Por Consejo de Redacción
El 15 de abril último, el presidente Iván Duque anunció que presentaría ante el Congreso la Ley de Solidaridad Sostenible, una iniciativa que bajo ese nombre encubría la frustrada tercera reforma tributaria. El objetivo: recaudar cerca de 25.24 billones de pesos (6.562 millones de dólares) para “fortalecer la política de erradicación de la pobreza”. Esta vez, la justificación fue la crisis fiscal generada por el endeudamiento asumido para atender la pandemia del Covid-19.
La medida presidencial nació con un nombre de “maquillaje” y dudas sobre el origen del déficit fiscal que la justificaba, que desnudó la escasa transparencia detrás de la iniciativa. Esos primeros pasos provocaron reacciones desde casi todos los sectores debido a su inconveniencia o a la falta de confianza en la motivación del presidente Duque.
En el Congreso, tanto los partidos de oposición como los oficialistas, dijeron “no” a la reforma y las organizaciones sociales criticaron el anuncio de impuestos que aumentarían el costo de los alimentos, entre otras medidas incluidas en la propuesta. Los más afectados de manera directa por la reforma serán los más pobres: el 43% del total de los colombianos.
El paro y la pandemia son engranajes de una misma rueda. La presión política y social obligó al presidente Duque a retirar el polémico proyecto de reforma tributaria el 2 de mayo último, con la advertencia de la falta de recursos para mantener los programas sociales dirigidos a atenuar la situación económica de muchos colombianos a causa de la crisis sanitaria.
Uno de los argumentos más fuertes durante la protesta contra la reforma ha sido la falta de transparencia en el manejo de los recursos destinados a que las familias más vulnerables resistan las consecuencias de la crisis. La misma crisis que, a la larga, generó el déficit fiscal.
La presión política y social obligó al presidente Duque a retirar el polémico proyecto de reforma tributaria. Foto: Carlos Alberto Gómez.
Proyecto necesario pero sin consulta
“El proyecto no toma medidas contra la corrupción, la evasión y la fuga de capitales hacia paraísos fiscales, los flujos financieros ilícitos y la necesidad de fortalecer el personal de fiscalización de la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)”, aseguró en su momento la Red de Justicia Tributaria en un documento donde promueve alternativas a la reforma.
Analistas y centros de estudios que aceptan la urgencia de una reforma decidieron no acompañar el proyecto del gobierno porque pese a tener medidas que consideran necesarias, había “vicios” tales como exenciones a las zonas francas o a la economía naranja, un modelo de desarrollo creado por el gobierno de Duque que impulsa la creación, producción y distribución de bienes y servicios culturales (el turismo, la gastronomía, actividades culturales, medios digitales y publicidad, entre otras actividades).
“El Gobierno falló en socializar la reforma y además no fue transparente. De los (casi) 25 billones de pesos (6.500 millones de dólares) que se pretendía recoger, no era posible definir cuál sería el destino de 10 de esos billones (2.600 millones de dólares)”, explicó a ‘Vigila la pandemia’ el economista Juan Oviedo.
La oposición y la insistencia del Ministerio de Hacienda para no concertar los artículos que planteaba la reforma resultaron en una protesta ciudadana que se inició el 28 de abril en gran parte del territorio nacional.
Uno de los argumentos más fuertes durante la protesta ha sido la falta de transparencia en el manejo de los recursos destinados para atender la crisis económica provocada por el COVID-19. Foto: Carlos Alberto Gómez.
Esa presión obligó al presidente Iván Duque a retirar el polémico proyecto el 2 de mayo último, con la advertencia de que el Gobierno no cuenta con los recursos para mantener los programas sociales dirigidos a atenuar la situación económica de muchos colombianos a causa de la pandemia.
“La reforma no es un capricho, la reforma es una necesidad. Retirarla o no, no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales como prolongar el ingreso solidario que hoy beneficia a más de 3.4 millones de hogares; brindar educación universitaria a jóvenes de estratos 1, 2 y 3 (que son los más bajos en la clasificación de calidad de vida según el sitio donde se reside); extender el subsidio a la nómina; y extender la devolución del IVA” (Impuesto al Valor Agregado), explicó Duque en una alocución en vivo, el mismo 2 de mayo.
El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, terminó renunciando pero los cuestionamientos al Gobierno no cedieron y prueba de ello es que el Paro Nacional se mantiene 46 días después del hundimiento de la reforma tributaria.
Opacidad en el manejo de los recursos
Durante los 12 primeros meses de la Emergencia Económica (período que cerró el 31 de marzo último), el Gobierno colombiano destinó 29.7 billones de pesos (7.722 millones de dólares) del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) para contener los efectos de la crisis generada por la pandemia. El Ministerio de Hacienda y Crédito Pública se comprometió a aportar otros 8.5 billones (2.210 millones de dólares). Un total de 9.932 millones de dólares.
El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana aseguró que “la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos para atender la emergencia ha sido sistemática”, de acuerdo con su más reciente informe.
Del total de los fondos reportados para el primer estado de emergencia, más del 65% se destinó mediante la firma de decretos en los que se especificaba claramente el origen y el destino de los recursos. Sin embargo, en la Ley 2060 de 2020, que amplió un programa de apoyo al empleo, se aprobó la adición de otros 15 billones de pesos colombianos para el Fondo de Emergencia, pero no dice de dónde vienen. Ni la Ley ni la exposición de motivos explica si fue o no un crédito externo.
“El gobierno lleva un año diciéndonos que todo está bien y no lo está. No sabemos en qué se gastó la plata”, explicó el economista Juan Oviedo, quien participa del Observatorio. De los recursos transferidos a cuentas creadas en la emergencia, solo en el caso del Ministerio de Comercio se transfirió el 100% de los pagos comprometidos por el Gobierno. En los casos de Cultura y Trabajo, la proporción fue del 95% y 92%. Pero en otros siete organismos, la diferencia es considerablemente mayor: a la hora de comparar los fondos comprometidos por el Gobierno nacional y los montos efectivamente pagados en esas cuentas, hay organismos que recibieron el 0% o el 28%. Otros: entre el 54% y el 71% (ver cuadro).
Fuente: Observatorio Fiscal Universidad Javeriana
Uno de los mayores problemas es que los recursos que se manejan por el Fondo de Emergencia no están registrados en el portal de contratación sino en un portal llamado de Transparencia Económica, en el que la información se registra de manera incompleta y sólo es posible consultar quién firmó el contrato y el objeto de la contratación.
En el siguiente cuadro, por ejemplo, se registra la adquisición de “elementos de bioseguridad”, pero es imposible saber de qué tipo de elementos se trata ni quién fue el destinatario de los recursos.
Además, solo se puede acceder a los contratos de 2021.
“Sobresalen algunos casos por la falta de transparencia o falta de celeridad. Por ejemplo, no existe un registro de información en donde se dé cuenta de las nueve transferencias extraordinarias aprobadas durante la emergencia y no es posible identificar el destino de los recursos a cargo de la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que administra la mayoría de los recursos de la salud), dado que, por ejemplo, los objetos de los contratos reportados en el Portal de Transparencia Económica no incluyen detalles de los beneficiarios finales de los contratos o son confidenciales”, asegura el informe del Observatorio Fiscal.
En contraposición, los gastos del Ministerio de Hacienda dirigidos a los entes territoriales (distritos, municipios, departamentos) son mucho más transparentes porque, al igual que en cualquier proceso contractual, se deben registrar en la plataforma de contratación denominada SecopII.
Sin investigaciones del orden nacional
La emergencia económica decretada por la Presidencia el 17 marzo de 2020 hizo que los gobiernos departamentales y locales se concentraran en adquirir insumos médicos para el personal de la salud, así como mercados (subsidios en víveres) y asistencia alimentaria para quienes perdieron sus medios de sustento.
Apenas se inició el proceso de compra, se originó también una avalancha de denuncias por presunta corrupción a través de distintos medios. En un rastreo de la conversación en redes sociales que realizó Consejo de Redacción entre abril y agosto de 2020, se analizaron 220 mensajes, de los cuales el 29% (64), específicamente estaba dirigido a cuestionar las actuaciones del Gobierno Nacional y su manejo de los recursos frente a las necesidades de la población.
En las conversaciones dirigidas directamente al gobierno de Iván Duque, los usuarios de redes llamaban la atención por problemas en la implementación de ayudas como el Ingreso Solidario o renta básica, que entregó recursos por 5.6 billones de pesos (1.456 millones de dólares) a más de tres millones de familias vulnerables, pero en su primera emisión tuvo muchos problemas, como nombres de fallecidos en los listados o priorización de familias que no necesitaban el subsidio.
Tras la pista de los fondos del Covid-19
Tres investigaciones periodísticas realizadas para seguirles la pista al dinero público del Covid-19 hechas por Consejo de Redacción, reflejan la posible corrupción en la inversión del dinero manejado por entes locales.
En el caso de las gobernaciones y alcaldías de las capitales del Caribe colombiano, la inversión en alimentos para intentar mitigar el hambre sumó más de 153.000 millones de pesos (alrededor de 43 millones de dólares). El millonario negocio quedó en manos de cinco proveedores (ver la base de datos de 89 contratos aquí).
Por mencionar sólo un caso, en Caldas, uno de los departamentos del centro del país, la secretaría territorial de Salud firmó un contrato por 720 millones de pesos (más de 202 mil dólares) para rentar 10 ventiladores, 20 camas y 20 monitores. Con la mitad de ese presupuesto habría podido comprar los dos últimos y rentar los primeros. Pero, además, los ventiladores eran inútiles para atender pacientes COVID-19, pues “no tenían compresor, no funcionaban automáticamente y eran del año 90. No tenían las ventajas de los ventiladores nuevos en el mercado: sin ventilación mixta, capacidad respiratoria para ventilar pacientes covid ni autoflow que, en caso de que el paciente llegue a fallar o su diafragma se fatigue, hace la función del músculo diafragmático”, según Carlos Piedrahíta, gerente del Hospital Santa Sofía.
Investigaciones en diversas instancias
El 14 de abril de 2020, tras las múltiples denuncias y la urgencia para contratar, la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría colombianas anunciaron con bombos y platillos el nacimiento de la estrategia “Transparencia para la emergencia”, que pretendía revisar conjuntamente las quejas, hallazgos y denuncias sobre presuntos abusos en el manejo de los temas de la emergencia. También anunciaba en un comunicado conjunto informes semanales de “los casos de impacto nacional y regional que presenten indicios de corrupción y desgreño, para ejercer articuladamente las acciones fiscal, disciplinaria y penal, según sea el caso”.
Sin embargo, esos informes no llegaron al segundo semestre de 2020 y cada entidad siguió trabajando por su lado.
La Fiscalía General de la Nación tiene sus propias estadísticas: Creó un grupo de Tareas Especiales que ha iniciado 121 casos penales contra personas por presuntas irregularidades en las contrataciones asociadas a la pandemia. De estas personas, ya han sido acusadas y llevadas a juicio oral 64.
‘Vigila la pandemia’ realizó un registro de 81 (que involucran a tres gobernadores, 22 alcaldes y 18 contratistas privados) de esos 121 casos, de los cuales se obtuvo información específica: hay al menos 49 millones de dólares (más de 177 mil millones de pesos) de fondos públicos bajo sospecha de irregularidades.
El contrato más costoso
La Fiscalía imputó cargos a la exgerente de la Empresa Social del Estado (ESE) Imsalud, Katherine Calabro Galvis, junto a otros ex funcionarios encargados de la supervisión por presuntas irregularidades en un contrato para el suministro de elementos de bioseguridad para dicha entidad. En ese contrato de más de 33.000 millones de pesos (o unos 9.2 millones de dólares), se compraron 570 bolsas para el embalaje de cadáveres de fallecidos por Covid-19, pero presuntas irregularidades y sobrecostos provocaron que los los cuatro fueran imputados, aunque ninguno con medida de aseguramiento o pedido de prisión preventiva.
Las investigaciones corresponden a acciones de Katherine Calabro cuando era gerente de Imsalud en 2020. Antes de dejar el cargo en mayo de 2021, la entonces funcionaria respondió a un diario local sobre las denuncias oficiales y las publicadas en redes sociales, dijo que estaba tranquila y no obró fuera de la Ley.
Se trata de un contrato millonario, pero hasta ahora no se han conocido detalles de las investigaciones contra los 18 privados no identificados en las bases de datos públicas, aunque la mayoría —por los montos— son pequeños contratistas.
Sobre las investigaciones por los multimillonarios contratos del orden nacional, aún no hay anuncios.
Las alertas de la Contraloría
En una instancia diferente a la penal, otro organismo encargado de indagar sobre las sospechas en el manejo de fondos es la Contraloría General, que vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares que manejan fondos públicos o bienes de la Nación. Esta ha hecho seguimiento en tiempo real a los fondos que maneja la Nación para la pandemia.
Según el informe entregado por el organismo para esta investigación, fueron generadas 466 alertas por valor de 578.237 millones de pesos (unos 162 millones de dólares), que llevaron a renegociar, en mejores condiciones para las administraciones, contratos por miles de millones de pesos.
En los casos en los que no se detectaron alertas y surgieron casos de posibles irregularidades, la Contraloría abrió 185 indagaciones sobre el manejo de los recursos a cargo de los entes territoriales (distritos, municipios, departamentos). Las contrataciones bajo la lupa suman un total de 95 mil millones de pesos (unos 26 millones de dólares).
Los entes territoriales en la mira
La Procuraduría General de la Nación es una tercera instancia de indagaciones, encargada de investigar faltas disciplinarias por parte de servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas o manejan dinero del Estado.
En respuesta a una solicitud de información de ‘Vigila la pandemia’, la Procuraduría informó que hasta el 15 de junio de 2021, abrió 563 procesos disciplinarios por presuntas irregularidades en la contratación relacionada con la atención de la pandemia, el 73% de las cuales está relacionada con el mal manejo de los recursos públicos. De ellas, 359 (64%) fueron contra funcionarios públicos, 128 contra alcaldes municipales y 17 contra gobernadores.
El 78% de las indagaciones están en etapa preliminar. De estas investigaciones sólo en un caso hay decisión y dos más están en espera del registro de sanción.
A la opacidad en el manejo de las cuentas del Ejecutivo, se suma que la información sobre el accionar de la propia Procuraduría tampoco es clara. Mientras la actual gestión sostiene que abrió 563 procesos disciplinarios al 15 de junio, las autoridades salientes en el organismo publicaron información distinta. En junio de 2020, la Procuraduría había informado en un documento público que eran 813 los procesos disciplinarios iniciados en 27 gobernaciones y 396 alcaldías por presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos para atender la emergencia sanitaria por el Covid-19.
En los expedientes, hay de todo. Gorky Muñoz Calderón, alcalde de Neiva, una ciudad de tercera categoría, investigado por presuntas irregularidades en la firma de cinco contratos, uno de ellos por una campaña publicitaria para la prevención del Covid-19 y otro sobre subsidios en víveres que se entregaban a personas que no cuentan con una vivienda y viven en la calle. Durante el juicio oral, el alcalde Muñoz Calderón aseguró en un mensaje pregrabado que “enmarqué mis actuaciones basado en la ley para adoptar procesos sociales, orientados única y exclusivamente a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de estrategias y acciones para la reducción del riesgo, en el manejo de esta pandemia”.
También se investiga a la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, por presuntos sobrecostos en el contrato de compra de tapabocas, caretas de protección, polainas desechables, batas antifluido y otros elementos de protección, por un valor superior a los 15 mil millones de pesos. En su momento, Roldán se defendió y dijo que “siempre le he dado la cara al pueblo vallecaucano y a los entes de control… siempre hemos respetado jurídicamente las normas y lo seguiremos haciendo. Lo único que nos ha asistido es proveer a todos los hospitales de lo que requieren en salud”.
Al día de la publicación de este artículo ya se cumplen 57 días del paro nacional que -entre otros temas- critica el manejo de los recursos para atender la crisis, los muertos y personas en salas de cuidados intensivos por el Covid-19 han llegado a las más altas cifras, pero aún el Gobierno no tiene claro de dónde sacará el dinero para seguir atendiendo la emergencia mientras que aún no se conoce cómo se invirtió en los 15 meses de pandemia.