“Las narrativas del mundo donde solo el humano actúa, esa centralidad, silencia todas las otras presencias”.
Ailton Krenak
El problema de los mapas es que convierten líneas, nombres y fronteras en verdades que damos por sentadas. Nos dicen, por ejemplo, que hay líneas imaginarias que separan territorios o ríos. También nos crean ideas de permanencia: el mapa oficial de Colombia ha sido prácticamente el mismo desde antes de 1991; así lo recordamos, así se enseña en los colegios.
Y, sin embargo, ese mapa ha cambiado —y sigue cambiando— sin que el papel lo muestre. Basta mirar la Amazonía, donde entre 1985 y 2023 se talaron 3,8 millones de hectáreas de bosque, casi el tamaño de Suiza.
Pero los mapas tienen otro problema: nos crean una ilusión de distancia que hace pensar que lo que ocurre lejos poco tiene que ver con nosotros. Para la mayoría de quienes vivimos en las ciudades, la Amazonía sigue siendo un lugar remoto, inhóspito, casi deshabitado. La imaginamos como un paisaje exuberante y verde, con animales exóticos y plantas diversas que nos mostraban en las clases de geografía cuando señalaban: “allá, la selva”.
Pero ese mapa —mental y oficial— está a un paso de cambiar.
La Constitución de 1991 estableció en el papel la creación de las ETI, una figura político-administrativa —una forma en la que se delimita, se administra y se gobierna un territorio—, que se sumó a otras ya existentes, como los municipios y departamentos. Las ETI se reconocieron para reflejar el país plural y diverso que es Colombia, pero también para responder mejor a las realidades en los territorios, donde los pueblos indígenas tienen una relación con el lugar que habitan muy diferente a la que tenemos quienes vivimos en las ciudades.
Después de 34 años de espera, el Estado podría, por fin, reconocer algo que ya ocurre en la realidad: en la Amazonía, decenas de pueblos indígenas gobiernan según sus prácticas culturales y conocimientos. Estas formas ancestrales de gobernanza han sido esenciales para preservar el bosque tropical más extenso y mejor conectado del mundo y proteger sistemas vitales como los “ríos voladores” que llevan lluvia desde el océano a los Andes y surgen del vapor de agua que se libera en la atmósfera, y que influyen en los patrones de lluvia y la disponibilidad de agua dulce.
Actualizar el mapa de Colombia con las ETI no solo salda una deuda histórica; es, sobre todo, una apuesta por la supervivencia de todos.
Esto es posible porque en 2018, un decreto ley precisó las condiciones necesarias para formalizar esos gobiernos, específicamente para los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés —lo que se conoce como la Amazonía oriental, fronteriza con Venezuela y Brasil—, donde hay “áreas no municipalizadas”, una figura inexistente en la ley, pero común en el habla cotidiana, que se refiere a territorios indígenas que no hacen parte de ningún municipio.
“El tema de las ETI para nosotros es muy importante porque es una herramienta para la protección del territorio, es ese blindaje al territorio; nos ayuda a ser autónomos, a ejercer la libre determinación, a que gobernemos de acuerdo a nuestro Plan de vida”, dice Kenny Johana Yucuna, secretaria de las Mujeres dentro del Consejo Indígena —la instancia de gobernanza— del territorio Mirití Paraná, en el departamento de Amazonas.
“Va a ser algo histórico”, dice Yucuna. Habla del momento en el que las ETI, por fin, se formalicen después de tantas trabas y burocracias administrativas. Para eso han trabajado desde hace años y por esa razón, cada cierto tiempo, ella y otros líderes amazónicos, deben viajar a Bogotá desde sus comunidades para reuniones con funcionarios públicos, cooperantes y aliados.
Cada vez que sale, Yucuna tiene que navegar desde su comunidad Mamurá hasta La Pedrera, un viaje de 12 horas en lancha por el Mirití Paraná y luego por el Caquetá, dos ríos que serpentean en medio de la selva. Las múltiples tonalidades de verde la acompañan en el camino por donde suben y bajan embarcaciones con pasajeros y provisiones.
Tras el largo viaje llega a La Pedrera, la población más grande de esta zona. Ahí hay una pequeña pista de aterrizaje desde donde, al día siguiente, toma un vuelo de 45 minutos rumbo a Leticia y después otro, de una hora y 40 minutos, a Bogotá.
Mirití Paraná, de donde es Yucuna, es uno de los cuatro territorios indígenas que integran el Macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí. Los otros son el Yaigojé Apaporis, el Pirá Paraná y el Río Tiquié, agrupados en esta instancia de coordinación que se formalizó en marzo de 2024. En estos cuatro territorios, que buscan constituirse como ETI, habitan más de 30 pueblos indígenas, como los Yucuna, Matapí, Tanimuca, Letuama, Itano, Miraña, Cubeo, Uitoto, entre otros.
Tres de esos cuatro territorios, sumados a los de Bajo Río Caquetá y PANI, todos ubicados en Amazonas y Vaupés, están entre los que más avances registran en el camino para formalizarse como ETI. Esto luego de la expedición del decreto ley 488, del 5 de mayo de 2025, que permitió avanzar en temas que estaban pendientes.
Entre el 6 y el 21 de mayo, la Dirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) expidió seis actos administrativos que certifican el tamaño y límites de cada jurisdicción, las proyecciones poblacionales del DANE y otros detalles necesarios para formalizar las ETI. Pero aún falta que el gobierno les dé luz verde tras procesos de socialización y “diálogos interculturales” que deben realizarse con otros actores locales.
El viceministro del Interior, Gabriel Rondón, quien ha estado al frente de los diálogos sobre el tema, dijo en entrevista telefónica que ahora viene una etapa de “pedagogía” con los gobiernos municipales y departamentales “para que de verdad reconozcan a los pueblos indígenas más que nominalmente, en términos administrativos y de recursos”.
“El reto no es administrativo, no es financiero, no es legal. El reto es cómo uno se relaciona con el otro”, señaló. “Algunos gobernantes sienten que se socava su poder administrativo (…) ven a los pueblos indígenas como menores de edad y sin capacidad de administrar grandes sumas de recursos”, explicó. No solo para el caso de la Amazonía, sino para otras zonas como Sucre o Cauca, que también contemplan la posibilidad de formalizar las ETI.
Rondón prevé que el camino no será fácil: “Sabemos que estos procesos van a ser demandados por personas que sienten que sus derechos van a ser afectados”. Se refiere a funcionarios locales, pero también a colonos y empresas.
Del lado del gobierno, Rondón afirmó que tienen “absolutamente toda la voluntad” para concretar las ETI en la Amazonía oriental colombiana y otras regiones. “Tenemos la meta de este año dejar todo organizado. 2025 es el año de la organización y de finiquitar muchas cosas que ya están andando”, dijo.
La urgencia de formalizar las ETI
El caso del Macroterritorio es un ejemplo de cómo los indígenas han ejercido el gobierno en la práctica desde hace siglos y lo que esa gobernanza ha permitido en términos culturales, sociales y de ordenamiento territorial.
El Macroterritorio representa un espacio conectado geográfica y culturalmente que abarca unas ocho millones de hectáreas —un área más grande que Panamá o Irlanda— en la Amazonía oriental de Colombia y parte de Brasil. Estos pueblos comparten elementos culturales comunes y un sistema de conocimiento reconocido en 2011 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Cada pueblo tiene sus autoridades y mantiene la autonomía en sus territorios. Provienen de las familias lingüísticas Tukano Oriental, Arawak y Maku-Puinave.
“En la historia de origen, los ancestros y los dioses organizaron el tiempo, la vida, el agua, la noche, la selva y la tierra”, cuenta Wilmer García, indígena macuna y autoridad tradicional del territorio del río Pirá Paraná. “Ese conocimiento nos fue dado para curar, proteger, defender nuestro territorio, pensando en la vida del mundo”, dice.
Para estos pueblos, la conexión con lo que los rodea va más allá de la contemplación de un paisaje biodiverso. “Para nosotros cada lugar, cada punto sagrado espiritualmente está protegido por una persona responsable. Y para cualquier actividad del ser humano hay que hacer una curación espiritual, pidiendo permiso; comunicar a esos espíritus cómo [se] va a hacer la actividad”, explica García.
Fabio Valencia, representante legal del Consejo Indígena del Pirá Paraná, lo explica de otro modo: “Si yo respeto esos lugares, tal como está ordenado, es para generar una buena salud del territorio, de la población, eso es lo que nos ordenaron a nosotros desde el origen de la humanidad. Nos dijeron: ‘administren y gobiernen esto con la vida en el centro’”.
En el Macroterritorio, como en otras regiones de la Amazonía, se guían por sus propios calendarios. Todo tiene un sentido y todo está relacionado. Hay épocas para “proteger” la abundancia con rituales; momentos y lugares específicos para pescar, cazar o sembrar; y otros sitios sagrados donde nada de eso está permitido.
Un ejemplo de cómo los indígenas manejan el territorio es la chagra, el área donde cultivan, entre otros alimentos, muchas variedades de yuca, ají, plátano y piña. También siembran coca, planta originaria que luego de prepararla con fuego y yarumo, transformarán en mambe, un polvo verde que usan para concentrarse, pensar mejor y comunicarse.
La chagra hace parte de los sistemas alimentarios de estos pueblos, junto con la recolección, la pesca y la cacería, y es, además, una fuente de conexión espiritual con la naturaleza. Para crearla hay que tumbar un pedazo de selva; solo el necesario para sembrar los alimentos de la subsistencia familiar. Para ello, los sabedores deben realizar una curación, pedir permiso a los dueños espirituales del lugar, y así mantener el equilibrio vital. Solo así se garantiza el alimento. Luego, cuando esa chagra se abandona —porque su uso es transitorio—, la selva puede regenerarse. Así es como muchas comunidades indígenas han ordenado históricamente su mundo. Así entienden y practican el ordenamiento territorial.
“Es un modelo de ocupación del territorio adecuado para esas condiciones biofísicas que tiene la Amazonía. No sería viable en el mundo andino. Y si tú trasladas las condiciones de la sabana o los Andes a la Amazonía —que es lo que muchos municipios han intentado hacer con dinámicas como las de colonización y otras— se rompe con un aprendizaje y una forma de relacionamiento que ha demostrado ser exitoso”, explica Julieth Rojas, antropóloga que trabaja desde hace ocho años con los territorios indígenas de la Amazonía, como parte de la Fundación Gaia Amazonas.
Ilustra esa relación con este ejemplo: “Para evitar cualquier tipo de accidente, picadura de serpiente o que se aparezca un ser de estos, dueños de la naturaleza, se hacen prevenciones. Si voy al Parque Simón Bolívar [en Bogotá], pues yo no hago nada de eso […] No hay esa relación con ese mundo espiritual, como es en la Amazonía”, dice.
Los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas en esta región expresan una forma de relacionamiento con el mundo que requieren de otras maneras de administración del territorio.
Yucuna, la lideresa del Mirití Paraná, pone como ejemplo la extracción de oro, mineral apetecido por sus precios altos en los mercados internacionales. “Para el mundo blanco en la Amazonía hay oro y dicen: ‘vamos a sacarlo’ y dañan todo. Para nosotros eso tiene vida y el oro son adornos de la Madre Tierra. Es como venir y quitarte tus aretes, quitarte tus cadenas. Ellos van y destruyen la tierra mientras que nosotros la conservamos y la cuidamos”.
Y no solo la destruyen. Con la extracción de oro están amenazando las vidas humanas y no humanas. En marzo de este año, la Corte Constitucional se pronunció sobre una tutela presentada por el Macroterritorio relacionada con la minería ilegal de oro en la región.
En la sentencia, la Corte reunió evidencia de las afectaciones y declaró “en riesgo la identidad y pervivencia de los pueblos indígenas” que habitan ahí debido al envenenamiento de sus fuentes de agua con mercurio, a las amenazas contra sus líderes y a la falta de articulación entre autoridades.
El mercurio se vierte sobre todo en los ríos Caquetá y Apaporis, la fuente de vida de los pueblos del Macroterritorio. Su consumo a través del pescado impacta las funciones neurológicas, sensoriales y reproductivas de los seres humanos. También contamina los ríos y afecta la flora y la fauna.
Ante ese panorama, la Corte se pronunció y ordenó la protección de las comunidades del Macroterritorio y la remediación de los daños. Una de las medidas de reparación incluye “la puesta en marcha de las entidades territoriales”.
En esta sentencia, como en otras cinco emitidas previamente, la Corte Constitucional reiteró que la constitución efectiva de las ETI era algo “necesario”, “urgente”, “imprescindible” e “impostergable”, y que permitirá cumplir con la promesa constitucional de un Estado “multicultural y pluriétnico”, donde los pueblos indígenas puedan gestionar su territorio desde sus saberes y costumbres y ser reconocidos como autoridades públicas.
Actualmente, 25 territorios indígenas en la Amazonía oriental han expresado su voluntad de formalizarse como ETI o ya están en el proceso; 20 tienen algún grado de avance y otros cinco han expresado su interés, pero aún no han dado pasos efectivos.
Tres organizaciones vienen acompañando estos procesos con recursos y asesoría técnica y jurídica: la Fundación Gaia Amazonas, la Fundación Etnollano y la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC).
Esos 25 territorios, donde habitan más de 45 pueblos indígenas, cubren el 36 % de la Amazonía colombiana y juegan un papel crucial en su conservación. Estos territorios mantienen el 99,5 % de sus coberturas naturales intactas (áreas donde la vegetación no ha tenido intervención humana directa), según la iniciativa de monitoreo MapBiomas Colombia.
Con el cambio climático y la crisis ambiental que atraviesa el mundo, la Amazonía se ha vuelto un lugar central de conservación: alberga el 40 % de la selva tropical que aún existe en el mundo, el 25 % de la biodiversidad terrestre y la mayor cantidad de especies de peces que ningún otro sistema fluvial, según datos del Banco Mundial.
La Amazonía, que comparten nueve países (Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa), es un bioma clave para la regulación del clima global al absorber carbono y ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que llegan a la atmósfera.
Todo esto está hoy amenazado por el aumento de la deforestación, la minería ilegal y la expansión agrícola, a la que también resisten los pueblos indígenas.
“El cuidado del medio ambiente lo hacemos desde nuestro sistema de conocimiento, no porque alguien nos pide, no porque queremos salvar, sino que esa es la responsabilidad, eso lo llevamos en la sangre”, dice Wilmer García, el líder indígena del Pirá Paraná.
De ahí nace la importancia de fomentar políticas que entiendan la vocación ambiental de los territorios de la Amazonía. Una de ellas es garantizar su gobernanza, reconociendo como autoridades estatales a quienes lo han venido siendo de facto, por siglos. Las ETI representan el tipo de gobierno que responde a esa realidad.
Juan Carlos Preciado, experto que ha acompañado de cerca el proceso de las ETI tanto desde organizaciones indígenas como desde Gaia Amazonas, ha comparado los datos de deforestación entre lugares que se convirtieron en municipios en otras zonas de la Amazonía —como Miraflores o Calamar, en Guaviare—, y otros donde la gobernanza sigue siendo indígena —como el Macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí—.
Son dos lógicas de gobernanza distinta: en el primer caso, en la Amazonía occidental (Guaviare, Caquetá, Putumayo) la figura de ordenamiento territorial que ha primado ha sido la creación de municipios, mientras que en la Amazonía oriental (Amazonas, Guainía y Vaupés) se busca poner en funcionamiento las ETI y no seguir creando municipios.
En la Amazonía occidental el 17% del territorio corresponde a resguardos indígenas y en su totalidad ha sido municipalizado. En cambio, en la Amazonía oriental los resguardos están reconocidos en el 78% del territorio, y el 57 % del área de esta regió se formalizaría como ETI.
Esto impacta, según Preciado, en indicadores como la tala. En la Amazonía occidental, anualmente se deforestan un promedio de 108 700 hectáreas, mientras que en la Amazonía oriental la cifra de transformación del bosque ronda las 1 190 hectáreas.
La conclusión es clara: en los primeros territorios se ha expandido la tala para reemplazar la selva, principalmente, por potreros para la ganadería extensiva mientras que en los segundos —donde prima la gobernanza indígena— la selva se sigue conservando.
Esta comparación “es la forma que se me ha ocurrido para decir: ‘hasta aquí [la Amazonía occidental] llegan las formas de gobierno que conocemos, que se llaman municipios, y aquí [en la Amazonía oriental] empiezan las que no conocemos, las formas de gobierno indígena”, explica Preciado. “El colonialismo no es la respuesta a la Amazonía”, añade.
Un camino de avances, pero con un gran deudor
A miles de kilómetros de la Amazonía, en el Congreso colombiano, los legisladores están en mora de aprobar la ley de ordenamiento territorial que regule las ETI.
Han pasado 34 años en lo que poco o nada ha sucedido en el Legislativo. De hecho, ha pasado lo contrario. Cuando el Congreso promulgó en 2011 la Ley 1454 definió las reglas para organizar a los municipios, departamentos y distritos del país, pero dejó por fuera a las ETI. Ignoró así la figura que la Constitución de 1991 creó para garantizar la autonomía de los pueblos indígenas en sus territorios.
“Su inacción [la del Congreso] para materializar esta normativa integral vulnera los derechos de los pueblos indígenas”, recuerda la Corte en uno de sus reiterados llamados al Congreso para que cumpla con su deber.
La Constitución estableció la competencia del Congreso para legislar sobre las ETI, pero mientras eso ocurría, otorgó a los gobiernos la facultad de avanzar en su reglamentación mediante el artículo transitorio 56. Así se han sentado las bases para su funcionamiento, primero con el decreto Ley 632 de 2018, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y más recientemente, durante el gobierno de Gustavo Petro, con cuatro decretos más, incluido el último, el 488 de mayo de 2025.
“Ahora los pueblos indígenas y el resto de la institucionalidad del Estado cuentan con una estructura normativa completa que permite no solo la formalización de las ETI, sino las bases para la coordinación efectiva entre todas las autoridades públicas”, destaca Julieth Rojas, de Gaia Amazonas. Así, además, se podrán consolidar los aportes de estos pueblos “para garantizar la continuidad de la vida en todas sus dimensiones, mantener los ecosistemas estratégicos y conservar la biodiversidad en beneficio” de todo el país.
El decreto ley 632 “abre la línea para decir que estos gobiernos indígenas pueden ser autoridades públicas, integradas al ordenamiento territorial del Estado, con una capacidad de orientar políticamente y de administrar los recursos públicos”, explica Juan Camilo González, subdirector de Fundación Etnollano. Pero faltaba “la filigrana” y eso llegó con el decreto 488 de mayo pasado. Esto incluye detalles sobre el financiamiento de estos territorios indígenas, la posibilidad de ampliar las ETI a todo el país y las rutas para que cada entidad estatal involucrada en el proceso actúe.
Los pasos para la formalización incluyen la creación de “consejos indígenas” como figura de gobierno. A diferencia de los municipios, donde hay un alcalde, los consejos indígenas son colectivos y responden a las formas organizativas propias de cada pueblo. Otro paso es la formalización de los “planes de vida”, documentos que recogen el modelo de organización, tradiciones y cosmovisiones. Además, la normativa habla del desarrollo de “diálogos interculturales” entre las autoridades indígenas y los funcionarios estatales y locales.
Recorrer ese camino no ha sido fácil. Incluso, en su momento, algunos territorios tuvieron problemas para registrar sus Consejos Indígenas ante el Ministerio del Interior y optaron por poner tutelas para lograrlo. “Todo lo que tenemos hasta este momento ha sido a punta de acciones judiciales y porque hacemos incidencia legal”, cuenta Fabio Valencia, líder del Pirá Paraná. A esto se suman las sentencias de la Corte Constitucional.
Volviendo a la deuda del Congreso, Gustavo Carrión, exdirector de Ordenamiento Territorial y del Sistema Nacional Ambiental del Ministerio del Ambiente, admitió en un evento académico realizado en marzo, en Bogotá, que “a pesar de todo lo que plantea la Constitución, el avance que hemos tenido en términos de legislación orgánica de ordenamiento territorial ha sido muy poco. Hay muchas deudas”.
“Llevamos 30 años discutiendo con poderes políticos que impiden que se establezcan las legislaciones que se requieren frente a este tema (…) La discusión de la autonomía es una discusión fundamental, pero muchas veces cuando hablamos de autonomía, la autonomía que se defiende en el Congreso es una visión autárquica de ciertas clases y élites políticas”, explicó.
Durante 105 años estuvo vigente en Colombia la Constitución de 1886, que dejó al margen a actores como los pueblos indígenas y promovió una visión única de lo que debía ser la cultura, las normas y los valores de la mayoría de la población, negando así la diversidad étnica y cultural del país.
Fue con la Constitución de 1991 que se reconoció la pluralidad y diversidad de la Nación y se creó una nueva forma de ordenamiento político-administrativo del país, en la que primaba el funcionamiento del Estado desde lo local.
“Reconocer la diversidad implicaba reconocer también las distintas configuraciones territoriales, y cuando uno habla de esto, no está hablando de la tierra, el monte, de la selva, está hablando de algo que está habitado y construido por unas personas y una forma de organización”, explica Doris Ochoa, subdirectora técnica y política de Gaia Amazonas.
Para Ochoa la deuda con las ETI es la expresión de “un Estado rígido” y un Congreso, donde los departamentos amazónicos son representados, en general, “por personas que vienen de los Andes [la región andina], con muy poca participación real de los pueblos indígenas”.
Carlos Gaitán, coordinador de Territorio, Medioambiente y Cambio Climático de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), lo pone en estos términos: “Es muy difícil frentear un proceso así ante burócratas, ante gente que no quiere a los pueblos indígenas, que tiene otras apuestas”.
“Ellos apuestan más a hacer fincas grandes y dicen: ‘ellos [los indígenas] no trabajan, no hacen fincas, no tienen esa expectativa de progreso’. Esa es la mentalidad del mundo blanco, que nosotros llamamos, pero para nosotros [la mentalidad] es la conservación”, explica.
Las presiones por la municipalización
Hay ejemplos de cómo las “lógicas andinas” y “blancas” —como dicen varios de los entrevistados para este reportaje—, han buscado imponerse en la Amazonía para organizar el territorio.
En 2019 se creó el municipio de Barrancominas, en el departamento de Guainía, el más reciente en la Amazonía. La decisión se tomó en una zona donde el 78 % de la población es indígena. Por las características del lugar bien podía ser una ETI. Sin embargo, se optó por la municipalización, en un proceso impulsado por el congresista y cacique de Guainía Carlos Cuenca. Todo ocurrió en medio de denuncias y cuestionamientos por presuntas irregularidades en la consulta previa.
Cuenca, nacido en Algeciras, Huila, lleva 17 años en el Congreso. En enero de este año fue sentenciado por la Corte Suprema a siete años de detención por compra de votos en las elecciones de Guainía de 2014. Sigue en el cargo mientras se resuelve su apelación.
Carlos Gaitán, de la OPIAC, y originario del resguardo Minitas Miralindo de Barrancominas, explica que la municipalización se vio como una respuesta a la sensación de estar “abandonados del Estado”, aunque reconoce que pudo ser distinto.
“El error de municipalizar Barrancominas fue desconocimiento de todos los decretos que nos amparan como pueblos indígenas (…) Sin embargo, no estamos arrepentidos. La idea es poder articularnos con el gobierno y que respete las normas que nos amparan como pueblos indígenas”, dice.
Gaitán resalta el caso de San Felipe, otra “área no municipalizada” de Guainía, ubicada en la frontera con Venezuela y Brasil, que se resistió a ser municipio.
Los habitantes de San Felipe —donde el 98 % de la población es indígena— se pronunciaron en contra de la municipalización en un proceso de consulta previa. San Felipe estaría dentro de lo que sería la ETI del Bajo Río Guainía.
“En términos normativos no existe posibilidad alguna de crearse [como municipio] y en términos de lo que tiene sentido para ese territorio aún menos, porque allí se vive bajo dinámicas tradicionales de territorialidad de los pueblos indígenas”, explica Juan Camilo González, de Etnollano, que acompaña el proceso de tres territorios de Guainía. Sin embargo, cuenta, “la presión sigue por los intereses económicos y políticos”.
En las redes sociales circula un video (aunque no es clara la fecha) del congresista Cuenca insistiendo en la municipalización de San Felipe. “Creo que es muy importante seguir planteando la posibilidad de que San Felipe sea municipio”, dice.
Aunque reconoce que ahí “se perdió la consulta —y yo soy respetuoso de eso— intentémoslo y hagamos una buena socialización”, se le escucha decir.
Sobre los posibles intereses para municipalizar San Felipe, González, de Etnollano, cree que tiene que ver con su ubicación estratégica en la triple frontera y el manejo de un futuro puesto de aduana. Asegura, también, que otra razón es el interés en proyectos de bonos de carbono, un negocio que busca reparar los efectos negativos sobre el medio ambiente pero que, en la práctica, han terminado por crear divisiones entre comunidades indígenas.
Esto ya ocurrió en el Pirá Paraná, un caso sobre el que la Corte Constitucional se pronunció en 2024. Determinó que un proyecto de venta de bonos de carbono vulneró los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, y el fallo sentó un precedente tanto para las empresas como para el gobierno.
González dice que “el sueño” sería que la formalización de las ETI ayudara a fortalecer la gobernanza de cara a terceros en los territorios indígenas, en casos como el de los bonos de carbono, pero afirma que el mayor vacío persiste y es la falta de regulación de este mercado por parte del Estado.
Mientras tanto lo que parece estar cerca, después del Decreto 488, es la puesta en marcha de las primeras ETI luego de un largo proceso que ha evidenciado el profundo desconocimiento de las autoridades que gobiernan desde las ciudades.
“En los espacios de diálogo [con las autoridades] les hemos dicho quiénes somos, les hemos dicho: ‘conozcan cómo estamos constituidos políticamente, administrativamente, culturalmente. Conózcanos primero. Luego dialogamos sobre qué creemos y cómo queremos avanzar”, dice el líder indígena Wilmer García.
El país que conocemos está a un paso de cambiar en el mapa, pero también en el reconocimiento de los pueblos indígenas que han sido por demasiado tiempo relegados e invisibilizados, y que han demostrado ser los verdaderos guardianes de la conservación de ecosistemas como la Amazonía, hoy en los ojos del mundo.
En la próxima COP 30 (la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), que se realizará en Belém do Pará, Brasil, en noviembre, el Estado colombiano podría anunciar la formalización de las primeras ETI en la Amazonía. Sería una muestra clara de su compromiso con la protección de la naturaleza y el reconocimiento de los pueblos que la conservan.
—
*La Fundación Gaia Amazonas y La Liga Contra el Silencio se unieron en un proyecto, del que hace parte este reportaje, para crear contenidos periodísticos sobre las ETI y divulgar su importancia y los desafíos actuales para su formalización.
[NOTA SOBRE USO DE IA: Este texto fue editado con apoyo de Chat GPT. Su participación se limitó a tareas a revisión de puntuación y sugerencias de corrección de estilo.]