La transición energética que busca el Gobierno del presidente Gustavo Petro para reducir la dependencia del país a los combustibles fósiles y promover fuentes de energía renovable podría generar impactos en la industria de la palma de aceite en Colombia.
Aunque este cultivo se ha promovido como un factor de desarrollo en el país desde el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), satisfaciendo la demanda nacional de grasas y aceites, así como para la exportación, durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) se estableció una nueva política enfocada en la producción de biocombustibles debido a los altos rendimientos de conversión que se logran.
Pese a esto, los impactos ambientales y sociales que conlleva la palmicultura, como la contaminación de fuentes de agua y la deforestación, han llevado a un creciente debate sobre la viabilidad de esta industria en un contexto de transición energética y sostenibilidad ambiental.
Tal es el caso de la contaminación de las fuentes de agua en La Suprema, vereda de unos 200 habitantes en la región de los Montes de María, en el sur de Bolívar, que se han convertido en un peligro para la vida de sus residentes, en su mayoría sobrevivientes del conflicto armado, quienes subsisten en esta rica región rodeados de una intensa actividad extractiva.
El poblado, fundado hace más de 25 años por campesinos que huían de la guerra, hoy lo conforman 69 familias, y cuenta con numerosos ojos de agua dulce aptos para el consumo después del filtrado. Sin embargo, tras la desmovilización del llamado Bloque Héroes Montes de María, hecho que ‘liberó’ la zona, en esta y en comunidades cercanas se aceleró el cambio en el uso del suelo y de los recursos naturales, pasando de plantaciones tradicionales de arroz, frutas, plátano, yuca y maíz, a grandes monocultivos que han originado el cercamiento de los caminos que conducen a las fuentes hídricas.
Al ingresar a La Suprema, lo primero que se encuentra es un embalse en el que, cada día, se dan cita los pobladores para bañarse, lavar ropa o abastecerse de agua. Fotografía de Iván Puello de la Rosa
Como lo indica Leonardo Jiménez Molinello, director del Centro de Estudios del Trabajo (Cedetrabajo), entre 2006 y 2015, el área cultivada con palma de aceite en el municipio de Marialabaja creció un 224 %, pasando de 3400 a 11.022 hectáreas. Hoy en día, el perímetro de La Suprema está rodeado en más de un 60 % de cultivos de palma. Según el experto, esta no es una situación aislada, el rápido crecimiento del cultivo de palma de aceite en los Montes de María está estrechamente relacionado con la política de desarrollo agroindustrial y de exportación del país.
“El sur de Bolívar tiene un potencial grandísimo que lo ha llevado a formar parte de la Zona Central de producción de palma de aceite. Marialabaja, desde 2006, ha venido produciendo un promedio de 190.000 toneladas de fruta de palma de aceite por año, que se transforman en más de 33.000 toneladas de aceite, de las cuales un 23 % se destina a los biocombustibles. Estamos siendo parte de un modelo que se ha replicado en diferentes zonas rurales del país y que está dejando ganancias”, señala el director.
En el marco de la transición energética, la palma de aceite es vista como una alternativa prometedora para la producción de biocombustibles. De acuerdo con Ernesto Rocha Martelo, gestor e investigador ambiental, “estos biocombustibles son una alternativa más amigable con el medioambiente que los combustibles fósiles, ya que su producción y uso emite menos gases de efecto invernadero. Para ello, se extrae el aceite de la palma y se convierte en biodiésel, que se puede usar en motores de combustión interna; también se pueden producir biocombustibles líquidos a partir del aceite de palma al mezclarlos con la gasolina, como el bioetanol”, afirma.
Según cifras de la Revista Nacional de Agricultura, en 2021 el biodiésel tuvo un aumento del 24 % con respecto al año anterior, alcanzando una demanda de 634.000 toneladas, y se espera que esta tendencia continúe en el futuro.
En lo que va de 2023, la producción de palma alcanzó 350.000 toneladas, con un aumento de 5 % frente al mismo periodo del año anterior, según Fedepalma. El mercado local ha comprado 221.000 toneladas de aceite de palma entre enero y febrero, 11 % más que el año anterior, distribuidos de la siguiente forma: 51 % con destino al consumo humano, 41 % para biodiésel, 6 % para alimentos concentrados y 2 % para jabonería y otros usos.
Las plantaciones de palma de aceite en los Montes de María han aumentado significativamente en la última década, lo que ha llevado a un cambio en el uso del suelo. Fotografía de José Estupiñán.
¿Ganancias a qué costo?
La Suprema se encuentra al pie del embalse de Matuya, que junto con El Playón y La Piscina componen el distrito de riego de Marialabaja. La vasta masa de agua de 19.600 hectáreas fue construida en los años sesenta por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, con el objetivo de aprovechar el potencial agrícola del municipio y fomentar la producción de arroz.
Con la crisis del sector arrocero de comienzos de los noventa y con la arremetida del conflicto armado en la región, se propiciaron cambios en su administración y utilización. En este contexto, Julián Ramos, líder comunitario de La Suprema, recuerda cómo los campesinos del área eran amenazados y presionados para vender sus tierras a precios muy bajos. “Durante esa época llegaban al pueblo personas escoltadas que les decían a los campesinos: ‘Quiero comprarte estas tierras por tanto dinero’, muchas veces inferior a su valor real. Era una forma de presión, una manera de amenazar a la gente”, explica.
En La Suprema y Marialabaja, los malos recuerdos no se han ido. Muchos conservan en la memoria cómo hace veinte años sus pueblos fueron sitiados por la guerrilla y el paramilitarismo. Fotografía de Iván Puello de la Rosa.
Tras la desmovilización de los grupos paramilitares en 2006, la violencia en Los Montes de María empezó a disminuir y muchos habitantes desplazados comenzaron a regresar a sus hogares. Sin embargo, al volver, encontraron que la región había sufrido una transformación significativa con la llegada de la industria de la palma aceitera.
Jiménez, director de Cedetrabajo, señala que el cultivo de palma está ocupando las mejores tierras agrarias del municipio, lo que ha llevado a la disminución de otros sembradíos como la yuca, que en 2001 ocupaba 1200 hectáreas y de la que hoy en día solo quedan 120, según cifras de la institución.
Los caminos condenados retratan el fenómeno del despojo cotidiano en Montes de María. Fotografía de Iván Puello de la Rosa.
De acuerdo con los cálculos de Cedetrabajo, basados en datos del Ministerio de Agricultura, en la década de la reactivación económica del distrito de riego, entre 2001 y 2012, se sustituyeron 4961 hectáreas de otros cultivos por palma de aceite, lo que ha llevado a la disminución de la producción de alimentos en el municipio en unas 45.000 toneladas.
Sumado a esto, diversas organizaciones campesinas y ambientales han denunciado la contaminación que genera el monocultivo, ante la falta de control sobre las fumigaciones con agroquímicos, al agua y el aire, lo que termina afectando la salud de las comunidades cercanas.
En algunas casas utilizan la corteza de cactus para filtrar el agua, sin embargo, este método no es lo suficientemente efectivo para eliminar todos los patógenos y sustancias tóxicas presentes en ella. Fotografía de José Estupiñán.
“Aquí tenemos dolores de estómago y manchas en la piel que se han venido propagando por beber agua”, afirma el líder Julián Ramos.
La mayoría de los habitantes de La Suprema usa el agua del embalse de Matuya para beber, cocinar, lavar la ropa y bañarse, pero se quejan de que está sucia desde la expansión del cultivo de palma en la zona, pues las empresas lavan los equipos en el caudal y fumigan hasta los márgenes del río. De hecho, en repetidas ocasiones, han aparecido flotando decenas de peces muertos.
“Hay niños con granos. Inclusive, tenemos que comprar agua embotellada para no seguir enfermándonos. Las infecciones se van extendiendo en la piel”, explica Nisley Contreras, madre de dos niños y habitante de la comunidad. “Estoy preocupada, porque desde que llegaron los cultivos, los ojos de agua han sido envenenados, y lo que nos queda es el embalse”, recalca, mientras ayuda a su hijo de ocho años a hacer tareas en la puerta de su casa, una construcción de madera de una sola pieza y de unos 20 metros cuadrados.
Un joven habitante de la comunidad expresó su preocupación ante los brotes como resultado de la contaminación del agua. Los residentes también están preocupados por la salud no solo de los humanos, también de los animales. Fotografía de José Estupiñán.
La investigadora Irina Junieles señala que, en zonas como La Suprema, los caminos que permitían a los habitantes y a comunidades aledañas el acceso rápido a arroyos y fuentes de agua fueron condenados, y los pocos ojos de agua de libre acceso comenzaron a “saber raro”.
“Las personas no se pueden ni bañar con esa agua, baja con demasiados químicos. Estamos dando talleres y concienciando a la gente para que no utilice el agua, porque trae enfermedades”, señala la investigadora.
Algunas de las implicaciones que ocasiona ingerir agua contaminada fueron descritas por habitantes de la comunidad en una acción popular presentada en 2011, en la que denunciaron la muerte de siete menores de edad por causas asociadas a problemas gastrointestinales. Como prueba, aportaron estudios de las fuentes de agua que mostraban las pésimas condiciones que la hacían no apta para el consumo humano.
A pesar de los posibles riesgos por infecciones en la piel, los niños se recrean en las aguas aledañas a las plantaciones de palma. Fotografía de José Estupiñán.
Lo que más preocupa a Julián Ramos, líder comunitario, es el bienestar de su madre, una mujer de la tercera edad que en varias ocasiones se ha enfermado por consumir agua no segura. Julián y María Ramos, habitantes de La Suprema. Fotografía de José Estupiñán.
Los campesinos sin tierra ubicados en áreas de propietarios a través de la aparcería, así como en las sabanas y playones comunales, o terrenos baldíos, también son parte de la población más afectada por el monocultivo de palma aceitera, lo que los ha dejado sin medios para ganarse la vida y los ha puesto en situación de riesgo alimentario.
Marlene Ramos, de 63 años y madre de pescadores, ha vivido en La Suprema desde su fundación. Ella expresa que las plantaciones de palma y la planta de tratamiento afectaron mucho al embalse. “Ya casi no se ven peces, antes vendíamos bastante pescado a la orilla de la carretera, pero ahora los peces no crecen mucho y la gente no nos compra porque dice que están contaminados por químicos de la palma”. Para otros habitantes de la comunidad, la contaminación del embalse ha diezmado la presencia de mojarras loras y amarillas, barbules y corbinatas.
Buscamos a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) con el fin de conocer su perspectiva frente a estas problemáticas. Al cierre de este reportaje, no habíamos obtenido respuesta.
En ocasiones, la Alcaldía dispone de carrotanques para abastecer a la comunidad. Esta agua es almacenada en un tanque elevado y se distribuye a las casas, mientras que la palma acapara las fuentes naturales. Fotografía de Iván Puello de la Rosa.
Las afectaciones a la salud y a la seguridad alimentaria van de la mano con la deforestación, que —según el investigador Rocha— está entre los principales impactos negativos de este cultivo.
De acuerdo con información del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), entre 2011 y 2017 se deforestaron 4155 hectáreas de bosques para darles paso a plantaciones de palma, que forman parte de cultivos asociados a Fedepalma. Sin embargo, no se tiene una cifra exacta de la deforestación causada por plantaciones que no pertenecen a la agremiación y otras que pueden ser ilegales.
Según el presidente ejecutivo de Fedepalma, Nicolás Pérez Marulanda, se han dado avances en reducir la deforestación causada por este cultivo. Recuerda que en 2017, Fedepalma y varias empresas palmeras firmaron el Acuerdo de Cero Deforestación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; el Ideam y ONG ambientales, comprometiéndose a avanzar en mecanismos que permitan verificar si la cadena de suministro está libre de deforestación y tomar acciones para asegurar que así lo sea en el futuro.
“Todo aquel que realice siembras ilegales no es parte de nuestra cadena de valor, ni de los valores que se promueven en el sector palmero colombiano; desde la Federación defendemos la legalidad y las buenas prácticas en la búsqueda de la sostenibilidad de nuestra agroindustria y los entornos palmeros”, expuso Pérez Marulanda, al tiempo que subrayó que el sector alcanza niveles de 82 % en formalidad laboral y ratificó que desde Fedepalma el compromiso del gremio y del sector es por una palmicultura libre de deforestación en Colombia.
A pesar de ser un negocio en crecimiento, la palmicultura no es una gran generadora de empleo, ya que por cada cien hectáreas se emplean solo 27 trabajadores, según estudios. El sistema de subcontratación ha permitido la competitividad del sector para los empresarios, pero las condiciones de trabajo no son las más adecuadas. En este escenario, muchas mujeres que pertenecen a familias sin tierra o que alquilan tierras para cultivar granos básicos, se han visto obligadas a ingresar al mercado laboral informal y a realizar múltiples actividades para el sustento de sus hogares. Según el informe ‘El tipo de empleo que ofrecen las empresas de palma’, elaborado por ActionAid, las mujeres que trabajan en las plantaciones, en particular en actividades de vivero, son discriminadas y reciben un pago inferior al de los hombres por realizar tareas agrícolas equivalentes. En promedio, un trabajador con contrato a término indefinido devenga un salario de 1.249.127 pesos mensuales, mientras que las mujeres palmicultoras ganan alrededor de 819.177 pesos.
Además, aunque en la mayoría de los casos los trabajadores se encuentran afiliados al sistema de seguridad social, el acceso a este depende del cargo que ostenten y las empresas no tienen programas de salud que se extiendan a las familias de sus trabajadores.
Según Carlos José Murgas, vicepresidente del grupo Oleoflores, responsable de la Planta Extractora de Aceite de Palma de Marialabaja, la palma de aceite no debe ser vista como una competencia para los cultivos tradicionales, sino como una fuente de empleo y desarrollo para las comunidades rurales. Murgas señala que actualmente tienen contratadas a más de 120 personas en tres turnos, más otras 50 personas alrededor de los servicios transversales como logística y almacenes, y más de 900 empleos que se generan en las fincas del Grupo. Además, destacó que, en total, alrededor de 6500 empleos, entre directos e indirectos, se crean en Marialabaja, Arjona, El Carmen de Bolívar y San Onofre, gracias al complejo agroindustrial.
Una fuente de biomasa para la transición energética
De acuerdo con Amaranto Daniels, director del Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena, la inversión necesaria para establecer y mantener un cultivo de palma de aceite es entre veinte y treinta millones de pesos por hectárea, aproximadamente, durante la etapa improductiva, es decir, durante el período en el que las palmas de aceite han crecido lo suficiente como para ser consideradas árboles adultos, pero aún no están produciendo el fruto adecuado para cosecharlo.
Durante esta etapa, que puede durar entre dos y tres años después de su siembra, los agricultores deben cuidar y mantener la plantación para asegurarse de que las palmas puedan crecer y alcanzar su máximo potencial de producción en el futuro. Posterior a esto, cuando los cultivos empiezan a producir, deben invertir cerca de ocho millones de pesos por hectárea al año, con un tiempo promedio de vida de 25 años. Así las cosas, un productor que tenga entre ocho y diez hectáreas de palma puede obtener ingresos mensuales netos de hasta 3,5 millones de pesos en el ciclo del cultivo.
Las plantaciones de palma de aceite requieren una gran inversión durante su etapa improductiva y su mantenimiento, pero pueden generar importantes ingresos para los productores. Fotografía de José Estupiñán.
Sumado a esto, más allá de los biocombustibles, la palma de aceite también se puede aprovechar para generar energía eléctrica. En una planta procesadora de palma de aceite, los efluentes (es decir, los fluidos que vienen de una instalación industrial) pueden utilizarse para obtener biogás, el cual podría alimentar un motogenerador y producir energía eléctrica. Según Fedepalma, con la agroindustria de la palma de aceite en todo el país, se estima que se puede generar hasta 344 MW de energía eléctrica utilizando como fuente la biomasa resultante del proceso, como la fibra, cuesco y tusa. Con el biogás generado en los efluentes se podría suministrar la energía eléctrica para una ciudad de tamaño mediano, con una población de alrededor de cien mil habitantes (por ejemplo, Magangué). Esto ayudaría a diversificar las fuentes de generación de energía eléctrica que abastecen al Sistema Interconectado Nacional y a fomentar la producción de energía renovable en el país.
Se estima que 2022 cerró con una producción de 1,7 millones de toneladas de palma de aceite, es decir, un aumento de 1,2 % frente a la producción de 2021. Esto también se explica por la demanda mundial de aceite de palma, que ha ido en aumento en los últimos años debido a su amplia variedad de usos, que van desde alimentos procesados hasta cosméticos y biocombustibles.
El Grupo Oleoflores ha reportado compras superiores a los 60 mil millones de pesos en los últimos cinco años, con un promedio mensual de 5416 millones de pesos. Estas cifras trimestralmente superan el presupuesto general del municipio de Marialabaja, lo que demuestra la importancia de la industria de la palma de aceite en la región.
Según su vicepresidente, el reto actual es “industrializar aún más el sector, ya que actualmente el 35 % de la palma sigue saliendo como crudo”. Murgas resalta la importancia de la industrialización de la palma en la producción de biocombustibles y agroquímicos, lo que permitiría generar un mayor valor para el país. Además, considera que el modelo de alianzas es el más adecuado para abordar este desafío y lograr una transición energética sostenible y eficiente.
El académico Daniels destaca la importancia de los biocombustibles en la transición energética del país, sin embargo, advierte que es necesario involucrar a la sociedad local en este proceso y tener unas salvaguardas ambientales. A su juicio, esto es fundamental para garantizar que la palmicultura sea más sostenible, respete los derechos de las comunidades y aporte a una verdadera transición justa.
Con el reflejo de la plantación en el embalse, muchos habitantes de la comunidad temen perder sus últimas fuentes de agua ante la expansión del monocultivo. Fotografía de José Estupiñán.
Esta investigación fue realizada en el marco del proyecto ‘CdR/Lab Narrar la transición energética: un nuevo reto para el periodismo’, organizado por Consejo de Redacción y el centro de pensamiento Transforma.