Una cámara fotográfica congeló un instante de felicidad. Era domingo, diciembre de 1998 y, en la plaza principal de Mesetas, dos hermanos y su madre le sonreían al futuro; una foto que sería la última postal juntos. Al despedirse, Carlos tomó la mano de su hermana Cecilia y la fue soltando en un desprendimiento lento y sutil, como si los dedos se negaran a alejarse del todo.
“Sentí en ese momento que iba a pasar mucho tiempo sin volverlo a ver”, recuerda Cecilia entre lágrimas. No fueron meses. Fueron 27 largos años de incertidumbre, silencio y duelo en pausa.
El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes ha sido categorizado como un delito invisible en Colombia. La búsqueda de quienes desaparecieron en las filas de la guerrilla ha enfrentado históricamente obstáculos para sus familias, desde la falta de garantías institucionales hasta el señalamiento social.
Para la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), encontrar a Carlos implicó reconstruir no solo su historia, sino toda la estructura de la Columna Móvil Arturo Ruiz: quiénes la integraron, qué ruta recorrieron desde el Caguán hasta el Catatumbo, y qué pasó con los menores que, como él, desaparecieron en la Operación Berlín, entre noviembre de 2000 y enero de 2001.
Este trabajo, de la mano de sobrevivientes, hoy firmantes de paz, ha logrado dar respuesta a algunas familias. En el caso de Carlos, su hallazgo, identificación y entrega digna es la primera de un menor reclutado, desaparecido y asesinado en la Operación Berlín.
Al sur del Meta, el Estado llegó tarde y la violencia muy temprano. Carlos creció entre Granada y Mesetas, un territorio atravesado por los ríos Ariari y Güejar. Con el tiempo se convirtió en el brazo fuerte de su padre: él cargaba la yuca, el plátano y sembraba el maíz, hasta que la guerra se lo llevó.
A los 17 años, según el relato de su hermana Cecilia, Carlos fue reclutado por el Frente 40 de las antiguas FARC-EP. “Cuando mi hermano desapareció, mi papá estaba muy triste, muy solo, él era el que le colaboraba en la finca”, cuenta Cecilia. El golpe destrozó el hogar. Su padre cayó en depresión profunda, batalló once años contra la epilepsia y el dolor de la ausencia hasta que en 2023 murió con la esperanza de estrecharlo entre sus brazos. Su madre, mientras tanto, recorrió trochas y caseríos buscando respuestas, pero solo encontró silencios. Cecilia, décadas después, asumió la antorcha de la búsqueda, superando el miedo a las represalias.
“Uno siente temor… por eso calla, por eso pasa tanto tiempo sin decir nada”, confiesa. Pero el amor pesó más que el miedo.
La desaparición de Carlos profundizó el dolor de su familia y, según el relato de su hermana, estuvo acompañada por el desplazamiento forzado. El desarraigo hizo parte de una violencia extendida. El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) documentó la gravedad de este fenómeno en el Meta, en su informe ‘Pueblos arrasados’, publicado en 2015.
Cecilia no supo entonces a dónde había ido su hermano. Durante años su familia solo tuvo el vacío de su ausencia. Fue mucho después, en su búsqueda, que logró reconstruir el camino que lo llevó a la muerte en medio del fuego cruzado durante la Operación Berlín.
Entre 1990 y 2017 el Meta registró 2.977 víctimas de reclutamiento forzado en el universo de víctimas imputadas estadísticamente, la cifra departamental más alta de la clasificación presentada en el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Grupo de Análisis de Datos en Violaciones de Derechos Humanos (HRDAG, por su sigla en inglés). El documento registra en todo el país 16.238 niñas, niños y adolescentes víctimas de reclutamiento entre 1990 y 2017, seguido por Antioquia, Guaviare, Caquetá y Cauca.
1.100 kilómetros hacia la muerte
Entre julio y diciembre del 2000, Carlos y cientos de adolescentes reclutados en la Orinoquía y Amazonía sufrieron una travesía extenuante: recorrieron en lancha y a pie siete departamentos, 1.100 kilómetros durante cinco meses, hasta llegar a los límites entre Santander y Norte de Santander.
La Columna Móvil Arturo Ruiz (CMAR) fue creada ese mismo año y salió desde el Caguán, en pleno corazón de Caquetá. Sus compañías avanzaban con la misión de apoyar a estructuras de las FARC-EP en el Magdalena Medio y el Catatumbo frente a la arremetida militar y paramilitar.
La Columna incorporó a numerosos menores reclutados, algunos provenientes de la zona de despeje, una extensa área de 42.000 km cuadrados entre Meta y Caquetá. Desde enero de 1999 hasta febrero de 2002, la fuerza pública abandonó esta zona por orden del entonces presidente Andrés Pastrana, para adelantar los diálogos con esta guerrilla.
La JEP y la Comisión de la Verdad han documentado la magnitud del reclutamiento asociado a la Columna Móvil Arturo Ruiz y al Bloque Oriental, considerado uno de los más sanguinarios dentro de esa guerrilla.
La JEP estableció que al menos 201 niños y niñas hicieron parte de la Columna Móvil durante la Operación Berlín. Esta entidad también reveló que, entre 1971 y 2016, al menos 18.677 menores fueron reclutados por las antiguas FARC-EP, según el universo provisional de hechos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), documentado en el auto 05 de 2024, en donde se registra la responsabilidad de 8.987 casos de reclutamiento forzado a menores de edad, atribuidos al Bloque Oriental.
Algunos de ellos eran indígenas provenientes de Vichada y otros eran campesinos de las zonas del río Duda, como Mesetas, Puerto Rico y Uribe, en el departamento del Meta. La mayoría fueron reclutados mediante engaños y amenazas.
Niños de tierra caliente cargados con fusiles que pesaban casi tanto como ellos, transportados en lanchas de dos pisos por ríos torrentosos y obligados a marchar de noche con destino a las cumbres gélidas del nororiente colombiano. Para la guerrilla no había infancia, eran cuerpos capaces de cargar munición.
La JEP documentó que la edad de los menores oscilaba entre 12 y 17 años y no tenían experiencia en combate. También relató que, durante el largo recorrido, pasaron hambre, fatiga, hostigamientos, torturas, además de sobrellevar el fuerte frío del páramo de Berlín, un imponente ecosistema de alta montaña ubicado dentro del complejo de páramos de Santurbán. Estos documentos a su vez recogen testimonios de niñas que fueron obligadas a soportar diversas violencias basadas en género y abusos sexuales durante el reclutamiento.
La Operación Berlín
Ubicado a más de 3.000 metros de altura, el páramo de Berlín se convirtió en escenario de combates enmarcados en una operación militar que se extendió entre el 19 de noviembre de 2000 y el 5 de enero de 2001.
Durante una madrugada el estruendo de helicópteros del Ejército Nacional rompió la niebla; hubo ataques y ametrallamientos. Algunos menores combatieron y otros huyeron sin poder llevar alimentos. Así lo recuerda Sandra, una sobreviviente de la Operación Berlín, hoy firmante de paz.
Oriunda de La Julia, en Uribe (Meta), Sandra cuenta que llegó a las filas cuando tenía 12 años y que en esta decisión pesaron las necesidades económicas, la falta de oportunidades escolares y la historia de violencia de su familia.
Sobre el viaje hacia el páramo, ella relata cómo fue el traslado de los numerosos jóvenes: “Eran lanchas de dos pisos. A unas que les cabían 20 o 25 muchachos con equipaje… Uno se subía y a esperar a dónde lo iban a descargar”.
En el trayecto, Sandra recuerda que hicieron una pausa en Vichada, donde operaba el Frente 16, y durante varias semanas recibieron formación en manejo de paracaídas, enfermería y tareas relacionadas con la “economía” o remesa y la contabilidad. La travesía continuó hasta llegar al páramo, donde recibieron la orden de “reencauchar”, es decir, ajustar equipos, armamentos y redistribuir la remesa, pero esa noche no terminaron la tarea.
A la mañana siguiente, sobre las 4:45 am, ella y sus compañeros despertaron con el ruido de los helicópteros sobrevolando los campamentos. Algunos corrieron sin saber hacia dónde disparar, varios cayeron por abismos y otros murieron bajo el fuego aéreo. “Era muy triste, uno se sentía en familia; éramos tantos y quedar tan poquitos, fue muy duro”, relata Sandra, quien logró sobrevivir por esos días gracias a los tomates de las tomateras, el único alimento que tenían al alcance.
En la huida, Sandra perdió su tarjeta de identidad y su nombre apareció en los noticieros, lo que desató la angustia de su madre, que la buscó en hospitales y cementerios de Bucaramanga.
Según la Comisión de la Verdad, durante los días que duró la operación, las ráfagas y bombas cayeron sobre cultivos, animales y casas y mataron tanto a guerrilleros como a civiles. Las FARC-EP respondieron con fuego abierto y la siembra de minas antipersonal.
Investigaciones periodísticas documentaron que el 16 de noviembre de 2000 un menor se entregó al Ejército y aportó información sobre la composición de la estructura, los jóvenes que integraban la columna y el armamento que llevaban. Otros dos integrantes fueron capturados esa misma semana y también aportaron información sobre los desplazamientos. Esos hechos hicieron parte del seguimiento militar a la CMAR, pero la documentación revisada indica que el Ejército ya realizaba labores de inteligencia antes de la deserción.
La fuerza pública entrevistó a los menores detenidos sin la compañía del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) y utilizó esa información en su estrategia de combate. “El Ejército reconoce que detuvo a 23 menores y otros 27 se entregaron y registra que 62 guerrilleros murieron en combate. De las 78 necropsias realizadas por Medicina Legal, 28 eran menores de edad, seis de ellos con estallido craneal, lo que significa que fueron asesinados en estado de indefensión”, así lo registró la Comisión de la Verdad en su informe final.
Esto confirma que la fuerza pública tenía información suficiente sobre la presencia de menores en la Columna Móvil Arturo Ruiz y, aun así, la Orden de Operaciones 046 salió del comando de la Quinta Brigada el 18 de noviembre. Una investigación periodística de El Espectador reveló un informe de inteligencia de la Décima Octava Brigada, fechado el 26 de octubre de 2000, en el que identificaba al menos 150 menores de entre 14 y 17 años.
Este hecho es ilustrativo principalmente porque las niñas y niños vivieron doble victimización: la primera al ser reclutados por las FARC-EP y la segunda al no recibir garantías de derechos por parte del Ejército Nacional.
Las familias de menores reclutados le manifestaron a la Comisión de la Verdad que la única reparación que esperan es saber el paradero de sus hijos desaparecidos en la Operación Berlín.
En esa espera se mantuvo Cecilia por muchos años, hasta que encontró en una jornada institucional una oportunidad para romper el silencio. En 2021 la Unidad de Búsqueda realizó una jornada móvil de atención en el parque del pueblo y en ese momento se iniciaron las gestiones que, con el tiempo, se convertirían en las primeras piezas del rompecabezas en el proceso de búsqueda de su hermano.
El derecho a la búsqueda y al duelo
Ana María Salamanca, investigadora de la UBPD en el Centro Regional Nororiente, señala que, como mecanismo humanitario y extrajudicial, la UBPD trabaja para recuperar y devolverles a sus familias los cuerpos de personas desaparecidas durante el conflicto. En los casos de menores reclutados, su labor busca esclarecer su paradero y restituirles, en la medida de lo posible, su identidad y dignidad.
En esa tarea reconstruyeron la estructura de la Columna Móvil Arturo Ruiz para entender qué sucedió con la vinculación de los menores, los frentes que la conformaron y los recorridos.
La documentación sobre la Operación Berlín mostraba que los cuerpos de los combatientes muertos en los enfrentamientos habían sido trasladados a la Quinta Brigada y luego remitidos al Instituto de Medicina Legal, pero muchos eran menores de edad sin cédula ni registro de huella dactilar en la Registraduría. Entonces, ¿qué pasó con esos cuerpos? Esa pregunta llevó al equipo investigador hasta el Cementerio de Bucaramanga.
La búsqueda comenzó a tomar forma en 2020, cuando las organizaciones Coalición contra la vinculación de menores (Coalico) y Bemposta Nación de Muchachos impulsaron el acompañamiento a los sobrevivientes de la Operación Berlín, por ser un caso emblemático para hablar de los niños y niñas en la guerra.
En 2021, la mayoría de quienes hicieron parte de la columna se encontraron en Bogotá para reconstruir los nombres y los rastros de sus compañeras y compañeros desaparecidos en un ejercicio de memoria.
En 2022 y 2023, los sobrevivientes de la operación, con el apoyo de Coalico, Bemposta y la Corporación Reencuentros, una organización de excombatientes que contribuye en la búsqueda de personas desaparecidas, participaron en las intervenciones en el Cementerio de Bucaramanga en compañía del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), para realizar labores de necropsia. En ese ejercicio los cuerpos empezaron a tener nombre cuando reconocieron a sus compañeros en las fotografías, por sus alias de guerra, sus rasgos, sus cicatrices y sus fracturas. Así orientaron las identidades a partir de estos indicios.
El trabajo de los sobrevivientes sumado al cotejo genético con las familias, permitieron a esos cuerpos encontrar una identidad para, finalmente, abrir un camino de regreso a casa. “No los vamos a dejar de buscar. Nos duele a nosotros que fuimos su familia social, ¿cómo será a su familia biológica?”, precisó Naiza Quintero, coordinadora regional de la Corporación Reencuentros en la región oriente, para quien la búsqueda es una forma de aportar a la reconciliación.
Naiza explica que durante la firma del Acuerdo de Paz en La Habana, como firmantes, adquirieron el compromiso humanitario de aportarle a la verdad y a la búsqueda y es lo que continúan haciendo.
En casos como el de la familia de Carlos, que perdieron todo contacto tras su reclutamiento, la UBPD implementa la llamada “búsqueda inversa”, una estrategia que parte de la información verificada de cuerpos hallados e identificados para encontrar a las familias. Una vez que se tiene un nombre, se rastrean registros en el sistema de salud y se cruza información con solicitudes de búsqueda. Sin embargo, muchas de estas familias nunca iniciaron su búsqueda, porque decir que un familiar estuvo en un grupo armado traía señalamiento y estigma.
El regreso de Carlos
En el Cementerio Municipal de Bucaramanga, el tiempo había borrado parte de los rastros. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) encontró que algunas bóvedas habían sido utilizadas para disponer cuerpos en distintos momentos, con restos de diferentes personas mezclados en su interior.
Mientras los sobrevivientes aportaban mapas de memoria y nombres de guerra para ubicar a sus antiguos compañeros, Mercedes, la madre de Carlos, entregaba su muestra de ADN con el temor aferrado al pecho.
En 2024, el teléfono sonó. Las pruebas biológicas confirmaron que el cuerpo hallado era Carlos.
“Siempre tuvimos la esperanza de verlo llegar con vida”, confesó Cecilia.
En febrero de 2025 Carlos finalmente regresó a casa. No como el hombre maduro que imaginaban, sino en un cofre cubierto de dignidad. Su entrega fue la primera realizada como resultado de la investigación sobre personas desaparecidas en la Operación Berlín. Su cuerpo finalmente fue sepultado en Granada (Meta), cerca de la tierra que lo vio nacer y de las aguas donde aprendió a nadar.
“Ahora me siento más tranquila… ya sé dónde está”, susurra Cecilia con un suspiro que le tomó décadas exhalar. “Esto es cerrar un capítulo. Por fin pude borrar la imagen de su mano soltando la mía en aquel parque”, recuerda la hermana de la víctima.
Esta ceremonia puso fin a la incertidumbre, pero abrió una nueva lucha. Cecilia cuenta que cuando intentó registrar a Carlos como víctima ante el Estado encontró obstáculos para que su condición de menor reclutado fuera reconocida. Este tipo de situaciones tiene antecedentes documentados en Colombia: la Corte Constitucional, en la Sentencia T-506 de 2020, estudió un caso en el que la pertenencia de un menor a un grupo armado había terminado eclipsando su condición de víctima de reclutamiento cuando era menor de edad. La JEP, además, reconoce jurídicamente entre reclutamiento y utilización, desaparición, violencias intrafilas y otros hechos.
Carlos ya descansa en paz, pero la historia de su regreso no es solo el final de una tragedia familiar, es el recordatorio de miles de menores que aún esperan, en alguna fosa olvidada del páramo o de la selva, la mano que al fin los traiga de vuelta a casa.
La UBPD reseña que al 30 de junio de 2026, en las áreas del Cementerio Municipal de Bucaramanga relacionadas con la Operación Berlín, se recuperaron 72 cuerpos, 66 de ellos correspondientes a la Operación Berlín. A la fecha se han logrado cinco entregas dignas más, principalmente en el departamento del Meta.
La Comisión de la Verdad documentó que el reclutamiento y la desaparición de menores pueden quedar invisibilizados por el estigma y la falta de información. La historia de Carlos muestra el valor de la búsqueda humanitaria y de la restitución de la identidad y la dignidad de quienes fueron reclutados siendo niños. Para las familias, la búsqueda continúa hasta obtener respuestas sobre los desaparecidos y hasta que sean reconocidos como víctimas de la guerra.
Un buen número de niñas y niños reclutados continúan desaparecidos y quienes sobrevivieron, como Sandra, acogiéndose a la reincorporación, cargan con la discriminación y el estigma por haber pertenecido al grupo armado.
El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes está prohibido por el Derecho Internacional Humanitario y por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En el Estatuto de Roma, el reclutamiento, alistamiento o utilización de menores de 15 años en hostilidades está tipificado como crimen de guerra. El hecho de que un menor haya expresado voluntad de incorporarse no elimina, por sí mismo, su condición de víctima de reclutamiento.
En el caso 07, la Sala de Reconocimiento de Verdad y responsabilidad de la JEP ha señalado que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes estuvo relacionado con vulnerabilidades estructurales de los territorios y con políticas y estrategias de crecimiento de las FARC-EP.
La propia JEP caracteriza el fenómeno como un patrón nacional sistemático, complejo y multicausal. Por estos hechos, en noviembre de 2024 la JEP imputó a seis antiguos integrantes del último Secretariado de las FARC-EP como máximos responsables y documentó cinco patrones macrocriminales: reclutamiento y utilización de niños y niñas, malos tratos, torturas y homicidios en la vida intrafilas, violencias reproductivas, violencias sexuales y violencias por prejuicio por orientación sexual o identidad de género diversas. En abril de 2026, la JEP adoptó además una decisión regional que involucró a 20 antiguos integrantes de distintos bloques y estructuras.
*Los nombres de las personas que aparecen en esta historia fueron cambiados para proteger su identidad y la de sus familias.
Esta historia es resultado del proceso de formación y producción ‘CdR/Lab Hilando la memoria: periodismo para investigar la desaparición forzada en Colombia’, una iniciativa de la Asociación Consejo de Redacción (CdR) en alianza con el Servicio Civil para la Paz de Agiamondo en Colombia.