Una mañana de 2018, en Planta Nueva, una vereda ubicada a 20 minutos de Barrancabermeja, Sandra Velandia, una joven mujer de piel trigueña y hablar pausado, reparó en una nueva construcción. En un terreno aledaño cerca de su casa, varias máquinas destruían a toda prisa una pequeña montaña. Vehículos de todo tipo entraban y salían del que antes era un terreno lleno de vegetación. No se parecía a nada que hubiese visto antes. Extrañada, le preguntó a sus vecinos por lo que estaba ocurriendo, pero ninguno de ellos sabía de qué se trataba.
Las primeras pistas llegaron en 2018. A principios de marzo, el pozo petrolero Lizama 158, ubicado entre Barrancabermeja y San Vicente de Chucurí, tuvo un escape de crudo que causó una emergencia ambiental. Durante 29 días, alrededor de 550 barriles de petróleo contaminaron la tierra, las fuentes de agua y mataron miles de animales. Este hecho, que ocurrió a casi 60 kilómetros de la casa de Sandra, pronto tuvo consecuencias para los habitantes de Planta Nueva.
“Con lo de Lizama 158 fue como habernos quitado la venda de nuestros ojos sobre lo que ocurría aquí”, me dice Sandra una tarde de diciembre sentadas en el patio de su casa, muy cerca de su huerta, mientras, sin mucho éxito, con un ventilador tratamos de refrescar los 35 °C que cada tanto nos secan las palabras.
Al poco tiempo del derrame, una larga fila de volquetas, camiones y carro tanques se formó a la entrada de la construcción. Suspicaces, algunas personas decidieron documentar lo que sucedía. “Empezaron a tomar videos y a mostrarnos cómo era que abrían un hueco en la tierra”, dice Sandra. “Llegaba la volqueta o el camión con los lodos y los derramaban ahí y con eso mismo los trataban”.
Los lodos, como luego aprendería la comunidad, son la tierra y el material orgánico impregnado con crudo que se producen durante el proceso de extracción de petróleo o como resultado de derrames. Estos lodos son tóxicos y deben tratarse bajo altos estándares para eliminar los riesgos para las personas y el medioambiente.
La construcción desconocida era una planta de tratamiento de lodos contaminados por hidrocarburos propiedad de la empresa Conyser. Los vehículos que estaban esperando sobre la carretera venían cargados con los lodos del derrame en Lizama 158. Como lo señala Sandra, el problema era que la planta de tratamiento seguía en construcción y todavía no cumplía con los requisitos que exigía la licencia ambiental para operar. A pesar de esto, Conyser comenzó a depositar allí material que ponía en riesgo a la comunidad de Planta Nueva y a todos los ecosistemas de la zona.
Planta Conyser en la vereda Planta Nueva. Foto: Corporación Podion y CRY-GEAM.
Plantas de tratamiento de lodos
En el corregimiento El Centro, donde se encuentra la vereda Planta Nueva, nació la industria petrolera de Colombia. En la mañana del 28 de abril de 1918, la Tropical Oil Company extrajo los primeros barriles en el país a través del pozo Infantas II, ubicado no muy lejos de la casa de Sandra Velandia.
Desde esa fecha, la tierra en los alrededores de Barrancabermeja se taladra en busca de petróleo. En 2020, la extracción en Santander representó el 6 % del total del país. En noviembre de 2020, la refinería de Barrancabermeja, la más grande Colombia, produjo 227 000 barriles diarios, lo suficiente para llenar de crudo más de 320 piscinas olímpicas en un mes.
Refinería de Barrancabermeja. Foto: Seryozem.
La actividad de extracción de petróleo en todos estos pozos genera múltiples residuos. Uno de ellos son los lodos. Según el ingeniero civil y activista Óscar Puerta, estos pueden provenir de los tanques que almacenan el crudo, de sistemas de tratamiento de refinerías, de aguas de perforación, de derrames, o de las piscinas de los pozos de perforación.
Los lodos deben ser tratados dada su composición. Primero, porque están impregnados de hidrocarburos, una mezcla de compuestos químicos que son tóxicos y, segundo, porque según la superficie con la que estos hayan tenido contacto, suelen contener hierro, plomo y otros elementos que también pueden ser nocivos para plantas, animales y humanos.
Si estos consiguen atravesar el subsuelo pueden llegar a una fuente de agua y contaminarla. “Además, si toca la tierra daña completamente el suelo”, afirma Óscar Puerta. Estas características generan un riesgo permanente para los territorios en los que se hacen los procesos de tratamiento, como la vereda Planta Nueva. Los elementos peligrosos se pueden quedar en la tierra por muchos años, lo que plantea un problema adicional, ya que este tipo de lotes, como afirma Puerta, no tienen restricciones de uso y después de cerrada la empresa no hay garantía de que no sea habitado. “No debería habilitarse para vivienda, ni para parques, ni para nada de ese tipo de cosas […] Debería tener unas restricciones de uso hasta tanto no haya un análisis de riesgo”, dice Puerta.
Detrás de esta situación hay una discusión importante sobre la normativa en Colombia para el tratamiento de estos lodos, pues su manejo se da a través del Decreto 4741 de 2005 de desechos peligrosos, que es demasiado general, según Luis Orduz, abogado y excoordinador del Programa Socioambiental de la Corporación Podion. “Los parámetros que establece la norma para el seguimiento, control y manejo de los residuos peligrosos no se ajustan a las características de los residuos de la industria de los hidrocarburos”, afirma Orduz.
Una manera de tratar estos residuos es la biorremediación a través de la técnica landfarming. Esta busca eliminar el material contaminante de los lodos utilizando organismos vivos como bacterias. Como lo explica el ingeniero Puerta: “En la naturaleza consigues bacterias y hongos que son capaces de reducir o de digerir ciertos compuestos de origen orgánico y los derivados del petróleo son de origen orgánico”.
El landfarming se realiza en plantas en las que se construyen unas piscinas en la tierra que deben ser cubiertas con una geomembrana resistente para aislar el suelo. Allí se depositan los lodos, que son expuestos a un tratamiento con bacterias para convertir los hidrocarburos en componentes no tóxicos.
Este tratamiento puede durar varios meses. El material resultante es similar a un lodo seco y se puede disponer sobre la tierra en un espacio especial solo si se demuestra que no es ácido, inflamable, explosivo, tóxico o radioactivo. Esto debe confirmarse a largo plazo a través de procesos de muestreo que prueben que no es un material peligroso.
Proceso de landfarming. Foto: Sirley Muñoz.
Actualmente, los lodos que llegan a Conyser, en el corregimiento El Centro, se manejan utilizando el landfarming. Esta planta recoge, transporta, trata y dispone los lodos de la zona e, incluso, según el líder social Óscar Sampayo, reciben los de otros departamentos. Trabajan para diferentes empresas, entre ellas, la más grande y rica del país: Ecopetrol.
Un giro de 180º
La extraña construcción que llamó la atención de Sandra Velandia en 2018 fue la misma que cambió el paisaje frente a la finca de la familia Joya Jaimes. Con el paso de los meses Jenny, Rubén y su hijo Eduard vieron cómo rápidamente un cerro que durante años conocieron como un lugar lleno de vida, con árboles frutales, diferentes especies de animales e, incluso, un humedal, se transformó en un terreno plano.
A pesar de estar a pocos metros de la obra, nadie les explicó lo que estaba ocurriendo. De un momento a otro y sin previo aviso, las cosas cambiaron en su finca. Había ruido todo el día, nubes de polvo y un molesto tránsito de camiones. Conyser, la empresa propietaria de la planta, estaba obligada a realizar mecanismos de participación en el estudio de impacto ambiental, pero nunca contactaron a los habitantes de la vereda, de acuerdo con la ingeniera ambiental Jenny Grillo, que ha hecho seguimiento a este caso como integrante del Programa Socioambiental de la Corporación Podion.
Las condiciones se volvieron insoportables con la llegada de los lodos de Lizama 158. Olores nauseabundos subían desde la planta hasta la casa de los Joya Jaimes. La salud de la familia se vio afectada por gripes continuas. Lo mismo ocurrió con los animales. Las 200 gallinas que tenían para su negocio de venta de huevos poco a poco se enfermaron por la contaminación, el polvo y el ruido permanente. Según Jenny, todo empezó cuando tumbaron la montaña frente a su casa y aplanaron el terreno. “El polvo, la tierra, se fueron y me afectaron las gallinas”, me dijo una tarde de diciembre. “Se me morían, encontraba dos o tres muertas, infartadas, porque […] eso las ponía estresadas. A mí no me creían, a mí me decían que eso era mentira, pero no, las gallinas se estresan, si usted les da un ruido diferente se estresan, se mueren o dejan de poner huevos”.
Planta de tratamiento de lodos. Foto: Sirley Muñoz.
Como respuesta, decidieron contactar a las autoridades de Barrancabermeja, los entes de control, la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), los dueños de la empresa Conyser y Ecopetrol. Junto con otros habitantes de la vereda hicieron solicitudes de información, se reunieron con los responsables de cada institución e, incluso, organizaron varias protestas frente a la planta. En 2019, tras varias evasivas y respuestas poco claras, finalmente les ofrecieron ser reubicados.
“A muchos los desplaza la violencia a nosotros nos desplazó la industria”, dice Jenny con una carga de tristeza en su voz. En solo un par de meses perdieron el esfuerzo de años, afirma.
En los alrededores de Barrancabermeja, su historia no es inusual. Sandra Velandia y su familia también tuvieron que trasladarse debido a problemas con las empresas petroleras. En 2012, Sandra, su esposo y su hija fueron desalojados de la vereda La Cira, en el corregimiento El Centro, por solicitud de Ecopetrol y la Oxy. Allí, un pozo petrolero que se encontraba a menos de 100 metros de su finca había comenzado a emanar gases peligrosos. Era extremadamente riesgoso que se quedaran, de acuerdo con las petroleras, así que empacaron y se trasladaron a Planta Nueva.
Sandra Velandia, presidenta de la Asociación Sembremos Juntos. Foto: Seryozem.
Ahora, con las plantas de tratamiento de lodos, la industria del petróleo los ha expuesto una vez más. Para el abogado Luis Orduz, es clara la necesidad de tratar estos lodos; sin embargo, son diversas las afectaciones a las que se expone a comunidades y territorios con el funcionamiento de estos lugares. Entre ellas, resalta la ocupación territorial, el riesgo de contaminación de fuentes hídricas, infiltraciones de material contaminante en el subsuelo, emisiones atmosféricas por la remoción de tierra, afectaciones a la salud, conflictos socioambientales y fragmentación de ecosistemas. “Si las empresas hicieran bien las cosas esto no tendría que pasar”, dice Orduz.
Estas afectaciones han generado conflictos en los lugares donde se instalan. Según el líder Óscar Sampayo, se hace daño al territorio y la comunidad al mismo tiempo. Frente a esta situación cree que hay tres opciones: “Uno, que se retiren las empresas; dos, que se retire la gente, y tres, que haya una mezcla de las dos, pero entendiendo que van a existir momentos de conflictos. Pero no se pueden dar imposiciones”, dice.
En el caso de la planta Conyser, según Jenny Grillo, la CAS concedió la licencia por “un bajo valor ecológico en las coberturas vegetales”, aunque la comunidad sostiene que esto no es cierto y que allí existía vegetación abundante. Más allá de esto, según Grillo, son varios los aspectos en los que se ha confirmado que el proceso de tratamiento de lodos no se está dando de manera idónea. Un ejemplo de ello es que las piscinas en las que se depositan los lodos, en varios casos, no están bajo techo, lo que puede provocar que con el agua de lluvia se llenen y se rebosen.
Según Ecopetrol, antes de la existencia de plantas externas, el tratamiento se desarrollaba en campos de producción que tienen la infraestructura para realizar tratamiento de lodos y que se encontraban licenciadas en los Planes de Manejo Ambiental de cada campo. “De acuerdo con el desarrollo y la entrada en vigencia de los nuevos proyectos en algunos casos fue necesaria la contratación de empresas externas licenciadas para realizar tratamiento de lodos”, respondió la empresa a través de un cuestionario.
Ecopetrol, en principio, hace seguimiento a Conyser y a otros contratistas externos que reciben sus lodos. “Se efectúan inspecciones a las áreas de tratamiento externas, que tienen por objeto verificar el cumplimento de lo pactado contractualmente y el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y aplicable, para procesos de aprovechamiento, tratamiento y disposición final”, afirma la petrolera. Sin embargo, las malas prácticas de las empresas de tratamiento de lodos ubicadas en la vereda Planta Nueva han sido constantes.
Sandra Velandia y otras mujeres de la comunidad han denunciado de manera insistente los problemas de Conyser. “Empezamos a tener que participar en reuniones, a citar y convocar a la comunidad, a decirles salgan, manifestémonos, hagamos algo, esto no debe pasar”, dice Sandra. A raíz de las denuncias nació la Asociación Sembremos Juntos, de la cual Sandra es presidenta y en la que la mayoría de las integrantes son mujeres. En la vereda todos saben que en una industria como la petrolera, en la cual los hombres son gran parte de la mano de obra, es difícil manifestar sus inconformidades, así lo confirma Sandra. Podrían ser despedidos y sufrir una “muerte laboral”, es decir, se correría la voz y ninguna otra empresa de la zona desearía contratarlos.
En 2018, a raíz de las diferentes denuncias de la comunidad y organizaciones sociales de Barrancabermeja, la CAS abrió un proceso sancionatorio de carácter ambiental por incumplimiento del plan de manejo ambiental y afectación a los recursos naturales. Aun así, Conyser continúa realizando los procesos de tratamiento. (La CAS no aceptó responder a una entrevista para esta historia a pesar de numerosas solicitudes, y no fue posible contactar a Conyser).
Ante la inercia, Sandra y las demás mujeres de Planta Nueva han continuado denunciando la contaminación causada por las empresas que tratan los lodos. Han recurrido a Ecopetrol como responsable de los desechos y a la CAS como responsable de entregar la licencia ambiental a estas empresas, pero afirman que las soluciones que les han ofrecido son insuficientes.
Sandra tiene miedo por los peligros que pueden desencadenar las denuncias que ella y la comunidad hacen. Muchas veces ha estado a punto de derrumbarse. Se siente como un pequeño pez luchando contra un tiburón, dice en el patio de su casa, mientras acaricia a Princesa, una perra criolla que, al igual que nosotras, busca un lugar fresco para hacer más soportable el calor de esta ciudad petrolera.