Circunscripción Especial de Paz número 13

Entre el conflicto y los cuestionamientos, así se disputa la curul de paz del sur de Bolívar

El conflicto y la influencia de los grupos políticos tradicionales ponen en riesgo las elecciones de la Circunscripción Especial Transitoria de Paz número 13.

Circunscripciones de paz: desafío en medio del miedo, la falta de apoyo estatal y la política tradicional

Entre el conflicto y los cuestionamientos, así se disputa la curul de paz del sur de Bolívar

Autor:

Paola Benjumea

Marzo 09 de 2022

Más de la mitad de los municipios del sur de Bolívar, donde está la Circunscripción Especial Transitoria de Paz número 13, presentan riesgos de cara a esa elección. Así lo concluyó el reciente mapa de riesgo electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE). La zona, donde se disputan una de las curules en la Cámara de Representantes destinada a las víctimas, comprende siete municipios: Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití (Bolívar) y Yondó (Antioquia), en el Magdalena Medio. En contienda hay 12 listas, con 24 candidaturas, que hacen campaña en medio de la persistencia del conflicto armado y, algunos, con varios cuestionamientos.

Todos los actores armados 

“Nunca nos hemos sentido tranquilos, ni con los grupos armados ilegales, ni con el Gobierno y el Ejército”, dice Margarita Mondragón Parra, líder social y candidata avalada por la Federación Agrominera del Sur de Bolívar. Esas palabras resumen la situación histórica de esta región, donde pese al acuerdo de paz, persiste el conflicto armado.

Monig Lilley Rodríguez, investigadora del Observatorio Político-Electoral de la Democracia, de la MOE, cuenta que las alertas de riesgo por violencia para la elección de la curul de paz pasan por la presencia de cultivos ilícitos en San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití, así como por la minería ilegal en estas dos últimas poblaciones. Allí “coinciden las dos principales economías ilegales del país”, dice la investigadora.

Para la MOE, toda la circunscripción presenta algún grado de riesgo. En Morales, por ejemplo, es extremo (el más grave), mientras en Arenal, San Pablo y Santa Rosa del Sur es alto. Allí, detrás de las economías ilegales y de la violencia contra líderes sociales, políticos y comunales, seguido de desplazamientos forzados, están las disidencias del frente 37 de las antiguas Farc, grupos armados organizados como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), y del Eln, todos con presencia permanente en la región.

Aunque Margarita Mondragón y su compañero de fórmula, Pablo de Jesús Santiago Quintana, dicen que no conocen de amenazas directas contra los candidatos a la curul, saben que existen peligros. No obstante, denuncian que la estigmatización histórica sobre los liderazgos sociales por cuenta del Estado puede afectar las posibilidades de hacer campaña.

Algunos casos lo evidencian. En 2017, a Melkin Hernán Castrillón Peña lo amenazaron las Agc. Hoy es el candidato de la Asociación de Víctimas de Crímenes del Estado (Asorvimm) y dirigente campesino de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. Por su parte, al candidato Isidro Alarcón Bohórquez, líder social del corregimiento Micoahumado, lo detuvo en 2017 la Policía y el Ejército junto a otros líderes, acción que denunciaron como una persecución a las organizaciones sociales. Luego, en 2019, sufrió amenazas presuntamente del Eln, según prensa local del Magdalena Medio.

“Allí coinciden las dos principales economías ilegales del país”, asegura Monig Lilley Rodríguez, investigadora de la MOE.  

Políticos detrás de la curul

Pero el conflicto no es lo único que pondría en jaque las elecciones. Los clanes y los partidos políticos tradicionales también, al rodear algunas candidaturas de la circunscripción. Es el caso de Alicia Monroy Barrera, candidata por la Asociación de Productores Agroindustriales de Monterrey Sur. Como informó el diario El Espectador, Monroy es la esposa de José Melecio Cendales, exalcalde de Santa Rosa del Sur y candidato en 2013 a la Cámara por el partido Centro Democrático. En la lista la acompaña el líder social César Norbey González quien, según documentos públicos, logró en 2014 que cinco corregimientos de Simití fueran incluidos en el Registro Único de Víctimas.

En otro caso, la candidata Anacelis Pallares Velásquez aparece en documentos del Partido Liberal del 2020 como militante de esa colectividad. Aunque la restricción del Consejo de Estado dice que no pueden aspirar a la curul de paz quienes hayan sido candidatos por estos partidos en los cinco años previos a la elección, no especificó sobre las militancias. Pallares hace fórmula con Dionisio Enrique Maury Tapia, avalados por la Asociación de Mujeres de Dios es Amor, de San Pablo. Maury Tapia es compositor vallenato y su carrera la ha desarrollado desde Santander, aunque nació en Simití. Según la citada investigación de El Espectador, este ha apoyado campañas del Partido Conservador, es cercano al gobernador de Bolívar, Vicente Antonio Blel, y en la actual campaña tiene apoyos de varios exalcaldes.

Por el lado de la Fundación Mujeres Desplazadas Cabeza de Hogar Víctimas de la Violencia Rural y Urbana (Mudevisa) se repiten algunos cuestionamientos. Primero, la candidata Aida Esther Mosquera Ariza, líder afro, aparece en listas del partido Polo Democrático Alternativo como militante. Su compañero de lista es Roberto Carlos Fuentes del Toro, oriundo de San Pablo, pero quien ha pasado en Bogotá buena parte de su vida, al menos desde el colegio y la universidad, según sus propios perfiles de redes sociales y su hoja de vida. Además, fue cabo tercero del Ejército hasta 2005 y trabajó luego en Indumil.

Otra candidatura ligada al Polo Democrático Alternativo es la de Juan Pablo Méndez Zuluaga, quien fue candidato al Concejo de Yondó en 2011 por ese partido. Méndez es avalado por la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), con sede en Barrancabermeja y trabajo en la región del sur de Bolívar.

Y al Centro Democrático estaría ligada la candidatura de Juan Carlos Vargas, según información de La Silla Vacía. Su esposa, Martha Milena Camacho, fue gerente del Hospital Santa Rosa del Sur, cuenta ese portal, nombrada por el alcalde de ese municipio, Fabio Orlando Mendoza, del Centro Democrático. Vargas fue gerente de la cooperativa financiera Coagrosur. Tratamos de contactarlo a través de sus redes sociales, sin recibir respuesta.

Por ahora, los miedos y las dudas por los señalamientos de algunos candidatos seguramente harán parte del juego político en la elección de esta curul de paz. Independiente del resultado, el reto para el ganador será tener clara su misión y su lealtad: representar a las víctimas de los grupos armados o sumarse a la maquinaria electoral. 

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