No se había acabado la clase de educación física cuando los estudiantes y profesores de la Institución Educativa Rural Ecológica El Cuembí tuvieron que tirarse al suelo. Las risas y los gritos de los niños se silenciaron por el miedo. Solo retumbaban las balas que cruzaban por el polideportivo del colegio, producto de un enfrentamiento entre el Ejército Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC, rememora Camilo*, una persona de la comunidad educativa de El Cuembí, sobre el hecho que ocurrió en la primera década del 2000.
No fue la primera ni la única vez en la que el colegio, ubicado en la vereda La Carmelita del municipio de Puerto Asís, Putumayo, sufrió un ataque. Camilo Medina recuerda por lo menos otros 12 hechos en los que las aulas fueron usadas para la guerra y tanto estudiantes como profesores y padres de familia terminaron siendo víctimas de ella. “A nosotros nos tocaba dar clases aun con la presencia de los grupos armados dentro de la institución. Y recuerdo que hubo varios casos en los que también se atentó directamente contra la vida nuestra, por ejemplo en 2002, un compañero docente de aquí de la institución desapareció y no se volvió a saber de él”, recuerda Medina.
La vereda La Carmelita queda a dos horas del casco urbano de Puerto Asís, atravesando el río Putumayo. El corregimiento que tiene el mismo nombre, de cerca de 638 habitantes según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Puerto Asís, es un punto estratégico del corredor Puerto Vega-Teteyé al sur del departamento. Esta zona además es fronteriza con Ecuador, es un importante corredor de productos agrícolas de despensa familiar y su población ha vivido del cultivo de hoja de coca.
Respecto a la mencionada clase de educación física, Camilo recuerda con dolor que todos (estudiantes y profesores) estaban en la cancha. “Nosotros quedamos en medio del fuego cruzado, lo único que pudimos hacer fue tirarnos al suelo y quedarnos ahí quietos. Sentíamos que las balas pasaban por encima de nosotros. Fue un hecho bastante traumático. Un hecho que marca la vida de uno”.
Las ediciones 34 y 35 de 2006 y 2007 de la revista ‘Noche y Niebla’, del Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz (Cinep/PPP), registran cuatro ocasiones, entre julio y octubre de 2006, en las cuales el Ejército Nacional de Colombia acantonó dentro de las instalaciones de El Cuembí.
Así se lee en el reporte de la revista: “Militares han estado involucrados repetidamente en una serie de VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS de las comunidades en Puerto Asís, Putumayo, habiéndose denunciado casos de ejecución extrajudicial, abusos sexuales a mujeres, (…) toma de las escuelas y en especial del Colegio Ecológico El Cuembí, en el que han instalado un campamento militar, construyendo trincheras dentro del instituto educativo. Estos militares como práctica rutinaria hostigan a los pobladores y señalan a las comunidades campesinas e indígenas de ser ‘auxiliadoras de la guerrilla’”.
Dentro de la investigación ‘Conflicto armado y escuela en Colombia’, de Flor Alba Romero Medina, se asegura que en 2006 “los soldados del Ejército Nacional acampan allí (en El Cuembí), consumen los peces que los estudiantes crían en varios lagos artificiales, usan la motobomba que genera electricidad y han abandonado una gran cantidad de munición y artefactos sin explotar que, posteriormente, han sido encontrados por los alumnos”.
Tatiana* tuvo que vivir varios de esos hechos durante la primera década del siglo XXI. En aquel entonces, ella era estudiante en los últimos grados de bachillerato. “En ese tiempo nosotros teníamos piscicultura para los grados noveno. Las piletas no quedaban en el colegio, sino afuera, como en una casita que nos alquilaban para eso, y sí ocurrió que nos robaron los peces. Y no solo los peces, los cerdos y las gallinas también. Como el colegio era abierto, entonces no había nadie que cuidara permanentemente, fuera del mayordomo que era un señor de edad. Siempre se nos perdían las cosas, incluso los plátanos, las yucas, lo que se sembraba”, asegura Tatiana.
Para llegar a El Cuembí, profesores y estudiantes que viven en las cercanías o en el casco urbano de Puerto Asís, hacen un recorrido de cerca de dos horas. Tienen que coger una moto, luego una lancha y finalizar su recorrido en otra moto. Incluso, los que viven en otras veredas tienen que tomar una ruta escolar que abarca largos trayectos. Tatiana, cogía esa ruta para ir a estudiar en ese entonces.
Ella cuenta que durante esos años viajaba en la chiva de estudiantes con su hermanito de 11 años y uno de sus sobrinos, que tenía apenas cuatro. Todos estudiaban en El Cuembí. “A mí me bajaron de la chiva y me amenazaron. A mí me daba mucha piedra que nos pararan porque aunque fuéramos estudiantes, nos requisaban y nos registraban en un libro y toda la cuestión, y pues éramos pelados. Me acuerdo que uno de esos señores me decía ‘vente para acá’. Yo me acuerdo que yo le decía ‘no, si usted me va a matar, máteme aquí’”.
Otro de los profesores de la institución, que prefiere no ser citado con su nombre por seguridad, también confirma la dimensión de los hechos que marcaron a la comunidad de la escuela. “El hecho que más me impactó fue una mañana de 2005 o 2006, en la que junto a varios profesores estábamos llegando al colegio, y a unos 500 metros comenzaron a explotar una cantidad de bombas. Ahí no más en la orilla de la carretera. Nosotros corrimos lo más lejos que pudimos y, cuando pasó un poquito, entramos nuevamente al colegio a tratar de despachar a los estudiantes que ya habían llegado”.
Lo que ocurrió en la Institución Educativa Rural Ecológica El Cuembí no es un hecho aislado. El medio de comunicación Rutas del Conflicto tiene un recuento de 405 hechos en los que colegios en todo el país fueron usados como escenarios para la guerra. El informe ‘No es un mal menor’, de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, retomó esos casos, que fueron recogidos por el medio de comunicación y en conjunto con Educapaz profundizaron en ellos, llegando a registrar un total de 881 afectaciones a instituciones educativas.
Según relata la Fundación Ideas para la Paz (Indepaz) en el informe ‘Territorio, seguridad y violencias basadas en género en Puerto Asís’, durante la primera década del siglo XXI, en el municipio las FARC controlaron las zonas rurales contiguas a la ribera del río Putumayo “instalando minas antipersonales, cometiendo extorsiones y homicidios selectivos e imponiendo dispositivos violentos de control social que generaron reclutamientos y desplazamientos forzados en los corregimientos Bajo Cuembí-Perla Amazónica, La Carmelita, Santana, Piñuña Blanco, Teteyé, Villa Victoria y Alto Danubio”.
De escenarios de guerra a territorios de paz
La Institución Educativa Rural Ecológica El Cuembí tiene cerca de 11 hectáreas, según su rectora. Por su enfoque técnico ecológico, dentro de ellas, estudiantes, profesores y padres de familia desarrollan proyectos productivos como la crianza de cerdos y gallinas, la siembra de hortalizas y vegetales e incluso la preservación de un sendero y un parque.
La idea de crear un colegio con enfoque ecológico en donde los estudiantes salieran técnicos nació, según los profesores fundadores, de la ubicación estratégica de La Carmelita. “Nosotros estamos ubicados en la columna de la región amazónica. Aquí en esta región anteriormente todo era selva, pero luego entró la coca y la gente empezó a talar y acabar con los bosques para sembrar esa planta. Entonces la parte ecológica y la parte de conservación se fueron dejando de lado, y para resolver ese problema surgió este colegio. Surgió de la idea de los mismos padres de familia acá de la región al darse cuenta del problema”, cuenta Camilo Medina.
El parque y el sendero ecológico no solo han funcionado como un lugar de conservación y educación. Miembros de la institución recuerdan que el Ejército Nacional y grupos armados ilegales como las FARC y los paramilitares acampaban allí e incluso construían trincheras.
“Nosotros como institución tenemos un sendero ecológico, ese sendero lo tomaron los grupos armados y el Ejército. Lo usaban para hacer campamentos y atrincherarse. Entonces nos tocó abandonar el sendero durante mucho tiempo, porque por ahí no se podían dar clases ni entrar porque estaba minado. También utilizaban mucho las instalaciones del colegio para hacer reuniones, uno no les podía decir que no, porque pues eso era uno ponerse en la mira como objetivo militar”, recuerda Camilo.
Tatiana también lo confirma. Ella cuenta que en 2004, cuando estaban desarrollando actividades en el polideportivo, el profesor Camilo llegó a alertarlos sobre unos artefactos explosivos en los predios del colegio. “Nos dijo que nos escondiéramos todos en los salones, que nos metiéramos debajo de las sillas. Y siempre teníamos esa preocupación. Aunque teníamos el sendero, teníamos la parte de cultivos y todas esas cuestiones de la parte agrícola de la institución, no podíamos trabajarlas por el miedo de que siempre el colegio fue espacio para campamentos de todos los grupos. Uno encontraba por ahí balas, cilindros, cables”, añadió.
Según respondió el Ejército Nacional a Consejo de Redacción, no tienen información de ninguno de estos hechos. “No se tiene conocimiento si existió o se dio alguna orden por parte de los mandos directos de las Unidades en el área de operaciones de pernoctar o permanecer en Escuelas o Colegios”. Entre los años 2000 y 2010, en la zona donde está El Cuembí operaron la extinta Brigada Móvil N° 13 con sus cuatro Batallones de Contraguerrillas y el extinto Batallón Especial Energético Vial N° 11, según confirmó el Ejército para este reportaje.
Pese a lo que asegura el Ejército, Medina recuerda que en alguna ocasión, toda la comunidad estuvo reunida con un militar de alto rango ante quien denunciaron no solo la situación violenta por la que estaba atravesando La Carmelita, sino también lo que estaba ocurriendo en la institución educativa. Varias de las personas entrevistadas para el presente artículo concordaron en que este hecho ocurrió.
Para los profesores y exalumnos de El Cuembí es difícil fijar con exactitud las fechas en las que ocurrieron los ataques y las incursiones al colegio. Sin embargo, coinciden en que los hechos, que se produjeron entre 2000 y 2015, ocasionaron que en algunos momentos las clases se detuvieran, el colegio cerrara y los profesores tuvieran que enfocarse en proteger a los estudiantes que quedaban dentro del internado.
Uno de los recuerdos que llegan a la mente de Camilo, es un aviso que decía que hombres encapuchados iban a entrar al corregimiento. La vereda se llenó de temor y la mayoría de las personas salieron desplazadas. Sin embargo, en el colegio la situación era difícil, pues en el lugar funciona un internado y los profesores no podían salir e irse. El compromiso con sus estudiantes fue mayor y se quedaron en las instalaciones. En medio del miedo y de la incertidumbre optaron por encerrarse en la institución y esperar. “Nos tocó meternos ahí y esperar que llegaran, esperar a ver qué iba a suceder. Sabíamos que estábamos corriendo un peligro, pero no teníamos más nada que hacer. Y la verdad, gracias a Dios no pasó más de ahí, fue una falsa alarma”, sentencia el profesor Camilo.
La llegada de los grupos armados a la institución ponía en peligro directo a los estudiantes. Patricia*, miembro de la comunidad educativa, recuerda que al menos en dos ocasiones se desactivaron municiones sin explotar dentro del colegio. Cuenta que “ocurrió la detonación de un artefacto en los terrenos de la institución en 2012. Además, en 2015, mientras los niños llevaban a cabo una actividad pedagógica de excavación para plantar árboles, se toparon con una munición sin detonar”.
El Cuembí era una institución que vivía en constante incertidumbre ante la posibilidad de ausencias por parte de estudiantes o profesores en cualquier momento. Algunos de los miembros de la comunidad denuncian que durante la primera década del siglo XXI eran obligados a asistir a reuniones que citaban las FARC para “enseñarles” acerca de qué temáticas se podían impartir dentro de las clases.
Según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre la masacre de El Tigre, en el Putumayo operaron los frentes 32 y 48 “como resultado de las directrices trazadas por el secretariado general de la organización en la VII conferencia (1982), y la necesidad de expansión territorial y financiera de la guerrilla (…) Para las FARC, Putumayo cumple una doble función estratégica, como retaguardia y abastecimiento, en la selva y zona fronteriza con Ecuador, y como territorio privilegiado para su financiación a través de la regulación del ciclo productivo de la coca”.
Un profesor de la institución cuenta que “en otra oportunidad estábamos nosotros dando clase y llegaron en una chiva a decirnos que necesitaban que todos los profesores nos subiéramos en ella para llevarnos a Teteyé. Nosotros lo hicimos, y era para comentarnos las políticas de ellos, explicarnos cómo funcionaban las cosas y qué temas podíamos dictar y cuáles no. El cuento que siempre manejaban”.
Era cotidiano que los estudiantes dejaran de asistir a las aulas y desertaran del colegio. Algunas de las razones eran el miedo, las limitaciones para llegar a la institución y especialmente el reclutamiento forzado. “Eso era atractivo para algunos muchachos. Porque esos grupos les daban como la idea de que iban a ser poderosos y que iban a tener arma, y poder sobre la comunidad. Algunos muchachos que estaban en la institución como estudiantes, se fueron allá”, asegura el profesor.
Tatiana recuerda que durante los años en que fue estudiante en El Cuembí, varios de sus compañeros dejaron la institución para unirse a los grupos guerrilleros de la zona. “Tuve dos compañeritos que eran hermanos y que ya tenían familiares dentro de los grupos armados. Uno, aún siendo un niño, trataba como de alejarlo de esas cosas, pero la situación económica era muy, muy difícil y a veces la necesidad en la casa hacía que de pronto los muchachos tomaran decisiones. Ellos se fueron y se incorporaron y no supe más de ellos”, rememora.
Históricamente, el Putumayo ha sido una zona de siembra de hoja de coca. En 2014, según la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA), el departamento era el segundo productor de coca en el país, con más de 13 600 hectáreas sembradas. Y para 2021, de acuerdo con el Monitoreo de territorios con presencia de cultivos de coca en Colombia 2022 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Putumayo concentró el incremento de hectáreas de coca en el país, al pasar de tener 28 205 hectáreas en 2021 a 48 034 hectáreas en 2022, alcanzando su máximo registro histórico.
A diferencia de lo que ocurre en el departamento, en donde pululan los cultivos de coca y los grupos armados están a la orden del día, en El Cuembí el panorama es diferente. Según Patricia, quien pertenece a la comunidad educativa, desde la firma del acuerdo de paz entre el Estado y las FARC, en 2016, en el colegio se inscribieron 400 estudiantes más, provenientes incluso de Ecuador.
La jornada de El Cuembí, según cuentan los profesores, empieza a las 7:30 a. m. y termina a las 3 de la tarde, y aunque la mayoría de niños y jóvenes regresan a sus casas a esa hora, una parte del profesorado se queda para cumplir con otra jornada de educación. El colegio, según los miembros de la institución, hoy cuenta con 20 aulas en las que cerca de 600 estudiantes jóvenes aprenden durante una jornada única, aunque nació con solo tres aulas de clase y un polideportivo hace más de 30 años, y ahora ofrece una jornada nocturna en la que los adultos del corregimiento pueden empezar y culminar sus estudios de primaria y bachillerato.
Incluso, según Patricia, en 2018 lograron que se les permitiera alfabetizar a los adultos de la comunidad, incluyendo a los excombatientes de las FARC que pertenecieron al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de La Carmelita. “Iniciamos con la idea de poder prestar el servicio de educación a la población excombatiente. Ese fue un proceso que se hizo con la Universidad Nacional y con el Consejo Noruego. Desde ahí decidimos abrir también dentro del colegio la educación para adultos, especialmente a los padres de familia, porque al estudiar también motivan al muchacho”, aseguró.
Aunque el conflicto todavía está presente en la cotidianidad de profesores y alumnos de El Cuembí, y pese a estar en medio de las confrontaciones, lograron desarrollar estrategias para que las aulas sean territorios seguros y de paz. Desde el año 2009 se vienen organizando los centros de mediación, una iniciativa en la cual alumnos ejemplares se capacitan en la resolución de conflictos de primer grado. Patricia pone como ejemplo los apodos que se ponen entre compañeros y que pueden causar pequeñas fricciones, y son ellos mismos los que ayudan a gestionar este tipo de situaciones dentro y fuera del aula de clases.
“La institución inició con un proceso que se llamaba en su tiempo Escuela de puertas abiertas. La intención era poder brindarles formación a los docentes para que ellos se encargaran de hacer la formación a los estudiantes para la resolución pacífica de conflictos. Y con eso se creó un centro de mediación, que es donde los alumnos hacen el papel de mediadores escolares. Ahí, ellos son los encargados de la solución de problemas tipo 1 del Manual de Convivencia” explica Patricia.
Camilo cuenta que cuando se inició la implementación de estas medidas, y en especial cuando los mismos estudiantes empezaron a fungir como mediadores, hubo resistencia. Pero que, pese a esto, con el pasar de los años ha sido la herramienta más efectiva para disminuir los conflictos dentro de la institución y para que el colegio se convierta en un espacio de paz y, sobre todo, en un lugar seguro.
“En un comienzo había bastante resistencia entre los muchachos. Decían: ‘Ah, no, yo no voy a ir allá a que este se dé cuenta de mi problema. Ese no sabe nada de esto’. Pero ya después se dieron cuenta de que los compañeros, a pesar de ser compañeros, habían recibido una capacitación en resolución de conflictos. Ahí ya empezaron a asistir algunos y se dieron cuenta de que tomando ese camino solucionaban su situación con los mismos compañeros y empezaron a tenerse más confianza. Nos ha dado muy buenos resultados y la verdad es que la presencia del conflicto sí ha disminuido bastante en la institución”, cuenta el docente.
Los actores armados violaron el Derecho Internacional Humanitario
El Cuembí, como todas las instituciones educativas en general, está especialmente amparado por el Derecho Internacional Humanitario. El DIH considera a las niñas y los niños como una población especialmente protegida debido a su no participación en las hostilidades y su vulnerabilidad. Diversos tratados internacionales firmados por Colombia, como el Convenio de Ginebra de 1949 sobre la protección de personas civiles en tiempo de guerra (ratificado en 1961), establecen claramente que tanto la infancia como los espacios educativos deben permanecer al margen del conflicto.
Para Camilo Ramírez Gutiérrez, especialista en Derecho Internacional Humanitario e investigador de la Universidad del Bosque, los colegios tienen protección especial ya que “entran en una categoría general en el DIH que es la de bienes civiles. Uno de los principios de este es el de distinción, y se extiende hacia los objetos y sujetos que tienen la condición de civil, es decir que no participan ni se utilizan directamente en las hostilidades”.
El DIH además, según Ramírez Gutiérrez, tiene unas reglas especiales para proteger a los menores en un conflicto. “Entre otras cosas se habla de la garantía que se debe dar a los menores sobre su educación, y esta garantía especial se extiende a esa categoría de bien civil del colegio”.
Sin embargo, de acuerdo con el experto, esta norma tiene matices, ya que un bien civil se puede considerar objetivo militar cuando es empleado por la contraparte del conflicto con fines estratégicos, ya sea por su ubicación o por su uso. El especialista en DIH explica que, en casos como el de El Cuembí, en que varios grupos partícipes de la guerra lo usaron en repetidas ocasiones, se configura una violación a la norma por cuanto estos grupos debieron respetar la protección al bien civil y buscar otros lugares para acantonar.
Para la Comisión de la Verdad, además de su enfoque educativo, la escuela se transformó en un punto de encuentro para la comunidad. Esta función no solo la convirtió en un sitio clave para llevar a cabo actividades de supervisión, sino que también generó efectos significativos en la cohesión del tejido social comunitario. “Por esto, cuando las escuelas resultaron afectadas por el conflicto, se impidió que las niñas, niños y adolescentes volvieran a sus clases y también se atacó el sentido colectivo de pertenencia y cohesión de las comunidades”.
Pese a las denuncias documentadas en este reportaje, el Ejército Nacional respondió a Consejo de Redacción que ellos cumplen con el Derecho Internacional Humanitario. “Desde el planeamiento de las operaciones militares se tiene como referencia los principios Institucionales, siendo uno de ellos, el respeto por los Derechos Humanos y el acatamiento del Derecho Internacional Humanitario. Las órdenes emitidas por los diferentes niveles de mando en Divisiones, Brigadas y Batallones como Comandantes de esas Unidades, son de acuerdo a las reglas del DIH y DIDH, en la historia del Ejército Nacional no existe un manual, una directiva, un procedimiento que indique que se puede ocupar las escuelas o los colegios”, afirma la institución.
El Ejército añadió que todos los miembros de sus filas reciben constantes capacitaciones y entrenamientos en el cumplimiento de los derechos humanos y, en especial, de los principios del Derecho Internacional Humanitario. “Esto es con el fin de anunciar que no existen unas órdenes generalizadas que infrinjan el DIH o los DDHH, si llegase a existir una conducta en contra de los DD HH y del DIH, muy seguramente serán acciones individuales de responsabilidad personal, mas no de una política o lineamientos institucionales en el desarrollo de las operaciones militares”, concluyeron.
Sigue siendo difícil
El Cuembí sigue siendo ese colegio que en una orilla del corredor Puerto Vega-Teteyé, levanta sus aulas como símbolo de resistencia. Aunque el conflicto armado disminuyó en 2016 con el Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las FARC, según el informe ‘Las disidencias de las FARC: un problema en auge’ de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en el Putumayo actualmente operan los frentes 1, 48, 49 y 62 de las citadas disidencias. Además, según la alerta temprana 008-23 de la Defensoría del Pueblo, también hay presencia del Ejército de Liberación Nacional. Y aunque ya no son tan visibles, la comunidad de La Carmelita sigue viviendo con miedo a la guerra.
Según el ‘Informe de riesgo N° 008-16 de alertas tempranas’ de la Defensoría del Pueblo, en Puerto Asís cerca de 3214 habitantes de la cabecera urbana y 5455 de la zona rural padecen riesgo de sufrir vulneraciones a los derechos humanos. Según la entidad, los focos están ubicados en los barrios de las comunas El Jardín y Santana, así como en las veredas de los corregimientos Bajo Cuembí-Perla Amazónica, La Carmelita, Santana, Piñuña Blanco, Teteyé, Villa Victoria y Alto Danubio.
Sin embargo, para la Institución Educativa Rural Ecológica El Cuembí, esta no es la mayor de las preocupaciones. Patricia, quien pertenece a la institución, dice que todos los años lucha contra el escaso presupuesto que se destina a la educación rural. Incluso, la mayoría de las remodelaciones y construcciones que se han llevado a cabo en el colegio durante sus casi 30 años de existencia, las han hecho padres de familia, vecinos y profesores que creen en la educación como la principal herramienta para la vida.
“Me gustaría una mejor infraestructura para esta institución. Porque se lo merece. Es la más grande del corredor de Puerto Vega, es la más antigua y pese a esto tiene una infraestructura muy malita que merece ser cambiada por algo que sea acorde a la necesidad. Tengo grupos de 40 estudiantes, algo que en la zona rural del Putumayo usted nunca lo ve, pero están como sardina en lata. No tengo pupitres y estamos reciclando todo lo viejito. Acá no hay pasillos cuando llueve, los salones tienen muchas goteras, no hay infraestructura deportiva para tantos estudiantes”, explica Patricia.
Además, al ser un colegio rural apartado de la cabecera municipal, el profesorado que está dispuesto a recorrer las dos horas en moto y lancha o que incluso decide irse a vivir a La Carmelita es muy escaso. “El Cuembí es un colegio especial, con un horario diferente, y cuando llegan los docentes del pueblo que trabajan solamente hasta la una, pues se pegan un choque grande cuando se dan cuenta que la jornada termina a las tres. Varios incluso no continúan, este año se fueron ocho docentes y este es el momento en que solamente han mandado cuatro. Yo digo que la asignación de planta de personal en la zona rural debería ser especial, debería tenerse en cuenta la gente que es profesional, que vive en la zona y que ya conocen el trote de la zona rural”, asegura.
Esta historia fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción (CdR).
* Los nombres de las personas fueron cambiados para proteger su seguridad.