Puebloviejo, en el departamento del Magdalena, es uno de los municipios más antiguos de Colombia. Fundado en el siglo XVI, se extiende sobre una estrecha franja de tierra entre el mar Caribe y la Ciénaga Grande de Santa Marta. Lo integran varios corregimientos —entre ellos Palmira y Tasajera—, y cuenta con una población superior a las 34.000 personas.
La mayoría de sus habitantes vive de la pesca artesanal, el comercio informal y el transporte menor. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el índice de pobreza multidimensional en Puebloviejo es del 54 %. Esto se debe a factores como el desempleo y el bajo desarrollo económico por falta de acceso a servicios básicos como el agua potable.
Puebloviejo es, irónicamente, un pueblo rodeado de agua, pero sin un acueducto eficiente. Según el DANE, para 2022 solo el 9.16 % de las viviendas tenían conexión a servicio de acueducto. En el municipio rige el llamado “pico y agua”: el líquido llega a las casas apenas dos veces por semana siguiendo una programación irregular. Las fallas del sistema y la temporada de lluvias obligan a muchas familias a esperar hasta una semana para recibir el servicio.
Mientras la comunidad raciona cada gota, la industria nunca se detiene. A menos de 20 kilómetros, la empresa Drummond Ltda. capta del río Toribio miles de litros de agua diariamente para, entre otras cosas, humedecer el carbón que exporta por su puerto en el vecino municipio de Ciénaga, Magdalena.
En 1997, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) otorgó a Drummond Ltda., mediante la Resolución 0536, un permiso por 10 años para captar 76 litros de agua por segundo del río Toribio. El 18 de octubre de 2007, la autoridad ambiental renovó la concesión por el mismo caudal y por un nuevo periodo de 10 años. En agosto de 2014, a través de la Resolución 2248, Corpamag redujo en un 50 % el volumen autorizado, dejando la captación máxima en 38 litros por segundo. Pese a esa disminución, la empresa podía extraer más de 3.2 millones de litros de agua al día. Finalmente, el 21 de septiembre de 2018, mediante la Resolución 3831, la Corporación volvió a prorrogar la concesión de aguas superficiales del río Toribio.
Mientras tanto, en Puebloviejo, la vida cotidiana transcurre entre la escasez y la espera. Cada hogar tiene su propio calendario para llenar tanques y canecas; cada familia ha aprendido a sobrevivir en medio de la abundancia aparente del agua. “De pronto estamos un poco mejor que antes, porque ahora hay agua cada tres o cuatro días”, cuenta María Teresa Rivera, una mujer de 70 años que describe lo que significa vivir toda una vida sin agua potable. “Pero viene salobre, con arenilla. No sirve para tomar. Gasto $6.000 comprando pimpinas y bolsas de agua para cocinar, pero el recibo igual llega puntual”.
El sistema de acueducto de Puebloviejo es, en sí mismo, una metáfora de su historia: fragmentado, dependiente y frágil. El municipio no tiene planta propia de tratamiento; el agua proviene del municipio de Ciénaga, que se la vende. Aún queda en la memoria de los puebloviejeros aquel 18 de diciembre de 2015, cuando con bombos y platillos el entonces gobernador Luis Miguel Cotes inauguró el acueducto para abastecer a los corregimientos de Tasajera, Isla del Rosario y Palmira. Sin embargo, semanas después la comunidad denunció que el sistema no cumplía con el servicio anunciado, pues el agua no llegaba a sus hogares.
En la actualidad la operación del servicio de agua está a cargo de ServiPueblo APC Ltda., que, según tarifas reportadas por usuarios, cobra entre $11.000 y $18.000 mensuales por el servicio de acueducto, incluido el aseo. Sin embargo, el líquido que llega por las llaves no es potable: sirve para bañarse, lavar o limpiar, pero no para beber.
“Desde hace más de 30 años siempre ha existido esta dificultad”, explica Pedro Altamar, líder del corregimiento de Palmira. “Por lo menos ahora recibimos agua dos veces a la semana, pero no es apta para el consumo humano. ¡Viene salobre, con olor raro! Seguimos esperando una solución del gobierno nacional y departamental”, afirma.
Recorrimos las calles de Puebloviejo, Magdalena, para conocer cómo viven sin agua. / Edición: Claudia Godoy.
Mientras los hogares de Puebloviejo esperan que el agua llegue por las tuberías, el río Toribio fluye hacia otro destino. De ese mismo afluente capta agua la empresa Drummond Ltd., a través de su filial American Port Company Inc., para el funcionamiento de una de las mayores operaciones de exportación de carbón del país.
Como parte de esta investigación se enviaron derechos de petición a las principales entidades con competencia en el manejo del recurso hídrico y a la propia empresa, para conocer los detalles de esas captaciones: cuánta agua se toma, bajo qué licencias y qué controles se ejercen. Las respuestas mostraron demoras y vacíos de información que impiden conocer con precisión los mecanismos de control sobre esas extracciones.
El silencio institucional
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) se limitó a trasladar la solicitud a la Corpamag, argumentando que “la competencia es regional”. Por su parte, Parques Nacionales Naturales —responsable de la vía Parque Isla de Salamanca, que hace parte del complejo lagunar de la Ciénaga Grande— describió algunas acciones de restauración, pero evitó pronunciarse sobre las captaciones o los controles al uso del agua.
Aguas del Magdalena declaró no tener competencias sobre el acueducto municipal y no entregó detalles de los proyectos ejecutados en la zona durante los últimos años. Y el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis (Invemar), aclaró que su campo de acción es costero, aunque reconoció que la Ciénaga Grande enfrenta una crisis: aumento de salinidad, contaminación microbiológica y pérdida de manglares. La Alcaldía de Puebloviejo, por su parte, nunca respondió.
De todas las instituciones consultadas, solo Corpamag, mediante oficio del 14 de octubre de 2025, reconoció que existen concesiones de agua superficial otorgadas a Drummond Ltda. para captar agua del río Toribio. Aun así, la entidad solicitó una prórroga para entregar los expedientes. Al cierre de esta publicación, la información seguía sin ser remitida. Ni siquiera la copia de las resoluciones mencionadas líneas arriba.
Respuesta oficial de Corpamag al derecho de petición sobre la concesión de agua del río Toribio a Drummond Ltda. / Crédito: pantallazo.
Si las autoridades eludieron responder, del lado empresarial la actitud no fue distinta. Cuando Drummond envió su respuesta, el 30 de septiembre de 2025, lo hizo en tono corporativo: agradeció el interés, confirmó que “la información solicitada es pública y se encuentra disponible en los registros de las autoridades ambientales correspondientes” y remitió a su informe de sostenibilidad, el cual no contiene los datos requeridos sobre la captación. Ni una palabra sobre el río Toribio, mucho menos una cifra o explicación del impacto ambiental derivado de su uso del agua.
No se ha identificado ni una sola entidad que, hasta ahora, asuma claramente el control del recurso y haga públicos los informes completos sobre el impacto de las captaciones industriales en el equilibrio hídrico de la región.
El resultado es evidente: un círculo vicioso de silencios, una empresa que no entrega datos, unas autoridades que se declaran incompetentes y una comunidad que sigue sin acceso al agua potable.
La visión ambiental
Ante el silencio institucional, la mirada de los ambientalistas ayuda a entender las raíces de este conflicto. El biólogo, investigador y ambientalista Luis Miguel Moisés, quien ha estudiado la problemática durante años, aporta contexto: “Hay que entender las circunstancias desde la dimensionalidad territorial, dadas por la captación, la operación y el tratamiento de las aguas en el municipio de Puebloviejo. Estamos hablando de un municipio que antes de la construcción de la carretera tenía una gran industria pesquera. Con la imposición de la vía surgieron dificultades que históricamente se fueron acumulando, entre ellas el agua potable”.
Moisés también recuerda cómo el municipio se endeudó con los llamados Bonos Carrasquilla, un esquema financiero creado durante el primer gobierno de Álvaro Uribe y promovido por el entonces ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla (2003-2007), que permitió que más de 100 municipios se endeudaran a través de un intermediario privado para financiar acueductos y alcantarillados. El resultado: la mayoría de municipios quedó altamente endeudada y sin las obras prometidas, mientras los intermediarios obtuvieron grandes ganancias.
Según Moisés, “esos recursos, por malos manejos, no lograron que el acueducto llegara. Solo hasta hace tres años empezó a funcionar, ‘entre comillas’, con una precaria potabilización. Hay estudios aún incipientes que determinan que el agua no es apta para el consumo humano; sin embargo, se vende como potable”.
Para él, la solución no pasa por infraestructura, sino por un cambio de fondo: “El segundo gran problema es entender cómo estructurar un modelo de negocio que no sobreviva bajo la venta de agua, sino bajo un sistema que garantice acceso y sostenibilidad. Puebloviejo y sus habitantes viven desde la vulnerabilidad, para resolver esto no basta con infraestructura: hay que potabilizar el agua, asegurar la captación y crear un modelo que perdure. Esa es la verdadera deuda”.
La sed como rutina
En los patios de Puebloviejo los tanques azules son tesoros familiares. Se llenan con el agua que llega dos veces por semana y se vacían con rapidez. Cada litro se cuida como un bien sagrado. Las familias gastan en promedio entre $60.000 y $80.000 mensuales en agua comprada para beber y cocinar: una carga económica que golpea con fuerza a los más pobres.
Manuel Meléndez, vendedor de agua en carretilla, recorre las calles bajo el sol. Lo que para muchos es una muestra de abandono para él se ha convertido en una forma de sustento. “Llevo 20 años vendiendo agua aquí. La gente me espera porque la del acueducto viene salada y hedionda. Cobro $4.000 por 10 pimpinas y hago hasta 15 viajes al día”, dice mientras se seca el sudor bajo el calor inclemente que caracteriza a Puebloviejo.
Desde hace 20 años Manuel Meléndez se ha convertido en el acueducto ambulante de Puebloviejo, en pimpinas vende agua a sus vecinos. / Foto: Claudia Godoy.
Durante décadas, los habitantes de Puebloviejo han visto cómo, cada cuatro años, los políticos prometen resolver la crisis del agua. Entre anuncios y discursos, han abierto calles, enterrado tubos y dejado a su paso una colección de obras inconclusas.
“Antes eso abrían huecos, metían tubos y tubos, pero el agua no llegaba. Usted abre la calle y puede encontrar hasta diez tubos diferentes. Ahora, por lo menos, nos llega dos veces a la semana, aunque no es potable”, cuenta Marittsi Granados, habitante del municipio.
Para el ambientalista Luis Miguel Moisés, lo que ocurre en Puebloviejo no es un problema técnico, sino el reflejo de un modelo que privilegia la extracción sobre la vida. “Cada gobierno instala tubos, anuncia proyectos y deja las obras a medias. Aquí falta planificación, pero, sobre todo, voluntad. El agua no puede seguir tratándose como mercancía”.
Moisés propone una política pública de gestión hídrica comunitaria, con plantas pequeñas de potabilización, monitoreo ciudadano, educación ambiental y tarifas adaptadas a la realidad social. “El agua es un derecho, no un negocio. El problema seguirá igual mientras se facture un servicio deficiente y se oculte la información sobre el uso industrial del agua”.
Los tubos son parte de las fachadas de Puebloviejo, esa era la estrategia que utilizaban las administraciones del municipio para engañar a la gente. / Foto: Claudia Godoy.
Al caer la tarde, la Ciénaga Grande se tiñe de reflejos dorados. En las casas, los vecinos llenan baldes y tanques antes de que corten el servicio. En Palmira, Magdalena, Maricela Reales se sienta frente a su tanque casi vacío y suspira: “Aquí uno vive pendiente del agua”.
El río Toribio sigue su curso hacia el mar Caribe, invisible para quienes viven de espaldas a él. En Puebloviejo el agua pasa, pero no se queda. Y entre el ruido de los trenes carboneros y las promesas oficiales, este pueblo sigue esperando lo que el territorio ya le dio: agua, el derecho a beberla sin miedo. En la tierra del agua aún viven con sed.