“Ojalá sean los ancestros los que nos ayuden a salir de esta encrucijada”, implora Ferney Hernández, quien en 2020 fue cacique territorial zenú del municipio de Sampués (Sucre). Su lamento refleja lo mal que la han pasado por la pandemia de COVID-19.
Además de ser, de lejos, la etnia con el mayor número de contagios en Colombia, este virus llegó cuando se libra una guerra de grupos armados en buena parte de su territorio y cuando no son pocas las quejas por la falta de un servicio diferencial de las EPS que les prestan los servicios de salud desde que, en 2019, fue liquidada Manexka, EPS indígena para el pueblo zenú.
Con corte al 26 de enero de este año, el sistema de monitoreo de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) registró que 3652 zenúes estaban enfermos de COVID-19, seguidos por los pastos (2081), pijaos (1967), mokanás (1958), wayúu (1211), nasas (1173), muiscas (924), kankuamos (635), tikunas (517) y emberas (479). Otros 22 766 casos no se identifican a qué pueblo pertenecen.
Según las estadísticas de la Onic, al 13 de enero había 41 313 casos positivos y habían muerto 1385 indígenas. Pero como suele pasar entre información oficial y no oficial, esos datos no coinciden con los del Instituto Nacional de Salud (INS), que hasta el 26 de enero cifraba los contagios en 33 295 y los decesos en 1035 fallecidos. La diferencia se debe, según explicaron desde el sistema indígena, a que ellos incluyen a quienes han tenido síntomas, sin importar que se hayan hecho pruebas.
Con los datos del INS, 73 % de los infectados de los zenúes se concentran en los departamentos de Córdoba (1527 casos), Sucre (1117) y Antioquia (238). Se suman las ciudades de Bogotá y Cartagena, donde se contabilizan 246 y 94 casos activos, respectivamente.
En víctimas fatales, los más viejos son quienes, en mayor proporción, han perdido la batalla contra la enfermedad, con las implicaciones que conlleva dentro de estos pueblos la pérdida de los guardianes de sus costumbres. “Han muerto ya varios de nuestros mayores y eso es un gran golpe para nosotros, que también luchamos por nuestra supervivencia cultural”, señala Ferney.
¿Cómo entró el virus?
Cuando se conocieron los primeros casos de COVID-19 en Colombia, al igual que todas las comunidades indígenas en el país, los zenúes optaron por restringir su movilidad y el contacto con los mestizos como medida de protección. La petición para todos fue confinarse en sus cabildos; suspendieron las reuniones, las fiestas, la salida de indígenas y el ingreso de extraños.
Pero, como cuenta el líder indígena Martín Moreno, a los cabildos regresaron muchos paisanos que vivían y trabajaban vendiendo tintos o artesanías, o eran empleadas domésticas en ciudades como Sincelejo, Montería, Barranquilla y Medellín. “Como somos un territorio que queda en sabana y con muchas carreteras, fue difícil controlar el retorno. Las condiciones socioeconómicas eran precarias y cuando cerramos no se hizo rastreo ni pruebas, por lo que el virus empezó a circular”, explica.
La llegada de unas 2000 personas, a lo largo de la cuarentena, según cuentas del Cabildo Mayor Zenú, provocó que no fuera posible hacer seguimiento y aislamiento de los casos, a lo que se sumó que las condiciones en que viven muchos nativos no dan para soportar largos encierros sin generar ingresos ni recibir ayuda: con hacinamiento y escasez de alimentos, en poblaciones como San Andrés de Sotavento, Tuchín y San Antonio de Palmito. “El cabildo tiene 20 000 hectáreas, de esas solo son aptas para cultivar unas 10 000”, dice Moreno.
Así empezó a pasar factura la falta de un plan para atender a una población con tantas necesidades, muchas de ellas en la informalidad. “Ni el departamento, ni el municipio, ni las EPS, ni las autoridades indígenas estaban preparadas para atender esta emergencia”, sostiene este líder indígena, quien reconoce que lo que hicieron fue seguir las recomendaciones que llegaban desde el Gobierno central.
Indígenas en Puerto Libertador hacen fila para recibir atención por parte de la Unidad de Víctimas. Foto: tomada de la Unidad de Víctimas.
Con las alcaldías de los municipios San Andrés de Sotavento, Sampués, Sincelejo, San Antonio de Palmito y Tuchín, el Resguardo Indígena Zenú firmó por 1170 millones de pesos cuatro contratos para el suministro de alimentos por una sola vez, con los que atendieron a 13 842 familias localizadas en estos territorios, ubicados en los departamentos de Córdoba y Sucre. Por aparte, las diferentes alcaldías adquirieron paquetes nutricionales que fueron un alivio momentáneo, pero insuficientes para contener una crisis social que, sin ingresos ni comida, exigía en cuestión de tiempo alimentar miles de bocas.
“¿Qué fue lo que pasó? Pues varias cosas”, comenta Moreno. “Por un lado, se levantaron los controles en muchos cabildos. La gente estaba agobiada de estar encerrada sin recibir ingresos ni ayudas. Por lo menos a nosotros nos prometieron en abril una ayuda del Gobierno nacional, un mercado. ¡Y llegó en septiembre! Entonces, cuando el presidente (Iván) Duque reabrió el comercio, muchos de nuestros indígenas que viven de la informalidad comenzaron a rebuscársela en las cabeceras municipales, en el comercio informal o con sus artesanías, y aumentaron las interacciones”.
Muchos contratos, poca atención diferencial
Como sucedió en todos los entes territoriales del país, las alcaldías de los referidos municipios, donde queda el Resguardo Zenú, usaron la urgencia manifiesta para contratar de manera directa la compra de mercados y los servicios de distribución. La zona en la que se encuentra la mayor parte de la población zenú, con 50 262 personas, el Resguardo de San Andrés de Sotavento, en Córdoba y Sucre, no fue la excepción. Según las denuncias, lo que hubo fue la firma de muchos contratos con muy poca estrategia y atención con enfoque diferencial para las comunidades indígenas.
Al revisar los contratos que firmaron la Gobernación de Córdoba y las alcaldías de San Andrés de Sotavento, Tuchín, Sincelejo, Sampués y San Antonio de Palmito, se evidencia que centraron su estrategia, como se hizo en otras zonas del país, en comprar mercados, insumos médicos y contratar personal para las diferentes dependencias de las administraciones y del sector salud.
La Gobernación de Córdoba, según la información cargada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop I y II), firmó 179 contratos a lo largo de 2020 por 134 588 millones de pesos; de estos, 162 de manera directa por 30 033 millones y solo 32 están relacionados con el COVID-19, con una inversión de 5025 millones. Es decir, alrededor del 4 % de sus contratos en 2020 fueron destinados a la adquisición de mercados, insumos y suministros médicos y hospitalarios, hospital de campaña, pruebas rápidas, campañas educativas, rehabilitación de la infraestructura clínica y pago de subsidio a cultores y artistas.
“Pero los mercados los compraron por poco tiempo”, afirma Moreno.
Para ayudar a las alcaldías, la Gobernación suscribió convenios y les giró a los 30 municipios del departamento para que cada alcalde comprara mercados para familias vulnerables; dinero que, además, se sumaba a lo aportado por cada administración municipal.
En San Andrés de Sotavento, sede del mayor resguardo del pueblo zenú, su Alcaldía ejecutó 258 contratos por 16 799 millones de pesos, de los cuales solo 15 fueron orientados a atender la emergencia del COVID-19 por 862 millones, según información que reposa en la página de contratación del Secop I y II. La mayoría de estos recursos se utilizaron para el pago de servicios funerarios, enfermeras, arriendos para locación para el aislamiento de enfermos por COVID-19, arriendo de carrotanques, raciones alimentarias y adquisición de tanques para almacenar agua potable.
Uno de los 15 contratos, que se pagó con los recursos que les giró la Gobernación, se hizo con el fin de que la Alcaldía entregara mercados a familias vulnerables; dinero que, además, se sumaba a lo aportado por cada administración municipal.
Lupa a San Andrés de Sotavento
El alcalde de San Andrés de Sotavento, Stalin Humberto Madrigal, suscribió el 20 de marzo de 2020 el contrato 078-2020, por valor de 100 millones de pesos, para entregar “2000 mercados con productos básicos de la canasta familiar por 50 000 pesos cada uno”, dice el documento. Seis días después, el mandatario suscribió otro por 150 millones de pesos para la entrega de 4000 mercados por 25 000 pesos cada uno y 1000 mercados por 50 000 pesos cada uno.
“Pero qué va, esos mercados ni siquiera llegaban a los 15…, 20 000 pesos. Si el alcalde contrató eso con una señora que hace perros calientes aquí en el municipio”, relata un habitante del pueblo, consultado para este artículo, que pidió el anonimato. En efecto, ambos contratos fueron suscritos con Geraldine Paola Pallares, propietaria de un hospedaje y un restaurante, y quien reportó ventas en 2020 por 51 millones de pesos que le dejaron una utilidad de 1 200 000 pesos.
En un informe de resultados de auditoría de septiembre de 2020, la Contraloría de Córdoba señala que recibió una denuncia anónima contra la Alcaldía de San Andrés de Sotavento por “presuntas irregularidades en el manejo de los recursos destinados a ayudas humanitaria para apoyar la emergencia social en atención a la pandemia COVID- 19 en el municipio y otros contratos celebrados”.
Entre los varios hallazgos, el organismo de control dio con esos dos contratos que la administración de Madrigal firmó con Geraldine Pallares Alean, representante del restaurante, hospedaje y tienda La Torre, para adquirir mercados como ayuda humanitaria para apoyar la emergencia social causada por la pandemia.
El primer contrato suscrito fue el 078-2020, por 100 millones de pesos, el 20 de marzo. En este, la Contraloría halló que en las 209 planillas de entrega de ayudas humanitarias remitidas por la Alcaldía, “la mayoría no registran barrio, fecha, y nombre del coordinador responsable; observándose, además, que las planillas presentan borrones, tachones y enmendaduras”.
Pese a lo anterior, señala el informe de auditoría, el secretario de Gobierno de San Andrés de Sotavento, Elkin Rafael Pertuz, “en calidad de supervisor del contrato señala que el contratista cumplió a satisfacción su actividad contractual”.
El segundo contrato bajo lupa, el 081-2020, se firmó el 26 de marzo de 2020 por un costo de 150 millones de pesos. En este, de acuerdo con la Contraloría, hubo un presunto detrimento patrimonial de 70 millones 400 mil millones de pesos.
Primero, porque según el grupo auditor hubo falencias en los registros aportados por la Alcaldía como soporte del gasto de 100 millones de pesos. “No están claramente enumerados, presentándose enmendaduras, tachones, muchas planillas sin fecha, otras registran el nombre del beneficiario, pero no coincide con la firma de quien recibe”, resalta.
La Contraloría constató además “que no todas las planillas que aparecen como soporte del contrato 081- 2020, corresponden a este, sino al contrato 078-2020”, con lo cual, considera, el municipio incumplió una de sus obligaciones: “surtidas las entregas respectivas, remitir a la Gobernación de Córdoba las planillas de entrega de las ayudas, en las que se deberá dejar constancia escrita del nombre y cédula de los beneficiarios, fecha y hora de entrega y deberá aportar registros fotográficos de las respectivas entregas”.
Otra presunta irregularidad fue descubierta al cotejar las planillas de registro de entrega de las ayudas humanitarias. “El grupo auditor pudo observar, según las firmas de los beneficiarios, la entrega de 3184 mercados, correspondientes al contrato 081 de 2020, existiendo un faltante de 816 mercados por valor de 25 000 de pesos, configurándose un presunto detrimento patrimonial en la suma de 20 400 000 de pesos”.
Los 50 millones de pesos restantes del total del contrato fueron consignados en el comprobante de egreso N° 040, de fecha 30 de marzo de 2020, con dineros de la Estampilla Adulto Mayor. “Recursos que corresponden a la entrega de 1000 mercados por valor de 50 000 millones de pesos cada uno, de lo cual no hay evidencia, configurándose un presunto detrimento patrimonial en la suma de 50 000 000 millones de pesos, para un total de detrimento de 70 400 000 millones de pesos, correspondientes a los mercados no entregados”, concluyó la Contraloría.
360-grados.co intentó, durante varios días, comunicarse con el alcalde Madrigal, pero no obtuvo respuesta a las preguntas enviadas al correo oficial de la Alcaldía, ni a su número en WhatsApp. Tampoco devolvió las llamadas al celular, el cual siempre apareció en buzón de voz.
Tampoco hubo contestación de la Gobernación de Córdoba a ninguno de los interrogantes que se le formularon por correo electrónico, incluyendo las presuntas irregularidades detectadas por la Contraloría.
Del mismo modo intentamos conocer la versión de la contratista Geraldine Paola Pallares Alean (vea los contratos: 078-2020 y 081-2020). Obtuvimos su teléfono en la web de la Cámara de Comercio de Montería, por medio del NIT de su negocio Restaurante, Hospedaje y Tienda La Torre. La llamada fue atendida por un hombre que se identificó como administrador del establecimiento, a quien informamos del interés de entrevistar a Pallares para conocer su versión. Hasta la publicación de este informe, Geraldine no se ha comunicado de vuelta.
El resto de plata en Córdoba
El único ente territorial zenú que recibe transferencias del Gobierno nacional es el Resguardo de San Andrés de Sotavento, indicó Moreno. El año pasado usó sus recursos para atender de manera exclusiva a la población indígena, que abarca 50 262 personas: firmó 26 contratos por valor de 10 532 millones de pesos, de los cuales 14 fueron por contratación directa por 9727 millones, y siete de ellos fueron para atender la pandemia de COVID-19 por 4069 millones.
Los recursos se destinaron a seguridad alimentaria. Cuatro contratos fueron para el suministro de alimentos por una sola vez por valor de 1170 millones de pesos, con los que atendieron a 13 842 familias localizadas en cinco municipios (San Andrés de Sotavento, Sampués, Sincelejo, Palmito y Tuchín) de los departamentos de Córdoba y Sucre.
La administración del municipio de Tuchín, en Córdoba, con una población de 39 101 indígenas, efectuó 168 contratos por 10 779 millones de pesos; de ellos solo 15, por un monto de 798 millones, fueron por contratación directa y destinados a la atención de la pandemia, prestación de servicios médicos y hospitalarios, así como servicios funerarios.
Este ente territorial es de los pocos que, en el objeto de los contratos, incluyen a la población indígena de manera diferenciada. Cinco de estos por 882 millones de pesos, pero ninguno relacionado con el COVID-19. Se destinaron a alimentación escolar indígena, la implementación del Código de Policía y prestación de servicio a la gestión de la Secretaría del Interior. El contrato de alimentación escolar indígena se realizó bajo la figura de convenio interadministrativo entre el municipio y el resguardo para atender 2200 estudiantes por 775 millones de pesos (ver contrato).
Otros municipios con jurisdicción en el resguardo son Chinú, con una población indígena de 16 256 habitantes, cuyo alcalde realizó 125 contratos por 4441 millones de pesos, y el municipio de Chimá, que con 12 000 indígenas zenúes en su territorio realizó 207 contratos por 8213 millones de pesos.
Sucre, más de lo mismo
En el municipio de Sampués (Sucre), con una población zenú de 18 634 personas, se firmaron 172 contratos por 5895 millones de pesos. De estos, 148 fueron contratación directa por 2 470 millones de pesos.
Solo tres de esos contratos se realizaron por licitación pública por 2238 millones de pesos para reparar vías, para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y para transporte escolar. Se encontraron tres contratos con la palabra COVID que suman 221 millones de pesos, que se destinaron a hospedaje para aislar pacientes, suministro de insumos médicos y mercados. El 26 de marzo, la administración hizo un contrato de mercado con la Fundación Integral Sembrando Futuro por 150 millones de pesos para suministro de mercados.
En San Antonio de Palmito, con 10 000 indígenas, se realizaron 163 contratos por 7381 millones de pesos, de los cuales, por contratación directa, fueron 111 por 1693 millones. Bajo la etiqueta COVID fueron 14 por 403 millones, entre los que están la compra de mercados por 210 millones, divulgación y mitigación del riesgo, y prestación de servicios.
Una indígena de Sucre recibe kits alimenticios por parte de la Gobernación de Sucre. Foto: tomada de la Gobernación de Sucre.
Este municipio firmó seis contratos relacionados con la población indígena por 810 millones de pesos, pero ninguno vinculado con la pandemia, entre estos hay uno de construcción de infraestructura y prestación de servicios de enlace para programas como Familias en Acción.
En Sincelejo, donde residen 31 235 indígenas, se realizaron 597 contratos en total por 76 249 millones de pesos. De esos, 556 contratos fueron de manera directa por un valor de 34 290 millones. Con la palabra COVID hay cuatro contratos por 3675 millones para suministro de alimentos, transporte de personal de salud y publicidad para informar sobre la pandemia. Solo en alimentos se gastaron 3538 millones de pesos.
De todos esos contratos, solo uno se destinó para servir de enlace a indígenas del programa Más Familias en Acción por 5400 millones de pesos, firmado el 21 de febrero de 2020.
La Alcaldía de Sincelejo no dio ninguna respuesta a las preguntas planteadas por 360-grados.co para este reportaje.
Por su parte, la Gobernación de Sucre comunicó que “todas las ayudas humanitarias se hicieron por contratación directa por la urgencia manifiesta y fue autorizado por el PMU”. Según la información que suministró, 11 216 apoyos fueron distribuidos entre la población indígena de Sucre así: Sincelejo, 2203; Toluviejo, 319; San Benito Abad, 123; Corozal, 191; Sampués, 2676; Los Palmitos, 4419; San Onofre, 179, y Sincé, 1106.
“Sin plan desde lo étnico”
En términos generales, lo que indican las cuentas oficiales y disponibles sobre recursos girados a los pueblos indígenas para enfrentar la pandemia es que, por lo menos para el pueblo zenú, la ayuda humanitaria representada en mercados es lo único que han recibido de gobierno alguno.
Si bien el Gobierno nacional afirmó, mediante el Ministerio de Hacienda, haber destinado por lo menos 117 billones de pesos para enfrentar la pandemia, lo cierto es que, por lo menos para los indígenas, dinero no ha habido.
En respuesta para esta investigación, el Ministerio de Hacienda respondió que no asigna recursos por actividades o grupos poblacionales específicos, lo cual “corresponde a cada entidad hacer esta desagregación dentro de los beneficiarios, en virtud de su autonomía presupuestal y las normas que regulen el programa específico”.
El Ministerio de Salud indicó que, en lo competente a su cartera, el Gobierno nacional les ha girado a los pueblos indígenas unos 7500 millones de pesos adicionales a los recursos ordinarios que, año tras año, desembolsa para las etnias. Al desglosar dicha cifra se observa que unos 5200 millones de pesos son compromisos adquiridos en 2019 para el fortalecimiento del Sistema Indígena de Salud Propia Intercultural (Sispi). El dinero restante fue distribuido entre la Subcomisión de Salud de la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas (conformada por Onic, Aico, CIT, Indígenas del Choco, Mesa Wayúu y Opiac), el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), el Consejo Regional Indígena del Huila (Crihu) y el Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec).
Para Priscila Celedón Consuegra, experta en prevención de riesgos, las administraciones de Sucre y Córdoba tuvieron dos estrategias diferentes para enfrentar la pandemia. En el caso del primero, sus autoridades se concentraron en hacer seguimiento a los habitantes que regresaban de otras regiones y en mejorar la atención hospitalaria. “Hicieron seguimiento a la movilidad, trabajaron una estrategia entre el sector público y privado, por eso han tenido menos muertos y contagiados. Pero descuidaron la parte de atención humanitaria, no presentaron proyectos para atender a la población”, asegura.
Mientras que en Córdoba, dice, les preocupó poco hacer control, en especial a los indígenas que llegaban de afuera. “Las alcaldías y las gobernaciones no dimensionaron el movimiento de la población indígena, porque no los entienden, no saben cómo se mueven, a qué se dedican”, explica Celedón, para quien esta falta de entendimiento fue la causa de que se presentara una mayor afectación de los indígenas en ese departamento.
“No hubo un plan de población desde lo étnico. La mayoría de las muertes en esas comunidades se dio en sitios donde hubo más hacinamiento, sin higiene adecuada”, agrega.
La Gobernación de Sucre no se pronunció respecto a los cuestionamientos hechos por Celedón.
Salud: el negocio
En Sampués (Sucre), donde se encuentra el cabildo de Ferney Hernández, quien fue cacique territorial zenú, el INS registró, hasta el pasado 26 de enero, 118 casos, mientras que la capital del departamento, Sincelejo, contaba 717 afectados. Además del aumento de la interacción social, obligada por la necesidad, la atención brindada por las EPS, según Ferney, tampoco ayudó a frenar los contagios.
“Por la pandemia, las atenciones son por teléfono y es un lío comunicarse para pedir citas, ¡imagínese la señal por acá! Entonces que vengan a realizar pruebas, cualquier cosa, es un lío —relata—. Cuando alguien se contagia, la EPS llama a ese paciente uno o máximo dos días y ya. La gente guardaba sus 14 días de cuarentena, porque eso era lo que decían las noticias, pero la EPS nunca rastreó si había más casos, no hizo seguimiento”, añade.
Las quejas del cacique territorial tienen nombre propio: Mutual Ser, una de las cinco EPS que recibieron a los 210 836 afiliados que llegó a tener la entidad indígena Manexka repartidos en 18 municipios de Córdoba y Sucre.
Medios colombianos como La Silla Vacía contaron cómo Manexka, creada en 1998 por el fallecido médico cordobés de la etnia zenú Pedro César “el Indio” Pestana, con el fin de prestar servicios de salud propia a su pueblo, fue calificada por sus usuarios como una de las mejores del país y llegó a tener cerca de 260 000 afiliados en 18 municipios de Córdoba y Sucre. Aun así, debido a líos de corrupción, terminó liquidada en 2019 por la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) tras un intenso debate jurídico que involucró, incluso, a la Corte Constitucional.
En agosto de 2016, mediante resolución 2262, la Supersalud adoptó la “medida especial de vigilancia preventiva” sobre Manexka tras observar deficiencias en la prestación de servicios de salud e inconsistencias en las cifras operacionales que presentó desde 2012. Conforme avanzaron las indagaciones, los hallazgos fueron más escandalosos.
En 2018, una sentencia de la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional dejó sin efecto decisiones judiciales anteriores y ordenó a la Supersalud que continuara con el proceso de liquidación, que se concretó en 2019 con la distribución de sus 213 000 afiliados entre las EPS Mutual Ser, Comfamiliar Sucre, Cajacopi, Coosalud y Nueva EPS.
“Pero eso fue una acción arbitraria y desastrosa —insistió Ferney, el cacique zenú—. Le hablo de mi caso, en mi familia somos siete: mi esposa, mis cinco hijos y yo. Todos estamos en una EPS diferente, yo estoy en Mutual Ser, mi esposa en Cajacopi y así. Además, no tenemos atención con enfoque diferencial. Por eso estábamos en conversaciones para crear nuestra propia EPS, pero por la pandemia no podemos hacer nuestra consulta interna”.
A punta de memoriales
Según el Sistema de Evaluación y Calificación de Actores (SEA), adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social, cuyo propósito es evaluar el desempeño de las entidades del sector salud, en 2019, la EPS Mutual Ser recibió la más alta valoración de sus usuarios y de este sistema, con un puntaje de 91,67 sobre 100 en la pregunta sobre satisfacción global. Por su parte, Cajacopi recibió una puntuación de 77,53 sobre 100; Comfamiliar Sucre, 74 sobre 100 y Nueva EPS, 65 sobre 100.
Pese a ello, este año, durante la pandemia del COVID-19, en Tuchín, pueblo cordobés famoso por sus artesanías hechas con caña flecha, donde, según el censo del Dane de 2018, el 74 % de sus 54 000 habitantes se reconoce como pueblo zenú; hasta las autoridades locales tuvieron que emitir notas de protesta contra Mutual Ser y Cajacopi para que agilizaran la prestación de sus servicios en momentos en que los casos del nuevo virus comenzaron a crecer en esta localidad.
“Cuando detectamos los primeros afectados de COVID-19, conformamos un equipo interdisciplinario con médicos y enfermeras para acompañar a las comunidades. Pedimos acompañamiento de las EPS que tienen mayores usuarios en el municipio, Cajacopi y Mutual Ser, pero nos quedaron mal, no nos acompañaron, nos tocó mandar oficios y oficios para que nos atendieran”, señala Alexis Salgado, alcalde de Tuchín.
En respuesta para este informe, la EPS Cajacopi indicó que a la fecha no ha recibido de entidades territoriales o líderes indígenas de Córdoba y Sucre “algún tipo de requerimiento o información con respecto a la falta de atención o seguimiento de esta población y, por el contrario, las actuaciones frente a la prestación de los servicios de salud han sido las adecuadas, conforme a las guías de manejo del Ministerio de Salud y Protección Social”. Y agregó que cuenta con la oferta necesaria para la atención de la población indígena. “Se tiene relación contractual con Manexka IPS para tomas de muestra y con Hecar IPS para seguimiento de pacientes sospechosos y positivos”.
La EPS Mutual Ser contestó que, para el municipio de Tuchín (Córdoba), recibió el año pasado, de Manexka, una propuesta de contratación de tomas de muestras institucionales y domiciliarias. Para ello se realizó “el acuerdo de voluntades en pro de fortalecer la toma de muestras en el municipio y en las zonas indígenas aledañas a la misma. En julio se contrató personal comunitario para el apoyo a las actividades de rastreo de contactos en campo, quienes, en conjunto con la IPS Manexka y hasta la fecha, realizan la estrategia Prass a diario en el territorio de influencia de la IPS. A la fecha, llevamos más de 7000 muestras que se han tomado en el municipio de Tuchín”.
Hasta el pasado 27 de febrero, según el INS, Tuchín concentraba 429 casos positivos entre indígenas y 29 muertes por COVID-19; en Córdoba, la cifra de indígenas positivos de la enfermedad asciende a 2131. Como en Sucre, la economía familiar de estos pueblos no estaba para soportar largas cuarentenas, muchos retornaron a sus actividades informales. Y eso que, de acuerdo con el mandatario local, hubo buena articulación entre guardia indígena, resguardo y autoridades locales.
“Nos apoyamos en la guardia indígena, instalamos unos retenes al ingreso del pueblo donde realizamos control de temperatura y desinfección. Fuimos a cada comunidad a explicar las medidas de protección contra este virus —declara Salgado—. Con dineros de la Alcaldía, otros con aportes de la Gobernación de Córdoba, con ayuda del resguardo gestionamos unos 7500 mercados que entregamos entre las comunidades indígenas”.
Otros pesares
Según el censo del Dane de 2018, en Colombia, unas 307 000 personas se reconocen como integrantes del pueblo zenú, repartidas, en su gran mayoría, entre Córdoba y Sucre, y en menor medida en Antioquia.
Si bien existen asentamientos de este pueblo indígena en Antioquia, Córdoba y Sucre, el más importante de ellos es el Resguardo Indígena Zenú San Andrés de Sotavento Córdoba-Sucre, conformado por 117 cabildos, según la Gobernación, ubicado en los municipios de San Andrés de Sotavento, Tuchín, San Antonio de Palmito, Chimá, Sampués, Purísima, Sincelejo y Chinú.
El territorio que los zenúes han demandado como propio abarca 83 000 hectáreas, pero solo cuentan oficialmente con 23 000 que el desaparecido Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) les empezó a adjudicar desde 1986, las cuales constan de globos de terreno discontinuo, rodeado de extensos sabanales dedicados a ganadería.
En Antioquia, los asentamientos zenúes se encuentran en los municipios de Cáceres y El Bagre. Allí, los nativos no solo deben contener el avance del COVID-19, también deben soportar una inclemente guerra que se libra en sus territorios y que tiene como protagonistas a las disidencias de las Farc, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, llamadas por el Gobierno nacional como el Clan del Golfo, y una temida disidencia de este grupo que se hace llamar Caparrapos o frente Virgilio Peralta.
Indígenas zenúes de El Bagre, en Antioquia, no solo han tenido que lidiar con el COVID-19, sino también con el conflicto armado. Foto: tomada de la Unidad de Víctimas.
En septiembre y octubre del año pasado, la Organización Indígena de Antioquia denunció dos desplazamientos masivos de comunidades zenú por cuenta de los enfrentamientos entre gaitanistas y caparrapos, que afectaron por lo menos a unas 80 familias (400 personas), que debieron albergarse en los cascos urbanos de Cáceres o Tarazá, lo que aumentó el riesgo de contagio entre los nativos por cuenta del hacinamiento.
Si bien el INS registró hasta el pasado 27 de febrero 255 casos positivos entre indígenas zenú en Antioquia, la mayoría (126) se ubicó en Medellín. Autoridades de esta etnia indígena en este departamento creen que los contagios pueden ser mayores.
“En el Bajo Cauca, por lo menos, lo que dijeron los grupos armados fue que si se daban cuenta de que alguien tenía COVID-19 era declarado objetivo militar. Entonces, en el resguardo hubo una gente con todos los síntomas, pero con miedo de consultar, por eso los que tuvieran síntomas se fueron para el monte a confinarse y la pasaron a punta de bebidas, rezos, medicina tradicional. No le puedo decir si sirvió o no, lo cierto es que el miedo a ser asesinado fue más grande que el temor al COVID-19”, señala una autoridad indígena del pueblo zenú del Bajo Cauca. Su identidad no se revela por las amenazas de muerte que ha recibido en su contra durante el último año.
Para este líder indígena, los virus de la violencia y la corrupción son más letales que la enfermedad. Sin embargo, estas tres pandemias tienen hoy acorralados a los descendientes del dios Maxión y la diosa Manexka.