El limbo de los ecosistemas de coral y zonas protegidas
El Canal del Dique lleva alrededor de 100 años ganándole espacio al mar. Esto permitió que comunidades pudieran habitar lo que hace mucho tiempo fueron grandes complejos de agua salobre. Por eso, poblaciones como Leticia y Recreo habitan al lado del dique capturando caracoles, chipi chipi, mariscos y cangrejos a 15 minutos de Barbacoas. Pasa lo mismo con Labarcés y San Antonio, que tienen cerca las costas de Sucre, pero sus asentamientos están en los caños del Canal del Dique, rodeados de manglares.
En el agua está la abundancia de estas zonas. “Tenemos una riqueza tan grande, pescamos en agua dulce, agua salada, tenemos ciénagas que botan el bocachico y la cachama, hasta corales tenemos”, dice Yomairis Gómez, afrodescendiente, nativa de Labarcés y comerciante. Estos corales, ubicados en el sur de Boca Cerrada, en Sucre, podrían verse afectados.
La restauración que promete el proyecto de los ecosistemas salobres en las bahías de Barbacoas y Cartagena podría causar deterioro en los corales de las costas de Sucre. La ANI afirma, basada en el PH, que en las bahías se irá “disminuyendo de manera simultánea el agua dulce, sedimentos y nutrientes”, algo que, aseguran, beneficiará ecosistemas como los que protege el Parque Nacional Natural (PNN) Corales del Rosario y San Bernardo. Lo que no se contempla son los impactos por el incremento de sedimentos en la zona delta del caño Correa, en las costas de Sucre.
Para Yasser Romero, biólogo e integrante de la Alianza por la Defensa del Canal del Dique, el aporte de materia orgánica (nutrientes) que pueden hacer los ríos es reducido si se compara con el gran deterioro que ocasiona el aporte de sedimentos. “Además, la situación con respecto a los corales en la bahía de Cartagena y Barbacoas no va a cambiar significativamente debido a que, para lograr una verdadera restauración, no solo se requieren medidas pasivas (detener el aporte de sedimentos), sino también medidas activas (proyectos de restauración ecológica)”, afirmó.
“En la bahía de Cartagena ya es poco lo que se puede hacer, allí lo que se encuentran son toneladas de coral muerto, el único relicto coralino es Varadero, y su resiliencia es tan alta que la única protección que requiere es que no lo intervengan; ahora, por acción de corrientes del área, el agua que se verterá al mar Caribe por Boca Cerrada y Correa, va a seguir entrando a la bahía de Barbacoas, por lo que esta seguirá deteriorándose. Lo que más preocupa es la comunidad de arrecifes de coral frente a las costas de Sucre, que no sabíamos que estaban ahí, vamos a deteriorar lo que ni siquiera conocemos”, añadió.
A Romero también le preocupan las afectaciones drásticas que puede tener el Parque Forestal y Zoológico Cacique Dulio, ubicado en el noreste de la isla de Barú, frente a Pasacaballos, el cual tiene un área que depende del aporte de agua dulce del canal, que, una vez salinizado, afectará la composición de flora y fauna de la reserva natural.
La zona de Barbacoas ya es una zona afectada no solo por el delta del canal, sino por la pluma del río Magdalena que baja desde Bocas de Ceniza. Así lo explica el biólogo y profesor de limnología y ecología del Departamento de Biología de la Universidad Nacional de Colombia, Gabriel Pinilla, quien afirma que en el delta donde se depositarán los sedimentos se favorecerá el desarrollo de comunidades de manglar, pero el sistema coralino tendrá efectos negativos a largo plazo.
“No solamente son los sedimentos, sino los nutrientes disueltos en el agua, como el nitrógeno y el fósforo, que favorecen el crecimiento de macroalgas marinas sobre el coral, lo que puede causar más estrés ecológico en estas formaciones”, agregó.
Antes de llegar al mar, las aguas del Canal del Dique transformaron lo que fue la gran ciénaga de San Antonio, donde hoy está ubicado el Santuario Flora y Fauna (SFF) El Corchal Mono Hernández, en medio de las dos desembocaduras de caño Correa. De acuerdo con el PH, se estima que el incremento de agua y sedimentos será benéfico para esta área, pues traerá más nutrientes y potencializará la producción de corcho (Stenocarpus officinalis).
De acuerdo con la ANI, se proyecta un aporte de un centímetro de sedimentos anual al santuario, pero el PH habla de una o dos temporadas al año en las que todo el delta se inundará con descargas que podrían estar entre los 600 m³/s y los 1 000 m³/s. Si bien el bosque de corcho se ve beneficiado por la presencia del agua dulce, un informe de Parques Naturales para el Programa Ambiental de Naciones Unidas (2016) afirma que este bosque está amenazado por el cambio climático y la sedimentación proveniente del canal, la cual “está ahogando los corchales y cambiando el área de humedal en zona seca”.
No se sabe en detalle cuál será el nivel de impacto sobre estos ecosistemas en zonas protegidas. Parques Nacionales Naturales, por su parte, manifestó que por ahora no se va a pronunciar, que lo hará cuando se conozca definitivamente cómo será el proyecto.
Discordia en comunidades al paso de la consulta
El proyecto no contemplaba realizar consulta previa, pero después de una acción de tutela presentada por la comunidad de Gambote (Arjona, Bolívar) tuvieron que hacerla. Para su ejecución, la ANI desembolsó dinero a los Consejos Comunitarios para contratar profesionales y gestionar la logística de las actividades en el marco de la consulta.
Durante el proceso, en colegios, salones comunales, bajo la sombra de árboles o patios, han surgido discusiones acaloradas por la ejecución de la ruta metodológica (calendario y logística), el asesoramiento técnico y la participación efectiva de todos los habitantes de cada comunidad.
Sobresale el caso de Boca Cerrada, corregimiento de San Onofre, ubicado sobre la costa cerca a Boca Luisa. Según el PH, lo más recomendable para este asentamiento es la reubicación por los niveles que puede alcanzar el agua en flujos altos. Para el Fondo Adaptación, el riesgo de inundación se presentaría por fenómenos que ya afectan a la población como la erosión costera y el aumento del nivel del mar. A los habitantes les preocupa que no se contemple un dique de protección como en las otras dos comunidades que rodean el SFF Mono Hernández.
La comunidad de Boca Cerrada se encuentra entre la desembocadura de caño Rico y caño Correa (Boca Luisa). En el PH se visualiza dos veces la necesidad de reubicar a este corregimiento. Foto de Karen Cortés.
En Boca Cerrada no tienen párroco, ni médico regular, ni representante legal del Consejo Comunitario. Una parte de la comunidad apoya la gestión del Consejo elegido en 2020, mientras que otra no. Según Anderson Amaranto, exrepresentante legal, la asamblea del Consejo revocó a la representante legal, pero la Alcaldía de San Onofre aún no legaliza el acta que envió la comunidad sobre su decisión “irrespetando el derecho a la autonomía de la comunidad”.
La situación empeoró cuando se quedaron sin asesores. El presidente del Consejo, Deivis Olivo, expresa que ya no hay la cantidad de dinero suficiente para contratar otros y que, con los primeros, la Fundación Rhizophora, representados por Hernán Ariza, no se sintieron conformes y buscan surtir ese trabajo con los habitantes, pero las reuniones no han prosperado por las diferencias internas que hay en el pueblo.
En Labarcés también hubo un cambio de asesores. Primero estuvieron también con Rhizophora, pero después se contrató a Abokar, “vimos que no tenían ese sentir por la comunidad, reflexionamos y alcanzamos a buscar otro equipo de asesores que nos guiaran sobre lo que en realidad iba a pasar con el proyecto”, dice Elkin Caicedo, miembro de la junta directiva del Consejo Comunitario.
Uwaldo Lara, consejero de Cuenca y líder de la comunidad, agrega que desde el principio hubo inconvenientes con el procedimiento de la consulta, ya que la apertura del proceso nunca se hizo en el corregimiento, sino en San Onofre, la asamblea tampoco sabía sobre la aprobación de la ruta metodológica o los asesores y las reuniones se planeaban con poco tiempo, lo que generaba dificultad para asistir.
En el desarrollo de esta investigación, se buscó a la Fundación Rhizophora para tener su versión sobre el proceso, pero no se obtuvo respuesta.
Otro de los conflictos recurrentes tiene que ver con las compensaciones, es decir, el monto que la ANI ofrece y que está entre los 1800 y 2000 millones de pesos. Todas las comunidades, tanto las que ya han llegado a acuerdos como las que no, sienten que esta suma no podría resarcir la pérdida de sus espacios de siembra, pesca y abundancia hídrica.
El señor Oladis Paternina, representante legal del grupo de agricultores de Correa, corregimiento de María La Baja, precisa que no podría encontrar tierras más fértiles que sus cuatro hectáreas en las orillas del dique, no podría ponerles valor. Este agricultor manifiesta que no se siente satisfecho con el acuerdo: “Hoy, la ANI muere diciendo que no va a afectar las parcelas, ellos dicen que no pueden pagar un daño que no han hecho, entonces en el acta quedó que, si hay algún daño a las parcelas, ellos lo pagan”.
Una de las grandes preocupaciones de las comunidades es que los acuerdos se están haciendo por afectaciones a las comunidades, lo que no incluye a los parceleros. Esto ha llevado a confrontaciones por la participación, en las reuniones de Consejos Comunitarios, de personas que no viven dentro de la comunidad, pero que son parceleras en la jurisdicción del corregimiento. Por ejemplo, Fredy Martínez vive en Puerto Badel, pero sus parcelas corresponden a Lomas de Matunilla: “En esas reuniones me he presentado a reclamar mis derechos, primero la asamblea dice que yo soy de la comunidad y la directiva dice que no, en ese tira que tira se han terminado las reuniones que se han llevado a cabo sin resolver nada”.
Tomar decisiones libres y lo suficientemente informadas es la prioridad para estas comunidades. Daniela Cervantes, presidenta del Consejo Comunitario de Leticia, siente que hay presión para llegar a la protocolización (formalización de acuerdos entre las partes), “está uno que si no aceptan a las tres veces, le aplicamos el test de proporción; uno vea, pero ¿cómo nosotros vamos a tomar esa decisión cuando no sabemos cómo será ese perjuicio tan grande?”, de aplicarse el test, las medidas de manejo para prevenir, corregir o mitigar las afectaciones queda en manos de entidades públicas y órganos de control, lo que ejerce mayor tensión sobre el proceso.
Las comunidades buscan garantías, no hay un acompañamiento regular de la Defensoría del Pueblo o la Procuraduría, para algunas es la primera vez en consulta previa, los desacuerdos incrementan y no hay estudios detallados que revisen la magnitud de los cambios sobre ecosistemas y la vida de sus habitantes.
Esta investigación hace parte del especial periodístico ‘Historias en clave verde. Segunda edición’, realizado en el marco del proyecto de formación y producción ‘CdR/Lab Periodismo en clave verde’ de Consejo de Redacción (CdR), gracias al apoyo de la Deutsche Welle Akademie (DW) y la Agencia de Cooperación Alemana, como parte de la alianza Ríos Voladores.
