En la mañana del 10 de marzo de 2015, Bladimiro Márquez García, de 51 años de edad, pisó una mina antipersonal mientras cumplía con sus labores campesinas en el corregimiento de San Juan, cerca del municipio de Puerto Libertador, al sur del departamento de Córdoba y a 180 kilómetros de la capital, Montería. De acuerdo con un artículo publicado por el diario La Razón, “el labriego pisó el explosivo cuando trabajaba con machete junto a otros campesinos”. Márquez sufrió graves heridas en sus piernas y se convirtió en otra víctima del conflicto armado en Colombia.
Corregimiento de San Juan, ubicado en las faldas del Nudo de Paramillo. Foto de Panorama 24.
Casos como el suyo, y el de otros cientos de afectados por la guerra interna del país, son explicados en un reporte de situación de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Colombia en el que se recuerda que la violencia, en el departamento de Córdoba, afecta especialmente a las comunidades étnicas y campesinas, “que son las más vulnerables dada su ubicación geográfica en zonas dispersas y de difícil acceso, escenario que facilita la presencia de Grupos Armados No Estatales (GANE) y obstaculiza la presencia del Estado”.
En efecto, en esta región colombiana se siente todo el rigor del conflicto armado interno. Basta recordar que, de las 9.520.277 personas afectadas por estos hechos violentos e incluidas en el Registro Único de Víctimas ―RUV―, 456.982 corresponden al departamento de Córdoba, según las estimaciones oficiales publicadas el 30 de junio de 2023.
Asesinatos, desplazamientos masivos, amenazas, desapariciones forzadas, despojos, secuestros y diversas formas de intimidación, se han registrado en los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré, Tierralta y Valencia, al sur de Córdoba. En esta zona, de acuerdo con el Registro Único de Víctimas, ocurrieron 300.806 hechos victimizantes, es decir, el 63,9 por ciento de todos los casos en el departamento.
Aires de reconstrucción
Estas cinco poblaciones cordobesas hacen parte de los municipios del país caracterizados como Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC) y también cuentan con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), con los cuales tienen prioridad en la implementación de los planes y programas incluidos en la Reforma Rural Integral establecida en el acuerdo de paz de La Habana, suscrito en 2016 entre el Gobierno de Colombia y la entonces guerrilla de las Farc.
A través de los PDET se busca la transformación del campo, reducir los índices de pobreza y crear desarrollo social e integral mediante proyectos de inversión que generen bienestar para la población. En estos programas participan comunidades de las zonas afectadas por el conflicto a través de núcleos veredales, corregimientos, resguardos indígenas, consejos comunitarios y zonas de reserva campesina.
Habitantes de los 170 municipios priorizados a nivel nacional eligieron intervenciones como la construcción de vías, viviendas, casetas comunales o acueductos rurales, proyectos productivos y mejores condiciones para el acceso a la salud y a la educación. Según los datos del Gobierno Nacional, en todo el país se han elegido hasta la fecha 33.007 iniciativas, de las cuales 13.730 tienen ruta de implementación activa y 2.743 proyectos ya han sido terminados. La inversión realizada a 30 de junio de 2023 asciende a 20,47 billones de pesos.
Información tomada de la Agencia de Renovaciónd del Territorio -ART.
En el Sur de Córdoba se estructuraron 1.222 proyectos de este tipo, pero solo 496 están en implementación, es decir, el 41 por ciento. A la fecha, 156 obras fueron finalizadas, 319 están en ejecución, 168 proyectos están estructurados, 11 en estructuración y 4 estructurados y además financiados. De acuerdo con la Agencia de Renovación del Territorio (ART), en estas obras se han invertido hasta el 31 de mayo 827.070 millones de pesos, con recursos de la cooperación internacional, fondos gubernamentales y otros que llegan a través de regalías.
Información tomada de la Agencia de Renovaciónd del Territorio -ART.
El caso de Puerto Libertador
Aunque ya las comunidades están beneficiándose con los proyectos ejecutados, en el municipio de Puerto Libertador hay voces que advierten que la ejecución de las obras está demorada, que la Alcaldía municipal poco ha priorizado los proyectos que la comunidad eligió y que debe haber una veeduría más atenta sobre el manejo de los recursos del posconflicto.
Entre quienes hacen estas advertencias se encuentra Guillermo Ardila, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Santa Fe de Las Claras (Río Verde) y miembro de la mesa comunitaria del PDET en Puerto Libertador. “Los años pasan y las entidades que deberían encargarse de que estos proyectos lleguen a feliz término solo demoran los procesos. No hubo una voluntad política del gobierno anterior para el cumplimiento del Acuerdo de Paz”. Ardila, quien también es líder del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS), añade que las obras en el municipio de Puerto Libertador “avanzan a un ritmo muy lento, pienso que el Municipio no tiene la capacidad económica para asumir la implementación del PDET”*.
Por su parte, Jorge Elías Ricardo, presidente de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (ASCSUCOR), señala que, aunque en la zona sí se han llevado a cabo algunas de las acciones y trabajos pactados, los avances en la implementación de los PDET “no son tan significativos”, explica que en parte podría ser por “la falta de voluntad política del gobierno saliente, que poco aportó a la implementación del acuerdo de paz”. Según Ricardo, las gestiones se dispersaron en otros programas como las llamadas “Zonas Futuro”.
Como parte de la situación expuesta por habitantes y líderes sociales de Puerto Libertador surgen críticas al trabajo de la representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz del Sur de Córdoba, Leonor Palencia Vega, porque desde su curul en el Congreso de la República no ha cuestionado el pobre avance de los PDET y el atraso en la ejecución de obras con los llamados “recursos del posconflicto”.
Arnobis Zapata Martínez, líder social, quien aspiró a la curul de paz del Sur de Córdoba, cuestionó que Palencia no ha liderado un debate de control político que permita hacerle seguimiento a la inversión de los recursos para la paz. En varias oportunidades se buscó la respuesta de la congresista Leonor Palencia, pero no fue posible.
Mientras avanza la implementación del PDET, en Puerto Libertador se han presentado denuncias de la ciudadanía: el 24 de febrero de 2022, durante la transmisión en vivo desde Montería del programa ¿Qué ha pasado con los recursos del Posconflicto?, el entonces delegado para el Posconflicto por la Contraloría General de la República, Juan Carlos Gualdrón Alba, señaló presuntas irregularidades en la construcción de una placa huella, la ejecución de un proyecto de sistemas solares fotovoltaicos y la construcción de un centro de salud, obras financiadas con recursos del posconflicto en el municipio.
Un pueblo con esperanza
De las 1.222 iniciativas estructuradas en el Sur de Córdoba, 243 corresponden a Puerto Libertador, municipio donde actualmente viven unas 30.000 víctimas del conflicto y se registraron casi 59.000 hechos victimizantes, según el Registro Único de Víctimas. La participación de las comunidades rurales en la estructuración del PDET fue amplia y contó con el acompañamiento de diversas organizaciones sociales que hacen presencia en el territorio.
El presidente de ASCSUCOR reconoce que el papel de los colectivos campesinos, indígenas y afro, de las mujeres, los jóvenes, y las víctimas ha sido activa y constructiva, gracias a la presentación de propuestas para solucionar las problemáticas del territorio (escuche detalles en en el siguiente audio).
De las múltiples propuestas presentadas en Puerto Libertador y que lograron ser consignadas en el Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR) del Sur de Córdoba, 32 corresponden al pilar de Salud Rural.
Entre estas iniciativas figura la construcción de ocho centros de salud en los corregimientos de San Juan, Puerto López, Corozalito, Puerto Carepa, Río Sucio, San Juan Medio, Torno Rojo y Villanueva, para beneficiar a una población aproximada de 6.000 personas. La iniciativa elegida dentro del pilar Salud Rural, también incluye la construcción de la tercera etapa del Hospital Divino Niño de Puerto Libertador.
El primer proyecto a emprender de esta índole sería la construcción del centro de salud del corregimiento de San Juan, a 45 minutos del área urbana de Puerto Libertador. En 2020, mediante el convenio 1183, se estableció que la Alcaldía de este municipio iba a contratar la mano de obra, la ONG Tierra de Hombres aportaría los estudios y diseños, mientras que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas contribuiría con los materiales de construcción necesarios. Esta última, a través de un acta fechada el 17 de febrero de 2021, realizó dicho aporte, según respondió a un derecho de petición el director territorial de la entidad en Córdoba, Marcelo Vega Avena.
La realidad de San Juan
* Según los habitantes, la población de San Juan es de 1.500, pero los informes de la época dan cuenta de 2.000 personas damnificadas por la avalancha.
Lo primero que puede ver un visitante que llega al corregimiento de San Juan es un colorido mural que ilustra la riqueza hídrica de la zona, la abundante vegetación y su fauna silvestre, en el que contrastan el verdor de las montañas del Nudo del Paramillo y el azul del cielo. La creación encargada por la Mesa de Víctimas al artista Miguel Martínez anuncia que el pueblo es un territorio de paz, de reconciliación y convivencia.
Foto de Panorama 24.
Las cinco calles del caserío, cuya temperatura oscila entre los 32 y 34 grados Celsius, permanecen solitarias y silenciosas la mayor parte del día. Solo el bullicio en el tiempo de recreo de los estudiantes de la institución educativa Pablo VI, interrumpe la calma de este poblado donde habitan cerca de 1.500 personas, según los propios habitantes, que derivan su sustento económico de la agricultura, la pesca, la minería artesanal y los cultivos de coca.
San Juan Nuevo es uno de los 14 corregimientos del municipio de Puerto Libertador, está ubicado en la subregión del Alto San Jorge y en las faldas del Nudo del Paramillo. Tiene 9 veredas: William, Concepción, Valdés, Mulata, Alto San Juan, Nejondó y Mina El Alacrán. Foto de Panorama 24.
San Juan Nuevo tiene una población de 1.500 habitantes. Esta comunidad deriva su sustento económico de la agricultura, la pesca, la minería artesanal y los cultivos de coca. Foto de Panorama 24.
Un humilde campesino de manos callosas y piel curtida, que no disimula su desconfianza al hablar con un extraño, manifiesta que la gente de San Juan es “buena, trabajadora y muy fuerte”. Esa fuerza es quizás la que le ha ayudado a la comunidad a sobrevivir en medio del fuego cruzado del conflicto armado y a soportar la furia de la naturaleza.
Foto de Panorama 24
Durante años sus habitantes han sido blanco de homicidios, de minas antipersonal, han sufrido el desplazamiento forzado y el confinamiento, entre otros hechos victimizantes. Una de las noches más tristes en la historia del corregimiento fue la del 21 de marzo de 2010, cuando se produjo una balacera entre guerrilleros de las Farc y miembros de las Águilas Negras en la taberna Los Laureles. Ese día murieron cuatro adultos y tres adolescentes de 14, 16 y 17 años.
Históricamente esta comunidad ha sufrido los embates del conflicto armado colombiano. Sus habitantes han sido víctimas de homicidios, minas antipersonas, desplazamientos forzados, confinamientos, entre otros hechos de violencia. Foto de Panorama 24.
En el territorio hay presencia del grupo armado ilegal conocido como el Clan del Golfo. En el pasado fue territorio de las FARC y el EPL. Foto de Panorama 24.
Once meses antes, el 23 de abril de 2009, el pueblo casi fue borrado del mapa por una avalancha de piedra, lodo y madera en el río San Pedro, que dejó dos muertos, 217 casas destruidas y más de 2.000 personas afectadas, es decir, unas 400 familias.
Después de la avalancha, se planteó la reubicación del centro poblado. Durante ocho años los damnificados vivieron en albergues administrados por la Cruz Roja Colombiana, mientras la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres construía 280 viviendas para albergar a estas personas en una nueva zona. La edificación de las casas tuvo un retraso de varios años y fue objeto de críticas por parte de los beneficiarios. Para el nuevo pueblo se contempló la construcción de un colegio, que también tardó más de lo esperado; pero no se había planeado la creación de un puesto de salud. Por eso, cuando por fin se aprobó su realización, los habitantes de San Juan estaban muy ilusionados con la posibilidad de tener atención médica cerca de sus hogares. Sin embargo, muchos se preguntaban lo mismo: ¿al menos esta vez, las obras se harían dentro de los plazos pactados?
Además del conflicto armado, esta comunidad también pasó por un desastre natural. El 23 de abril de 2009, una avalancha en el río San Pedro dejó una persona muerta, 40 viviendas destruidas, 260 casas averiadas y 1.500 personas damnificadas. Foto de Panorama 24.
A raíz de la avalancha se planteó la reubicación del centro poblado. Durante siete años los damnificados vivieron en albergues administrados por la Cruz Roja Colombiana, mientras la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres construía 280 viviendas para reubicar a la población. Foto de Panorama 24.
La construcción de las viviendas estuvo demorada y fue objeto de críticas por parte de los beneficiarios. Foto de Panorama 24.
La reubicación contempló la construcción de un colegio, la cual estuvo retrasada por varios años. Lo que no se planeó en la reubicación fue un puesto de salud. Foto de Panorama 24.
Los retrasos
El 11 de mayo de 2021, la Alcaldía de Puerto Libertador suscribió con la empresa Preconscivil S.A.S, el contrato número 054 por valor de 135 millones de pesos, que tiene por objeto “la prestación de servicios de apoyo a la gestión, como apoyo del personal de mano de obra en la construcción del centro de salud en el corregimiento de San Juan”.
El acta de inicio fue firmada el 24 de mayo de 2021 y todo parecía avanzar en orden. De hecho, a principios de junio de 2021, el mandatario local se desplazó hasta la zona para exponer el proyecto a los habitantes. Sin embargo, dos años después de la firma del contrato, los trabajos no se han terminado. ¿Cuáles son las razones de esta demora?
Según Edgardo Muñoz, líder comunitario y vecino del corregimiento de San Juan, la comunidad nunca ha conocido las razones de este retraso. Así lo explicaba para las cámaras de Panorama del San Jorge.
Eder Soto Cuadrado, alcalde de Puerto Libertador, reconoce los retrasos de la obra, pero se los atribuye a los “errores en los planos que se presentaron” y que provocaron que “el constructor frenara la construcción”, según declaraciones del mandatario que pueden verse en el siguiente video:
Dentro de sus argumentos para explicar los retrasos del centro de salud, Soto Cuadrado compara el tiempo de ejecución de las obras con lo que tardó la construcción del puente sobre el río Sinú en Valencia (Córdoba), entre otras obras de gran envergadura en el país.
El alcalde Soto aseguró que se cumplió con la entrega del puesto de salud. Sin embargo, en una visita realizada el 1o de julio de 2023 al corregimiento de San Juan, se pudo constatar que la obra aún estaba en construcción. Los obreros indicaron que estaría terminada a mediados de agosto de 2023. Esto fue lo que dijo el mandatario municipal, entrevistado por nuestro equipo:
Preguntas sin responder
Los retrasos en la construcción de esta obra los reveló la Contraloría General de la República en su programa institucional del 24 de febrero de 2022. Quien entonces era contralor delegado para el Posconflicto, Juan Carlos Gualdrón Alba, dijo que su entidad tenía la lupa puesta sobre el mencionado proyecto, debido a la denuncia remitida por la ciudadanía.
Sin embargo, 17 meses después de estas declaraciones, no se conoce si la Contraloría Delegada para el Posconflicto realizó la investigación del caso, si hubo o no algún tipo de hallazgo, si se emitieron alertas.
A un derecho de petición sobre el asunto, respondió el 29 de junio de 2023 la Gerente Departamental de Córdoba, Mary Luz Daza Martínez, que: “Solicitó información al área de Vigilancia Fiscal y al grupo de Responsabilidad Fiscal de la Gerencia Córdoba de la Contraloría General de la República, de igual forma se remitió a la Contraloría Delegada para el Postconflicto, con el fin que respondan lo de su competencia. En virtud de lo anterior, tan pronto se allegue la información, se emitirá respuesta de fondo, de acuerdo a la información solicitada por usted [sic]”. Aún seguimos esperando dicha contestación.
Línea del tiempo
Dos años de retraso
2020
La Alcaldía de Puerto Libertador inició la formulación del proyecto y los acercamientos con la Unidad de Víctimas y la ONG Tierra de Hombres para la gestión de recursos. Luego de varias sesiones de trabajo, la Alcaldía de Puerto Libertador, la Unidad de Víctimas y la ONG Tierra de Hombres firmaron el convenio 1183 de 2020.
17 DE FEBRERO 2021
la Unidad de Víctimas hizo entrega de los materiales en cumplimiento del convenio 1183 de 2020.
11 DE MAYO 2021
La Alcaldía de Puerto Libertador suscribió el contrato número 054 de 2021 con la empresa Preconscivil S.A.S.
24 DE MAYO 2021
La empresa Preconscivil S.A.S firmó el acta de inicio de contrato número 054 de 2021.
9 DE JUNIO DE 2021
El alcalde de Puerto Libertador, Eder Soto, junto al secretario de infraestructura hicieron divulgación de la obra con la comunidad del corregimiento San Juan.
Foto tomada de la Alcaldía de Puerto Libertador. Enlace en: https://www.puertolibertador-cordoba.gov.co/noticias/en-el-corregimiento-de-san-juan-se-construira-un-centro
JULIO de 2021
Inició la construcción del Centro de Salud con el cerramiento del lugar.
Foto de Panorama 24.
AGOSTO DE 2021
La construcción del Centro de Salud fue suspendida.
Foto de Panorama 24.
24 DE FEBRERO DE 2022
La Contraloría General de la República reveló una denuncia ciudadana sobre atrasos en la construcción del Centro de Salud de San Juan.
MAYO DE 2023
Reinició construcción del Centro de Salud.
Foto de Panorama 24.
10 DE JULIO DE 2023
La construcción del Centro de Salud presentaba un avance del 92 %.
Foto de Panorama 24.
El proyecto, que presentaba en julio un avance de obra del 92 por ciento, según un informe presentado por el funcionario de la Secretaría de Planeación del municipio de Puerto Libertador Albeiro Marzola Hoyos a la Unidad de Víctimas, tendría presuntas irregularidades en su ejecución.
En el acta de entrega de materiales que hizo la Unidad de Víctimas se constata el reparto de 80 metros cuadrados de madera machimbre en pino, un material muy resistente al paso del tiempo, que normalmente es utilizado para la instalación de cielos rasos; no obstante, el revestimiento interno ha sido construido con láminas de PVC, según pudimos constatar en una visita a la obra realizada el pasado 10 de julio.
También se pudo ver que los albañiles contratados por Preconscivil S.A.S no contaban con elementos de protección personal para trabajadores de construcción como zapatos o botas de seguridad, casco, chaleco reflectivo, gafas protectoras, guantes y mascarilla, entre otras prendas. Tampoco había una persona encargada de la seguridad y salud en el trabajo en el proyecto de construcción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.
Por estas situaciones, la empresa Preconscivil S.A.S habría incumplido con las obligaciones específicas número 7 y 9 del contrato CPSAG No. 054 de 2021, que indican que debe implementar medidas de seguridad para la prevención de accidentes dirigidas al personal vinculado y a las personas aledañas al lugar, así como garantizar la señalización de seguridad y protección en zonas de trabajo.
Un habitante de San Juan, quien pidió reserva de su identidad, cuestionó que el proyecto de construcción del Centro de Salud ha faltado a los principios de transparencia y publicidad porque el contratista nunca instaló la valla informativa de la obra y, por su parte, la Alcaldía de Puerto Libertador no publicó en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP– las actas de suspensión y/o reinicio de contrato, razón por la cual la comunidad nunca conoció los motivos de las interrupciones de los trabajos.
Con la finalidad de conocer las respuestas de Preconscivil S.A.S, a través Whatsapp se logró contactar a Tatiana Muñoz, representante legal de la empresa. Aunque el 19 de julio de 2023 prometió presentar un informe ante la solicitud, nunca lo hizo y no volvió a responder los mensajes enviados.
Cerca y lejos
Para líderes comunitarios como Edgardo Muñoz, el retraso de más de dos años en la construcción del centro de salud, la falta de planeación y transparencia en la ejecución del proyecto, son otras formas de revictimización en este territorio del Sur de Córdoba, históricamente afectado por los grupos armados ilegales, pero también por las dudosas prácticas de los gobiernos de turno.
Los ciudadanos se quejan, su paciencia tiene límites. Esta obra inconclusa se suma a la vieja y dolorosa tradición de proyectos aplazados –aunque el alcalde afirme que es una construcción entregada–. Sin embargo, guardan la esperanza de que dentro de poco, el añorado centro de salud esté al servicio de la comunidad y pueda prestarles los auxilios esenciales. Nadie en el pueblo quiere que se repita la historia de Bladimiro, aquel campesino de 51 años que fue víctima de una mina antipersonal en marzo de 2015, quien tuvo que ser llevado en hombros y luego metido en una hamaca hasta el hospital de Puerto Libertador porque en San Juan no había un espacio para atenderlo. Nunca antes habían tenido un centro de salud tan cerca y a la vez tan lejos.
A diario decenas de personas exponen sus vidas al cruzar la quebrada Las Claras y las otras en el camino que une la zona urbana de Puerto Libertador y al corregimiento de San Juan. Entre las iniciativas estructuradas en el marco del PDET está la construcción de puentes. Foto de Panorama 24.
*En algunas declaraciones incluidas en este reportaje se hicieron correcciones para mayor claridad. En ningún caso se modificó el sentido de las mismas.
Esta investigación fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción (CdR).