El 4 de enero de 2016, los 16 diputados de la Asamblea de Cundinamarca se reunieron para seleccionar al nuevo contralor departamental. De los 16 uno se declaró impedido en el proceso de selección, tres se abstuvieron de votar porque señalaron irregularidades en el proceso de escogencia y los 12 restantes votaron y eligieron a Ricardo López Arévalo. (ver resultados de la elección en la página 66).
Durante el proceso la diputada Yisell Amparo Hernández Sandoval dejó constancia de una posible ilegalidad y por eso ella y los diputados José Rueda Avellaneda y Hermes Villamil Morales se abstuvieron de participar. Hernández fue destituida pocos meses después por el Consejo de Estado, acusada de doble militancia política. Hizo campaña como integrante del partido Cambio Radical pero apoyó la candidatura de Nancy Patricia Gutiérrez, opositora del ganador de la Gobernación de Cundinamarca, Jorge Rey.
El diputado José Ricardo Porras Gómez presentó un impedimento a la hora de votar porque uno de los cinco candidatos -Fernando de Jesús Tovar Porras- es pariente suyo. La solicitud le fue aceptada.
Este proyecto buscó una respuesta de la Universidad Distrital para conocer más detalles sobre el porqué ese centro universitario no continuó el proceso de escogencia del contralor cundinamarqués pero no fue posible obtener una respuesta.
Los polémicos contratistas de la Contraloría
Una vez aterrizado en el cargo en enero de 2016, Ricardo López Arévalo nombró y contrató en altos cargos a por lo menos cinco personas que han sido señaladas de hechos de corrupción, investigados o hallados culpables por la justicia colombiana.
“De los cinco, según información de la Contraloría, sólo sigue trabajando allí Martha Jeannette González Gutiérrez, exmagistrada del Tribunal de Cundinamarca. Adriana Milena Orozco Quecano permaneció durante 20 meses y los otros tres ocuparon sus cargos por poco tiempo.
Recuento
Este proyecto buscó al contralor López Arévalo para saber por qué nombró a estos funcionarios y por qué permanecieron tan corto tiempo, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta.
Los cinco funcionarios salpicados por hechos de corrupción son:
-
Óscar Mauricio Bejarano Navarrete, secretario general en la Contraloría de Cundinamarca y ex alcalde de Cajicá
Bejarano fue alcalde de Cajicá entre 2012 y 2015, elegido por el Partido Conservador aunque según el periodista Guillermo Castro, especializado en los temas de Cundinamarca y director del medio el Macarenazoo, luego se cambió al partido Cambio Radical y desde esa colectividad ha apoyado a Jorge Rey.
Según contó la revista Semana, está involucrado en uno de los famosos casos de volteo de tierras, una modalidad que consiste en cambiar el uso de la tierra con el propósito de ganar dinero. En este caso se modificó de agrológico a urbanizable y con ello se incrementó el valor de cada hectárea.
De acuerdo con la publicación, Bejarano “expidió el 22 y 30 de diciembre de 2015, a una semana de terminar su mandato, dos planes parciales que permitieron semejante revolcón”. En la Fiscalía no confirmaron si el ex funcionario está investigado por esta causa y en la Procuraduría no hay investigación abierta por este asunto, aunque sí tres procesos disciplinarios, uno por autorizar el uso de unos parqueaderos, otro por inconsistencias en contratos de la Alcaldía de Cajicá y el último por comprometer mantenimiento y lavado de equipos con una empresa.
En la Contraloría departamental fue nombrado para el cargo el 15 de enero de 2016 como funcionario de libre nombramiento y remoción. Se retiró en marzo de este año.
La senadora Claudia López aseguró que el jefe político del exalcalde Bejarano es Jorge Rey y para reafirmarlo publicó la imagen de un organigrama político.
-
Adriana Milena Orozco Quecano, jefe de oficina asesora
Salpicada por hechos de corrupción en el escándalo de los POT de Cundinamarca, trabajó en 2012 como jefe de Planeación de Funza cuando el alcalde era Jorge Machuca quien sucedió en el cargo a uno de sus principales aliados políticos, el gobernador Jorge Rey y actualmente es gerente de la Licorera de Cundinamarca.
La página web El Observador Siglo XXI publicó una foto de Rey y Machuca haciendo campaña en 2014 y también la cuenta de Facebook de la Alcaldía de Funza los retrató a ambos en la posesión del actual alcalde de Funza, Manuel Antonio Montagu Briceño, en enero de 2016. Todos han militado en el partido Cambio Radical y tanto Machuca como Montagu tienen como jefe político a Jorge Rey.
La relación de Rey con Manuel Antonio Montagu es tan cercana que en 2015 la madre de Rey, Mercedes Ángel de Rey, fue la mayor financiadora de la campaña por la Alcaldía de Funza. Según el informe de cuentas presentado ante el Consejo Nacional Electoral, aportó $20 millones.
Orozco Quecano fue mencionada en una denuncia que hizo el senador Carlos Fernando Galán sobre volteo de tierras y según la cual ella como funcionaria de Machuca otorgó en 2012 una licencia de urbanismo y “habría expedido irregularmente dos actos administrativos” para autorizar la construcción de un parque industrial en la vía Siberia – Funza.
En relación con ese proceso, los asesores del senador Galán señalaron que en enero de 2017 radicaron una solicitud de investigación (ver imagen abajo) en el despacho del ex director Nacional Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, pero el caso no se movió sino hasta después de la captura y salida del cargo del confeso ex fiscal.
Pero en la Procuraduría, está investigada junto con su jefe Jorge Machuca por presuntas irregularidades durante el año 2013.
A pesar de los señalamientos en su contra, Orozco Quecano estuvo en la Contraloría de Cundinamarca en calidad de asesora desde el 17 de diciembre de 2015 hasta agosto pasado, como consta en su hoja de vida del Sigep. La funcionaria estuvo 20 meses en un órgano de control que debe velar por el patrimonio y los recursos del departamento, y que entre sus funciones se encuentra la de ejercer el control fiscal sobre los recursos públicos a cargo de la Licorera de Cundinamarca, una entidad que gerencia su ex jefe Jorge Machuca.
La Licorera es de gran importancia para el departamento y para el país porque es una empresa creada desde 1905, maneja gran parte de las marcas de licores en Colombia y además de su presencia en el mercado nacional de licores, se ha consolidado en otros mercados de países como Estados Unidos y Ecuador, tal como lo publica la página web de la Licorera. Durante 2015 registró ingresos operacionales por $120.907 millones.
El nombramiento de Orozco Quecano ocurrió días antes de que terminara su gestión el ex contralor departamental Leonardo Rico Rico, un funcionario que según mencionó la W Radio “sería amigo del gobernador Jorge Rey” y que sonó para ser el contralor de Bogotá.
La exfuncionaria de la Contraloría es además esposa del exalcalde del municipio de Madrid, Cundinamarca, Giovanni Villarraga Ortiz del partido de la U (ver página del municipio) y lo acompañó como primera gestora social hasta el final de su mandato. Incluso, cuando ya estaba contratada en la Contraloría, algunos medios de comunicación reseñaron un acto de entrega de regalos para los niños de parte de la Alcaldía y que ella presidió. (LINK)
A su esposo, cuando era director de la Secretaría de Función Pública de la Gobernación, la Fiscalía le dictó medida de aseguramiento “por la presunta comisión de los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y contratos sin cumplimiento de los requisitos legales”. Junto a Villarraga Ortiz que había sido señalado por la oficina del senador Galán en el escándalo de volteo de tierras, también fueron capturados otros cuatro funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca.
Pero Orozco Quecano no solo ha sido cercana al municipio de Madrid por su esposo sino también porque en 2012 fue gerente para la Planeación y la Gestión Integral del mismo municipio.
-
Luis Orlando Buitrago Forero, cargo directivo
Fue alcalde de Facatativá por el Partido Liberal entre 2012 y 2015 y luego fue señalado de presuntas irregularidades en el tratamiento del agua del municipio que presidió. Tiene tres investigaciones disciplinarias en curso, según la página web de la Procuraduría.
La primera, por presuntas irregularidades en el otorgamiento de la licencia de construcción a una compañía específica, otra porque hay supuestas inconsistencias relacionadas con la descertificación del municipio en el plan de agua potable y saneamiento básico, y una tercera por presunto acoso laboral.
El exalcalde de Facatativá llegó al cargo el 6 de abril de 2016 y se retiró tres meses después.
-
Ana Lucía López Pinzón, directora administrativa
Está relacionada con hechos de corrupción en Bogotá durante la alcaldía de Samuel Moreno donde, según su hoja de vida del Departamento de la Función Pública, se desempeñó como subsecretaria de gobierno. Luego fue asesora de Integración Social cuando fue encargada como alcaldesa Clara López.
En la Contraloría llegó al cargo en enero de 2016 y se retiró el 7 de mayo del presente año, un mes después de que la Fiscalía le imputó cargos por el presunto delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
López Pinzón ya había sido subalterna en 2015 del actual contralor cuando se desempeñaba como secretario general de la Unidad Nacional de Protección, ese año la contrató como su asesora. También, según la hoja de vida, dirigió la empresa de Servicios Postales Nacionales Nacionales 472, la misma en la que estuvo desde 2012 el contralor López Arévalo.
-
Martha Jeannette González Gutiérrez, directora administrativa
Martha González Gutiérrez fue nombrada como directora administrativa el 19 de septiembre de 2016 y aún continúa ejerciendo su cargo.
Uno de los procesos por los que se hizo visible en la agenda mediática fue por un hecho que llegó a su despacho de Magistrada de Cundinamarca sobre el abogado Luis Enrique González Villamizar, quien es su esposo. Según una investigación de Daniel Coronell publicada en la revista Semana, a González Villamizar se le declaró insubsistente cuando trabajó en el Concejo de Bogotá, por lo que presentó una demanda de nulidad ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; el reparto le correspondió al despacho de la entonces magistrada Martha Jeannette González Gutiérrez. Según relató Coronell, la actual directora administrativa de la Contraloría solo se declaró impedida frente al caso de su esposo cuatro meses después, el 17 de julio de 2013 luego de una visita de la Procuraduría.
La historia de cuando López tuvo que investigar a Jorge Rey y no lo hizo con prontitud
En su calidad de contralor de Cundinamarca, a Ricardo López Arévalo le corresponde vigilar (auditar) los proyectos u obras del gobernador de Cundinamarca Jorge Rey. Pero ésta no es la primera vez que a López Arévalo le corresponde investigar las actuaciones de Rey y su entorno político.
En 2011 cuando López Arévalo era procurador provincial de Facatativá, Sandra Patricia Granados Salazar, exconcejal de Funza, presentó una queja en contra de Jorge Rey como alcalde de ese municipio porque nombró a Jorge Machuca como jefe de control interno. Para la concejal, el nombramiento se hizo basado en una mentira pues Machuca aseguró que había cursado 12 semestres de derecho y esto no era verdad y por ello Rey habría incurrido en el delito de falsedad en documento público.
No obstante, la queja que fue radicada en la Procuraduría Provincial (ver imagen abajo) en febrero de 2011 cuando estaba en cabeza de López Arévalo, no tuvo ningún avance. Pasados seis meses ni siquiera llamó a ratificar los hechos a la propia denunciante.
El caso siguió y nada pasó porque finalmente Jorge Machuca continuó con su carrera política hasta el punto que fue el sucesor de Rey en la Alcaldía de Funza, estuvo en el cargo de 2012 a 2015.
Este proyecto estableció que la Contraloría de Cundinamarca no ha hecho auditoría alguna a la Empresa de Licores de Cundinamarca mientras ha estado gerenciada por Jorge Machuca. La falta de auditoría a esta empresa de licores departamental resulta llamativa porque en la elección de López como contralor le preguntaron precisamente cómo auditaría la Licorera y las Empresas Públicas de Cundinamarca (ver página 43).
El papel de la Contraloría en los casos de volteo de tierras
Además del nombramiento de funcionarios en la Contraloría relacionados con el escándalo de volteo de tierras, la institución presidida por López Arévalo no se ha caracterizado por emitir fallos de responsabilidad fiscal en este asunto, es decir, fallos que propendan por la devolución de los dineros públicos.
La oficina del senador Galán hizo un requerimiento a la Contraloría Departamental solicitando información sobre quejas desde 2008 hasta la vigencia referentes al escándalo de los POT. La solicitud indagó por las actuaciones de los alcaldes de 15 municipios de la sabana de Bogotá y según la propia Contraloría se abrieron 39 procesos. De ese número de procesos sólo uno terminó con fallo de responsabilidad fiscal, dos tuvieron fallo pero sin responsabilidad fiscal, 13 están en etapa probatoria antes de la imputación, en uno se surtió grado de consulta y el resto (22) se archivaron o se decretó la caducidad del proceso.
El único proceso que terminó con responsabilidad fiscal fue contra Luis Álvaro Rincón Rojas, exalcalde de Mosquera, a quien la Fiscalía le imputó en julio de este año los delitos de “tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito”, junto con cuatro personas más.