El día que conocí a Paloma inició la conversación contándome por qué había llegado media hora tarde. Las palabras corrían unas detrás de las otras, casi sin darse un respiro. Se tocaba el pecho, pasaba los dedos por su cabello negro y liso, que llevaba recogido, movía las manos por sus piernas dándose una que otra vez un golpe ligero, como para recordarse que estaba ahí, que estaba a salvo. Tiene 46 años y es madre de tres hijos.
Esa tarde, cuando ella venía camino a nuestro encuentro, había protestas en la Universidad Pedagógica de Bogotá. Paloma salió en bicicleta de su casa ubicada en La Calera. Desde lejos escuchó las aturdidoras que usa la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) de la Policía, antes Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
«Acordarme de eso me genera mucha ansiedad. Cuando escucho algo muy fuerte quiero correr; si estoy con los niños es peor. Un día estaba con Salva, mi hijo pequeño, y él me preguntó si pasaba algo porque le había apretado la mano. Si me pongo nerviosa, aprieto siempre», me dijo Paloma.
Esa es apenas una de las secuelas que le quedaron tras ser víctima de violencia policial durante las movilizaciones sociales que iniciaron en Colombia el 28 abril de 2021 y que se extendieron por más de dos meses. Como ella, más de 1 900 personas resultaron heridas en esos días, según la Campaña Defender la Libertad: asunto de todas/os, una red de organizaciones que trabaja para denunciar las detenciones arbitrarias, la persecución judicial y la criminalización de la protesta social en el país.
Ana María Rodríguez, directora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), organización defensora de los derechos humanos en Colombia, agregó que «no es habitual pensar en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres cuando se habla del derecho a la protesta porque aparentemente son cosas que no guardan relación. La experiencia nos ha mostrado que en Colombia la vulneración de estos derechos hace parte de las formas de represión violenta que los agentes estatales ejercen contra quienes se manifiestan pacíficamente».
Paloma fue víctima de un disparo del Esmad durante una protesta pacífica en 2021. Ilustración: Camila Santafé.
«Yo siento que [el disparo] fue intencionalmente hacia mí»
El viernes 30 de abril de 2021, tres días después del inicio del paro nacional de ese año, Paloma se dirigía a su casa en el barrio San Luis, kilómetro 5 vía a La Calera, en el sector La Capilla, después de culminar algunas diligencias bancarias.
En el camino encontró a su padre, que estaba participando en una movilización pacífica de los jóvenes de la zona; decidió acompañarlo un rato. Hugo, su esposo, se unió más tarde a las actividades artísticas que se estaban llevando a cabo como parte de la protesta.
La relativa tranquilidad de la manifestación se vio interrumpida a las 7:30 de la noche, cuando llegó una tanqueta del aún llamado Esmad, el cuerpo de policía encargado de “atender las reuniones, manifestaciones públicas y pacíficas, protestas y huelgas” e intervenir en situaciones de “alteración del orden público”.
Recreación del momento previo al disparo. Ilustración: Camila Santafé.
La música, el teatro y el baile se disiparon por los gases lacrimógenos. Pasó un poco más de hora para que la calle estuviera otra vez en calma, pero los agentes decidieron obstaculizar el acceso hacia la plazoleta que queda al lado de la vía principal.
La tensión nuevamente crecía. Las personas que se movilizaban esa noche solo estaban ejerciendo su derecho a la protesta y la Policía lo estaba coartando, por lo que Hugo y Paloma decidieron mediar con los agentes.
A sus espaldas, un integrante del Esmad cargaba en el hombro un lanzagranadas tipo ‘Truflay’, una escopeta que mide más de 70 centímetros y que dispara cartuchos de 37 a 40 milímetros de calibre. Se acercaron con las manos arriba, coreando, incluso suplicando: “Sin violencia, sin violencia”.
Gritos. Adrenalina. Una patada al gas lacrimógeno. Indignación.
A menos de 15 metros de distancia, el integrante del Escuadrón Móvil Antidisturbios le disparó a Paloma en su entrepierna izquierda con una lata de unos diez centímetros de alto y cuatro de diámetro.
«Yo siento que eso fue intencionalmente hacia mí. El Esmad no sabía que él era mi esposo, pero íbamos los dos a la par, en la misma posición. Era demasiado cerca como para decir: ‘le pego a esa nena o le pego a ese man’. Siempre he sentido que fue contra la figura femenina que estaba ahí, y justamente en la entrepierna», me contó Paloma.
La comunidad que se estaba movilizando ese día en la vía a La Calera respondió al ataque: de nuevo se escuchó el estruendo de los tambores y de las arengas. A pesar del impacto, Paloma permaneció dos horas más en la calle, hasta que empezó a sentir escalofríos. Al revisar su entrepierna fue consciente de la magnitud de la herida, pero solo dos días después del impacto pudo ir al hospital, pues, según relató, el Esmad mantuvo bloqueada la vía.
Sobre el caso de Paloma, Gina Romero, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, respondió: «Yo dudo que este sea un caso aislado por una razón muy importante: porque los protocolos de uso de armas menos letales, como las aturdidoras o las balas de goma, señalan que siempre tienen que dispararse de la cintura para abajo. Claro, para no afectar órganos necesarios para la vida, como si la sexualidad no lo fuera».
«Inclusive siguiendo los protocolos, hay una altísima posibilidad de que haya una afectación a los derechos sexuales y reproductivos [con] el uso de las armas menos letales porque precisamente están pensando [en apuntar] de la cintura para abajo, que es donde quedan los genitales», agregó la Relatora.
Despedir una parte del cuerpo
Para Paloma, una de las principales consecuencias físicas y psicológicas del disparo fue que durante más de un año no pudo tener relaciones sexuales con su esposo, por la «difícil cicatrización, el dolor y la cercanía a los genitales».
«Me mataron esa parte del cuerpo».
La ginecóloga Carolina Castañeda explicó que un golpe tan fuerte en cualquier parte del cuerpo, en este caso en la entrepierna, «puede generar alteraciones del sistema nervioso. En ese caso, hay dos escenarios: uno, que la persona no sienta absolutamente nada, que fue lo que le pasó a Paloma. Esto, desde el punto de vista sexual, implica que no hay placer. El segundo, que se dé una hiperalgesia, entonces cualquier estímulo genera dolor».
Para sanar la lesión, Paloma se sometió a más de 30 curaciones en una compañía especializada en el cuidado de heridas.
«Se formó un hueco, como una especie de bolsa. A raíz del golpe se me desprendió la piel». Al principio, según me relató, tenía que hacerse la limpieza día de por medio, después, cada cuatro días.
«Me limpiaban con suero, me metían una mecha – así le llamaban los doctores, era como una especie de trapo – y me la tapaban con algo que me ayudaba a cicatrizar».
Durante los meses de recuperación, Paloma sufrió una infección vaginal causada por los antibióticos recetados para tratar la herida abierta. «Mi sistema reproductor sufrió mucho porque me metieron tantas cosas en el cuerpo».
Varios meses transcurrieron para que cerrara la herida física y para que el espejo dejara de reflejar la incomodidad y el dolor de Paloma por el disparo que recibió.
Ella describe el proceso como una experiencia larga y tediosa, colmada de zozobra y vergüenza, que laceró su templanza, al menos como ella la conocía. El impacto que recibió en su entrepierna le mostró su vulnerabilidad, que le ha permitido encontrar a otra Paloma, una más consciente de sus miedos y dolores, pero también una que le hace frente al sufrimiento, que no cede ante las injusticias.
La hostilidad con la que actuó el agente del Esmad que le disparó a Paloma repercutió significativamente en sus derechos a explorar y a disfrutar de una vida sexual placentera, a fortalecer su autonomía y su autoestima en el ejercicio de la sexualidad, así como a decidir libremente si quería tener más hijos.
Los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a la protesta
Johanna Blanco Barreto, del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), resaltó que el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos inició «más o menos en 1980 con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, que hace énfasis en la igualdad y en la salud sexual y reproductiva».
Después, en 1994, con la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo que se llevó a cabo en Egipto hubo un reconocimiento expreso de la autonomía reproductiva de las personas para tomar decisiones sobre su sexualidad y reproducción.
Cristina Rosero Arteaga, abogada del Centro de Derechos Reproductivos e integrante de Causa Justa, explicó que los Estados tienen obligaciones internacionales, algunas inmediatas, relacionadas con no tener injerencias indebidas en el desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos. Para ella, estos derechos están relacionados con el derecho a la protesta.
“Cualquier cosa que involucre nuestros cuerpos va a involucrar necesariamente nuestra salud integralmente», dijo la abogada. Agregó que durante el paro nacional el Centro recibió denuncias sobre afectaciones al ciclo menstrual de las manifestantes: «hay evidencia científica que demuestra que la exposición recurrente a gases lacrimógenos afectó los periodos menstruales de muchas mujeres».
Las cifras detrás de la violencia policial
Según cifras de la Defensoría del Pueblo, entre 2019 y 2022 se recibieron 822 quejas por presuntas vulneraciones a los derechos humanos en escenarios de protesta social. El 97,6 % de los registros son del 2021 (802); seguido de 2020 (10); 2019 (6) y 2022 (4).
Entre tanto, la Defensoría Delegada para Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género de la misma institución reportó que, en contextos de protesta social, entre el 28 de abril y el 4 de junio de 2021 conoció 113 casos de violencias por razones de género en contra de 100 mujeres y 13 personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. En uno de estos casos la víctima fue una patrullera de la policía, los demás corresponden a agresiones cometidas por agentes de la fuerza pública contra manifestantes.
La Defensoría reportó que cada uno de estos casos puede incluir más de un tipo de afectación: identificó por lo menos 375 violencias, entre ellas violencia sexual (28), violencia psicológica (46), violencia verbal (60) y violencia física (72), “enmarcadas en un uso desproporcionado de la fuerza y la autoridad”.
Dentro de los 28 reportes de violencia sexual, 5 fueron por acceso carnal violento y 23 por otros actos como tocamientos o cualquier hecho que involucrase la libertad e integridad sexual de la persona. Hubo 22 casos más de agresiones relacionadas con el género: cachetadas, pellizcos, jaladas de cabello, agresiones verbales, entre otras.
Al respecto, la Defensoría alertó que “los agresores instrumentalizan los cuerpos de las mujeres y de las personas LGBT como una estrategia de poder y de control frente a su participación en la protesta social”. Sin embargo, no definió en su respuesta a mi solicitud de información qué criterios utilizó para caracterizar estas violencias como basadas en género.
Temblores ONG, organización que hace seguimiento a este y otro tipo de hechos, registró en 2021 “un total de 5 808 casos de violencia policial, de los cuales 5 048 ocurrieron en el paro nacional. Del total registrado, 80 corresponden a violencia homicida, 47 a violencia sexual y 1 991 a violencia física”.
También encontró que el 61.70 % de las víctimas de violencia sexual fueron mujeres, el 28.78 % fueron hombres y el 6.38 % fueron personas que se identifican como no binarias; en los casos de homicidio, el 95 % fueron hombres.
Para Temblores ONG, esas cifras demuestran que “las prácticas violentas diferenciadas pueden responder a prejuicios de género (…). A las mujeres y personas feminizadas se les conduce al espacio privado donde se ejercen violencias particulares sobre sus cuerpos, mientras que a los hombres se les agrede principalmente en el espacio público por medio de golpizas y disparos directos”.
Según la Relatora Gina Romero, una de las narrativas negativas y estigmatizantes que persisten contra las mujeres que protestan es «esa idea tan vieja de que tienen que quedarse en la casa cuidando a los hijos y no en lo público cuidando lo público. Hay toda una estigmatización porque entonces la ‘mujer juiciosa’ es la que sale del trabajo a la casa y no la que va a manifestarse porque entonces ‘quién la manda a estar ahí’».
En respuesta a un derecho de petición dirigido a la Fiscalía, esta entidad reportó que tiene registro de 20 casos con 93 víctimas por hechos que ocurrieron en las manifestaciones llevadas a cabo entre 2019 y 2021 en los que el presunto responsable pertenece a la Policía Nacional y el tipo de arma empleada es “de fuego, blanca o contundente”. Asimismo, informó que solo tiene reporte de un caso de violencia basada en género en medio de la protesta ocurrido en abril de 2021 en Cali.
De esta cifra, 14 son mujeres y 79 hombres. No hay datos sobre su identidad de género. Dos de estas personas tenían entre 14 y 17 años cuando pusieron la denuncia; 51 tenían entre 18 y 26 años; 29 tenían entre 27 y 59 años; uno era mayor de 60 años y de 10 no se conoce la edad. Abril (53) y mayo (32) de 2021 fueron los meses en los que más se presentaron hechos violentos contra las personas manifestantes.
La Fiscalía también informó que, por esos 20 casos registrados, 28 integrantes de la Policía Nacional, todos hombres, están siendo investigados. “16 casos se encuentran activos y cuatro inactivos. De los 16 activos, siete están en etapa de indagación, uno en investigación y ocho en juicio”.
Entre tanto, la Policía informó que 12 funcionarios de esa entidad tienen investigaciones disciplinarias por haber impactado con un arma traumática o de letalidad reducida a una persona que participaba en una protesta social entre 2020 y 2021.
Cuando Paloma salió de su casa ese 30 de abril de 2021 lo hizo para apoyar las movilizaciones de las juventudes de su barrio contra la reforma tributaria presentada por el gobierno del entonces presidente Iván Duque y por el mal manejo de la emergencia sanitaria del Covid-19. Nunca habría imaginado que ese día volvería a su casa con un impacto en la entrepierna.
El búnker de la Fiscalía, «donde uno siente que el Estado le vulnera los derechos»
Por mucho tiempo Paloma le restó importancia a las consecuencias de ese impacto en su cuerpo. Esta sensación se acentuó cuando acudió a la Fiscalía General de la Nación para denunciar lo sucedido.
«El proceso ha sido revictimizante. Lo que hicieron fue mandarme una carta, un formulario».
Me relató que al acudir al búnker de la Fiscalía se encontró con «unos manes muy vastos, nada empáticos». Con uno de ellos apostó que cuando Petro llegara a la presidencia iba a desmontar el Esmad. «Ahora le debo un almuerzo», dice entre risas. Ese mismo funcionario le dijo que «no le importaba lo ocurrido, que su interés era hacer una investigación absolutamente imparcial» de los hechos.
«Cuando salí pensé: ‘juepucha, esto fue muy violento’».
María Fernanda Torres, abogada de la Comisión Colombiana de Juristas, organización que representa el caso de Paloma, explicó que actualmente hay dos procesos en curso: el penal, basado en la denuncia que está en la Fiscalía 380 de Bogotá, y la demanda contencioso administrativa contra la Alcaldía de Bogotá y el Ministerio de Defensa (Policía Nacional), con la cual se busca que se declare la responsabilidad del Estado por las acciones que cometió el Esmad contra Paloma y que se le repare integralmente.
«El proceso penal ha dado vueltas por diferentes fiscalías, pero curiosamente ha llegado siempre a la misma funcionaria designada para los casos de violencia policial ocurridos en el paro de 2021. Cuando fuimos en enero de 2024 nos dijo que no recordaba a ninguna víctima con el nombre de Paloma y que no nos iba a dar acceso al expediente del caso, que es el documento en el que uno puede ver todas las actuaciones que ha hecho la Fiscalía — revisar si ha ordenado ver las cámaras, las planillas de los policías que estuvieron ese día, a quién se le asignaron las armas menos letales, entre otros detalles», resaltó Torres.
Asimismo, manifestó que en la mayoría de los casos ocurridos durante el paro hay problemas para identificar a los agentes responsables de la violencia policial porque muchos de los integrantes del Esmad ni siquiera trabajaban en Bogotá.
«Tú veías que el policía que estaba asignado tenía un chaleco de acá, pero el casco era de Barrancabermeja, por ejemplo. Esto es ilegal porque no genera una buena identificación del funcionario», explicó la abogada.
En lo que respecta a la demanda contencioso administrativa, la representante de Paloma está a la espera de que el juzgado le remita las respuestas de la Alcaldía y del Ministerio de Defensa, entidades que inicialmente argumentaron que la Policía cumplió todos los protocolos para atender una manifestación ciudadana.
Han pasado más de tres años desde que Paloma denunció los hechos ante la Fiscalía y más de seis meses desde que interpuso la demanda contra las entidades del Estado. Hasta el momento, no ha habido un avance sustancial en ninguno de los procesos.
«A mí me gustaría ver al agente del Esmad que me hizo esto»
Cuando le pregunté a Paloma cómo se sentiría reparada, me respondió que quisiera ver al agente del Esmad que impactó su entrepierna. «Me gustaría poder decirle que me mire, que le disparó a una señora, que no soy violenta. Nunca hice nada contra ellos como para que fueran tan violentos contra mí».
Paloma también quisiera recibir acompañamiento psicosocial para tratar los “trastornos de ansiedad, estrés postraumático y de interés y excitación sexual femenino” que le causó este hecho, como documenta el peritaje psicólogo que le hicieron en diciembre de 2023.
Órganos internacionales de derechos humanos han recomendado al Estado colombiano adecuar el sistema normativo interno a los estándares internacionales de protección del derecho a la protesta; a no realizar detenciones arbitrarias y a garantizar los derechos; a impulsar investigaciones en los casos de estigmatización y ataques.
Ana María Rodríguez, de la CCJ, asegura que el nivel de cumplimiento de las recomendaciones internacionales «no es alto porque es escasa la difusión y el conocimiento que hay de las mismas, y es poco el compromiso que hay por parte de las autoridades para acatarlas».
Cuando Paloma se despidió el día que nos conocimos, en mayo de 2024, las palabras ya no se peleaban por salir al mismo tiempo. El miedo por haberse cruzado con la manifestación de la Universidad Pedagógica, de decir en voz alta lo que pasó ese 30 de abril que no quiere recordar, se quedó ahí, en la conversación que tuvimos.
Aunque han pasado más de tres años desde que un agente del Esmad le disparó, sigue apretando las manos de sus hijos cuando escucha algún ruido fuerte, particularmente el de una aturdidora, y sigue sintiendo una presión en el pecho que la obliga a bajarse de su bicicleta a respirar. Su vida no ha vuelto a ser la misma tras ese disparo.
Esta historia hace parte del proyecto de formación ‘CdR/Lab Periodismo y sexualidad: informar desde la evidencia’, financiado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y realizado por Consejo de Redacción (CdR).
Después de terminar la escritura de este texto, el Gobierno de Colombia reglamentó el uso diferenciado y proporcional de la fuerza por parte de la Policía Nacional a través del Decreto 1231 de 2024, en el cual establece que está prohibido emplearla contra las personas que ejerzan su derecho a la protesta. Solo “podrá recaer sobre quienes hayan infringido la Constitución y la ley, u opongan resistencia a la intervención” de los uniformados.
Asimismo, esta nueva regulación privilegia el diálogo antes que la fuerza y señala que el uso de armas, municiones, elementos, dispositivos de uso menos letal y armas potencialmente letales, entre ellas la truflay que se usó contra Paloma, deben emplearse de forma moderada y la Policía debe actuar “en proporción a la gravedad de la amenaza (…). En ningún caso está permitido usar medidas extremas para salvaguardar un bien jurídico o bienes materiales que resultan inferiores a la vida o integridad física de las personas”.