Con un proyecto de yuca amarga llegó la sociedad Agropecuaria El Carmen de Bolívar al departamento de Bolívar en 2008 para comprar alrededor de 2.604 hectáreas, según un informe de la Unidad de Restitución de Tierras. El negocio de la compra de predios se gestó con ayuda de funcionarios públicos de la región, en medio del desplazamiento masivo de campesinos y las masacres perpetradas por el Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Esta alianza periodística recuperó 12 sentencias de tierras —hasta ahora desconocidas— emitidas entre 2018 y 2023, que demuestran cómo esta empresa de la familia Gaviria Correa compró u ocupó la tierra despojada a víctimas del conflicto sin investigar el pasado de esos predios, y lo hizo a precios muy bajos. A esa familia pertenece el exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín Aníbal Gaviria Correa.
Estos casos fueron resueltos judicialmente a favor de las familias campesinas, es decir, la empresa tuvo que devolver las tierras. Pero aún hay un caso pendiente, por el que 17 familias campesinas de un predio llamado ‘La Reforma’ esperan que la justicia les devuelva —cuando han pasado más de 20 años— la tierra en manos de la empresa. En ese caso se repiten los hechos de violencia ya documentados por el Tribunal de Tierras de Cartagena en 12 sentencias, la falta de actuación de la agropecuaria para evitar aprovecharse de la situación de violencia al momento de las transacciones.
La empresa había sido mencionada en publicaciones de Verdad Abierta y Rutas del Conflicto porque en dos casos los fallos concluyeron que no cumplió los estándares de buena fe exenta de culpa en los tribunales. Las 12 sentencias, sumadas al proceso de ‘La Reforma’, muestran que Agropecuaria El Carmen de Bolívar compró en los Montes de María tierras a campesinos que habían sido desplazados, que no tenían posibilidades de retornar y que negociaron la tierra a valores muy bajos. Las transacciones se hicieron cuando estaba como representante legal suplente Manuel Medina Muñetón, que a ojos de las comunidades era el único dueño, pues desconocían la participación de la familia Gaviria Correa.
Según la Cámara de Comercio de Medellín, la Agropecuaria Carmen de Bolívar tiene entre los integrantes principales y suplentes de su junta directiva a varios miembros de la familia Gaviria. En el momento de las negociaciones de los predios, el patriarca, Guillermo Gaviria Echeverri, era el representante principal de la agropecuaria. En 2012, fue acusado por la Fiscalía de colaborar con paramilitares en la región de Urabá y en 2013, el proceso precluyó. También integraban la junta directiva sus hijos Irene, León Toné y Jorge Gaviria Correa. Tras la muerte del empresario y también director del periódico El Mundo en 2014, Irene y Jorge Gaviria asumieron la dirección de la empresa, sumando como gerente a Juan Esteban Álvarez Bermúdez, quien también había sido acusado y absuelto junto a Gaviria Echeverri. Álvarez Bermúdez, además fue la mano derecha del político antioqueño Aníbal Gaviria Correa, hermano de Irene y Jorge.
El origen del despojo
Rutas del Conflicto encontró que las masacres de Hato Nuevo (2000), El Salado (1997) y Capaca (1999), en el departamento de Bolívar, dieron inicio al desplazamiento que llevó a las familias a vender la tierra a precios muy bajos o a abandonar los predios al no poder retornar. Los solicitantes de restitución en seis de las 12 sentencias narraron cómo las masacres fueron el origen del despojo y el abandono de las tierras que compró la familia Gaviria Correa.
En una de las sentencias, el Tribunal de Tierras de Cartagena ordenó la devolución a una familia campesina de 24 hectáreas del predio ‘Los Laureles’, que estaban en manos de la agropecuaria. Esta familia fue obligada a desplazarse por la masacre de Hato Nuevo. En 2008 no pudieron retornar y tampoco vender el predio, pues habían firmado una promesa de compraventa con el representante legal de la agropecuaria, Manuel Medina Muñetón, pese a que el Comité Departamental de Atención Integral a la Población Desplazada de Bolívar había solicitado a las oficinas de instrumentos públicos proteger las tierras tras las constantes denuncias de desplazamiento y violencia en la región.
Según los relatos de los solicitantes, a los que Rutas del Conflicto tuvo acceso, los procesos de restitución encontrados en las sentencias tienen el mismo patrón: compraron a víctimas del conflicto, desplazadas y que no pudieron retornar, en medio de una clara prohibición de hacer transacciones de la tierra por el pico de violencia y a precios bajos.
“No era desconocido por el opositor la situación de orden público y antecedentes de violencia en la zona de ubicación de la misma, y de las ventas masivas que se estaban originando consecuencia del desplazamiento y la violencia, compró varias parcelas, circunstancias que a la hora de la negociación del inmueble requería de más cuidado, lo que debió generar para el comprador una alarma, y le exigía un mayor análisis y cuidado para la adquisición del inmueble”, señala un extracto de la sentencia de Restitución de Tierras del 17 de febrero de 2016 del Tribunal de Cartagena.
Otra de las sentencias de 2021 recopila los argumentos que usó la empresa para demostrar que compró de buena fe exenta de culpa, entre ellos, que llegaron a la región buscando crear alianzas con los campesinos para un proyecto agrícola, y que la empresa ayudara y asesorara en la producción y comercialización, a través de la cooperativa Colanta, una de las mayores empresas de lácteos del país, fundada por la familia Gaviria Correa.
Sin embargo, como lo muestra el escrito de solicitud de restitución de tierras en el caso que aún debe decidir la justicia sobre la finca La Reforma (redactado por la Comisión Colombiana de Juristas -CCJ- que asesora a los solicitantes), la empresa afirma que “los campesinos no tenían intención de volver a sus tierras a explotarlas, pues ya se habían radicado en las cabeceras municipales y se dedicaban a otro tipo de labores, distintas a la explotación del campo. Al ver el poco interés de los campesinos de la zona en retornar a sus predios y explotarlos, tomó la decisión de comprar algunos predios y producir directamente la yuca amarga”.
Intentamos en varias oportunidades comunicarnos con la Agropecuaria El Carmen de Bolívar y con otras empresas de la familia Gaviria Correa, para preguntarles sobre el proceso que siguieron en la revisión de la historia de los predios que compraron en los Montes de María, pero hasta la publicación de este reportaje no respondieron.
Entre las 12 sentencias relacionadas con la agropecuaria están los predios: El Limoncillo, El Recodo y La Heroica. En ninguno, la empresa pudo demostrar que hizo todas las diligencias posibles para no aprovecharse de la violencia generalizada en la región y la situación de vulnerabilidad de los campesinos a quienes les compraron.
El caso de La Reforma
El 13 de abril del 2000, más de cien hombres armados llegaron a la vereda Mata de Perro, en el corregimiento de Hato Nuevo, municipio de Carmen de Bolívar, y asesinaron a 13 personas. Uno de los sobrevivientes escapó y avisó a los habitantes de la zona que integrantes del Bloque Héroes de los Montes de María de las AUC avanzaban hacia las comunidades vecinas. Cerca, en el corregimiento Jesús del Monte, 17 familias que vivían en el predio La Reforma quisieron huir esa noche, pero no pudieron por la geografía del terreno. Solo lo hicieron hasta el amanecer del día siguiente.
Veinticuatro años después, esas personas desplazadas por la violencia siguen peleando por recuperar jurídica y materialmente las tierras, que luego pasaron de mano a mano hasta terminar como propiedad de la empresa Agropecuaria Carmen de Bolívar. Los campesinos esperan volver a la propiedad a la que llegaron sus abuelos y que la justicia una vez más demuestre que los representantes de la agropecuaria se aprovecharon de la situación para tener la tierra.
La historia de este predio se remonta a los años cincuenta del siglo pasado. Tres generaciones de campesinos han esperado tener los documentos que los acrediten como propietarios. Uno de ellos, lidera el proceso de restitución con más de 50 años y que omitimos su nombre por seguridad. Su abuelo llegó con su padre cuando este tenía nueve años y él nació en esa tierra. Juntos recogían maíz y tabaco, cuidaban de los animales y realizaban otros quehaceres del campo.
En esa época, los hermanos Domingo e Isaac Hernández Angulo trabajaban en La Reforma, propiedad de Carlos Guete Chavanz, quien les autorizaba estar en el predio a cambio de sembrar pasto para su ganado. Una década después, Isaac abandonó el predio y Domingo permaneció ahí con su esposa y sus 13 hijos, hasta que en 1960 ingresó a La Reforma el hijo de Isaac, Filiberto Hernández Mendoza junto a su esposa y sus ocho hijos. En esa tierra cada uno formó su familia, se casaron y tuvieron una docena de hijos más.
Los hijos de los Hernández empezaron a crear sus propias familias y la comunidad fue creciendo. En 1975, Guete Chavanz falleció. Los pobladores aseguraron en el proceso que él les había prometido que cuando muriera podían quedarse con la tierra por todos los años trabajados en La Reforma.
La paz duró algún tiempo, a pesar de las constantes amenazas de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). En 1994, las dos familias Hernández presentaron una solicitud al Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora, hoy Agencia Nacional de Tierras) para formalizar la propiedad del predio que venían ocupando como dueños desde 1975. Por medio de amenazas, las Farc frustraron el proceso tras no permitir la conformación de un comité campesino. Sin embargo, la entidad de tierras manifestó que La Reforma estaba incluida en el banco de ofertas para que el Incora comprara la tierra y se la entregara a los campesinos, por lo que ordenó una visita técnica para iniciar el proceso de adquisición.
La visita nunca se pudo realizar por los problemas de seguridad en la región. En el predio vecino de La Reforma, el 7 de abril de 1999, las Farc asesinaron a cinco personas. Al año siguiente, el 13 de abril del 2000, en la vereda Mata Perros, ocurrió la masacre de Hato Nuevo perpetrada por el Bloque Héroes de los Montes de María, que desplazó a los campesinos que vivían en esas tierras.
Los Hernández regresaron al predio, pero volvieron a ser víctimas de la guerrilla y los paramilitares. En agosto de 2001, Filiberto Hernández Mendoza quedó herido luego de la explosión de una mina antipersonal y el 6 de agosto de 2004, cinco personas armadas lo asesinaron junto a su hijo Isaac Hernández Rivera. Los campesinos que habían retornado al predio después de la masacre de Hato Nuevo tuvieron que abandonar la tierra una vez más.
“Después del desplazamiento nos vinimos a la cabecera municipal del Carmen. Fue empezar de nuevo prácticamente. Perdimos todo. No nos lo robaron, pero mi papá malvendió todo, el ganado, y así terminamos en una casita en El Carmen. Mi papá con más de 50 años se dedicó a vender en la calle, un oficio que nunca había hecho o, también, a veces, picaba piedra para poder sostenerse”, cuenta el líder de tierras de La Reforma.
Las movidas detrás de la venta de las tierras
En los noventa y los 2000, la familia Guete —quienes figuraban como propietaria antes de la llegada de los campesinos— tenía fichas en el poder político en los Montes de María. Joaquín Guete Padilla fue el alcalde de San Jacinto durante dos períodos (1995- 1997 y 2008-2011); su hijo Joaquín Ismael Guete Herrera era abogado en los negocios familiares y su hija Ana Regina Guete Herrera era la registradora de instrumentos públicos.
En 2006, el entonces alcalde de San Jacinto —nieto Guete Chavanz— llegó a esas tierras a tumbar cercas y a decirle a los campesinos que habían vivido desde los años cincuenta en esa tierra que tenían que irse, según narra el líder de tierras. “Decía que el predio era de él, pues lo había heredado de su abuelo Guete Chavanz”, cuenta el líder.
Se realizó un proceso de sucesión a favor de Joaquín Guete, en el que su abogado fue su hijo Joaquín Ismael. La escritura fue llevada a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de El Carmen de Bolívar, donde la registradora era su hija Ana Regina Guete. El equipo jurídico de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que representa a los reclamantes sostiene que “Ana Regina Guete se negó a registrar la medida de protección en La Reforma por encontrarse en zona declarada en riesgo inminente de desplazamiento forzado”. Tan sólo del Carmen de Bolívar, en este período, salieron desplazados por la violencia 23 mil personas, según el Registro Único de Población Desplazada (RUPD).
La registradora Guete fue inhabilitada para ejercer cargos públicos por 20 años. Según el informe de la Procuraduría de 2011, la funcionaria no inscribió los predios para su protección, como debía hacerlo. De 1.746 registros que solicitaron los campesinos, solo inscribió 327, las demás fueron rechazados, a pesar de que ya la zona había sido declarada como tierra en cautela por el desplazamiento.
“Con su comportamiento permitió el incremento patrimonial injustificado a favor de terceros e incurrió en la conducta descrita en la ley penal como prevaricato por omisión, por lo cual le impuso la máxima sanción disciplinaria consistente en destitución e inhabilidad general por el término de veinte años para el ejercicio de funciones públicas”, se lee en el informe de la Procuraduría.
Otra de las personas involucradas en la sucesión con la que Joaquín Guete Padilla se hizo a La Reforma fue el notario único de San Jacinto, Alberto Jacinto Vásquez,. Su papel ha sido relevante en otros casos de despojo de tierras en los Montes de María, como el de la Hacienda El Cucal o el predio El Aceituno, que terminó en manos de la cementera Argos.
Cuando Joaquín Guete Padilla logró tener las escrituras del predio a su nombre, con ayuda de su hija, presionó a los campesinos para que les vendieran las mejoras. Según los testimonios de los campesinos de La Reforma, tras amenazarlos, el alcalde les ofreció dinero por sus parcelas. Joaquín Guete prometió pagarle tres millones por parcela a la familia de Marco Tulio Hernández. Lo hicieron “por necesidad y sabíamos que no podíamos retornar por la violencia en la región”, se lee en uno de los testimonios dados a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) por parte de los campesinos.
La historia de otro de los campesinos que llegó siendo un niño y que se omite el nombre por razones de seguridad es similar: llegó con su padre a La Reforma en 1957, fue desplazado por la masacre de Hato Nuevo en el 2000 y en 2006 fue obligado por Guete Padilla a vender, pues este último tenía cercado el predio e impedía su explotación. Sin embargo, como lo explica el equipo jurídico de la CCJ, no hay soportes ni documentos de estas transacciones.
Así, Guete Padilla se hizo al predio La Reforma con un proceso de sucesión ‘express’ con la ayuda de su hija, la registradora de Instrumentos Públicos, y negoció mejoras bajo presión, con el miedo de los campesinos a regresar a la tierra de la que huyeron en 2000. El 3 de marzo de 2008, el entonces alcalde de San Jacinto le vendió el predio a Fabiola Esther Vargas, sin tener en cuenta que no se podían celebrar contratos en ese momento tras la alerta del inminente desplazamiento forzado en la zona. La venta se registró en la Oficina de Registros Públicos de Ana Regina Guete.
Como lo expresó la misma Unidad de Restitución de Tierras, como consta en el escrito de solicitud de restitución de tierras hecho por la CCJ, “los solicitantes también fueron víctimas de despojo de tierras por vía del despojo administrativo cometido por Guete Padilla y Ana Regina Guete Herrera, quienes se valieron de sus cargos oficiales para facilitar la compraventa hecha a la señora Fabiola Esther Vargas Anillo”.
Rutas del Conflicto envió varios correos al abogado de Vargas para preguntarle sobre las transacciones con el predio y su rol como representante del entonces alcalde Guete Padilla en el juicio de sucesión, pero no obtuvo respuestas.
La oposición a la restitución
En el proceso de restitución de tierras de La Reforma existen dos opositores, la empresa Agropecuaria El Carmen y Fabiola Vargas Anillo, quien compró el predio al exalcalde de San Jacinto. Como lo explicó el equipo jurídico de la CCJ, Vargas es representada ante la justicia de tierras por Joaquín Ismael Guete Herrera, hijo de Joaquín Guete Padilla.
Para la CCJ es clave reforzar que la familia Hernández ocupó el predio de forma pacífica e ininterrumpida hasta la masacre de Hato Nuevo. “Cuando la agropecuaria adquirió el predio estaba abandonado, no habían personas viviendo allí. La empresa niega que haya existido la presencia de las familias Hernández. Además de negar en varias de sus intervenciones durante el proceso la condición de víctimas. Para ellos, los solicitantes se desplazaron por razones de buscar mejores oportunidades económicas, situación que es contraria a los hechos. Muchos de los campesinos cuentan con el registro de desplazamiento y fueron víctimas de minas y violación de derechos humanos”, afirma la CCJ en la solicitud de restitución.
Los campesinos que negociaron con los Guete sabían que esta familia tenía planeado vender las tierras a la Agropecuaria El Carmen de Bolívar. Algunos negociaron con el alcalde Guete Padilla y posteriormente firmaron compraventas, otros negociaron de palabra, pero no se concretó nada con la empresa. Por ejemplo, en 2008 Joaquín Guete le propuso a la familia Palacio Hernández que le vendiera la posesión y las mejoras por 1,5 millones de pesos. El campesino firmó un documento que probaba la compra y luego Guete negoció las tierras con Agropecuaria El Carmen.
Quien realizaba los negocios de la agropecuaria era el representante legal suplente para 2008, Manuel José Medina Muñetón.
Según la investigación de la Superintendencia de Notariado y Registro, la compra masiva de tierras abandonadas en los Montes de María se presentó de manera sistemática. Unas 24.157 hectáreas fueron adquiridas por empresas en medio de un pico de violencia. En la lista figuran la Agropecuaria El Génesis y Carmen de Bolívar, ambas representadas por Medina Muñetón.
Un proceso lento
El padre del líder del proceso de restitución de tierras falleció. Gran parte de los campesinos que trabajaron en La Reforma cuando hicieron el pacto con Guete Chavanz también han fallecido esperando retornar dignamente al predio al que llegaron hace más de cinco décadas. El proceso de restitución comenzó en 2013 y ha estado lleno de obstáculos. El 6 de marzo de 2017, el juzgado de tierras decidió rechazar la demanda de restitución de tierras al no contar con algunos documentos. La Comisión Colombiana de Juristas interpuso un recurso de reposición contra la decisión y un mes después, el juzgado concedió un tiempo para cumplir con los requerimientos.
Sin embargo, la Agropecuaria El Carmen interpuso una nulidad a todo el proceso porque consideraba que los predios solicitados no estaban plenamente identificados. En 2018, por órdenes del Juzgado de Tierras del Carmen de Bolívar, la solicitud de restitución fue rechazada y regresada a la etapa administrativa. Se había aceptado la nulidad propuesta por la empresa.
La CCJ pidió más tiempo para lograr identificar la ubicación exacta de La Reforma, un requerimiento que estaba en manos de la Unidad de Tierras. “Se debían subsanar vicios de georreferenciación advertidos en las resoluciones de inclusión en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente”, afirmó el equipo jurídico de la CCJ, que representa a la comunidad de La Reforma. Es decir, las fallas en la individualización y georreferenciación de los predios por parte de la Unidad de Restitución de Tierras les hicieron comenzar de nuevo.
Después de un largo camino de derechos de petición y solicitudes durante casi dos años, la URT remitió las correcciones de la georreferenciación de la tierra de la que huyeron los Hernández por la masacre de Hato Nuevo. En 2022, el proceso pasó a etapa judicial con 13 familias y las cuatro restantes continúan en etapa administrativa.
Mientras que el proceso avanza a paso de tortuga, los campesinos que huyeron en 2000 y los que han crecido con la esperanza de gozar plenamente de la tierra a la que llegaron sus padres y sus abuelos siguen aplazando el sueño de retornar por completo a La Reforma. Algunos han plantado pequeños árboles frutales y maíz, sin embargo no han podido establecerse en el predio hasta que salga la sentencia de restitución. Mientras la empresa sigue afirmando que compraron la tierra cumpliendo la buena fe exenta de culpa en La Reforma, aunque existe el antecedente de las otras 12 sentencias, donde se demostró lo contrario.