Las madrugadas en el río Saldaña, al sur del departamento del Tolima, huelen distinto. Ya no es la fragancia del cauce la que ondea por los aires, sino el olor a tierra removida, gasolina y motor. Justo ahí, donde las generaciones pasadas usaban bateas para la minería artesanal, Sebastián* se gana la vida delante de un afluente que ya es otro: el fondo de piedra desapareció bajo el sedimento que levantó la retroexcavadora, el agua está turbia y el sonido de la maquinaria o de las personas dando órdenes reemplazó el antiguo silencio.
En ese mismo lugar está “el encargado”, un hombre que llega cada tarde a revisar lo extraído y a entregar el pago en efectivo; alguien a quien todo el mundo conoce, pero del que todos fingen no saber quién es. Esa misma persona es la que le explica a Sebastián las reglas de cómo funciona todo: cuánto se paga por gramo, cómo se trabaja y a qué número hay que llamar si sucede algo. No le explica quién o qué está detrás de esa estructura. Sebastián no pregunta; sin embargo, entiende que hay dudas que es mejor no plantear. Y no lo hace por ser cómplice, sino porque sabe que la respuesta le puede costar más que la ignorancia. Así que solo finge no saber.
Él es uno de los rostros de esta nueva realidad. En las montañas del municipio de Ataco hubo una fiebre del oro que atrajo a miles de forasteros, y Sebastián es testigo directo de cómo un territorio rural se convirtió en un paisaje de cráteres, ríos desviados y nuevas reglas impuestas por los grupos armados que manejan la región.
Ataco tiene historia minera. Esto no es nuevo. Lo que cambió en los últimos tres años no fue el metal, sino una manera nueva y violenta de sacarlo. Las prácticas que venían de generaciones, de una forma artesanal con palas y bateas, quedaron superpuestas por una explotación a gran escala con máquinas. En al menos 15 kilómetros del río Saldaña —distancia documentada en una toma aérea en una investigación periodística de febrero de 2026— comenzaron a operar diversos frentes de extracción, campamentos de personas que llegaron de otras regiones y cráteres con agua contaminada.
Dos retroexcavadoras de marca Shantui operan sobre el lecho del río Saldaña, en Ataco, Tolima. La maquinaria pesada reemplazó las bateas artesanales de generaciones anteriores y transformó el cauce en un paisaje de piedra removida y sedimento. Al fondo, un hombre bajo una sombrilla roja supervisa la extracción. Foto tomada por Alejh Ibn Zahgui.
De acuerdo con la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, entre 2024 y lo que va de 2026, han llegado cerca de 5.000 personas a Ataco, que provienen de otros departamentos. Hablamos de 5.000 personas en un municipio de alrededor de 16.000 habitantes. Un movimiento demográfico de esa magnitud no ocurre en silencio: llega con campamentos a la orilla de los ríos, con nuevos comercios, con cantinas llenas y adaptadas a las nuevas dinámicas, y con jóvenes que ya no se levantan a las cuatro de la mañana para ir a trabajar en el campo, sino para buscar oro. Según una lideresa de la zona, esta bonanza ha hecho que los jóvenes pierdan el interés en estudiar o en dedicarse a labores agrícolas y ganaderas tras escuchar que pueden hacerse ricos extrayendo oro. Al mismo tiempo, aumentaron el consumo de alcohol, la prostitución y las enfermedades.
Don Efraín* tiene 72 años y lleva toda su vida cultivando plátano, maíz y café en una finca que su padre le dejó a orillas del río Atá. Cuando llegó esta última ola de la fiebre del oro, él no bajó al río. “Yo conozco ese cuento”, le dijo a un periodista de Alerta Tolima que visitó la zona en el segundo semestre de 2025. “Eso no es negocio pa’ uno. Eso es negocio pa’ los que mandan”.
Don Efraín no tiene claridad de quiénes son los que “mandan”, pero sabe que tienen nombre. El municipio entero lo sabe, aunque la mayoría prefiere hacer de cuenta que allí no sucede nada. Nadie quiere hablar porque entienden que el silencio tiene un precio que no figura en ninguna lista de aranceles, y que no existe protección alguna por parte de la institucionalidad.
De hecho, de acuerdo con la entonces comandancia de la Sexta Brigada del Ejército Nacional —bajo el mando del coronel Eduardo Luque hasta enero de 2025—, el Frente Ismael Ruiz de las disidencias de las FARC ejerce actividades de intimidación, extorsión y amenazas sobre comerciantes, campesinos y transportadores de Ataco, Planadas, Rioblanco y Chaparral. Y no lo hace como una presencia ocasional, sino como una estructura de control territorial que cobra sus “impuestos” a las empresas y núcleos económicos en la región.
En la zona minera de la quebrada Polecito, en Ataco, se extraían unos 6.000 gramos de oro al mes, avaluados en aproximadamente 2.300 millones de pesos. Las autoridades estiman que el 10 %, es decir, 230 millones de pesos, iba directamente a las finanzas de este grupo armado. Durante un operativo en agosto de 2025 fue decomisada maquinaria avaluada en más de 1.120 millones de pesos.
Y ese es solo uno de los muchos puntos de extracción que se encuentran al sur del Tolima. En el municipio de Chaparral, por ejemplo, otro operativo que se llevó a cabo en enero de 2026, encontró siete retroexcavadoras sobre fuentes hídricas que abastecen acueductos comunitarios, con un impacto económico mensual estimado por la Policía Nacional cercano a los 4.000 millones de pesos por concepto de explotación ilícita; el cobro extorsivo directo del grupo armado en esa zona rondaba los 55 millones de pesos mensuales.
Vista panorámica de uno de los frentes de explotación sobre el río Saldaña. Los montículos de material extraído y las charcas de agua contaminada contrastan con los potreros verdes del fondo, donde carpas improvisadas alojan a trabajadores llegados de otras regiones del país. Foto tomada por Alejh Ibn Zahgui.
Una tragedia mayor
Esta dinámica local es apenas el reflejo de una tragedia mayor a nivel nacional. Hay metales que guardan silencio y metales que gritan. En Colombia, el oro aprendió a hacer las dos cosas al mismo tiempo. Brilla en las vitrinas del mundo, mientras en los ríos del sur del Tolima deja una herida que el agua no puede lavar, porque el agua misma ya está manchada. No es una metáfora: es mercurio en el sedimento, es bosque talado, es la deuda que sigue sumando y que alguien tendrá que pagar, aunque por ahora nadie se esté responsabilizando.
Los grupos armados ilegales en Colombia —el ELN, las Autodefensas Gaitanistas, las disidencias de las FARC— lo entendieron antes que los economistas de Bogotá y que los jueces: el oro tiene una virtud que la coca nunca tuvo. Se lava. Entra al río como crimen y sale a los mercados con certificado, como lingote, como joya en una vitrina de Dubái donde nadie pregunta de qué cauce provino. Por eso, según la UNODC —agencia especializada de la ONU— y la Procuraduría General de la Nación, más del 70 % de la explotación de oro aluvial en Colombia es de carácter Ilícito, y cerca del 85 % del oro que el país exporta tiene origen en actividades ilegales, controladas en buena medida por organizaciones que encontraron en el metal una fuente de financiación más rentable, silenciosa y menos estigmatizada que el narcotráfico, el cual durante décadas fue la base de las violencias territoriales en el país.
Pero las consecuencias de esta economía no se reflejan en los certificados de exportación. La UNODC registró en 2022 más de 69.000 hectáreas intervenidas ilegalmente solo en minería aluvial, y se estima que en la actualidad la cifra ha incrementado de manera exponencial por el alza del precio de este metal ante la incertidumbre geopolítica internacional. Para que el lector se haga una idea, la extensión arrasada supera en más de dos veces el área construida de Bogotá, con ríos que están siendo envenenados lentamente con mercurio, ecosistemas modificados que tardarán muchos años en sanar y comunidades que aprenden nuevas dinámicas para adaptarse a las violencias.
Sin embargo, después de que el oro cruza las fronteras, se transforma con la elegancia del dinero que sabe moverse: entre 2012 y 2023, Colombia exportó 69 toneladas más de metal de las que oficialmente declaró haber producido; es decir, alrededor de 18 billones de pesos al precio promedio del periodo —una cifra que supera en más de seis veces el presupuesto anual combinado de los ministerios de Cultura, Deporte, Ciencia, Comercio y TIC—. Esa cifra no es un error contable. Es la consecuencia de un sistema construido para que nadie pregunte el origen del oro y para que, si alguien lo hace, la respuesta ya esté lista y en el formato correcto.
Antes de entender cómo esta ola sepultó regiones enteras, se debe hablar de lo que no estaba. El país, y Ataco en particular, tiene historia minera. Los pobladores recuerdan haber tenido a alguien en su familia extrayendo el metal de sus ríos con bateas de madera y trabajo manual. Ese tipo de minería artesanal era lenta, a escala humana, y bajo el manto jurídico era perfectamente legalizable. Las políticas de formalización minera en Colombia han sido, según un estudio del profesor Leonardo Güiza, de la Universidad del Rosario, publicado en la revista DYNA, un “total fracaso”: el 62 % de las unidades de explotación minera del país opera ilegalmente, y allí se incluyen más de 2.600 pequeñas minas con más de diez años de operación.
A lo largo de tres décadas, el Estado colombiano trazó varias rutas de legalización —desde la Ley 141 de 1994 hasta la Ley 685 de 2001; y la Ley 1382 de 2010, entre otros instrumentos—, pero ninguna logró transformar la realidad de los mineros informales. Los resultados fueron insuficientes para el tamaño del problema: se diseñaron marcos jurídicos que en la práctica no llegaron a los territorios, aplicados a campesinos en zonas rurales no interconectadas y sin acceso a internet. El paso para el registro legal, por ejemplo, es obtener un RUT en línea. En varias veredas del sur del Tolima no hay señal y, como el principio de publicidad con las comunidades no se materializó de forma efectiva, la gente sencillamente no sabe qué hacer.
Detalles como esos, resumen la distancia entre un Estado que diseña políticas desde Bogotá y los territorios donde estas deberían funcionar. Y en medio de esa enorme grieta es donde los grupos armados sacan provecho. No con discursos sino con pagos en efectivo, con maquinaria amarilla que llega de noche y con el negocio oscuro de saber qué necesita la comunidad y cuánto cobrar por dárselo.
Ataco es, en definitiva, un laboratorio vivo donde ese sistema toca al río y toca el cuerpo; un municipio verde bañado por el Saldaña, que dejó de ser solo agua para convertirse en una víctima más. Y para entenderlo a ras de tierra, hay que volver a la historia de Sebastián, quien creció viendo a su padre sembrar café, plátano y caña, viviendo de jornales que nunca alcanzaban.
Habitantes de una vereda de Ataco transitan por una carretera rural del municipio. En un territorio donde el silencio es una forma de sobrevivir, la vida cotidiana continúa su curso mientras la minería ilegal transforma el paisaje y las dinámicas sociales a pocas horas de camino. Foto tomada por Alejh Ibn Zahgui.
Consecuencias de un Estado ausente
Sebastián nació en una vereda de Ataco que lleva el nombre de esos lugares que han estado mucho tiempo solos, donde una vez cada cuatro años suenan promesas políticas que se quedan en palabras y se las lleva la corriente. Creció entre matas de plátano y la dura rutina del campo: levantarse con los gallos a las 4:00 a. m., empuñar la macheta y depender del azar de una cosecha que podía salir buena o mala, pero que jamás era suficiente.
Lo que aprendió con su papá no está en ningún currículo académico. Supo con los años leer el cielo para saber si llovería al día siguiente. Entendió cuándo la tierra está lista y cuándo no. Y se instruyó en el arte de esperar y confiar en que Dios los ayudara. Trabajó la tierra de otros antes de poder pensar en la propia, con jornales que en la zona oscilan entre los 50.000 y 70.000 pesos al día —cuando hay trabajo, que no es siempre—, sin contrato, sin EPS, sin pensión, con el cuerpo como único capital y sin acceso a herramientas para protegerlo.
Con el tiempo, Sebastián tuvo una mujer y un hijo. Los gastos crecieron con velocidad, mucho más rápido de lo que llegaba el dinero y de lo que las expectativas lograban aterrizar en la realidad. Y la realidad de Ataco para un hombre como él es incierta: con lo que ganaba en los jornales apenas le daba para “sobrevivir” o para pagarle las deudas al dueño de la tierra.
Su vida rotaba entre el miedo a ser reclutado por un grupo armado y la angustia de conseguir lo suficiente para no morir de hambre. No era una vida dramática en el sentido de las películas; era una vida intranquila, marcada por la precaria dignidad de dar todo de sí y ver que aún no bastaba. Esas vidas no generan titulares. No movilizan a nadie. Simplemente continúan año tras año, esperando a que la institucionalidad llegue con oportunidades para progresar como familia y como territorio.
Sin embargo, mientras el Estado tardaba, algo más apareció en el horizonte: la retroexcavadora. Sebastián escuchó a un amigo decirle que el río estaba dando nuevas oportunidades. Según cuenta, no bajó por codicia, sino para encontrar un metal que le ayudará a cambiar el rumbo de su vida.
Él no trajo la máquina amarilla. Tampoco la controla ni la financia. Pero cuando estas máquinas llegaron, trajeron consigo algo que los campesinos no veían hace mucho tiempo: una ilusión de cambio. Lo que nadie le explicó era que todo tenía un precio.
El río Saldaña, en Ataco, corre turbio y cargado de sedimento. A ambas orillas, las pilas de material removido por las retroexcavadoras dan cuenta de la magnitud de la intervención. En el fondo, maquinaria aún activa continúa la extracción sobre un cauce que ya no se reconoce. Foto tomada por Alejh Ibn Zahgui.
La matemática del negocio, en cambio, sí lleva tiempo calculando cómo funciona esta trampa. En la extracción ilegal, un minero puede sacar entre 1 y 2 gramos de oro al día, según una investigación de El Espectador. El pago que recibe en la cadena ilegal está muy por debajo del precio certificado por el Banco de la República, que para febrero de 2026 superaba los 450.000 pesos por gramo. Sebastián calcula que en un buen día puede ganarse 200.000; restando la alimentación y la gasolina para la moto, le quedan unos 175.000 limpios. Es casi el triple de lo que le pagaban por un jornal, pero bajo las mismas condiciones de desamparo: sin contrato, sin pensión, con los pies metidos en agua fría y el ruido ensordecedor de la máquina como eterna banda sonora.
Sebastián insiste en que no trabaja para el Frente Ismael Ruiz. Eso es lo que él manifiesta. Sin embargo, trabaja bajo sus preceptos, dentro del territorio que administran y acatando las reglas que imponen. Como dice don Efraín: “Eso no es que uno llegue, coja y se vaya. Eso tiene dueño. Y el dueño cobra”.
El secretario general de Conalminercol, Rubén Darío Gómez, ha explicado este desangre económico desde la experiencia: “Como nosotros no podemos vender porque en el papel ni existimos, lo terminamos dejando incluso un 40 % por debajo del precio internacional”. Ese 40 % —o incluso más— que Sebastián cede en cada gramo no desaparece mágicamente: sube por la cadena de valor, se multiplica y se certifica. Llega relativamente pulido y limpio a otros lugares del mundo. El río se queda con las cicatrices. Sebastián se queda con el efectivo del día, sin seguro, sin cotizar semanas y sin ningún registro legal de su labor. Y eso es precisamente lo que el sistema necesita de él.
Detrás de toda esta arquitectura criminal estaría la sombra de las disidencias lideradas por Néstor Gregorio Vera, cuyo Bloque Central Isaías Pardo tendría el control y el poder en la zona. Las autoridades han declarado objetivo de alto valor a Jhan Carlos Rodríguez Masmela, alias “Chapolo”, a quien atribuyen el mando del Frente Ismael Ruiz en Ataco, Chaparral, San Antonio y Rioblanco. La Fiscalía tiene una orden de captura vigente en su contra, pero el sujeto sigue libre.
Mientras tanto, el método de extracción sigue cobrando su cuota venenosa. El mercurio que se usa para separar el oro de la roca no tiene color ni emite avisos. Entra al río, se deposita, es absorbido por los organismos del fondo y comienza un ciclo en el que se va multiplicando. Un solo gramo contamina 600.000 litros de agua; y para extraer un kilo de oro se usan entre cinco y diez kilos de mercurio en condiciones estándar —una proporción que en contextos ilegales puede escalar hasta veinte kilos—. Aunque su uso está prohibido en Colombia desde 2018, en la práctica sigue siendo el pan de cada día.
El impacto en Ataco se ha venido documentando. Zulyana Sánchez, coordinadora de Cortolima, acudió en agosto de 2025 a evaluar el daño en el terreno. Lo que encontró quedó plasmado en un informe técnico que la organización entregó a la Procuraduría, la Fiscalía, los ministerios de Defensa y Ambiente, la Gobernación del Tolima y las administraciones municipales. La evaluación evidenció un perjuicio significativo a los recursos naturales: pérdida de cobertura vegetal, alteración de la capa del suelo y emisión de material particulado. Se constató que este tipo de explotación reconfigura los ecosistemas y arrasa con la biodiversidad.
Cortolima explicó detalladamente en su informe cómo las estructuras al margen de la ley manejan la minería ilegal en el sur del Tolima. Según la directora de la entidad, están causando “afectaciones irreversibles; estamos hablando de rondas hídricas destruidas, cauces alterados y graves riesgos para las comunidades”. En ese mismo documento, se recomendó crear un Puesto de Mando Unificado de carácter nacional, ya que la magnitud del problema superó con creces la capacidad de las autoridades locales.
Las consecuencias ya se sienten en el cuerpo de los pobladores. En enero de 2026, el Ministerio de Salud registró a Ataco como el mayor foco municipal de fiebre amarilla en el Tolima, con 27 casos confirmados. Para ese mismo mes, la Secretaría de Salud Departamental reportaba diez fallecimientos en el Tolima por cuenta del brote. La minería aluvial crea enormes charcas de agua estancada que, según alertas sanitarias, pueden favorecer la proliferación del mosquito transmisor; aunque la causalidad directa entre las piscinas extracción y la transmisión no ha sido formalmente establecida por las autoridades de salud, el contexto ambiental generado por la minería ilegal es señalado como un factor de riesgo. Diez personas murieron en el departamento en un solo mes por una enfermedad prevenible, todo esto en el territorio de un Estado que firmó el convenio de Minamata. En el Estado colombiano existe la Ley 1658/2013, y el Gobierno nacional sabe exactamente lo que ocurre en el Saldaña, porque Cortolima se lo admitió por escrito, con meses de anticipación.
Esas palabras técnicas de los informes ambientales son, en el fondo, lo mismo que Sebastián describe con sus propias palabras. Él cuenta que los árboles que daban sombra a las fincas aguas abajo ya no están, y que las piedras del cauce donde solían pescar desaparecieron bajo metros de sedimento. El agua que beben los campesinos de las veredas contiguas empezó a llegar turbia.
Sebastián no sabe cuántos gramos de mercurio ha vertido en el río desde que empezó. No es parte de su trabajo medirlo; su única tarea es sacar todo el oro que pueda. El resto —el mercurio, las 232 hectáreas de cobertura vegetal destruidas que documentó Cortolima, los 12 peces endémicos cuyo hábitat está siendo borrado del mapa— lo paga el río sin recibir nada a cambio.
Aunque Sebastián no sea la mente maestra, ni el dueño de la retroexcavadora, ni alias “Chapolo”, ni el exportador de cuello blanco con los certificados en regla, él es el único que siempre está presente cuando llega el operativo militar. Es el único visible. El único que puede ser capturado en flagrancia. El único sin abogado. El único sin estructura financiera ni un historial registrado en algún sistema corporativo. Es el primero que paga cuando el Estado finalmente aparece, y el último que importa cuando el Estado se va.
Una tarde, cuando el encargado se retira, las máquinas por fin se apagan. Sebastián se queda en la orilla, con los pies aún húmedos. El río que tiene delante no es el mismo de hace unos años. El agua está sucia, la ribera quedó pelada y, en el fondo, él sabe que esa corriente arrastra veneno. Sebastián entiende que lo que hace no debería hacerse. Lo sabe de la misma forma visceral en que entiende que hay cosas que no se deben preguntar y personas a las que no se les puede sostener la mirada demasiado tiempo. Pero no hay un programa de sustitución laboral en su vereda. No hay una ruta de formalización que funcione. No hay una oferta de trabajo legal que pague lo que él y su familia necesitan para llegar a fin de mes.
El río se lleva todo lo que él deja y el oro llega a algún lugar lejano. Sebastián se quita las botas de caucho. Mañana será otro día. Lo que el río perdió nadie se lo devolverá pronto, y la carga tóxica que sigue arrastrando terminará afectando a alguien más. Mientras la formalización siga siendo una promesa vacía que caduca en trámites sin internet, mientras alias “Chapolo” siga mandando a sus anchas, y el certificado de origen lave lo que el río presenció, mañana, antes del amanecer, Sebastián volverá a ponerse las botas. Y lo hará no porque no tenga otra opción, sino porque el Estado colombiano nunca le dio unas.
*Los nombres han sido cambiados por seguridad de las fuentes.