(…) es la política local la más interesada en colarse en la Cámara a través de las víctimas.
Varios indicios apuntan a que es la política local la más interesada en colarse en la Cámara a través de las víctimas. Incluso, algunas denuncias apuntan hacia el actual alcalde de Turbo, Alejandro Abuchar, del Centro Democrático. Un caso específico relacionado con Abuchar es el de la candidata Dibia Estela Escobar, quien fue secretaria de Tránsito y Movilidad de su administración, entre 2016 y 2017, señalada presuntamente de falsificar su título universitario. Aunque tratamos de conocer su versión sobre estos señalamientos, la candidata dijo que por estar en zonas rurales tenía dificultades de conexión, agradeció “tenerla en cuenta” y no volvió a responder.
Un líder de la región asegura que se escucha que el alcalde y exalcaldes de Turbo están “metiendo toda la maquinaria política y económica para que la curul quede en sus manos, cuando desde la administración nunca incluyeron al acuerdo de paz ni a las víctimas”. A esto se suma Birleyda Ballesteros Bermúdez, coordinadora de la Mesa de Víctimas de Apartadó y actual candidata a la Cámara por la jurisdicción ordinaria, pues estaba inhabilitada para aspirar a la curul especial, por haber sido candidata al Concejo de Apartadó.
Ella dice que está preocupada por la participación de las víctimas, porque lo que han visto en la región es cómo grupos financieros y políticos, que nunca han tenido relación con ellas, se están moviendo para ganar la curul que les pertenece. Además, resalta un dato importante: en los ocho municipios de Urabá que conforman esta circunscripción hay 499.414 víctimas que podrían quedar mal representadas, según datos del Registro Único de Víctimas al 31 de enero del 2022.
Aunque prefiere no dar nombres, calcula que cerca de 10 candidaturas “tienen las mejores vallas y están haciendo una campaña fuerte desde que a las curules de paz se les dio vía libre”, es decir, incluso antes del tiempo en que legalmente podían comenzar.
La situación más preocupante está en la violencia, por la que siete municipios presentan riesgos.
Respecto a este panorama, el mapa de riesgo electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE) dice que ninguno de los ocho municipios tiene riesgo extremo de fraude electoral, pero sí hay cinco con riesgo entre medio y alto. No obstante, la situación más preocupante está en la violencia, por la que siete municipios presentan riesgos.
En Turbo y Dabeiba existe riesgo extremo, según la MOE. En el primero, debido a las economías ilegales, principalmente a la alta densidad de cultivos ilícitos, además de riesgo alto en libertad de prensa y extremo en desplazamientos forzados. Allí se han registrado en el último año acciones y presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), Los Caparros y pequeños grupos delincuenciales organizados.
Dabeiba, por su parte, presenta minería ilegal, violencia contra líderes y desplazamientos forzados. Este es, de toda la circunscripción, el único municipio donde se registra alguna presencia del Eln, lo que para la investigadora de la MOE Monig Lilley Rodríguez implica que es un territorio en disputa. A diferencia de las otras circunscripciones de Antioquia, en Urabá no se registra presencia del Eln ni de disidencias de las Farc, por lo que los grupos armados organizados mantienen una hegemonía armada en el territorio.
Apartadó, Chigorodó, Mutatá y Necoclí son algunos de los municipios con riesgo alto. Ballesteros recuerda que, en este último, ubicado al norte de la subregión, un candidato sufrió una retención y no lo dejaron continuar con su campaña. Por ahora, esa es la única intimidación directa de la que ha tenido noticia.
Menderson Mosquera Quinto, candidato por la Corporación Creamos Urabá y coordinador de la Mesa Departamental de Víctimas de Antioquia durante tres períodos, cuenta que hasta ahora no ha sufrido intimidaciones, pero que sabe que siempre debe asistir a las veredas con gente de la zona, porque de lo contrario, es posible que no lo dejen entrar. “Acá, para ir a todas partes, hay que pedir permiso, indiscutiblemente. Es muy difícil que la Fuerza Pública controle el sector y hay zonas que quedan a más de tres horas”, señala el candidato. Por esa distancia, sí hay sectores en los que no ha podido hacer campaña, pero más que a razones de seguridad, se lo atribuye al alto costo económico que representa llegar a algunas de las veredas más apartadas de la subregión.
Nota: Este artículo fue modificado el 18 de marzo de 2022, debido a que en la primera versión se incurrió en un error por sinonimia que hizo señalar que el padre de la candidata (hoy electa) Karen Juliana López era Jaime de Jesús López Echeverri, cuestionado por presunto testaferrato, en lugar de Jaime de Jesús López Puentes, directivo docente en el municipio de Turbo, Antioquia.
