La comunidad del municipio de Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño, lleva poco más de 15 meses sin parque principal, debido a las obras de remodelación que se iniciaron gracias a un contrato entre la Administración Municipal, en cabeza del alcalde Dawinson Gómez Tamayo, con la Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca (RGP – BC), una entidad que agrupa a todos los municipios de la región: Caucasia, Cáceres, Nechí, El Bagre, Zaragoza y Tarazá, para la gestión y planificación del territorio.
El valor del contrato fue de $2.203.739.337, una inversión bastante significativa para un municipio de sexta categoría(1), con necesidades muy sentidas. En la ejecución de las obras se han presentado algunas anomalías. De hecho, unas dos semanas después de la firma del convenio, el alcalde Gómez Tamayo fue separado del cargo, por hallarse inmerso en causal de inhabilidad al momento de su elección.
Según los registros del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP-, este era el primer contrato por más de $2.000 millones suscrito por la RGP – BC, cuyo Director Ejecutivo y representante legal, Helmer Fabián Vitola Hererra, se había posesionado unos cuatro meses antes, el 6 de julio de 2021. El documento se realizó bajo la modalidad interadministrativa de administración delegada de recursos para la ejecución del proyecto: “Mejoramiento del entorno del parque principal en la calle 30 entre carreras 30 y 31 en el barrio La Frontera, área urbana del municipio de Tarazá, Antioquia”.
Gracias a ese contrato interadministrativo, la RPG – BC quedó encargada de realizar todos los trámites pertinentes para la ejecución de la obra a satisfacción. Tras recabar información, se supo que después de una invitación privada, el 27 de enero de 2022, la entidad subcontrató las obras con el Consorcio Parque por la paz, conformado por dos empresas: Construcciones y Consultorías Accionar S.A.S. y Fundación Escala al Desarrollo. La RPG – BC estableció honorarios para la administración delegada de 4 % del costo total del proyecto, es decir $88.149.573.
El acta de inicio se suscribió el 13 de mayo de 2022 y al Consorcio se le otorgó un plazo de 6 meses para la terminación de la obra, es decir, el 12 de noviembre del mismo año.
La investigación periodística señaló que el 17 de mayo de 2022 la administración municipal hizo un adelanto del 40 % del valor total del contrato, es decir $829.327.218, que luego de las deducciones que establece la ley, quedaron en $655.168.502. Tres semanas después, el 6 de junio, cuando asumió como alcalde el señor Mario Eliécer Sierra Correa, el proyecto presentaba un 5 % de avance, según respondió en una entrevista sobre el asunto.
Un detalle relevante sobre la obra fue la demolición y adecuación del terreno, que costó $136.334.191. Según Mario Eliécer Sierra Correa, actual alcalde de Tarazá, este fue un gasto que pudo haberse evitado si el proyecto se hubiera enfocado en la adecuación o en la realización de mejoras al parque y no en su completa reestructuración.
“Nosotros desde el principio hicimos nuestros cuestionamientos. Esperábamos que se hicieran algunas reformas o mejoras al entorno del parque o remodelar el quiosco, que era un espacio emblemático para el municipio, pero nunca estuvimos de acuerdo con el tema de la demolición. Sin embargo, no estábamos en el cargo. Por eso, cuando asumimos, nos tocó respetar el contrato y hacer veeduría para que se realizaran las obras y los recursos no se perdieran”, expresó el mandatario de los taraceños.
El proyecto de mejoramiento del parque principal de Tarazá contempló cambiar toda la losa o el piso del terreno, poner espejos de agua, sistemas hidráulicos de riego, paisajismo o zonas verdes, mejorar el mobiliario con bancas en concreto y metálicas, un sistema eléctrico y de alumbrado, entre otros rubros entre los cuales llamó la atención la instalación del Monumento a la paz con su base, por un valor de $145.114.271. De esta obra no se especifica el autor, de hecho, en la documentación no se halla una sustentación que exponga el modo en que dicha instalación artística o el parque mismo contribuyen a la construcción de paz en el municipio. El siguiente cuadro presenta una relación de aspectos principales de las obras:
“Contrato de obra pública NRO.002 derivado del proceso de selección de contratista bajo la modalidad de invitación privada de ofertas IP-002-2021 de la Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca”.
El antiguo parque era un espacio turístico y de encuentro para la comunidad, pues contaba con bancas donde reposar, buena arborización y zonas verdes, que resguardaban del imponente sol, característico de la región del Bajo Cauca antioqueño. A pesar de estar cercado por una reja blanca, sus accesos eran amplios y tenía en el centro un imponente quiosco, con un techo de paja que invitaba a entrar.
Según se observa en las imágenes preliminares, en este nuevo diseño el parque luce más como una plazoleta con poca arborización para una localidad cuya temperatura promedio es de 34 grados centígrados. El quiosco dejó de ser parte importante del espacio y en su reemplazo se construirán unas pequeñas casetas. También se instalarán piletas y espejos de agua. Al respecto, un arquitecto de la región, que solicitó no se revelara su nombre, explicó que estas requieren “un mantenimiento constante” y “equipos adecuados”, aunque se mostró de acuerdo con este tipo de elementos en los parques, mostró su preocupación: “No sé qué está pasando en el Bajo Cauca, propiamente en Caucasia, porque es donde más he visto las fuentes abandonadas”.
Antes
Parque antiguo de Tarazá. Imagen tomada del sitio web de la Alcaldía de Tarazá (en este enlace).
Después
Parque de Tarazá en la actualidad, en obra. Fotografía de 2023 tomada por el Colectivo de Comunicaciones de Tarazá (CMT).
Un ejemplo de la situación que menciona el arquitecto fue la remodelación del Parque Las Ceibas en 2015. Un año después, las piletas y espejos de agua habían dejado de funcionar, a falta de revisiones periódicas y un plan de mantenimiento hidráulico y eléctrico, que no está previsto más allá de la ejecución de la obra.
Han pasado 21 meses desde que la RPG – BC suscribió el contrato con la alcaldía de Tarazá y la obra de mejoramiento del entorno del parque principal de ese municipio no se ha terminado. Se han suscrito tres otrosíes. En el último de ellos se indica que agosto de 2023 es el plazo final de entrega, sin embargo tampoco se cumplió.
Lo anterior sin contar que suspendieron la obra en cuatro oportunidades, todo a pesar de la gran importancia que tiene este espacio para la vida comunitaria de los taraceños, por lo que ante los visibles retrasos se levanta cuestionamientos sobre presuntos actos de corrupción. “La obra estuvo parada debido a la falta de recursos. El 50 % de los fondos asignados para el proyecto fueron entregados al alcalde Dawinson Gómez Tamayo, quién fue inhabilitado. Al llegar Mario Eliecer se realizaron varios acuerdos para intentar terminar esta obra, suponemos que hay dinero perdido. Hasta tuvo que intervenir la empresa que firmó el contrato, ya que los encargados iniciales del proyecto abandonaron su finalización por falta de fondos”, afirma una líder social.
Contratistas y atrasos
Según Fabián Vitola Herrera, Director Ejecutivo y representante legal de la RPG – BC, “firmamos el contrato en noviembre (entre la Alcaldía y la RPG – BC), adjudicamos los contratos de obra de interventoría para finales de enero (por un valor de $128.286.165). Es decir que, entre diciembre y enero, estuvimos trabajando para cumplir con ese requerimiento y seleccionar esas dos firmas que cumplieran con la experiencia y la idoneidad para hacerlo”.
Aunque todo aparentemente se desarrollaba de manera normal, varios aspectos implicados en la ejecución del proyecto del embellecimiento del parque fueron dejando entrever una presunta falta de planificación.
El primer factor, que tanto el alcalde Mario Eliecer Sierra como el representante de la RPG – BC mencionaron como justificación para los retrasos, fue la supuesta demora en el permiso de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) para la tala y aprovechamiento de unos árboles que podían causar perjuicios. Sin embargo, la solicitud fue enviada a Corantioquia el 4 de abril de 2022 y la entidad hizo una visita de inspección y autorizó la tala de solo tres ejemplares e indicó que las demás podían permanecer en el parque. Este trámite fue resuelto el 9 de mayo de 2022, es decir que el proceso solo se demoró un mes. Entonces, ¿por qué los retrasos?
Según Vitola Herrera, esta decisión obligó a que “el diseño de la obra se modificara porque, al dejar los árboles, tocaba cambiar el tema de los alcorques, que es la estructura de protección que nos va a garantizar a futuro de que los árboles con sus raíces no vayan a dañar la estructura”, sostiene el representante legal de la RPG – BC.
Además, indicó que otras situaciones que paralizaron las actividades fueron el paro minero de inicios de marzo de 2022, que duró un mes y el conflicto con el señor Lizardo Zapata Tabares, quien se resistía a dejar el cargo de administrador del quiosco, el cual desempeñó durante 20 años cuando el espacio fue propiedad de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores.
Zapata Tabares contó que desde hace mucho tiempo escuchó sobre la demolición del parque para construirse uno nuevo. Sin embargo, pasaba una administración tras otra sin cambios visibles, que finalmente llegaron con la elección de Gómez Tamayo y la posterior gestión como alcalde encargado de Luis Gabriel Montero Rodríguez.
Cuando ya habían comenzado los trabajos, el señor Lizardo continuaba en el quiosco, pero la tala de ciertos árboles y las obras de encerramiento alrededor del parque comenzaron a afectar sus ventas, así como su vida personal y familiar, pues de su trabajo dependen su señora e hijas, además de sus padres, adultos mayores.
El establecimiento contaba con cuatro trabajadores que también se vieron afectados por la situación. Por estas razones, el señor Lizardo Zapata solo desalojó el quiosco el 15 de junio de 2022, después de la firma de un acta de compromiso entre el alcalde municipal, Mario Eliecer Sierra Correa y Marlon Mercado Triana, antes representante legal del Consorcio ejecutor de las obras, en la que se comprometían a darle un bono de $1.500.000 mensuales durante el tiempo de la ejecución del proyecto.
Según explicó el señor Lizardo, el aporte de la Alcaldía era de $500.000 y Helmer Fabián Vitola, representante legal de la RPG – BC, le entregaría el resto, recurso que sacaría del proyecto. Con el acta en mano y el compromiso de todos, se abrió el camino para la continuación de la obra sin ningún impedimento. Sin embargo, “hasta el día de hoy, 28 de septiembre de 2023, mi situación sigue siendo la misma. El alcalde sí me ha cumplido con los $500.000, pero Vitola desde enero no me ha dado un peso […]. Él me decía: ‘Tranquilo que yo voy a pagarle su plática’, cuando en mayo me salió con una noticia que me mató, dónde (sic) me dijo que no me iba a pagar porque esa plata se había perdido y esta es la hora que ni el saludo me da”, expresa Lizardo.
Por su parte, el representante legal de la RPG – BC, Helmer Fabián Vitola contradice las palabras del señor Lizardo: “Yo no hice ningún compromiso ni a nombre propio, ni a nombre de la entidad que represento, si bien estuve presente en la reunión, no firmé el compromiso”, indica.
A su turno, el Consorcio Parque por la paz argumenta que: “Se le respondió un derecho de petición al señor Lizardo, eso ya lo tiene el juzgado. Yo, al momento de ese compromiso, no era la representante legal del Consorcio que, por cierto, son compromisos que como contratistas no debieron hacer, eso le compete a la Alcaldía”, expresa Jaqueline Durango, hoy representante legal del Consorcio Parques por la paz.
La revisión de los compromisos suscritos con el señor Lizardo hicieron surgir varias preguntas en el marco de esta investigación, una de ellas es si fue legal este acuerdo. Teniendo en cuenta que para Jaqueline Durango estos compromisos no deben ser adoptados por los contratistas de las obras de infraestructura, entonces ¿qué mecanismo legal sustentaría la destinación de estos recursos? ¿Será este el motivo por lo que solo la Alcaldía le está dando el dinero acordado al señor Lizardo, mientras que el consorcio no le responde?
Dicho acuerdo lleva más de un año de vigencia, pero la obra sigue sin terminarse. Solo se ven montículos de cemento y arena a los costados del lugar y aún la lona verde recubre los alrededores. No se observan prados como los que tenía el antiguo parque, además falta la instalación de los espejos de agua, las bancas, organizar las casetas y poner la iluminación.
La demolición del antiguo parque y los retrasos en la construcción del nuevo han afectado a muchas personas que laboraban alrededor del lugar, una de ellas es Johana Bustamante, quien depende de su emprendimiento económico para su sustento y el de su familia. Desde hace 16 años trabaja en una pizzería en el parque principal del municipio. Según ella, se ha visto afectada porque “se han demorado en la entrega de la construcción”. En su caso, la reubicaron temporalmente frente a la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, esto con el beneplácito del sacerdote de ese momento.
Sin embargo, eso fue hace más de un año, y con la llegada de un nuevo presbítero las cosas han cambiado: “Él no me ha dicho nada, simplemente me ha dado a entender que debo irme, yo le dije en estos días que me diera un tiempito, pues el carrito [que usa para la venta de pizzas] se encuentra malo y no lo puedo mover, así que le pedí que me diera tiempo”, contó ella, Johana Bustamente, quien manifestó estar preocupada por la situación.
Una madre de familia, quien prefirió reservar su identidad, expresó el sentir de muchas familias del municipio: “El parque es el punto de encuentro de la comunidad, es la imagen del municipio, es un punto de referencia. Allí íbamos a comer helado, a tomarnos un café, nos sentamos en el parque, comprábamos pizzas y compartíamos en familia. Con la construcción del nuevo parque todas estas situaciones se han visto afectadas; mis niños, que ya están grandecitos, siempre me preguntan: ‘Mami, ¿cuándo va a estar listo el parque para ir a jugar?’, lo dicen porque ese era el sitio donde se encontraban con los amiguitos, jugaban con los primos, y todo eso se perdió”, comentó la lugareña.
La obra de embellecimiento del parque principal de Tarazá indudablemente presenta fallas, pues sus reiterativos retrasos así lo evidencian. Se desconoce si las anomalías se presentan desde su planeación, herencia de la fugaz gestión del alcalde Dawinson Gómez Tamayo, o durante la ejecución, que pasó a manos del alcalde encargado Luis Gabriel Montero Rodríguez, y después a las del actual, Mario Eliecer Correa, elegido por voto popular.
Según Helmer Fabián Vitola Herrera, representante legal de la RPG – BC, él solo tenía cuatro meses de haber sido elegido para ese cargo cuando se realizó el contrato, y en ese momento se encargaba de muchas responsabilidades en la entidad, porque no contaba con personal suficiente. Reconoció además que entonces “no contaba con una capacidad instalada” para una obra de esa envergadura. Pese a lo cual la RPG – BC aceptó realizar el contrato interadministrativo.
Sobre las fallas que se han presentado a lo largo de la ejecución del contrato, Vitola Herrera menciona que la entidad que representa no fue la encargada de planificar el proyecto. Según esta investigación, esa planificación se habría hecho durante la gestión de Dawinson Gómez Tamayo, sin embargo, esto no libraría de responsabilidades a la RPG – BC, pues desde el momento en que esa entidad firmó el contrato interadministrativo con la Alcaldía, asumió la ejecución de la obra.
El monto del contrato no correspondió con los recursos del municipio de Tarazá en los últimos años, como lo expone el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023: “En términos generales, el municipio tiene una situación preocupante en la generación de recursos propios, en la financiación de los pasivos y en la auto dependencia tan significativa de las transferencias nacionales y departamentales para financiar las competencias municipales y las necesidades más sentidas de las comunidades”.
El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) antes mencionado señala, en su página 31, que una de las “necesidades más sentidas” de los taraceños es la vivienda. Según el documento, existe un “déficit cuantitativo de por lo menos 1.327 unidades de vivienda equivalente al 14,1 %”. Entre otras necesidades esbozadas en el PDM 2020-2023, se refiere el suministro de agua de la zona urbana, la cual no es apta para el consumo humano. En este contexto es razonable preguntar ¿por qué priorizar la reconstrucción del parque por encima de las necesidades básicas de la comunidad?
La obra, ¿a punto de finalizar?
En entrevista con Vitola Herrera, éste manifestó que para la fecha (04 de julio de 2023) la obra tiene un avance de entre 80 y 85 % y que está ad portas de su entrega e inauguración. Al contratista se le han hecho desembolsado más de $1.200 millones, entre el adelanto de la obra, 40 % del total del costo del proyecto, y dos actas parciales: una por $255.890.100, entregada el 27 de diciembre de 2022; la otra, por $324.838.780 desembolsados el 6 de julio de 2023. El representante de la RPG – BC afirmó que, a pesar de los retrasos, para concluir la obra no habrá adiciones presupuestales.
“La obra está a la espera de todo el mobiliario que está en fabricación y estamos esperando que el proveedor los suministre. Por otro lado, la electrificación del espacio nos ha causado retrasos, ya que se requieren permisos y certificados. Tenemos hasta el 10 de noviembre para entregar y estamos en ello para la finalización del proyecto a satisfacción”, concluye Jaqueline Durango, representante legal del Consorcio Parque por la paz, que está a cargo de la obra.
Lo cierto es que los taraceños han sufrido las afectaciones a lo largo de casi dos años por no contar con ese espacio público tan necesario para la vida en comunidad, pues permite fortalecer el tejido social y cultural del municipio. Y, aunque siguen esperando su finalización y entrega, consideran que los recursos invertidos para la realización del parque debieron priorizarse para otros proyectos sociales contemplados dentro dentro del Plan de Desarrollo Municipal de Tarazá 2020-2023, pertinentes en un escenario de pobreza, desempleo y desigualdad social.
(1)Aunque Tarazá podría estar clasificado como municipio de tercera categoría por su cantidad de habitantes (según el DANE la población total asciende a 42.964), los bajos ingresos corrientes de libre destinación por año hacen que esté en la sexta categoría.
Esta investigación fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción (CdR).