“Los sueños del colono”, así se llama el café que siembra Estefanía Chica junto a su familia en la Zona de Reserva Campesina de El Pato-Balsillas en Caquetá. El café lo recoge, lo seca, lo tuesta y lo empaca con el nombre que hace alusión a los años de lucha y resistencia campesina para que esos sueños de colono se cumplan en medio del resurgimiento del conflicto armado en el territorio.
En los últimos siete años, Estefanía ha participado en la actualización de las normas comunitarias que rigen lo que se debe y no se debe hacer en la zona que históricamente ha sido clave para repeler la violencia contra la población civil, porque les ha permitido plantearles a quienes retomaron las armas, cuáles son las reglas que los propios campesinos y campesinas concertaron para sus territorios.
“Pienso que el Manual de Convivencia es la carta de negociación que tuvimos nosotros con los grupos armados. Parte de ese éxito que se tuvo es que la comunidad lo tenía muy apropiado, lo reconocen como propio y ellos defendieron sus propias ideas”, plantea Estefanía, asesora técnica de la Asociación Municipal de Colonos de El Pato (Amcop) en temas ambientales.
Estas normas comunitarias apuntan a la convivencia pacífica entre vecinos y a la protección del medioambiente, pasando de una visión de explotación de la naturaleza a una relación simbiótica entre el bosque y la vida campesina. Están pensadas en clave de propuestas para solucionar los conflictos socioambientales y buscar unas mejores formas de vida.
Hoy, cuando diferentes grupos armados nacidos después del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc se disputan el control del territorio, imponiendo sus propias reglas, esa herramienta cobra mayor importancia.
El pasado 15 de septiembre, la facción del denominado Estado Mayor Central (EMC), grupo disidente de las extintas Farc, bajo el liderazgo de alias ‘Iván Mordisco’, anunció que retomaría varios territorios de los departamentos de Meta y Caquetá en su puja por el poder con la facción del EMC bajo alias ‘Calarcá’.
«Implica una dura confrontación por la cual no queremos ver implicada a la población civil en esta guerra iniciada por los ya mencionados traidores (‘los fraccionalistas -sic- de los Calarcá’)», reza un panfleto en el que se advirtió a las poblaciones caqueteñas de El Pato-Balsillas, Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán.
“Quien apoye a estos divisionistas se tomará como una traición y afrenta a la lucha del pueblo por la toma del poder”, dice el documento.
Ese anuncio es la materialización de las alertas que la Defensoría del Pueblo venía realizando desde mediados de este año, advirtiendo de la retoma del poder de dos estructuras armadas que se dividieron y que hacían parte del Estado Mayor Central: el Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, con el Frente Carolina Ramírez a cargo de ‘Mordisco’ y el Bloque Jorge Suárez Briceño de ‘Calarcá’.
La Alerta Temprana 023-24 del 10 de septiembre indicó que Caquetá es donde se está dando la mayor confrontación armada de esas dos estructuras del EMC. Y encendió las alarmas porque hay una doble imposición de regulaciones a la vida cotidiana de la población civil, “que antes resultaba unánime en el dominio del Estado Mayor Central, pero que, ante su actual fraccionamiento, parece indicar a las comunidades que ‘deben elegir el bando que van a apoyar’, ya sea a favor del Frente Carolina Ramírez o del Frente Jorge Suárez Briceño”.
En medio de ese desolador panorama, las comunidades rurales resisten gracias a sus procesos organizativos y liderazgos comunitarios.
Al respecto, Abimael Cortés, líder de la inspección Troncales, cuenta que “lo que nosotros queremos hacer es el manejo de cada una de las comunidades, pero llega un actor (armado) a la región y las cosas cambian. Dentro del territorio y la organización hay acuerdos internos de conservar; nosotros les explicamos cuál es nuestro propósito y nuestro compromiso con el medioambiente. Se ha venido hablando y hasta el momento se ha venido respetando”.
De otra parte, Eliana Hernández, lideresa de San Vicente del Caguán, describe los riesgos y las amenazas que implica la presencia de actores armados en el territorio. Ella hace especial énfasis en la ruptura de los lazos comunitarios.
“Tenemos riesgos de defensores de derechos humanos, líderes y lideresas, funcionarios públicos en el territorio y también ha generado una ruptura frente a los procesos organizativos. Creo que hay un descontento frente al ejercicio y San Vicente es históricamente fuerte en el proceso organizativo comunal y campesino, pero hoy vemos una ruptura en ese proceso organizativo de base”, señala Eliana.
Hacia el futuro
Conflicto y minas antipersonal. Puerto Rico, Caquetá. Foto Sergio Escobar.
Con el conflicto en auge, las comunidades afectadas reclaman por las garantías de no repetición enmarcadas en el Acuerdo de Paz con las extintas Farc.
“En algunos territorios la represión es mayor, en otros no ha sido tan fuerte. Hay restricciones y limitaciones de muchos procesos”, dice Abimael, de Troncales. “Sí hay un proceso de paz, pero realmente no ha funcionado mucho. ¿Cuál es el proceso de paz que el Estado le ha dado al campesino? Realmente hay actores armados, no estamos seguros de cuántos hay. ¿Dos o tres? Ellos son personas que pasan, pero presencia sí la hay”.
En medio de estos avatares y de un panorama poco alentador, la población campesina tiene la esperanza de trabajar desde sus organizaciones sociales en pro de la consolidación del Acuerdo de Paz. Aún siguen confiando en que el Estado ponga en marcha de manera integral los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y proyectos de sustitución de cultivos de uso ilícito. (Leer más en: Paz fragmentada: promesas incumplidas en San Vicente del Caguán)
Pero el mayor deseo es un impulso al fortalecimiento de la gobernanza territorial y ambiental de las comunidades y la consolidación de las Zonas de Reserva Campesina, como alternativas que vinculan al campesino con su territorio desde la conservación del bosque, la vida y la naturaleza en general. (Leer más en: Más tierra que Estado)
“En el marco de la Paz Total -política del actual gobierno nacional que busca dialogar con todos los actores armados ilegales del país-, el mensaje que queremos dar desde los territorios es que realmente se cumpla. La proyección que tenemos las comunidades es conservar el medioambiente, implementar proyectos productivos con responsabilidad como el turismo, la regeneración, la reforestación”, expresa Abimael.
La principal preocupación del campesinado es la posesión de los títulos de propiedad de las tierras que han habitado por décadas. “Por medio de las Zonas Reserva Campesina, podemos tener el título del predio, que es algo muy importante que necesitamos”, dice
Sus procesos territoriales han demostrado que la oferta institucional o ha quedado corta o no se ha enfocado en las realidades estructurales que se mueven en la región. Si bien, las afectaciones al ambiente no son un daño menor, los procesos de gobernanza ambiental y territorial de las comunidades han aportado más al cuidado de la Amazonía de lo que hasta el momento se le ha reconocido.
De esa manera, las normatividades ambientales, los acuerdos comunitarios, los ejercicios propios de ordenamiento territorial y ambiental, con el manejo de cuencas y cañeros para rotación de cultivos, sumado a la implementación de herramientas institucionales como ejercicios de zonificación ambiental participativa desarrolladas en la región de El Bajo Pato y Guacamayas, con el impulso de las Zonas de Reserva Campesina.
Los procesos comunitarios y quienes los lideran se encuentran en una puja entre la convicción de sostener las bondades del Acuerdo de Paz y el interés de los actores armados por retomar territorios que históricamente ocuparon las antiguas Farc, imponiendo control y sus lógicas. Son quienes resisten en los territorios ante las promesas incumplidas en noviembre de 2016, manteniendo vivos eso ‘sueños de colono’.