La fiebre norteamericana que marchita las aguas de Bello

En el Acuerdo 014 de 2015 se modifica el POT de 2009 para permitir la construcción tanto de viviendas de interés prioritario (VIP) como de interés social (VIS) en suelos definidos como rurales en el POT de 2009. Para ese momento los primeros edificios y mansiones de Norteamérica habían sido construidos, y la gaceta de los Comités Barriales de Bello señalaba: “Hicimos el contraste con ciudadelas como Norteamérica, donde abundan las excentricidades en las 380 hectáreas que la administración negoció con particulares (…). Todo esto, mientras en Nueva Jerusalén a una sola maestra le toca atender en pisos de tierra a todos los grupos de bachillerato, todas las materias, los fines de semana”. Además, denuncian la venta de terrenos del área protegida a Capital S. A. S. para la construcción de torres, “convirtiendo el pulmón verde de todos los bellanitas en un lugar privado”.

Este boom inmobiliario es resultado del ajuste al POT, pero también de acuerdos concretados durante la primera alcaldía de Óscar Andrés Pérez. Por ejemplo, se dio la autorización a quien tenga la función de alcalde para celebrar contratos comprometiendo vigencias futuras, para individualización de predios y, por si fuera poco, también estaría facultado para celebrar contratos de enajenación y compra de bienes inmuebles. En el mismo sentido se dio el Acuerdo 18 de 2009, en el que retiraron diferentes inmuebles del inventario municipal de bienes de interés cultural. Uno de estos bienes fueron los terrenos de la finca Niquia (a excepción de su casona), dejados por la familia de don Joaquín Jaramillo Sierra como patrimonio cultural y ambiental. Ahora la finca está privatizada dentro del parque residencial Hacienda Niquia. De esta manera, también se legalizó la venta de terrenos para la construcción de unidades residenciales como Norteamérica.

Según lo han demostrado varias indagaciones, Óscar Andrés Pérez es uno más entre los políticos que han desangrado el municipio. Él forma parte de los aliados del clan Suárez, la casa política que ha cooptado el poder y la democracia en Bello, de acuerdo con la investigación de Fundación Pares ‘Clan Suárez Mira: la dictadura de la corrupción’, y el Zoom al Billete ‘Cómo se financian los dueños de Bello’, de Colombiacheck. Este último explica cómo la mayoría de los aportantes a las campañas de los Suárez son los que más reciben contratos públicos en el municipio y el departamento.

Todo inició con la elección de Óscar Suárez, quien fue alcalde de Bello de 1995 a 1997 y senador de 2006 a 2009. En 2013 fue condenado por concierto para delinquir agravado (parapolítica en su elección como senador en 2006). En 2015, después de un año de libertad condicional, la Corte Suprema de Justicia ordenó su detención por enriquecimiento ilícito durante su periodo como congresista tras recibir dinero del narcotráfico de las AUC y la banda criminal de Envigado La Oficina. En 2020, después de huir y esconderse, la Policía lo capturó y fue condenado a seis años de prisión. Sin embargo, en febrero de 2022 obtuvo de nuevo la libertad condicional.

Luego, su hermana, Olga Suárez Mira, fue alcaldesa de Bello de 2004 a 2007 y senadora de 2010 a 2018, y fue señalada por Juan Carlos ‘el Tuso’ Sierra de haber recibido recursos de La Oficina para sus campañas. No obstante, este caso fue archivado por falta de pruebas.

Finalmente, el hermano menor, César Augusto Suárez, fue elegido alcalde de Bello en 2016. Él fue capturado a finales de ese año por el delito de falsedad en documento privado tras presentar un diploma de bachillerato falso con el que avaló su posicionamiento como funcionario de la Contraloría de Antioquia y secretario del Concejo de Bello. En 2017 se levantó su medida de aseguramiento por fallas procesales y fue restituido a su cargo por Luis Pérez, entonces gobernador de Antioquia y aliado del clan Suárez, según lo narra el portal Vorágine.com en ‘Luis Pérez y el parapolítico Suárez Mira’. En 2020 fue absuelto de cargos y en 2021 fue condenado de nuevo. Cuando César Suárez llegó a la Alcaldía, ya tenía una mansión en Norteamérica en la cual pagó la medida preventiva de casa por cárcel.

Norteamérica, en medio de esta área protegida, vende lotes como un espacio ideal para vivir. El colectivo Guaramaila, que trabaja por la educación ambiental en el barrio Navarra, denunció que, desde Florida Norteamérica, unidad residencial establecida en el barrio Navarra, se arrojan vertimientos en la quebrada La Guacamaya. Los desperdicios generan hedor a cañería y espuma en el agua.

Además, aseguraron que “una concesión de agua otorgada a los nuevos urbanizadores ha disminuido dramáticamente el caudal de agua para el acueducto veredal”, según dice el informe final del Proyecto Quitasol Libre de Incendios. Esto tendría sentido, pues entre sus asesoras de ventas informan que Norteamérica usa el acueducto veredal de Aguas de San Nicolás. Sin embargo, el gerente señala que este acueducto se hizo para abastecer de agua a Norteamérica. Además, la presidenta de la JAC de Navarra, Nancy Ortega, cree que las quebradas La Guacamaya y La Máquina se han disminuido por la deforestación y el uso de los suelos para la ganadería y la construcción.

Se han creado mesas territoriales en el municipio, estrategia para elaborar una agenda que trate las necesidades y demandas de cada territorio mediante el vínculo de la ciudadanía civil y organizaciones o empresas de la zona. Las mesas se establecieron en Navarra desde que se parceló lo que es ahora Norteamérica, pero su gerente señala que no han recibido ninguna invitación para participar en estos espacios; aunque sí constantes denuncias a las que Corantioquia responde revisando y confirmando que las acciones siguen el conducto de regulación ambiental. También afirma que si bien trabajan junto con la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural, cuyo objetivo es “orientar y coordinar una gestión ambiental integral”, no han estado tan presentes pese a que estos son suelos urbanos o de parcelación campestre.

Así mismo, en Navarra denuncian la privatización de la vía que los conectaba con las veredas de San Pedro de los Milagros, que forma parte de la red de caminos del Antioqueño. José Alberto López cuenta que esta vía, que inicia en la autopista Norte, fue construida ilegítimamente por Empresas Públicas para ir hacia el Tanque, pero tras la compra de estos terrenos por parte de Norteamérica, se privatizó. Sobre esto se llegó a denunciar, pero el gerente declara que el resultado fue que “el Tribunal Superior de Antioquia, en segunda instancia, nos confirmó que la vía es privada”.  Así mismo, afirma que hay otros caminos de acceso para las veredas Copacabana y San Pedro de los Milagros. Y señala que aunque cuenta con todos los permisos, aún recibe constantes acusaciones y denuncias, por lo que cree que estas pueden tener como origen intereses políticos.

Nethie visitaba periódicamente el municipio y veía cómo la línea de la ciudad estaba cada vez más arriba de la montaña, y el cerro, más deteriorado. Cuando ella se fue, aún había valle en Niquia, que ahora desapareció con las urbanizaciones y el centro comercial. Y parte de la reserva, que era una de las más conservadas de esas laderas, es hoy en día un suburbio que sigue en expansión.

En el Quitasol hay otras veredas que se han construido como invasión, como Ciudad Perdida, y algunas más en las que se reparte un lote entre diferentes nuevos propietarios, como Lagunas del Quitasol, donde residió Nethie. Allí sus habitantes crearon un grupo de voluntarios llamado Familias Guardabosques. El 14 de mayo de 2023 hubo un incendio que casi llega a la vereda, y ante la negativa inicial de los bomberos para acudir, alegando que no contaban con los recursos, este colectivo de ciudadanía tuvo que hacerle frente al fuego. Uno de los voluntarios se accidentó cuando una piedra se desprendió y golpeó sus costillas. Al otro día el fuego no cedía. En H13 Noticias habló el comandante de Bomberos, capitán Nelson Zulaica, sobre el plan de acción que tomaron, pero este grupo de guardabosques afirma que llegaron hasta el otro día. “Apagarlo era cuestión de vida o muerte porque se acercaba a la casa”, dice Nethie, quien desde los 11 años que vivió en la finca Corrales apaga incendios del Quitasol.

Al otro día, el guardabosques Gustavo Berrío informó que encontraron ramadas de yarumo y balso, con las que sospechan que iniciaron el fuego; muchas veces los incendios son provocados para lotear. La mayoría de los árboles son pinos, por lo que es muy fácil que se propague el fuego. Solamente en la parte baja y nororiental hay bosque nativo, como el noro, árbol insignia del municipio que se usa como zona de amortiguación para prevenir incendios. Actualmente, el Área Metropolitana está realizando siembras de árboles nativos, pero muchos mueren por la misma sequedad del suelo.

La familia Zapata, propietaria de un considerable terreno de este cerro, se adjudica la siembra de este bosque de pinos. Algunos ambientalistas señalan que esta decisión ha ocasionado daños graves al ecosistema, pues el pino crece rápido y absorbe mucha más agua que los árboles nativos. Así, los pinos y eucaliptos le han provocado una fiebre a la montaña. Ya cuando llueve, sus venas hídricas no tienen la fuerza de salir, y su tierra tampoco se mantiene compacta. El riesgo de que se desmorone la montaña ha aumentado. Empero, en la declaratoria por Corantioquia se prohíbe la reforestación con estas especies, y junto con el Área Metropolitana y la Secretaría de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural están haciendo jornadas de siembra de especies nativas.

El crecimiento demográfico de Bello desborda la capacidad de planificación territorial de una administración cuya fiebre la sigue llevando a lotear el territorio antes que a mejorar sus condiciones o protegerlo. Ahora es preciso la conservación de estas tierras para el sostenimiento de todo el ecosistema que abastece de agua al Valle de Aburrá; pero la simple declaración como DRMI resulta ineficaz cuando, incluso años después, no se ha diseñado el plan de manejo. Grupos como el Colectivo Corrales Quitasol o el Movimiento Ambiental del Norte del Valle de Aburrá están presentes en jornadas de investigación y veeduría sobre esta montaña y sus nacimientos. Al respecto, Nethie considera la educación como parte esencial para la protección ambiental: “Solo se ama lo que se conoce, y solo se protege lo que se ama. Entonces es una necesidad que la ciudadanía conozca lo que tiene, que conozca su territorio”.  Esta es la única esperanza ante el deterioro ambiental global, y hacer del Quitasol una zona verdaderamente protegida es una tarea apremiante, porque si la ciudad sube, el cauce baja, y si el agua escasea, se hace privada, y así, el ideal de vida digna también se acaba.

Esta investigación fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción (CdR) y la Fundación Konrad Adenauer (KAS) como parte del proyecto ‘CdR/Lab Periodismo para investigar las rutas de la corrupción’. Los textos que aquí se publican son de exclusiva responsabilidad de los autores y no expresan necesariamente el pensamiento ni la posición de estas organizaciones.