Más de la mitad de los municipios del sur de Bolívar, donde está la Circunscripción Especial Transitoria de Paz número 13, presentan riesgos de cara a esa elección. Así lo concluyó el reciente mapa de riesgo electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE). La zona, donde se disputan una de las curules en la Cámara de Representantes destinada a las víctimas, comprende siete municipios: Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití (Bolívar) y Yondó (Antioquia), en el Magdalena Medio. En contienda hay 12 listas, con 24 candidaturas, que hacen campaña en medio de la persistencia del conflicto armado y, algunos, con varios cuestionamientos.
Todos los actores armados
“Nunca nos hemos sentido tranquilos, ni con los grupos armados ilegales, ni con el Gobierno y el Ejército”, dice Margarita Mondragón Parra, líder social y candidata avalada por la Federación Agrominera del Sur de Bolívar. Esas palabras resumen la situación histórica de esta región, donde pese al acuerdo de paz, persiste el conflicto armado.
Monig Lilley Rodríguez, investigadora del Observatorio Político-Electoral de la Democracia, de la MOE, cuenta que las alertas de riesgo por violencia para la elección de la curul de paz pasan por la presencia de cultivos ilícitos en San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití, así como por la minería ilegal en estas dos últimas poblaciones. Allí “coinciden las dos principales economías ilegales del país”, dice la investigadora.
Para la MOE, toda la circunscripción presenta algún grado de riesgo. En Morales, por ejemplo, es extremo (el más grave), mientras en Arenal, San Pablo y Santa Rosa del Sur es alto. Allí, detrás de las economías ilegales y de la violencia contra líderes sociales, políticos y comunales, seguido de desplazamientos forzados, están las disidencias del frente 37 de las antiguas Farc, grupos armados organizados como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), y del Eln, todos con presencia permanente en la región.
Aunque Margarita Mondragón y su compañero de fórmula, Pablo de Jesús Santiago Quintana, dicen que no conocen de amenazas directas contra los candidatos a la curul, saben que existen peligros. No obstante, denuncian que la estigmatización histórica sobre los liderazgos sociales por cuenta del Estado puede afectar las posibilidades de hacer campaña.
Algunos casos lo evidencian. En 2017, a Melkin Hernán Castrillón Peña lo amenazaron las Agc. Hoy es el candidato de la Asociación de Víctimas de Crímenes del Estado (Asorvimm) y dirigente campesino de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. Por su parte, al candidato Isidro Alarcón Bohórquez, líder social del corregimiento Micoahumado, lo detuvo en 2017 la Policía y el Ejército junto a otros líderes, acción que denunciaron como una persecución a las organizaciones sociales. Luego, en 2019, sufrió amenazas presuntamente del Eln, según prensa local del Magdalena Medio.