El aumento de solicitudes de títulos para minería metálica sobre el piedemonte andino-amazónico colombiano, en los departamentos de Cauca y Putumayo, inquieta a comunidades campesinas y expertos. Las solicitudes se dan sobre un corredor de transición ecológica entre el Pacífico, los Andes y la Amazonía.
Paisaje de piedemonte andino-amazónico. Foto: Paola Jinneth Silva.
Entre enero de 2020 y el 19 de agosto de 2025, la Agencia Nacional de Minería (ANM) recibió 136 solicitudes en los departamentos de Putumayo y Cauca para explotar cobre, oro, molibdeno y plata, de las cuales 77 fueron archivadas y 59 siguen en evaluación, según datos de la ANM.
De las 59 solicitudes mineras registradas al 19 de agosto de 2025, dos empresas —Libero Cobre, filial de la canadiense Copper Giant Resources, y la colombiana Grupo Minera Sol— concentran el 52 %, según datos de la ANM.
Esta investigación sigue el rastro de esas solicitudes, indaga en los vínculos de las empresas que las gestionan y consulta las voces de expertos en temas minero-energéticos y de transparencia empresarial. También incluye las voces de comunidades y liderazgos que, desde el piedemonte amazónico, advierten los riesgos ecológicos, sociales, de gobernanza territorial y jurídicos de un modelo extractivo que avanza sobre territorios esenciales para la vida y la conectividad biológica del país.
Una transacción que genera muchas preguntas
Libero Cobre tiene un historial de 69 solicitudes de títulos mineros: cuatro activas, una terminada, 45 archivadas y 19 en evaluación (de las cuales tres son de gran minería) en los municipios de Mocoa, San Francisco y Santiago, en Putumayo, y Santa Rosa y Piamonte, en el Cauca, según datos de la ANM.
A este panorama se suma una jugada reciente en el mundo minero: en junio de 2025, Copper Giant Resources Corp —compañía matriz de Libero Cobre— anunció que había adquirido las 12 solicitudes de la empresa Grupo Minera Sol S. A. S., ubicadas en piedemonte andino-amazónico, exactamente en el municipio de Santa Rosa, Cauca. Con ello, la multinacional asegura controlar 136.425 hectáreas dentro del cinturón pórfido jurásico de Colombia, una franja geológica con alta concentración mineral.
Este gráfico fue elaborado por Consejo de Redacción, a partir de datos públicos de los geovisores de la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia Nacional de Minería y Parques Nacionales Naturales de Colombia. La visualización evidencia la diversidad intercultural y ambiental del territorio, en contraste con las solicitudes y títulos mineros que se superponen sobre estos espacios de vida.
Cabe resaltar que, al cierre de este artículo, el comunicado oficial de Giant Copper Resources, al que se accedía mediante este enlace: https://coppergiant.co/2025/06/27/copper-giant-acquires-strategic-53474-hectare-land-package-in-the-jurassic-porphyry-belt-of-colombia-the-company-also-announces-mutual-conclusion-of-its-at-the/, ya no se encuentra disponible en la página web de la empresa. No obstante, para este reportaje se realizó una captura de pantalla de la página cuando la notificación aún estaba al aire y se tradujo su contenido al español. Este comunicado también fue divulgado en portales como newswire.ca, goldseiten.de, thedeepdive.ca, irw-press.com, entre otros.
Pantallazo tomado el 26 de noviembre de 2025.
Pantallazo del comunicado, disponible en línea hasta hace pocas semanas.
Esta no es la primera vez que la compañía proyecta su capacidad operativa: en 2021 ya había publicitado la solicitud de 32 títulos mineros que abarcaban 103.578 hectáreas en Mocoa, afirmando que la decisión de aumentar los contratos de concesión para exploración es “generar una comprensión más profunda del potencial geológico del cinturón de pórfido jurásico” y, como empresa, “contribuir al conocimiento geológico del país” y proveer “los materiales necesarios para cumplir las metas de transición energética”.
El comunicado del 27 de junio de 2025 de Copper Giant Resources Corp. detalló que, como parte del acuerdo, la compañía les entregará a los accionistas de Minera Sol 7,5 millones de acciones ordinarias, cada una valorada en 0,21 dólares. En total, la operación asciende a 1.575.000 dólares estadounidenses; es decir, cerca de 6.366 millones de pesos colombianos, según el cálculo del precio del dólar (4.042,87 pesos) en la fecha de emisión del comunicado.
La millonaria transacción llama la atención porque Minera Sol S. A. S. fue constituida en 2024 en la Cámara de Comercio de Medellín por Nicolás Cifuentes Gómez, sin socios ni accionistas adicionales y con un capital de solo un millón de pesos. Cifuentes aparece como único dueño, pero su contadora es la misma que presta servicios a Libero Cobre, según se registra para las dos empresas en los documentos de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación de la Agencia Nacional de Minería (ANM), encargada de evaluar técnicamente la propuesta de contratos de concesión.
El 6 de octubre se envió una solicitud de información a Nicolás Cifuentes, al correo electrónico registrado en la Cámara de Comercio. Se le preguntó por la constitución de su empresa y la posterior venta de los títulos solicitados. El 16 de octubre se realizó una nueva insistencia, pero en los dos casos no se obtuvo respuesta. El 10 de octubre y el 21 de noviembre se llamó al número telefónico que aparece en los buscadores del Grupo Minera Sol en la web, el mismo que registra en la Cámara de Comercio. Aunque la línea se encuentra activa, no fue posible establecer comunicación. También se intentó contacto vía WhatsApp, pero el usuario no cuenta con esa aplicación, por lo que tampoco se logró contactar por ese medio.
“Con un millón de pesos no se hace minería en Colombia”, dice Álvaro Pardo, investigador en temas minero-energéticos y exdirector de la ANM. Explica que es una actividad muy costosa y las empresas deberían mostrar que cuentan con el capital para llevar a cabo las actividades; sin embargo, el Código de Minas de Colombia no lo exige. Fue solo hasta 2023, con la creación de la Resolución 1007, que se empezó a mirar la capacidad económica para solicitar títulos y evitar la creación de las llamadas “empresas de papel”.
Pardo también señala que en el país hay antecedentes de muchas compañías que pidieron títulos mineros a la ANM, a Minercol (Empresa Nacional Minera de Colombia, liquidada en 2004) y a Ingeominas (actualmente Servicio Geológico Colombiano) con el único fin de especular. No eran empresas con trayectoria minera ni experiencia, sino que solicitaban títulos para venderlos. “Por eso el presidente Petro ordenó a la ANM una depuración catastral, revisando si los títulos realmente cumplían con las obligaciones mínimas, aunque fueran precarias”. Este trabajo, explica Pardo, permitió encontrar 600 contratos cuestionados que llevaban hasta diez años sin cumplir obligaciones.
Teniendo en cuenta las nuevas exigencias planteadas en la Resolución 1007 de acreditar la capacidad económica, las solicitudes de títulos del Grupo Minera Sol no cumplirían con requisitos, como la declaración de renta de los últimos dos años —pues la empresa apenas fue constituida el 11 de octubre de 2024— y contar con una cuenta bancaria activa al momento de la solicitud. También carecían de aval financiero y no se registró un certificado de composición accionaria. En otras palabras, en primera instancia, no se cumplió con el requisito de adecuación económica, por lo que la Agencia le pidió a la empresa allegar los documentos restantes, tal como lo confirman los autos de la ANM. El 26 de noviembre de 2025 se realizó una revisión adicional en la plataforma de la ANM para verificar si se habían presentado los documentos faltantes, pero no se encontraron novedades.
“¿Para qué adquieren títulos si no tienen la capacidad de explotarlos ni de analizar los impactos ambientales?”, se pregunta Fabián León, director en Colombia del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, una ONG global con sede en Inglaterra, que desde hace 20 años investiga la responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos. Uno de los escenarios que con frecuencia encuentra León es que “existe un mercado de empresas que se dedican de manera exclusiva a la adquisición de títulos y eso revela una debilidad del Estado. Esto genera especulación porque infla precios sobre títulos que ni siquiera están en firme”.
Pardo, por su parte, tampoco se refiere a alguna compañía en particular, pero comenta que crear empresas con un patrimonio muy pequeño es algo recurrente en el sector minero, para luego ser adquiridas por sus verdaderos dueños. “Encontramos empresas grandes que acumularon títulos que eran comprados a empresas pequeñas; obviamente son negocios de papel”, comenta, y añade que encontraron 176 empresas que utilizaron esta estrategia. Pardo aclara que esta modalidad es diferente a las “empresas júnior” que buscan potencial minero y luego lo venden. Además, asegura que si hay entidades que les aporten esa capacidad económica, deben estar inscritas y reconocidas en Colombia mediante la Superintendencia Bancaria.
“En el sector extractivo, es común el uso de sociedades anónimas y otros vehículos para ocultar la identidad de las personas que son los beneficiarios finales de la operación económica”, dice Katherin Alfonso, experta en beneficiarios finales y consultora para Global Financial Integrity, un centro de pensamiento con sede en Washington D. C., que desde 2006 elabora análisis de alto nivel sobre flujos financieros ilícitos, transparencia corporativa, lavado de dinero y otros crímenes de tipo económico y ambiental; además, asesora a gobiernos de diferentes países de África y América Latina y el Caribe sobre estos temas.
Alfonso agrega que la creación de personerías jurídicas es una práctica común en delitos ambientales para ocultar o legalizar actividades ilícitas e incluso para esconder a quienes están detrás mediante familiares, conocidos o testaferros que ponen el nombre para ser representantes legales o accionistas.
Sobre la transacción entre Libero Cobre y el Grupo Minera Sol, también llama la atención la coincidencia en personal y datos de contacto entre ambas empresas y una tercera compañía llamada i2 Services, que en LinkedIn dice ofrecer servicios contables, legales y de comunicación a empresas mineras. Las tres compañías aparecen registradas con el mismo número telefónico en diferentes páginas web y están registradas en la Cámara de Comercio de Medellín, Antioquia. Libero Cobre e i2 Services también comparten empleados con la compañía Minera Santa Ana en Falán, Tolima, filial de Outcrop Silver & Gold Corp., empresa canadiense con tres proyectos más en Antioquia y Nariño, según informa en su página web. Además, tanto i2 Services como Copper Giant Resources (matriz de Libero Cobre) y Outcrop Silver & Gold tienen como directivo en común a Ian Harris, director de Copper Giant Resources.
Pantallazo tomado el 25 de noviembre en búsqueda general de Google.
El 6 de octubre se envió al correo empresarial del señor Harris una solicitud de información sobre sus operaciones con el Grupo Minera Sol y sobre la relación entre las compañías Copper Giant Resources, i2 Services y Outcrop Silver Corporation. El 16 de octubre se reiteró la solicitud tanto a su e-mail institucional como a los correos de comunicaciones y atención a la comunidad de Libero Cobre. El 21 de noviembre se contactó vía WhatsApp a su vicepresidenta de relaciones con inversores, pero tampoco hubo respuesta. El 25 de noviembre hubo contacto vía WhatsApp con el comunicador de Libero Cobre; se remitió nuevamente la solicitud de información, a lo que se indicó que se trasladaría la consulta a la gerente de país para una respuesta. Al cierre de este reportaje no hubo comunicación adicional.
Alfonso advierte que resulta una alerta roja cuando una empresa recién constituida solicita títulos mineros y, además, hay vínculos entre sus integrantes y otras compañías relacionadas: un patrón que suele emplearse para eludir requisitos, mantener el control real de las concesiones y sortear rechazos previos. Ante este tipo de maniobras, insisten en que es fundamental conocer quiénes son los beneficiarios finales de títulos mineros, pero también de las empresas que están optando estos títulos. “Esto es fundamental para los procesos de debida diligencia que deberían establecer las autoridades mineras en Colombia y que actualmente no cuentan con un registro general de información sobre beneficiarios finales de empresas asociadas con el sector extractivo y que no están directamente articulándose con el registro de beneficiarios finales de Colombia que está bajo la Dian para lograr esta información”, resalta.
Otro punto que genera preguntas en la transacción entre Copper Giant Resources y Grupo Minera Sol es la insistencia en algunas solicitudes de títulos en áreas que previamente ya le habían sido rechazadas a Libero Cobre, filial de Copper Giant Resources.
“El área queda libre. Se puede volver a solicitar títulos”, explica Álvaro Pardo. Este es un tema que, según los expertos, pone nuevamente sobre la mesa las falencias del Código de Minas y debilita la gobernabilidad territorial. El panorama se complejiza aún más por el marco normativo. Según Pardo, la gran minería puede solicitar hasta 10.000 hectáreas por título, pero la ley permite pedir varios títulos contiguos y posteriormente integrarlos. “Si una empresa tiene interés en 30.000 hectáreas, pide tres títulos de 10.000, los maneja por separado y más adelante solicita la integración de áreas. Así logran superar el límite legal”, detalla Pardo. Además, comenta que, mientras los proyectos de gran minería son competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), los de pequeña o mediana escala recaen en las corporaciones autónomas regionales, lo que facilitaría a las empresas fragmentar proyectos y tramitar permisos ambientales con autoridades locales.
Piedemonte andino-amazónico: territorio de tránsito de especies
Rodrigo Gómez conoce bien la riqueza mineral que guarda el sur del Cauca: oro, plata, molibdeno e incluso petróleo. Pero esa abundancia es también una de sus mayores amenazas. “En el municipio de Santa Rosa, las organizaciones sociales hemos acuñado un lema para la minería y es que el hecho de que sea legal no quiere decir que no sea negativa para el entorno. Es contradictorio que hayamos logrado tantas áreas de protección y, al mismo tiempo, se facilite la minería extractiva a gran escala”, afirma el líder del Comité de Integración del Macizo Colombiano (Cima), organización que desde los años noventa encabeza procesos de defensa ambiental en el macizo colombiano, territorio que se conecta con el piedemonte andino-amazónico.
“En Colombia, después de la sierra de La Macarena, la bota caucana (que está sobre la cuenca alta del río Caquetá) es el segundo puente más importante de biodiversidad que aún se conserva para conectar los Andes con la Amazonía. En lugares como Caquetá, donde la deforestación es casi total, los animales ya no pueden desplazarse. Si este corredor se interrumpe —y llegara a perderse también el de La Macarena—, el país quedaría sin su principal ruta de conectividad entre ambas regiones”, explica Federico Pardo, biólogo y documentalista de National Geographic que trabaja en el Cauca desde hace seis años.
Visual de georreferenciación tomada de https://resourcewatch.org/ que evidencia la cobertura forestal sobre Piamonte, Santa Rosa (Cauca) y Mocoa (Putumayo), uno de los corredores más conservados y cortos para el paso de la biodiversidad desde el Pacífico y la Amazonía.
Gómez asegura que en el municipio ya existen títulos que han tenido problemas con las comunidades, como los bloques petroleros en Santa Rosa y una mina que está en el páramo Doña Juana Chimayoy. “Lo que estamos haciendo, desde la perspectiva comunitaria, ambiental y legal, es decirle a la institucionalidad que, antes de tomar decisiones, considere el principio de precaución, que mire lo que van a generar en el territorio y prever lo que puede pasar a futuro”.
Para José López, investigador del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional, si se permite la explotación de cobre en el macizo colombiano, lo que está en riesgo es una ecorregión que además ha sido declarada por la Unesco como un área de altísima importancia ecológica, pues ahí se produce cerca del 70 % del agua dulce del país. “Aquí nacen el río Caquetá, el río Putumayo, el río Magdalena, el río Cauca y también nace el río Patía, que es la vertiente del Chocó hidrográfico”, dice López.
Habitante sobre el cañón del Mandiyaco, afluente del municipio de Santa Rosa, Cauca, que desemboca en el río Caquetá en límites con el departamento del Putumayo. Foto: Paola Jinneth Silva.
Y es que Santa Rosa es un territorio reconocido por su gran biodiversidad. Es el municipio con mayor número de aves del país (1.033 especies), seguido de Mocoa, en Putumayo (1.002), según el Instituto Humboldt. En el Global Big Day de 2025, encabezó la lista con el mayor número de especies observadas en Colombia (369).
Además, el municipio caucano es parte del macizo colombiano, territorio de gran riqueza ambiental, como menciona López, que además es una de las estrellas hídricas de Colombia. En la jurisdicción de Santa Rosa hay tres parques nacionales naturales: Serranía de los Churumbelos Auka Wasi, Complejo Volcánico Doña Juana y Puracé. También está el Parque Natural Regional El Aletón; dos reservas forestales: la Reserva Forestal Protectora Serranía de la Vieja y la Reserva Forestal Protectora Verdeyaco El Oxígeno. Además de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC) Paraíso Bombonas, Cañón de los Guácharos y Río Grande Piskualpa, según señala el Plan de Desarrollo Municipal de Santa Rosa.
“El piedemonte amazónico entre Putumayo y Cauca se estrecha como un embudo, pasa por el macizo colombiano a la altura de Sibundoy y de ahí se abre en las tres cordilleras colombianas. El jaguar, las aves y muchos animales que tienen que pasar de la Amazonía hacia el Pacífico tienen que pasar por ahí. Entonces, al impactar toda esta zona, lo que estamos haciendo es casi que decapitando los Andes en Colombia, les estamos quitando la conectividad y eso sería también desastroso”, dice Federico Pardo.
Minería en un territorio interétnico
Los títulos mineros solicitados en Santa Rosa, Cauca, podrían comprometer no solo territorios de pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, sino también tierras campesinas, zonas en proceso de restitución de tierras y áreas de interés para la perforación exploratoria para petróleo. Entre los territorios étnicos se encuentran los resguardos Yanacona Descanse, Inga de Descanse, Inga de Yunguillo, Inga de Mandiyaco, Yanacona de Santa Marta, Inga Suma Iuiai, Inga Rigcharikuna ‘Nuevo Despertar’, el Consejo Comunitario Afrodescendiente ‘El Nuevo Futuro de los Grandes Luchadores de Santa Rosa’ (Consafro), así como áreas prioritarias definidas por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) y la Zona de Reserva Campesina (ZRC) La Tuna, entre otras, según información de los autos de las solicitudes de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación de la Agencia Nacional de Minería (ANM).
“La reserva campesina ha sido un proceso de más de 19 años en el que conformamos una mesa interétnica. Nos sentamos con organizaciones indígenas, afros y campesinas para organizar y formalizar el territorio”, explica Rodrigo Gómez. Destaca que, gracias al acompañamiento de la Agencia Nacional de Tierras, se resolvieron conflictos entre comunidades y se consolidaron resguardos, el consejo afro, además de la primera Zona de Reserva Campesina (ZRC) La Tuna, formalizada en 2022.
La Tuna representa el 48 % del área municipal de Santa Rosa, según el documento de constitución. “Alberga 42 Juntas de Acción Comunal”, expresa Guido Albán, presidente de la Asociación Campesina de la ZRC, quien afirma que estas tierras son la principal manera de subsistencia de familias campesinas mediante siembras de maíz, fríjol, caña, plátano, chontaduro, yuca, frutales y actividades piscícolas. Es por eso que le preocupa que, mientras estaban en el proceso de crear la ZRC, el Estado ya entregó dos títulos mineros.
“Aquí han venido a decirnos que el oro se necesita hasta para hacer los pañales y que va a traer desarrollo, pero no conocemos la primera mina donde el vecindario no tenga miseria”, dice Albán.
Lo cierto es que, para él, en Santa Rosa ya se ven las afectaciones por la minería y no quieren nuevas actividades. Explica que las muestras tomadas por la Corporación Autónoma Regional del Cauca en el río Curiaco y el río Caquetá mostraron niveles de mercurio por encima de lo permitido. “La comunidad ha empezado a notar peces deformes y conflictos sociales”, dice Albán sobre esta situación, en la que también coincide Rodrigo Gómez.
Las cuencas hidrográficas de Putumayo y Caquetá nacen en el macizo colombiano y descienden por el piedemonte andino-amazónico hasta alimentar la cuenca del gran río Amazonas. Las comunidades temen que este territorio, rico en agua, pueda verse afectado por la presión de solicitudes de títulos mineros. Foto: Paola Jinneth Silva.
Las afectaciones por el interés y la presencia minera también preocupan en el tejido social: “Cuando vino una empresa minera, en 2013 o 2014, nosotros estábamos en la creación de la Zona de Reserva Campesina y les dijeron a algunos líderes que les iban a pagar para que los ayudaran a recorrer terreno, hacer trocha. Eso nos afectó porque estas personas se retiraron de nuestro proceso comunitario y eso terminó en fricciones en la comunidad. Los profesionales, geógrafos y topógrafos se fueron con ellos y en vez de seguir ayudando a empujar la zona de reserva, lo que comenzaron fue a desanimar y eso nos trajo serias dificultades”, recuerda Guido Albán.
“Nosotros lo que hemos conseguido ha sido con nuestros esfuerzos, con nuestra lucha. Por eso (el consejo) se llama El Nuevo Futuro de los Grandes Luchadores”, dice Buenaventura Arroyo, representante legal del consejo afro Consafro. Él explica que en su territorio habitan 47 familias en 2.700 hectáreas en las veredas La Concepción y La Petrolera. Un lugar donde habitan el oso de anteojos, también las dantas, y que conserva ríos limpios, los cuales, según afirma, están cuidando.
Arroyo comenta que aún falta precisar los límites entre resguardos, la zona de reserva campesina y las áreas de protección ambiental, un proceso que —enfatiza— debe realizarse. Asegura que los diálogos interétnicos han sido la base para construir acuerdos y confianza. Sin embargo, para él, la posibilidad de que el Estado entregue títulos mineros antes de resolver esas definiciones podría poner en riesgo ese proceso.
Albán enfatiza los riesgos inmediatos: “Mi mensaje a la Agencia Nacional de Minería y a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales es que se eximan de adelantar los trámites de esas solicitudes mineras por el grave impacto que causarían a un municipio (Santa Rosa) declarado en un 90 % como área de importancia ambiental”.
Aunque los entrevistados expresaron no conocer directamente al Grupo Minera Sol o a Libero Cobre, manifiestan que desde el 2011 sus comunidades han tenido que lidiar con solicitudes de minas sobre sus territorios. “Nos dimos a la tarea de rechazar cualquier tipo de minería a gran y mediana escala. Hicimos foros, audiencias, marchas, sobre todo en Santa Rosa, que es un municipio totalmente ambiental, y no es concebible que la Agencia Nacional de Minería pudiera ayudar a generar un deterioro territorial”, dice Albán.
Antecedentes de conflictos socioambientales en Mocoa
En Santa Rosa hay temor de que, si la ANM autoriza los títulos que Libero Cobre le compró a Grupo Minera Sol, se pueda vivir una situación similar a la que ocurre en Mocoa, donde la empresa canadiense cuenta con cuatro títulos activos —uno en fase de explotación y tres en construcción y montaje— según la ANM.
La empresa menciona en sus redes sociales que se encuentra en etapa de exploración, pero su actividad avanza en medio de un conflicto socioambiental registrado por el Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional en Bogotá y diversos medios como The Guardian, Mongabay, Infobae, Climate Tracker Latam, Nacla Report, Consejo de Redacción, La Liga Contra el Silencio, entre otros.
La controversia empezó a ser visible en la marcha contra la megaminería del 23 de mayo de 2018. Allí surgió un acuerdo municipal para prohibir la minería metálica, luego de que en 2017 el municipio de Mocoa viviera una avenida fluviotorrencial que dejó más de 335 personas muertas. “El caso de Libero Cobre se destaca como un conflicto ambiental porque surge por una visión contrapuesta sobre cómo habitar el territorio. Desde el mismo momento en que se supo que Libero Cobre había comprado los títulos y sucede el desastre, la gente entra en alerta total porque quedó en evidencia que nos encontramos en el piedemonte andino-amazónico, un territorio bastante frágil y bastante vulnerable al cambio climático”, dice José López, del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional.
Desde entonces se han realizado varias marchas y la más reciente fue una protesta de 47 días, entre el 24 de marzo y el 10 de mayo de 2025, en la vereda Pueblo Viejo con la creación de un punto comunitario conocido como la Carpa de Resistencia. En este espacio se instaló una mesa de diálogo que evidenció la división de las comunidades y la necesidad de la presencia efectiva, además de la garantía de derechos por parte del Estado, según indicaron voceros en diversos comunicados.
Mensajes en la Carpa de Resistencia de la vereda Pueblo Viejo, en Mocoa. Foto: Paola Jinneth Silva.
Pueblo Viejo; al fondo, las montañas donde se otorgaron cuatro títulos mineros a Copper Giant Resources. Foto: Paola Jinneth Silva.
Las comunidades se han organizado en diferentes colectivos, como Guardianes de la Andinoamazonía, para presionar a las autoridades ambientales para que reconozcan sus derechos y exigir visitas de verificación a los lugares donde se realizan perforaciones de exploración. Una visita técnica de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía Colombiana (Corpoamazonia) constató en 2022 que hubo tala de árboles e impuso una multa a la empresa Libero Cobre, ordenando la suspensión temporal de actividades. Entre otras acciones, también reclamó la exclusión de la reserva Cuenca Alta Protectora del Río Mocoa de los títulos, pidió identificar las cuencas hídricas dentro de los polígonos y le solicitó al Servicio Geológico Colombiano hacer seguimiento de un estudio preliminar de generación de drenaje ácido y lixiviación de metales asociados del pozo MD043, los cuales confirmaron presencia natural de drenajes ácidos y mercurio en las aguas de la quebrada Tosoy, que está dentro de los títulos.
Este colectivo y otras organizaciones que conformaban en 2024 la Mesa Territorial Putumayo en el Capítulo Minería exigieron al Estado aplicar el principio de precaución. En el seguimiento de este acuerdo, Corpoamazonía expidió la resolución 0631 de 2025, que declaró un Área de Interés Ambiental (AIA) que se traslapa con los títulos. Sin embargo, fue suspendida por un juez hasta que el Ministerio del Interior aclare si se requiere hacer consulta previa.
“Las comunidades nos hemos organizado para reconstruir el tejido social. Por ejemplo, la recomposición de la Junta de Acción Comunal de la vereda Pueblo Viejo, que forma parte del área de influencia de la minera, ha sido un gran logro. Además, estamos fortaleciendo los liderazgos juveniles y uniéndonos entre pueblos indígenas”, comenta uno de los integrantes de Guardianes de la Andinoamazonía, quien prefiere reservar su nombre.
“Lo que está pasando en el municipio de Mocoa, evidentemente, se va a repetir en el municipio de Santa Rosa. Las empresas hacen promesas de generación de empleo, de oportunidades, de riqueza y de desarrollo. Poco a poco, esta idea va calando en algunos habitantes que, en ausencia de oportunidades laborales y de proyectos que debería ejecutar el mismo Gobierno, terminan cediendo ante la presión y, cuando ya entran a trabajar, la gente termina defendiendo a las empresas sin siquiera lograr dimensionar las afectaciones, los daños y las contaminaciones”, afirma López.
Minería y transición energética justa
En la discusión global sobre la transición energética, el cobre ha sido presentado como un mineral clave para la descarbonización. Sin embargo, su extracción en zonas de alta biodiversidad como Santa Rosa, en el sur del Cauca, plantea una paradoja. “Es una contradicción promover minería para la transición energética, la cual está pensada para hacer frente al impacto de los combustibles fósiles en el escenario de la crisis climática, en ecosistemas que son estratégicos para hacer frente a esa misma emergencia”, afirma Fabián León, del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.
Para Federico Pardo, biólogo y documentalista de National Geographic, el desafío está en cómo lograr que la conservación del territorio beneficie realmente a quienes lo habitan. “Los retos son cómo hacer que la conservación de la biodiversidad y del territorio en esta zona tan importante para Colombia beneficie económicamente a las comunidades, y que ellas sean las principales protectoras de su tierra, de sus recursos, de su biodiversidad, del agua”, explica. Pardo menciona como ejemplo la iniciativa Salvemos Selva, en Piamonte, Cauca, donde propietarios de fincas han firmado acuerdos de conservación, han impulsado el turismo de naturaleza y registrado especies locales como parte de un modelo económico alternativo a las industrias extractivas.
Iniciativas juveniles como la campaña Manantial Minero buscan alertar sobre los posibles impactos que tendría la minería de cobre en las fuentes hídricas del piedemonte amazónico. Foto: Paola Jinneth Silva.
Desde una mirada más amplia, León insiste en que los proyectos mineros deben evaluarse con mayor rigor. “Para enfrentar de manera coherente la crisis climática, es urgente que las agendas de clima, biodiversidad y transición energética confluyan, poniendo la vida y los derechos humanos por encima de las ganancias”. Según dice, esto implica tres criterios fundamentales: prosperidad compartida, negociación justa que reconozca el derecho de las comunidades a decir no y un modelo económico en el que los derechos humanos estén en el centro.
Federico Pardo coincide en que la conservación del paisaje no es solo un asunto ambiental, sino de sostenibilidad futura. “Para nuestro país, en términos de conservación y sostenibilidad de toda esta región, es indispensable mantener el flujo de especies y genético. Conservar estos corredores lo mejor posible”.
Según Álvaro Pardo, el Código de Minas de Colombia privilegia la inversión privada y protege la seguridad jurídica de los inversionistas, pero deja de lado derechos como la participación ciudadana, el ambiente sano y la protección del agua y los ecosistemas. “De ahí la urgencia de una nueva ley minera que incorpore estas garantías y responda a desafíos actuales como la crisis climática”, puntualiza.
Ante el debate sobre estos vacíos del Código de Minas, el pasado 30 de septiembre de 2025, el Ministerio de Minas y Energía radicó ante el Congreso una nueva ley. “Queremos una minería al servicio de la vida, de los territorios y de la transición energética justa”, señaló Edwin Palma Egea, ministro de Minas y Energía, al presentar la propuesta que —según dijo— busca ser una ley moderna que proteja el ambiente, garantice derechos y genere valor en el país.
A esto se suma el anuncio que hizo Colombia en la Cumbre de Cambio Climático (COP30), realizada entre el 10 y el 22 de noviembre en Brasil, de declarar el bioma amazónico como zona de reserva de recursos naturales renovables, lo que implicaría excluirlo de actividades de gran minería e hidrocarburos. Este proceso requerirá consulta previa con las comunidades indígenas y afroamazónicas. Según la ministra de Ambiente (e), Irene Vélez, las consultas comenzarán en los próximos meses y se espera que finalicen en abril de 2026.