Caucasia es la ciudad más grande del Bajo Cauca, una subregión del departamento de Antioquia, en el noroccidente de Colombia, que es la principal zona aurífera en el país. Allí es común que sus habitantes eviten entregar sus datos personales en supermercados y otros comercios por el temor de que sean utilizados para blanquear toneladas de oro extraídas ilegalmente.
En medio de un calor que supera los 30 grados, al borde del río Cauca, el segundo más grande de Colombia, casi todo en Caucasia gira en torno al oro. Desde el zapatero hasta el que vende autos se beneficia de la minería. Puede que no trabajen en esta actividad, pero sus clientes sí. Hay esquinas repletas de casas de compraventa y sitios turísticos que recalcan la identidad del caucasiano como barequero, como se le llama en la zona a los mineros artesanales, aquellos que usan maquinaria rudimentaria y viven del día a día.
Un complejo entramado de grupos ilegales con vínculos en las entidades públicas locales han usado los datos de miles de personas de esta zona para hacerlos pasar como barequeros, ya que el gobierno colombiano permite que estos mineros artesanales comercialicen hasta 420 gramos de oro anuales. Así, toneladas de oro extraídas ilícitamente terminan legalizadas en las calles de Caucasia, al igual que en otras regiones, en un país que registra desbalance entre lo que produce y exporta.
La investigación transfronteriza ‘Dorada opacidad’, reveló una diferencia de 58,91 toneladas de oro entre lo producido y exportado en Colombia, entre 2013 y 2023. Si se amplía el análisis desde 2012, es decir un año más, el desbalance llega a 69 toneladas.
Entre 2012 y 2023, Colombia produjo 626 toneladas y exportó 695, según la Agencia Nacional de Minería (ANM) y la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). Por su parte, en el Bajo Cauca se extrajo 160 toneladas, lo que representa el 25,5% de lo producido en el país. Es tan amplio el porcentaje que, comparándola con el Chocó, el segundo departamento que más oro reporta con 125,8 toneladas, esta subregión lo supera por 34,2 toneladas.
En años recientes cambiaron las cifras de volúmen de explotación en Bajo Cauca, lo que refleja las problemáticas que orbitan alrededor del metal precioso en Colombia y muestra la incapacidad de las instituciones para seguirle el ritmo al crimen organizado.
Legalización del oro
El Bajo Cauca está conformado por seis municipios: Nechí, Tarazá, Cáceres, Zaragoza, Caucasia y El Bagre . Históricamente, este último ha sido el lugar en que más oro se extrae en Colombia, pero según los datos de la Agencia Nacional de Minería (ANM) la tendencia ha cambiado.
Desde 2019, Caucasia reporta más extracción que El Bagre. En 2023 produjo 5,35 toneladas de oro más, convirtiéndo a Caucasia en el sitio con mayor volumen de explotación en Colombia, de acuerdo con las cifras de la ANM. “No es probable que Caucasia produzca más oro que El Bagre porque este último tiene las mayores reservas de la subregión y es donde se concentra la extracción legal e ilegal”, afirma Carlos Zapata, presidente del Instituto de Capacitación Popular (IPC), organización que investiga, capacita y lidera procesos sociales en Antioquia y el Bajo Cauca.
La conclusión del experto es clave porque muestra que el Estado colombiano sigue fallando para detener el ‘lavad0’ de la extracción ilegal de oro en la principal ciudad del Bajo Cauca. El director del IPC dice que el oro que se está comercializando en Caucasia proviene de otros lugares, lo que genera el aumento de las cifras de producción que reporta la ANM. Zapata sostiene que Caucasia, al ser la capital urbana y comercial de la subregión, es donde hay más casas de compraventa, mejores pagos por el oro y entramados criminales dedicados a la legalización de minerales extraídos de forma ilícita, lo que permite el blanqueamiento de capitales.
Un ejemplo que explica la razón de los desbalances e inconsistencias de las cifras ocurrió hace dos años. En febrero de 2022 fue capturado alias ‘Robert’, también conocido como el “rey del oro”, según la Policía Nacional de Colombia. En el 2000 trabajaba como jornalero en minas ilegales en el Bajo Cauca y presuntamente 20 años después conformó la mayor organización conocida -hoy desmantelada- en el país, dedicada a la falsificación de certificados de mineros de subsistencia para legalizar y exportar oro de origen ilícito. La Policía comunicó en diciembre de 2021 que esta sociedad habría comprado y comercializado oro extraído de manera ilícita de los municipios de Caucasia, Zaragoza, El Bagre, San Roque, Remedios (Antioquia) y Quibdó (Chocó).
Alias ‘Robert’ supuestamente le compró a varias alcaldías de Antioquia y Chocó bases de datos de personas inscritas en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), por aproximadamente 100 millones de pesos (25 mil dólares aproximadamente), de acuerdo con la Policía. El SISBEN clasifica a los ciudadanos de acuerdo a sus condiciones de vida e ingresos, por lo que en estos registros hay una gran cantidad de datos personales debido a que son necesarios para focalizar la inversión social en quienes más lo necesitan.
El “rey del oro” habría falsificado los certificados del Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom) de al menos 5.000 personas, a pesar de que muchos no tenían nada que ver con la minería. Muchos terminaron reportados como deudores morosos ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
A través de estas maniobras, esta organización habría exportado legalmente a través de múltiples empresas fachadas (de las cuales la policía no publicó más detalles) cerca de ocho toneladas de oro a Estados Unidos, India y Emiratos Árabes por 276 millones de dólares. La Policía explicó que el metal precioso explotado ilícitamente en Antioquia era transportado vía aérea hacia las comercializadoras de Medellín, la capital del departamento, y de ahí se enviaba a ciudades como Miami y Nueva York. Hasta el momento no ha habido condenas en este caso.
Fallas legislativas
En 2012, a través del Decreto 2637, los ministerios de Minas y Hacienda crearon el Rucom. Esta medida busca que aquellos que compran y venden metales preciosos como el oro y otros materiales, estén inscritos en este sistema. En 2016, el Ministerio de Minas encontró que de los más de 100 mil barequeros inscritos, ocho mil no existían o estaban muertos. Debido a estas irregularidades, en febrero de 2017 se expidió la Resolución 40103 que establece el límite de comercialización para los mineros de subsistencia con un total de 35 gramos mensuales y 420 anuales. Sin embargo, esta medida no ha logrado detener la legalización del oro ilícito y se han presentado casos como el de alias ‘Robert’.
De acuerdo con los informes de la ANM de 2021 y 2022, los barequeros aportan la mitad del oro que produce Colombia. Hay 102.319 registrados en el Rucom, de los cuales el 44 % se concentra en el Bajo Cauca.
Frédéric Massé, codirector de la Red de Monitoreo del Crimen Organizado en América Latina (Red Coral), dice que el interés del crimen organizado por el oro es debido a su legalidad y alto valor, convirtiéndolo en una gran fuente de lavado de activos. “Las organizaciones criminales falsifican los títulos mineros (que permiten explotar el suelo y subsuelo del Estado), los certificados de origen del mineral (que deben mostrar los explotadores autorizados para garantizar que la extracción fue legal), los registros de los mineros de subsistencia (que pueden comercializar 35 gramos mensuales) y la cantidad de oro extraído, entre otras cosas”, afirma el experto.
Massé cuenta que el oro que es recogido por grandes retroexcavadoras ilícitas pasa a las plantas de beneficio que se encargan de obtener los minerales útiles. Después, el oro se dirige a las casas de compraventa y ahí las comercializadoras nacionales o internacionales obtienen el metal precioso y estas se lo venden a refinerías internacionales.
Durante el proceso se suprime todo rastro de mercurio, que se utiliza para separar el oro de las rocas durante la extracción. El uso de este elemento está prohibido en Colombia para actividades mineras desde 2018 por la alta contaminación que genera. Si la ANM encuentra muestras del químico en el oro lo declaran ilegal, por lo que su eliminación es un paso clave en la legalización.
Desde la época en que el narcotraficante Pablo Escobar era el capo más poderoso de Colombia se utiliza el oro para el lavado de activos, según el informe Debida diligencia en la cadena de suministros de oro colombiano, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Las grandes empresas
El informe “Minería Aurífera en Antioquia”, publicado en 2016 por la OCDE, explica que Antioquia es el principal centro de comercializadoras internacionales de oro y de fundiciones de Colombia. El documento señala que debido a la riqueza natural de esta región y a las organizaciones criminales que se lucran de las operaciones mineras, uno de los riesgos que se presentan es “la generalización del lavado de dinero que involucra al comercio de oro y la corrupción que estas organizaciones generan”.
La Fiscalía ha investigado y acusado a las comercializadoras CIJ Gutiérrez y Goldex, dos de las empresas más grandes de Antioquia y Colombia ligadas a este negocio, por lavado de activos y exportación de oro de origen ilegal. CIJ Gutiérrez, según los datos proporcionados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), exportó 103 toneladas de oro a Estados Unidos, Suiza e Italia por 9.7 billones de pesos colombianos (3.999 millones de dólares) entre 2012 y 2023.
La Fiscalía detuvo en 2019 a 11 trabajadores de la CIJ Gutiérrez por lavar 2,4 billones de pesos colombianos (7.272 millones de dólares al cambio de ese año). El ente acusador indicó que hubo un presunto carrusel de proveedores y subproveedores de oro que sirvieron de fachada para ocultar el presunto origen ilícito del mineral y que las exportaciones les permitió lavar activos.
Incluso, hay muertos que han aparecido como proveedores de oro de CIJ Gutiérrez. En 2019 se hizo público que Luis Miguel Acosta Chima, habitante del Bajo Cauca que apareció en los registros de barequeros a pesar de que fue asesinado en 2016 por un sicario del Clan del Golfo, el grupo armado ilegal con mayor presencia en la subregión. Actualmente, la comercializadora está bajo toma de posesión por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que administra los bienes provenientes de actividades ilícitas. El caso de esta empresa sigue en juicio.
El escándalo de Goldex estalló en 2015 cuando la compañía era la mayor comercializadora de Colombia. Veinticinco personas fueron capturadas por lavado de activos relacionadas con esta compañía, según el informe de gestión de la Fiscalía correspondiente a ese año. Además, el ente acusador señaló que supuestamente Goldex le compró 13 mil millones de pesos (3.2 millones de dólares) en oro al grupo criminal Los Urabeños, hoy conocidos como Clan del Golfo.
El 28 de septiembre de 2022, el Tribunal Superior de Medellín ratificó la decisión del juez tercero penal del circuito especializado de Medellín que decretó la ruptura de la unidad procesal del caso de los investigados por lavado de activos que hacían parte de Goldex, entre los que está Jhon Uber Hernández Santa, quien era el representante legal. El juez tomó esta decisión debido a que son tantas las personas que hacen parte del proceso que esto ha generado demoras, por lo que consideró necesario dividir por grupos para poder ser más diligente con las determinaciones. Actualmente, CI Goldex SAS está en liquidación.
La comercialización
Un barequero de Caucasia que pidió la reserva de su identidad comentó a los reporteros de esta alianza periodística que el oro es la fuente de ingreso más rentable y rápida que existe en Bajo Cauca. Además, la demanda es creciente por su alto valor en el mercado. En mayo de 2024, un gramo de oro en Caucasia se pagaba a 250 mil pesos (63 dólares aproximadamente), por debajo de la cotización del Banco de la República de Colombia que para el 7 de junio de 2024, marcó el precio promedio de 291 mil pesos (73 dólares).
El minero cuenta que generalmente aquellos que no están inscritos en Génesis, plataforma de la ANM que autoriza la comercialización del oro en el municipio, le piden el favor a alguien que sí tenga los papeles al día para que le venda el oro. Pero en Caucasia no solo se mueve el metal precioso de este municipio. Según el barequero consultado, “aquí llegan personas de otros lados del Bajo Cauca e incluso de departamentos cercanos como la gente del sur del Bolívar porque cualquier comerciante quiere vender su producto donde mejor le paguen”, afirma.
Además, el barequero señala que uno de los grandes problemas que existe en el tema de la comercialización del oro es que los certificados que expide la ANM son municipales, lo que significa que si alguien está registrado en la Alcaldía de Caucasia sólo puede vender allí. “Los barequeros no pasan más de una semana en el mismo lugar y trabajan por distintas zonas del Bajo Cauca, por lo que se debería pensar en algo regional porque las dinámicas son distintas a lo que reportan las entidades”, sostiene.
En abril de 2024, como parte de los diálogos entre el gobierno de Gustavo Petro y los mineros del Bajo Cauca, se abrió un punto de atención de la ANM en Caucasia/Créditos: Juan Carlos Granados
En la comercialización, las casas de compraventa juegan un papel clave, como en el caso de alias ‘Robert’, cuyo primer gran negocio fue un establecimiento de este tipo en Caucasia, según la Policía. Se supone que estos locales deben estar registrados y deben comprarle oro únicamente a aquellos que tengan el certificado de autorización, pero la realidad es otra.
En respuesta a un derecho de petición, la UPME le compartió a esta alianza periodística el documento “Identificación y caracterización de las unidades básicas de beneficio aurífero en 261 municipios”, en el que se detalla que en El Bagre funcionaban 24 casas de compraventa de oro en 2016, de las cuales 20 de estas estaban inscritas en el Rucom. En Caucasia hallaron 23 compraventas que no estaban dentro del inventario de la Alcaldía.
Zapata explica que en varias de las compraventas, con ayuda de funcionarios de las alcaldías y organizaciones criminales, tienen un censo de personas a las que le adjudican el oro ilegal. El presidente del IPC cuenta que a los que prestan su permiso de venta les dan entre 80 mil o 120 mil pesos (20-30 dólares), dependiendo de la zona, y otros no saben que están registradas en el Rucom. “Se acercan a la gente de las veredas y les dicen que les van a dar un subsidio. Entonces, así les cargan el oro mensualmente después de inscribirlos en el sistema minero”, dice el investigador.
Esta alianza periodística habló con el encargado de una compraventa de Caucasia, quien afirmó que es muy complejo saber de dónde proviene el oro que la gente comercializa en la región. Agregó que en ocasiones, cuando los estantes están vacíos, su “patrón” le envía joyas refinadas desde Medellín para venderlas en el municipio.
La oficina de Génesis, plataforma de la Agencia Nacional de Minería (ANM), de Caucasia asegura que entre enero y abril de 2024 se acercaron 130 personas interesadas en realizar el proceso de inscripción para el que se requiere la cédula, el Registro Único Tributario (RUT) y los papeles del SISBEN.
El informe “Debida diligencia en la cadena de suministros de oro colombiano: perspectivas generales”, elaborado en 2016 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), dice que los programas de formalización no harán que el oro esté libre de criminalidad automáticamente debido a que las mafias incentivan la reglamentación de pequeños mineros para tener control sobre ellos y obtener títulos legales de explotación.
El presidente del IPC dice que hay funcionarios públicos que juegan un papel importante en el negocio porque hacen parte de las mafias. En 2016, la Policía desmanteló una banda dedicada a la minería ilícita y entre los detenidos estaba Jimmy Alexander Villegas, ayudante del despacho de la Alcaldía de El Bagre que además era el representante legal de la comercializadora Hayer Gold, compañía que solo existía en papeles. En octubre de 2023, fue capturado Marlon Arley García Contreras, inspector de Policía de Nechí. Según la Fiscalía, García se encargaba de devolver irregularmente la maquinaria incautada a una estructura ilegal que extraía oro en El Bagre, Caucasia y Nechí.
Las regalías del oro
Otra de las inconsistencias son las regalías que cada municipio ha recibido. De acuerdo con la ANM, dependiendo del volumen de explotación que reporte cada lugar se le asignará mayor o menor cantidad de dinero. Entre 2012 y 2023 El Bagre fue el municipio con mayor producción, pero Caucasia ha sido el que más regalías ha recibido en este periodo de tiempo.
A pesar de que El Bagre reporta casi 11 toneladas por encima de Caucasia entre 2012 y 2023, a este último municipio le llegaron 117 mil millones de pesos más en regalías (aproximadamente 30 millones de dólares). En medio de todo este dinero, el 30% de las familias del Bajo Cauca viven en condición de pobreza y el 12% en pobreza extrema.
En una sentencia del Tribunal Superior de Medellín, se relata que Salvatore Mancuso, excomandante de los paramilitares, contó que entre 2001 y 2004 hubo un robo de las regalías del oro coordinado entre contrabandistas del metal precioso, alcaldes y ‘paras’. Entre las zonas en las que se realizó esta práctica fraudulenta estuvo el Bajo Cauca, según Mancuso.
Narcotráfico y grupos armados
El IPC ha detectado una forma específica en que los narcotraficantes del Bajo Cauca blanquean su dinero por medio del oro. El documento “Retos para construir la paz territorial”, elaborado por este centro de investigación, relata que las organizaciones criminales de la subregión envían cocaína al exterior, les pagan en dólares, pero ese dinero no lo pueden ingresar al sistema financiero. Entonces, explotan oro ilegal que después es legalizado y exportado. Tras esto, compran ese mismo oro, lo importan y de esta manera ya pueden utilizar la plata en el mundo lícito. El IPC señala que detrás de esta estrategia se encuentran mafias colombianas, brasileñas y mexicanas.
Todos los movimientos ilegales que se realizan en la subregión del Bajo Cauca son coordinados, supervisados o aprobados por el llamado Ejército Gaitanista de Colombia, más conocido como Clan del Golfo, el mayor grupo ilegal del país que tiene sus orígenes en el paramilitarismo de la década de los noventa. “En Caucasia todos los negocios le pagan vacuna a esta organización porque son los que tienen el monopolio de las armas y no el Estado”, dice una fuente en el territorio.
Zapata relata que el Clan del Golfo también extorsiona a todos los que hacen minería en el Bajo Cauca. “Cobran entre dos a tres millones de pesos (500 – 750 dólares) para el ingreso de maquinaria amarilla ilegal, cinco a 10 millones (1.250 – 2.500 dólares) a los grandes retroexcavadoras por su operación, a los barequeros les cobran entre 50 y 100 mil pesos (12.5 – 25 dólares) para que puedan acceder a tierra y realizar su proceso de extracción”, sostiene el investigador. Además, el presidente del IPC explica que este grupo armado presta “servicios de vigilancia y protección violenta” desde la extracción hasta la legalización y comercialización del oro en Bajo Cauca.