En marzo de 2020 el gobierno nacional declaró el país en Estado de Emergencia y publicó el decreto 440 de urgencia manifiesta, “por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COVID-19”.
Mediante este decreto, gobiernos regionales y locales realizaron contrataciones públicas de ejecución inmediata para atender la emergencia en sus territorios. Las medidas apuntaban a llevar ayudas humanitarias a poblaciones afectadas por la pandemia o a dotar de equipos médicos y elementos de bioseguridad al personal de la salud. Sin embargo, también le abrió paso a casos de corrupción en diferentes lugares del país.
Ante las denuncias reiteradas de la ciudadanía, CdR apoyó la producción de estas investigaciones periodísticas que revelan irregularidades y sobrecostos en contratos millonarios que se efectuaron durante la pandemia, injerencias políticas en gremios empresariales y desviación de dineros públicos. También le hacen seguimiento a la trayectoria de funcionarios públicos que están o han estado vinculados a investigaciones por posibles actos de corrupción.
Una de las investigaciones, que es la primera que publicamos, muestra que en algunos municipios vinculados al Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) de Córdoba, Nariño y Antioquia se evidencia que hubo contratistas que no cumplían con los requisitos ni eran idóneos para atender la emergencia sanitaria.
En Caldas, se siguió la pista de un contrato insólito. El sistema de salud de esta región gestionó el alquiler de equipos de cuidados intensivos para atender pacientes con COVID-19. Sin embargo, los ventiladores resultaron obsoletos y su costo de alquiler probablemente superaba el valor de compra de equipos nuevos.
Para el caso de la región Caribe, uno de los reportajes muestra los rostros que están detrás de las contrataciones de alimentos, productos de aseo y bioseguridad para población vulnerable. Algunos contratos no describían el valor unitario de los productos de cada mercado y se presentaron denuncias por parte de ciudadanos durante las entregas, lo cual generó sospechas por sobrecostos, desviación de dineros públicos e injerencias políticas.
En otra investigación, el especial se enfocó en las comunidades indígenas del Magdalena, Sucre y Córdoba afectadas por la pandemia. Uno de los reportajes señala que las administraciones departamentales no tuvieron en cuenta a la población indígena dentro del presupuesto para mitigar contagios y llevar ayudas humanitarias a población en riesgo.
Por último, un reportaje realizado en Córdoba, Sucre y César, a raíz de más de 150 denuncias ciudadanas por irregularidades en el manejo de recursos públicos, evidencia injerencias políticas y sobrecostos en la contratación y entrega de mercados.
El especial completo, que hace parte de las becas CdR para periodistas, brinda un panorama regional preocupante y es una invitación a la ciudadanía para mantener los ojos abiertos sobre el uso de recursos que deberían terminar invertidos en su salud.
Además, cuenta con dos bases de datos públicas. Los lectores encontrarán una recopilación de las contrataciones COVID-19 que se ejecutaron en 2020 a nivel regional y nacional.
Para descargar las bases de datos, haz clic a continuación:
