcio similar al que presentaron en Cali bajo el nombre de unión temporal Alimentación Huila, de la que era parte la Fundación Fomento Social, que según publicó el diario huilense La Nación, citando el informe de Contraloría, “cobró, pero no suministró todas las raciones a colegios rurales del occidente del Huila. La Contraloría falló con responsabilidad fiscal”.
Detalla La Nación que el caso es por un contrato del 2016 por $8.425 millones y afectó a niños de ocho instituciones educativas rurales que no recibieron las raciones o les entregaron mucho menos de lo que contemplaba la minuta, en especial en el municipio de La Plata.
La decisión del 11 de diciembre del 2019, a título de culpa grave, cobijó a Rojas Rojas y a Luz Mabel Pinzón, representante legal del consorcio y vocera de la Fundación Naturaleza y Vida (Fundanavi), quien además fue candidata al Concejo de Palmira en las pasadas elecciones.
“Existe certeza del daño al erario, elemento esencial de la responsabilidad fiscal, ante el incumplimiento del operador en la entrega de alimentos contratada y que le fuera cancelada”, confirmó la Gerencia Colegiada del Huila al proferir la decisión.
Revisada la documentación de la Fundación Fomento Social, figuró hasta hace poco como representante legal Luis Miguel López Osorio, quien, según la fuente que laboró en el área administrativa de una de las agremiaciones sindicales, es el hermano de la representante legal de Asstracud, Ángela María López Osorio. Ella también aparece en la junta directiva de esta fundación en segundo renglón, según el registro de Cámara y Comercio.
Frente a los casos que involucran a Asstracud, se intentó durante varios días hacer contacto con Ángela María López, representante legal y directiva de la Fundación Fomento Social, a través de la secretaria de la entidad, Angélica Restrepo, pero no hubo respuesta por parte de la señora, quien además de salud, aseo y desayunos escolares, lideró otro consorcio para contratar con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Con fecha del 4 de septiembre del 2019, la representante legal de Asstracud se presentó esta vez como titular de la Unión Temporal Generaciones 2020, con la que licitaron en alianza con Funcol, de nuevo con la Fundación Fomento Social y con la Corporación Sol y Luna para ofrecer “programas de promoción de derechos de los niños, niñas y adolescentes y la prevención de sus vulneraciones, dentro del programa Generaciones 2.0 del ICBF, para prestar servicios en Valle, Bogotá y Quindío”, según la convocatoria.
“Este es un negocio gigante que trasciende la salud. Se supone que se contrata por agremiaciones porque es muy oneroso tener todo el personal de planta, pero la realidad es que es lo mismo. Incluso, es hasta más caro sostener a un trabajador por agremiación”, dijo bajo reserva de identidad el exgerente de uno de los hospitales públicos en Cali.
Sindicatos médicos aseguran que no es cierto que al contratar el personal de salud a través de agremiaciones sindicales se reduce el costo de nómina o carga laboral. Foto: Bernardo Peña / El País
Una apreciación que comparte el gerente del Hospital Universitario del Valle. “Lo que sí piensa uno es que el personal en nómina, con este tema de los sindicatos, impacta la prestación del servicio. El HUV tiene cuatro sindicatos y eso afecta la economía y la productividad casi en un 15 %, porque se ampara en unos permisos sindicales para no producir. En ese sentido el trabajador agremiado rinde mucho más porque no se ampara en convenciones colectivas y esta es una empresa que depende de lo que produce”.
En el caso de Agesoc, el otro gigante de la contratación en salud en el Valle del Cauca, y que según la Auditoría General de la Nación, ocupó entre enero del 2014 y julio del 2016 el primer lugar en cuanto a las asociaciones con los contratos más altos del país, figura como representante legal Alba Ruth Libreros Lozada.
Aunque todo su poder se sustentó en millonarios contratos con las ESE en Cali, Agesoc traspasó las fronteras del Valle y presta servicios a la Policía Nacional y en sistemas especiales de salud de las poblaciones indígenas de departamentos como el Cauca.
Agesoc tampoco ha escapado a demandas e investigaciones de contralorías locales y la Contraloría Departamental. El 6 de diciembre del 2019 llegó un anónimo a la Contraloría Distrital de Buenaventura en la que denuncia que algo raro ocurre con “la forma de contratación que está ofreciendo la empresa Agesoc a algunos funcionarios del Hospital Luis Ablanque de La Plata”, la cual seguía su trámite, a la fecha de la publicación, en la oficina de control fiscal en la ciudad portuaria.
Sobre horas extras y dominicales, el último informe que hizo la Contraloría Departamental del Valle, con fecha del 22 de noviembre del 2019, señala que no hay en el Hospital Universitario en la etapa poscontractual “una relación detallada de los servicios, horas cumplidas por el personal ni su respectivo valor”.
Médicos sin autonomía
Tan frustrantes como las condiciones laborales del personal médico en el Valle, es enfrentarse a un modelo de salud en el que los galenos no pueden cumplir su función con “ética y responsabilidad” porque deben adaptarse a las reglas económicas que imperan en el sistema, según los médicos consultados.
No obstante, el médico es esa primera imagen que las personas se hacen del sistema cuando llegan a una cita y algunas personas descargan sobre ellos su malestar con todo lo que no funciona bien. Las noticias en medios dan cuenta de que en varios lugares del país personal médico ha sido maltratado en esta pandemia.
Explica Lina Triana que a los médicos en Colombia cada vez les cortan más las alas y eso la gente no lo sabe. “El médico que está dentro del sistema tiene que atender determinada cantidad de pacientes por hora o tiene limitadas sus citas a unos cuantos minutos. Si él considera que debe demorarse más con un par de pacientes y no alcanza a cumplir la meta, cuando vaya por el chequecito le dicen: ‘muchas gracias por sus servicios y que venga el siguiente, porque médicos es lo que tenemos en este país’”.
El ginecólogo Jorgenrique Enciso asegura que pese a que la ley estatutaria en salud les otorga la autonomía médica, la han perdido por cuenta de la Ley 100. “Ahora no es el médico sino los auditores quienes deciden cuántos exámenes de laboratorio o qué procedimiento o medicamento se le puede enviar a un paciente”.
“Muchas veces uno formula y esas órdenes son glosadas, o sea negadas de forma irregular y así el médico no puede hacer lo que considera básico para ese paciente. Con todo el respeto del mundo, los médicos generales se han convertido simplemente en remitidores, en escribientes, porque no les permiten medicar ni ordenar exámenes de laboratorio”, denuncia Enciso.
Pero ni siquiera ser parte del personal de planta de un hospital es garantía en el Valle. Quienes mejor conocen esa situación son los empleados del Hospital San Juan de Dios de Cali, con 267 años de servicio, a quienes les adeudan siete meses de salario y la prima de junio. El hospital se abstuvo de dar declaraciones al respecto.
En plena pandemia, empleados del Hospital San Juan de Dios de Cali realizaron actividades y plantones exigiendo el pago de sus salarios atrasados. Foto Hugo Mario Cárdenas López
La última asamblea y plantón los realizaron el pasado miércoles 19 de agosto en la entrada principal de la entidad, donde acompañados por congresistas y concejales de Cali hicieron un llamado urgente a dar solución a la crisis.
“En lo que va corrido del año tan solo han logrado cancelar el mes de enero del 2020 a las diferentes modalidades de contratación, y estamos a agosto y ni siquiera la prima de servicios de junio la hemos recibido, además hay trabajadores sin seguridad social integral”, asegura el último boletín institucional, fechado el 8 de agosto del 2020.
“Se sigue incumpliendo el pago de nuestra seguridad social con los riesgos que esto conlleva para los trabajadores y la institución ha dejado de recibir las ayudas que el Gobierno brinda a las empresas para mitigar la COVID-19 a causa de la falta de pago a nuestra seguridad social”, continúa el boletín.
Sobre lo que ocurre con la salud en Colombia, el congresista Carlos Fernando Motoa, integrante de la Comisión Séptima del Senado, donde se han presentado algunas propuestas para modificar el sistema, señala que ojalá pronto se solucione esta crisis originada por la pandemia, “que le deja al Congreso muchas tareas pendientes en materia económica, social, de empleo y salud”.
Y continúa, “nos queda una responsabilidad enorme con el talento humano en salud. Profesionales, técnicos y auxiliares que no les reconocen los muchos años que han trabajado y no tienen prestaciones sociales ni posibilidad de indemnizaciones, incluso por despido injustificado. Ese es un tema que deberá asumir con mucha celeridad el Legislativo”.
Agrega que todas estas modalidades en las que se está contratando en salud “vulneran los derechos de los trabajadores porque la ley ha sido interpretada de mala forma y se le ha hecho un esguince en materia laboral para vulnerar derechos del personal de salud”.
Justamente, sobre ese modelo de contratación, se buscó sin éxito a las representantes legales de las dos agremiaciones sindicales que suman el porcentaje más alto en cuanto a la vinculación de personal en los hospitales públicos del Valle.
Lo más triste es que hay familias como la de Óscar Tulio González, el primer médico que falleció por causa de COVID-19 en Cali, que dependen totalmente de ese miembro fallecido y han quedado en el peor de los mundos, como lo cuenta su esposa, María Eugenia Zuluaga.
Fasecolda ha entregado subsidios de diez millones de pesos a las familias de los empleados de la salud en Colombia que ha muerto en el marco de la pandemia. Foto: Bernardo Peña / El País
“Nos tocó entregar el apartamento porque no tenía cómo pagarlo. A mi hijo de 15 años no lo pude matricular en once, porque estudiaba en Pance y pese a sus buenas calificaciones y a que llevaba allí 10 años no quisieron darme facilidad económica. Me tocó pasarlo a un colegio más barato en Palmira”, asegura Zuluaga.
Ella junto con varias familias de los 93 empleados de la salud que murieron en el país por cuenta del virus, hasta la primera semana de noviembre, tienen como única esperanza de ayuda el subsidio de $10 millones ofrecido por las aseguradoras privadas a través de Fasecolda, como reconocimiento a quienes dieron su vida cumpliendo su labor.
El propósito de las aseguradoras con este incentivo económico, detallan en su página web, es reconocer que los trabajadores de la salud son un símbolo de esperanza en el país. “Por eso la industria aseguradora, a través de Fasecolda, creó La Fuerza que nos cuida, una cobertura gratuita que reconoce la entrega de todas las personas que trabajan en la atención de pacientes con COVID-19 en Colombia”.
Lo que esperábamos con este tema de la pandemia, asegura el gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres, “era que el Gobierno Nacional anunciara que para el beneficio de los hospitales y en reconocimiento a la labor del talento humano en salud se acabaría con la tercerización y se propusiera la formalización laboral”.
Sindicatos médicos insisten en la necesidad de replantear el sistema de salud en Colombia y en que se acabe la figura de las EPS. Foto: Bernardo Peña / El País
“Particularmente no tengo nada contra estos modelos de contratación, pero considero que los trabajadores hospitalarios misionales, todos, deberían ser vinculados por planta en un modelo de gerencia que les mejore las condiciones laborales”, indicó Torres.
Esa falta de garantías laborales fue la que marginó del sistema de salud al primer médico que falleció a causa de COVID en Cali, y lo puso a deambular en oficinas particulares en varios lugares de la ciudad en busca de un mejor salario.
“Una vez tuve una cita en mi EPS y me di cuenta de que necesitaban médicos, le dije a Óscar que por qué no trabajaba en la mañana allá y por la tarde o la noche en los consultorios, me dijo que eso para un médico no era rentable. Que como independiente recibía porcentajes de laboratorios por pacientes remitidos, por medicamentos y otras prebendas que le permitían mejorar su ingreso”, concluye María Eugenia.
Todo lo que queda del médico es un pergamino con las condolencias de la Gobernación del Valle, un mensaje con los pésames de la Alcaldía de Cali y la Presidencia de la República y un trino del Ministerio de Salud lamentado la muerte del ‘héroe’. Puros gestos sin valor en un sistema de salud que para el personal misional parece traer adjunta su propia criptonita.
Hugo Mario Cárdenas