En las montañas de Ceilán, Bugalagrande, en la cordillera Central del Valle del Cauca, ocurrió en los años 90 uno de los casos de despojo de tierras más grandes de la región, según lo determinó la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en sus estudios de caso.
Por eso, cuando en el año 2015 la URT anunció que les restituiría las tierras a los despojados, el hecho fue reseñado en varios medios de comunicación como uno de los más significativos del departamento. Cientos de campesinos regresarían a los lugares que hace más de 25 años habían tenido que abandonar por cuenta del acecho del narcotráfico (Lea notas de prensa 1, 2, 3 y 4).
Se trataba del caso de la emblemática Hacienda La Magdalena, cuyo dueño, Fernando Marulanda alias ‘Marulo’ -extraditado a Estados Unidos en 2010-, había englobado los terrenos aledaños a su finca, despojando a los campesinos que los habitaban.
Aunque el año 2015 sería para los dueños originales de los predios el fin de un mal momento, fue el comienzo de nuevos conflictos. Las que antes habían sido sus tierras, ahora tenían nuevos ocupantes que no estaban dispuestos a salir tan fácil. El caso más importante de restitución de la región aún no es del todo exitoso.
“Una vez más volvimos a sentirnos víctimas. Hoy, a pesar de que legalmente las tierras vuelven a nosotros, no podemos tomar posesión de ellas”, dijo Nicolás Bernal, uno de los campesinos despojados, ese día de octubre de 2015, cuando la URT citó a varias familias para devolverles sus terrenos, hacer realidad la sentencia no fue posible.
La Magdalena está a unas tres horas de Cali, la capital del Valle del Cauca. Desde Tuluá, una carretera estrecha y sinuosa, que juguetea con el río Bugalagrande, conduce a Ceilán. A partir de allí el camino a la finca principal se vuelve una trocha polvorosa durante unos 30 minutos.
El convulsivo recorrido es apaciguado por las diferentes tonalidades del verde de la montañas, el cantar de los pájaros y el ladrido de algunos perros. A lo lejos se ven cultivos de café, piña, plátano y también ganado. A simple vista no hay señales del infierno que muchos pobladores tuvieron que vivir hace alrededor de 30 años cuando la región fue azotada por la guerrilla, los paramilitares y narcotraficantes.
A esas tierras tranquilas y fértiles quieren regresar todos los miembros de la familia Bernal, de los Palacios y los Valencia para intentar recuperar la vida que les quitaron. Pero, en la actualidad, otras familias que habitan los terrenos también tienen sus razones para no desocupar lo que se convirtió para ellos en su hogar.
El 29 de septiembre de 2006 la Hacienda La Magdalena fue declarada en extinción de dominio. Desde entonces el predio fue abandonado para más tarde ser ocupado por campesinos de la región. Foto: Richard Romero.
“Nosotros no queríamos vender”
El primer dueño de La Magdalena fue Santiago Marulanda, un hombre bien recordado en el pueblo por su generosidad. En Navidad siempre ofrecía buñuelos, natilla y regalos para todos los que llegaran a su finca.
Cuando Santiago murió, Fernando, uno de sus hijos, adquirió los derechos herenciales y se propuso aumentar los terrenos de La Magdalena. Así fue como empezó a adquirir las fincas aledañas, según dicen, a través de intimidaciones.
“Venda que le van a matar a sus otros muchachos”, le recomendaban a Enelia Martínez; “venda o le compramos a la viuda”, le mandaron a decir a Elisinio Palacios.
Los primeros en sentir la presión fueron los Palacios. Elisinio vivía con sus 11 hijos en La Esmeralda, una finca de 100 hectáreas, que colindaba con La Magdalena. Cada uno de los herederos era dueño de una porción de terreno, cuyas tierras trabajaban para su subsistencia.
“Nosotros no queríamos vender, teníamos una vida feliz allí, en familia. La idea de ese señor fue sacar primero a mi papá para luego sacarnos a nosotros, y así lo hizo, nos fue sacando a uno por uno”, cuenta Humberto Palacios, uno de los hijos de don Elisinio.
De ser los dueños de sus tierras, pasarían a ser jornaleros.
Dice que aunque entregaron las escrituras a Marulanda, nunca fueron a una notaría a legalizar el traspaso, por lo que, a fin de cuentas, nunca dejaron de ser los propietarios.
Marulanda ofreció también comprar a los Bernal, dueños de La Siria, dividida en 11 fincas, cada una con escritura propia. Allí vivía Miguel Bernal y Rosa Enelia Martínez con sus 11 hijos. Sembraban café y caña, tenían un trapiche, también ganado, labores a las que se dedicaba toda la familia.
Aunque Miguel recibía constantes ofrecimientos de compra por parte de ‘Marulo’, este no cedió a la venta. “Era una persona que no se dejaba intimidar”, dice Cruz Bernal, uno de los hijos. Pero cuando un edema pulmonar le quitó la vida a Miguel, y Rosa Enelia, su esposa, tuvo que hacerse cargo de la casa, las intimidaciones empezaron a tocarle a la puerta.
Elver Bernal Martínez en la celebración de su cumpleaños número quince. “Pelusa”, como le decían de cariño, fue asesinado el 22 de noviembre de 1989. Foto: Richard Romero.
Elver Bernal, el mayor de los hermanos y a quien apodaban como “Pelusa”, era el que más se oponía a vender, pero el 22 de noviembre de 1989 fue asesinado cerca a sus terrenos y junto a él dejaron una nota que decía que si no vendían, los otros hermanos correrían la misma suerte. Así fue como Enelia vendió y en 1991 abandonaron sus tierras.
La compra de ‘Marulo’ se definió en 125 millones de pesos, incluidas unas 250 reses, pero según los dueños, solo les entregaron 100 millones. “… el saldo respaldado con cheques, nunca fue cobrado, ya que salieron sin fondos y el comprador siempre evadió la obligación, resultando engañados, constreñidos y forzados a enajenar, abandonando las heredades”, se lee una de las sentencias de restitución de 2015.
Entre 1988 y 1994, el englobe de La Magdalena sumó 17 fincas colindantes y pasó de tener 480 hectáreas a 1.036, que ocupaban cinco veredas de las ocho que tiene Ceilán.
“Ese terreno quedó hecho una hermosura, era apoteósico, el más grande lujo de por aquí, pero al precio del mayor despojo que ha habido en esta región”, dice Rodrigo Palacios, nieto de Elisinio Palacios.
Los linderos entre las fincas fueron arrasados y también las viviendas de los campesinos. A Marulanda, conocido en el mundo del narcotráfico como ‘Marulo’, le interesaba tener una sola hacienda de enormes proporciones, con una casa principal.
Una vez englobada, Marulanda transfirió en junio de 1994, en la Notaría de Restrepo, Valle, la propiedad a la sociedad Agroinversora Urdinola Henao y CIA. Decían que se trataba de una fachada para administrar bienes producto del narcotráfico, pero esa información no la pudo determinar la justicia.
La Magdalena pertenecía originalmente a Santiago Marulanda. Después de su muerte fue heredada por su hijo Fernando Marulanda Trujillo, alias ‘Marulo’. Foto: Richard Romero.
Los nuevos dueños de la hacienda continuaron buscando la compra de los dos predios de los Valencia: Campo Alegre y La Andina, de 127 hectáreas, y La Miranda, de 3 hectáreas y media.
Nesar Valencia era un hombre próspero y respetado en la región, vivía con su esposa Rubiela Hurtado y dos de sus hijos, Fernando y Hernán. “Vivíamos en abundancia, había 250 reses, 30 vacas produciendo leche, 100 terneras de levante, unos 50 novillos gordos… nos cambió mucho la vida”, dice Fernando Valencia.
Aunque desde los años 80, la familia era víctima de intimidaciones por parte de la guerrilla, en 1994 las presiones aumentaron y se convirtieron en presiones para que abandonaran sus predios.
“En efecto, producto del apremio constante y recurrente, los vendió a la Sociedad Agroinversora Urdinola S.en C.S., reconocida propiedad de personas ligadas al narcotráfico generatriz de la ola de violencia en la comarca. Por ello y el temor que ocultaba a sus consanguíneos, el cedente no inició acciones legales, salvaguardando la integridad de su grupo familia”, se lee en la sentencia de restitución (Lea página 4 de la sentencia).
“La tierra es de quien la trabaja”
Anvi es una empresa apícola, productora y comercializadora de productos elaborados a base de miel. Cuenta con una tienda en Tuluá. Entre su oferta se encuentran cremas, champús, jabones, miel de abeja y propóleo. Uno de sus fundadores es Jhon Harvy Quiceno, quien sería el último ocupante en tener que salir de una parte de La Jamaica -un predio englobado en la hacienda La Magdalena-, en donde vivió y albergó, por casi cuatro años, cerca de 40 colmenas y varias especies de vegetación.
Harvy Quiceno, un campesino de 46 años, se considera así mismo un analista ambiental especializado en recuperación de especies polinizadoras y vegetales. En 2015, después de haber vivido en varios municipios del Valle del Cauca, se ubicó en el corregimiento de Ceilán con la esperanza de crecer su empresa apícola. Quiceno vivió en La Jamaica con su padre de 74 años en un espacio de 5 hectáreas; representa solo una de las más de 100 familias que empezaron a ocupar La Magdalena desde 2013.
Harvy Quiceno recoge frutos de guayaba en La Jamaica. Atrás, Óscar Márquez, quien ocupó otra parte de La Jamaica hasta hace pocos meses. Foto: Richard Romero.
“Nosotros de antemano sabíamos que no era nuestra propiedad”, asegura Roberto Bolívar, ocupante de otro espacio de la finca La Jamaica. Entonces, ¿cuál era la idea? Buscar, por las vías de bien, de que algún día seamos reconocidos”, agrega.
Muchos de los ahora ocupantes de La Magdalena -y que se declararon opositores durante el proceso de restitución- encontraron el predio en total abandono. Su objetivo era entonces reforestar la zona y explotarla, para que así la tierra les fuera adjudicada. Algo que tiene en descontento a varias de las familias reclamantes, pues dicen que existe una mala intención, por parte de algunos de los opositores, de aprovecharse de terrenos ajenos y boicotear la entrega de los predios.
En el año 2015, mientras Harvy Quiceno vivía en Cali, recibió la llamada de un amigo de Ceilán, quien le comentó que requerían de alguien que dictara una capacitación de apicultura para más o menos 20 personas. Quiceno aceptó y fue al finalizar el curso que le dijeron: “Vea, allá hay un predio, métase allí”.
Las familias de los ahora ocupantes de La Magdalena tienen su representación ante la URT, por medio de la Asociación de Usuarios Campesinos (ANUC) del corregimiento de Ceilán. Como opositores, aseguraron ante el Tribunal Especializado en Restitución de Tierras de Cali que “el despojo y el desplazamiento forzoso, alegado por los solicitantes, no corresponde con la realidad”, que las ventas de los predios se celebraron de manera legal y que, por más de siete años, “la ANUC ha venido ocupando el predio La Magdalena explotándolo de manera organizada, con el fin de lograr la adjudicación”. La sentencia -que incluye la restitución de predios como La Siria, Las Delicias y La Jamaica- falló en su contra en 2017 (Lea página 11 de la sentencia).
El argumento del Tribunal fue que “tal información general no resulta relevante para el análisis de cada caso particular” de aquellos que habitan los predios restituidos. Según la sentencia, el informe de caracterización señala que únicamente, en relación con los tres predios, se encontraron 23 familias. Harvy Quiceno asegura que en su momento a su predio nadie lo fue a visitar. Lo único que recibió fue la orden de desalojo fechada para el 21 de junio de 2019.
“Los magistrados dicen que nosotros simple y llanamente no existimos. No estamos ni dentro del proceso”, dice con impotencia Óscar Márquez, quien ocupó otra parte del predio La Jamaica hasta hace pocos meses. Afirma que el proceso ha estado lleno de inconsistencias.
Sergio Rodríguez, gerente de Territorium y exdirector territorial de la URT Valle, encuentra este fenómeno común: “A algunas familias campesinas alguna persona les dijo: ‘Métanse allá y vivan’, entonces cuando fueron a caracterizar vieron que muchas de esas familias entraron a vivir después de que el proceso de restitución había iniciado, eso no les daba derecho”.
Harvy Quiceno utiliza su ahumador para calmar a las cerca de 40 colmenas que albergó en el predio La Jamaica por casi cuatro años. Foto: Richard Romero.
El predio La Jamaica es una partición de 63 hectáreas de la finca Pajonales, heredada de sus padres por los hermanos Guillermo, Olga y Olma Valencia Zapata. Era la parte que le correspondía a Guillermo. En 1992 el predio le fue vendido a Fernando Marulanda Trujillo por 60 millones de pesos a consecuencia de que la vereda se había vuelto muy peligrosa para vivir y trabajar, según señala la sentencia. Veintisiete años más tarde el predio sería ocupado por 22 familias campesinas y una escuela de primaria.
“Es absurdo. Desplazan 22 familias para adjudicar a una”, reclama Quiceno. Solo tres personas fueron reconocidas como segundos ocupantes en el predio La Jamaica.
A pesar del litigio, que ni la URT ni otras agencias del Estado han podido solucionar, la mayoría de los ocupantes de La Magdalena dice tener un buen relacionamiento con las familias reclamantes, pues algunos aún viven en la región. “Yo no voy a pelear, yo no voy a luchar, yo no voy a decir que páguenme lo que está acá. No. Yo lo trabajé con amor y la naturaleza está viendo lo que yo estoy haciendo”, afirma Harvy Quiceno. Aun así, el riesgo de un conflicto social es latente en la zona, pues habitantes de la región aseguran que existen desacuerdos entre algunos de los familiares reclamantes.
Quiceno dice no querer problemas. Decidió partir con su padre, sus abejas y sus árboles frutales listos para la siembra, incluso un día antes de la fecha acordada para el desalojo: “Mi intención con La Jamaica fue reforestar, hay especies reforestadas en este espacio. Ojalá que la persona que esté reclamando no llegue a destruir esto”.
Fueron cerca de 20 campesinos, entre los que se encontraba Quiceno, los que se reunieron en la primigenia finca de 46 hectáreas, La Magdalena; que en algún momento fue propiedad del narcotraficante ‘Marulo’. Allí, mientras cada uno argumentaba por qué debían quedarse en los predios, repetían una y otra vez, quizá sin saberlo, la icónica frase del líder militar y campesino de la revolución mexicana, Emiliano Zapata: “La tierra es de quien la trabaja”.
Restitución a medias
Guillermo Valencia Zapata un tanto incómodo dice: “Mire, yo no le puedo hablar del proceso de restitución porque simplemente no me han restituido”. La sentencia le prometió la entrega de su predio La Jamaica en el 2017, pero tuvo que esperar más de dos años para que se hiciera efectiva; en dos ocasiones le aplazaron la diligencia. En La Magdalena, los cumplimientos de la restitución han sido casi de papel.
“Los principales inconvenientes son los terceros ocupantes, siempre han sido los terceros ocupantes, siempre han sido la piedra en el zapato para los de la URT”. Es la queja de Nicolás Bernal Martínez y que se repite de manera constante en varias de las familias reclamantes en contra de ANUC-Ceilán y Carlos Salazar, quien dice ser su representante.
“Son muy poquitos los jueces de restitución para tantos procesos”, dice por otro lado Rodrigo Palacio, y asegura que esa es la razón por la cual su proceso de restitución, hasta la sentencia, demoró seis años. Ahora falta que se concrete la entrega del predio y el cumplimiento de las órdenes. Lo mismo que esperó desde febrero de 2017 la familia Valencia Zapata.
De los cuatro grupos familiares más importantes -por la dimensión del núcleo familiar y número de hectáreas- en el proceso de restitución de La Magdalena; solo uno de ellos fue un caso exitoso hasta la fecha.
A la familia Bernal Martínez le fue restituida parte de la finca La Siria: de los 11 predios que la comprenden, cinco ya fueron entregados; dos están retrasados en la entrega y otros cuatro restantes no fueron cobijados por la Ley de Restitución de Tierras. La familia Valencia Zapata aún está en espera, mientras que los Palacio mantienen la esperanza de que los tiempos estipulados se respeten, pues los 60 días hábiles para la restitución de su predio se cumplen en julio de 2019.
La cuarta familia la componen los hermanos Fernando y Hernán Valencia Hurtado, a quienes en 2015 se les restituyó la finca Campo Alegre y La Andina, otro predio de 132 hectáreas englobado en la hacienda.
Pero no todo ha sido color rosa para la familia Valencia Hurtado. Fernando Valencia dice que el proceso de sucesión ha sido su dolor de cabeza, los abogados no reconocen a Rubiela Hurtado como esposa de Nesar Valencia, padres de Fernando. “Ahora que se está levantando el proceso de sucesión, la justicia ordinaria deja a mi mamá por fuera por falta de un proceso de unión marital”.
Fernando Valencia Hurtado fue obligado a salir de Campo Alegre y La Andina a la edad de 10 años. Foto: Richard Romero.
Quien debe acompañar a la familia durante ese proceso es un abogado designado por la Defensoría del Pueblo y ordenado por la sentencia R-019 del Juzgado Primero Especializado en Restitución de Tierras de Buga. Sin embargo, Valencia dice que ese acompañamiento ha sido ineficaz por lo que ha recurrido a contratar otro abogado, esta vez particular.
Por ejemplo, el subsidio integral de vivienda ordenado por la misma sentencia, le es únicamente entregado a Rubiela Hurtado, pero de momento no lo puede reclamar: “La URT le ordena la construcción de una vivienda nueva a mi mamá, y ahora en la sucesión está quedando ella por fuera”, finaliza Fernando Valencia. Asegura también que ya recibieron el subsidio para la implementación de los proyectos productivos, así como las capacitaciones del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).
Le preguntamos a la URT y al Tribunal especializado en tierras de Cali, vía derecho de petición, sobre el proceso de restitución y cumplimientos de las órdenes, pero al cierre del reportaje no obtuvimos respuesta.
Bastante tiempo ya pasó desde la violencia bipartidista de la década de los 50, la presencia de las guerrillas durante los años 70 y 80, y de los carteles del narcotráfico en los 90 en Ceilán. Todos, reclamantes y opositores, coinciden en algo: “Vivir aquí es muy bueno”, “es muy tranquilo”. Ambas partes solo esperan que el Estado y la justicia les brinden soluciones después de tantos años de resistir la violencia.