En esta circunscripción, integrada por los municipios de Puerto Libertador, San José de Uré, Valencia, Tierralta y Montelíbano en el departamento de Córdoba, aspiran 18 candidatos a una curul de paz. Aunque no se conocen denuncias por amenazas a candidatos, pero según el mapa de riesgo de la Misión de Observación Electoral (MOE), esta zona tiene riesgo extremo de violencia en cuatro municipios. La razón: hay presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo y Los Caparrapos o Los Caparros, quienes desde 2018 han sostenido una guerra por el dominio del territorio.
A este riesgo, se suman los cuestionamientos contra varios aspirantes. El candidato Arnobis de Jesús Zapata Martínez, víctima de desplazamiento forzado, atentados y amenazas, coordinador de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, presidente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, vocero de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana e integrante de Marcha Patriótica, denunció que hay candidatos con apoyo de grupos políticos tradicionales. Uno de ellos sería Leonor María Palencia Vega, aspirante por la Asociación Agropecuaria de Mujeres Víctimas de Jericó (Asomuvij) y prima del actual gobernador de Córdoba, Orlando David Benítez Mora.
“Dicen que el Gobernador ha pedido a los alcaldes y concejales de su bancada apoyar a su prima. Además, ha llamado a algunos líderes en campañas, para que dejen su aspiración y apoyen a su prima. Nos sentimos en desventaja, porque no es una competencia sana si el gobernador entra a competir”, aseguró Zapata, quien cuenta con el aval de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor). Aunque Palencia cumple con los requisitos mínimos para ser candidata por ser víctima del conflicto armado y no tiene inhabilidad, la relación con el mandatario departamental no solo la ha cuestionado Zapata, sino otros líderes en la región y la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Nos pusimos en contacto con la candidata para conocer su versión y pidió que le enviaran las preguntas, pero no respondió.
En la misma lista de la Asociación Agropecuaria de Mujeres Víctimas de Jericó está Juan David Fernández Meneses, quien estaría inhabilitado, según el rastreo de antecedentes disciplinarios hecho por la Procuraduría General de la Nación y su inhabilidad, según el certificado, tendría fundamento en el artículo 179 de la Constitución, que dice: “No podrán ser congresistas: 1. Quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos”.
Fernández Meneses fue víctima en 2008 de desplazamiento forzado, de la vereda Minarrak, municipio de Puerto Libertador (Córdoba). Actualmente, es miembro de la Mesa de Víctimas de Puerto Libertador y estuvo en la Mesa Departamental de Víctimas de Córdoba en cinco períodos. Además, es coordinador de la Red de Derechos Humanos de Puerto Libertador y director ejecutivo del Comité de Impulso Nacional para las Circunscripciones Especiales para la Paz Sur de Córdoba (Cincepaz).
El otro candidato que estaría recibiendo apoyos de grupos políticos tradicionales, según Zapata Martínez, es Franklin Eduardo De la Vega González, quien aspiró a la Alcaldía de Tierralta en tres oportunidades: 1998, 2003 y 2011, todas por el Partido Liberal; y el 18 de noviembre de 2019 presentó su renuncia como militante de ese partido. Además, ha ocupado cargos como secretario de Gobierno y asesor en la Gobernación de Córdoba, y fue defensor del Pueblo Regional Sucre en 2014.
Este candidato radicó una acción de tutela en octubre de 2021 contra el registrador nacional Alexander Vega Rocha, por expedir la resolución 10592 del 2021, que en su artículo 7 modificó el texto del acto legislativo 02 de 2021, que creó las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. La resolución señala que “quienes en cualquier tiempo hayan sido candidatos elegidos o no a cargos públicos con el aval de partidos o movimientos políticos con representación en el Congreso de la República o con personería jurídica”, no podrán ser candidatos. Sin embargo, esta tutela fue declarada improcedente.
“Franklin De la Vega es alguien de la política tradicional, que está ‘colado’ en la Circunscripción Especial de Paz. A él lo está apoyando el exalcalde de Tierralta, Fabio Otero Avilez (2016-2019)”, afirmó Zapata Martínez. El exalcalde de Tierralta acompañó el 12 de diciembre de 2021 en la inscripción de sus candidaturas a De la Vega y su fórmula María Fernanda Anaya, tal como se puede ver en sus redes sociales.
Frente a los señalamientos, De la Vega dijo que su campaña no tiene apoyo de ningún grupo político tradicional y que no es ningún ‘colado’, porque él fue víctima de desplazamiento forzado de Tierralta, debido a las amenazas de paramilitares, al mando de Salvatore Mancuso, y cumple con todos los requisitos para ser aspirante a la curul de paz.
“A mí no me está apoyando Fabio Otero ni ningún dirigente político de Tierralta, Valencia, Puerto Libertador, San José de Uré, Montelíbano ni del departamento de Córdoba. Todo eso son especulaciones. Lo que pasa es que yo aspiré tres veces a la Alcaldía de Tierralta y ellos (otros candidatos) me ven a mí como una persona que tengo la posibilidad de que otros me apoyen. Además, les llevo una ventaja, porque yo sé hacer política”, expresó De la Vega, quien es abogado y especialista en derecho penal y administrativo.