Como si se tratara de un juego a dos puntas, la cercanía de Argentina con China se profundiza al tiempo que el país sudamericano termina de negociar los términos en los pagos de su deuda con el FMI, para lo que necesita el cumplimiento de determinadas metas y requiere una significativa participación de Estados Unidos. En el plano global, China representa, cada vez más, un rival estratégico para Estados Unidos, por la creciente disputa política y comercial de Beijing con Washington.
Es este contexto tan álgido por el acceso de Argentina al financiamiento internacional, el presidente Alberto Fernández viajó en febrero a Beijing con una delegación oficial para avanzar, entre otras cosas, con en la firma de un Memorándum de Entendimiento para concretar el ingreso del país sudamericano a la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda.
El presidente de Argentina, Albertos Fernández, junto a su homólogo chino, Xi Jinping, en febrero de este año en Beijing. Foto/Casa Rosada.
Desde su gira, que también lo llevó de visita al Kremlin, donde se reunió con Vladimir Putin, Fernández hizo declaraciones que no cayeron bien en Washington. “Yo estoy empecinado en que la Argentina tiene que dejar de tener esa dependencia tan grande que tiene con el Fondo y con Estados Unidos”, dijo el presidente argentino. El viaje de Fernández por China culminó con la visita al Centro Tecnológico de Huawei, la empresa que agudiza el enfrentamiento comercial con Estados Unidos por el despliegue de su tecnología para operar la tecnología 5G.
Las imágenes de Fernández en las instalaciones de Huawei no solamente causaron malestar en Estados Unidos, también despertaron suspicacias a nivel local, pues el gobierno nacional se prepara para lanzar la licitación para el millonario negocio del espectro del 5G. Las empresas operadoras de señal que actúan en Argentina son Telefónica, Telecom y Claro, que participarán del concurso público de las frecuencias. Telefónica y Telecom tienen tecnología Huawei; Claro funciona con Nokia. Con la licitación, el gobierno apunta a recaudar 1000 millones de dólares, más otros 800 millones por el remanente que quedó de 4G, que fue licitado en 2014.
Mientras tanto, en Estados Unidos crecen las acusaciones contra esta empresa china por presunto espionaje y miran con preocupación el posible avance de Huawei sobre el mercado 5G en todo el mundo. En ese país está prohibida la compañía, al igual que en al menos otras nueve naciones.
La creciente afinidad entre China y Argentina
Argentina era, hasta el mes de febrero, una de las tres grandes economías de América Latina y el Caribe (ALC) –junto a Brasil y México– que aún no formaban parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. El proyecto anunciado por el presidente Xi Jinping en 2013 se plantea como un vehículo para conectar diferentes regiones del mundo y establece metas políticas globales con la intención de que China gane un lugar preponderante. Al mismo tiempo se transformó en un desafío para la posición hegemónica de los Estados Unidos en el sistema internacional.
El presidente Fernández fue elegido recientemente presidente de la Celac (el foro que agrupa a 33 países de América latina y el Caribe), entidad que en enero firmó –de la mano de Andrés Manuel López Obrador– el ‘Plan de Acción Conjunta China-Celac’. Este proyecto comprende puntos de “cooperación en áreas clave” durante los próximos tres años. El vínculo con China, en este sentido, tiene un sostén asegurado en el mediano plazo, pero podría volverse aún más estrecho a partir de la firma del reciente Acuerdo con Argentina, indicó una fuente de la Cancillería ante la consulta para esta investigación.
Otra fuente del gobierno argentino dijo para esta investigación, en defensa del modelo que promueve inversiones chinas en el país, que “China ofrece financiamiento sin las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional”. Esa es la idea promovida por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien no escatimó elogios a Rusia y a China durante el último año, en alusión a la alineación geopolítica de Argentina con esas dos potencias.
Según el último relevamiento elaborado por la Red ALC-China, Argentina fue el mayor receptor de inversión china de toda la región, a través de 14 proyectos (que es el 21,8 % del total a nivel regional) por un monto de 7.800 millones de dólares entre los años 2018 y 2020. Esto representa el 19,7 % del total invertido por China en Latinoamérica.
Mientras China promete aumentar con el tiempo las inversiones en infraestructura –especialmente en lo que refiere a la distribución eléctrica–, y en telecomunicaciones, persiste la preocupación de algunos sectores por el avance de proyectos energéticos de manera inconsulta o sin contemplar el consecuente impacto ambiental.
Hay un caso emblemático que ilustra este problema: las represas hidroeléctricas de la Patagonia, que cuentan con financiamiento chino, y sobre las cuales se avanzó sin realizar correctamente los estudios de impacto ambiental. Hoy están cuestionadas y bajo estudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo tribunal judicial del país.
“Los chinos invierten en aquello que les interesa y en función de esta prioridad se fue transformando el modo de relacionarse comercial y financieramente con los países latinoamericanos”, dice Ernesto Fernández Taboada, director del Consejo Argentino Chino. En este sentido, las autoridades gubernamentales argentinas justifican la recepción de financiamiento chino bajo el argumento de la “soberanía energética”.
“La financiación ya no es de los bancos chinos a los gobiernos latinoamericanos, sino a través de inversiones en infraestructura”, agrega Fernández Taboada. En el mismo sentido, un informe del Centro de Política de Desarrollo Global de la Universidad de Boston y del Centro de Análisis de Diálogo Interamericano concluyó que “la caída del financiamiento a los gobiernos no significa el final de la relación entre China y los gobiernos latinoamericanos, sino una transición en la forma de comprometerse más concentrada en algunos core sectors, como por ejemplo el de la infraestructura y las commodities”.
Sin embargo, Fernández Taboada advierte que las inversiones chinas masivas no están garantizadas para la Argentina. “No arreglar con el FMI hubiera sido, también, perjudicar a China, que es un socio muy fuerte del FMI. Hay un cordón que conecta la situación de Argentina y el FMI con China. No habría sido gratuito para nuestro país no llegar a un acuerdo con el FMI”.
Pero la relación de Argentina con China está en ascenso más allá de la constante dependencia del país sudamericano del financiamiento del Fondo Monetario. “China se ha convertido en la última década en uno de los tres principales socios comerciales e inversor extranjero de América Latina, además de ser una importante fuente de asistencia financiera y tecnológica”, dice Jorge Malena, actual director de la Especialización en Estudios sobre China de la Universidad Católica Argentina (UCA) y director del Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.
“La República Popular es un actor relevante en la reactivación post pandemia, lo cual se refuerza por los indicadores de crecimiento del PIB registrados en el país asiático en los últimos dos años, de 2,2 % y 8,1 %, respectivamente”, agrega Malena.
En la Argentina existen 16 proyectos considerados prioritarios por la Casa Rosada, vinculados en su mayoría al desarrollo de infraestructura. A partir de allí es que el gobierno argentino consideró oportuno, en estos tiempos, adherir a la Iniciativa de la Franja y la Ruta. “Los proyectos de inversión surgen a partir de acuerdos interministeriales, los cuales a su vez son producto de la asociación estratégica integral establecida entre ambos países en el año 2014”, señala Jorge Malena.
El 14 y 15 de mayo de 2017 se realizó en Beijing el Foro de la Franja y la Ruta en Beijing (China). Entre los 28 mandatarios y representantes de 130 países estuvo el expresidente argentino Mauricio Macri. Foto/ The Russian Presidential Press and Information Office.
La multimillonaria inversión en energía nuclear
En Argentina hay tres centrales nucleares: dos en la provincia de Buenos Aires -Atucha I y Atucha II-, y una en la provincia de Córdoba. Estas tres forman parte de las siete que hay en total en toda América Latina. Uno de los proyectos más ambiciosos que se gestó durante la última década es el de construir una cuarta central nuclear con un reactor de 1200 WW en el Complejo Nuclear Atucha. Según la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A (NASA), se contempla que el reactor a construir en la nueva central sea un Reactor Hualong chino.
El interés de China en el desarrollo del proyecto conocido como Central Nuclear IV o Atucha III, en la provincia de Buenos Aires, quedó plasmado en los diálogos diplomáticos entre ambos países en los últimos cinco años. Durante el viaje de Fernández a Beijing, además, se comunicó el acuerdo entre ambos países para avanzar con la iniciativa, que surgió durante el gobierno de Cristina Kirchner y se intentó retomar durante la gestión de Mauricio Macri.
El gobierno argentino emitió un comunicado oficial tras la firma de manera virtual del contrato entre el director de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), José Luis Antúnez, y el presidente de la Corporación Nuclear Nacional China (CNNC), Yu Jianfeng. En ese comunicado se mencionó que la inversión será mayor a los US$8000 y se indicó que las obras, que crearían unos 7000 empleos, tendrán su comienzo hacia finales de 2022.
Fueron varios los expertos en energía que, cuando se conoció el acuerdo, cuestionaron la falta de información sobre las cláusulas y el endeudamiento que implicaría para la Argentina en este contexto. El Instituto Argentina de la Energía (IAE) General Mosconi elaboró un informe en el que pone en duda una serie de puntos del acuerdo y critica al Gobierno por no “informar con precisión” sobre los estudios de factibilidad y el origen de los fondos.
“Debemos apuntalar una transición energética hacia fuentes de energía no contaminantes y es allí donde la energía nuclear es un activo estratégico. China se ha convertido en un aliado clave para concretar nuestros objetivos de política exterior”, reconoció el embajador argentino en China Sabino Vaca Narvaja, en un comunicado de prensa emitido por la Cancillería argentina.
Central nuclear de Atucha, en la provincia de Buenos Aires. China jugará un papel principal en el desarrollo de nuevos proyectos de energía nuclear en Argentina. Foto/ Mrcukilo, Creative Commons.
Las ralentizadas obras de las represas del Sur, Néstor Kirchner y Jorge Cepernic
Uno de los proyectos más emblemáticos y a la vez controvertidos, que depende del financiamiento chino, es la construcción de las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en la provincia de Santa Cruz. El río Santa Cruz es el curso de agua más caudaloso de la Patagonia; recorre 380 kilómetros, tiene una cuenca de 28.000 km2 y recibe el agua por derretimiento de más de 1000 glaciares.
Hoy, esas obras están frenadas por dos motivos: la falta de financiamiento –la ralentización, según reconocieron fuentes oficiales– y una serie de objeciones al estudio ambiental que fue tenido en cuenta para avanzar con el proyecto y luego fue impugnado por organizaciones no gubernamentales.
El proyecto lleva décadas de avances y retrasos. La iniciativa surgió en la década del 60, durante el gobierno militar de Juan Carlos Onganía. Se frenó en 1974, cuando la provincia de Santa Cruz fue intervenida. Cristina Fernández de Kirchner buscó reanudarlo en 2008, cuando la legislatura santacruceña declaró la utilidad pública del área Condor Cliff y La Barrancosa. La expropiación se estimaba en 47.000 hectáreas y afectaba a 30 fincas. Con el estallido de la crisis financiera internacional, el contrato fue dado de baja por dificultades en el acceso al financiamiento.
Estas inversiones chinas aparecieron en escena en 2013, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, cuando fueron licitadas las áreas en una gira internacional que buscó financiamiento. Ganó el consorcio conformado por China Gezhouba Group Limited-Electroingeniería S.A. e Hidrocuyo S.A., pero luego fueron frenadas por una disposición cautelar de la Corte Suprema de Justicia y revisadas durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando además se rediseñó la potencia de las represas.
En octubre de 2017, la Fundación Banco de Bosques planteó la nulidad del Estudio de Impacto Ambiental elaborado durante el gobierno de Macri “por encontrarse viciada su transparencia, valoración equilibrada y ausencia de análisis de alternativas”. El colectivo de organizaciones ambientales que adhirió a este planteo considera que las obras de la construcción de las represas vulneran el derecho ambiental.
El asunto llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en 2020 elaboró un pedido de informes a tres organismos nacionales: El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) y Parques Nacionales. Los tres, con distintos niveles, cuestionaron el estudio ambiental sobre el cual se decidió avanzar con las obras.
Mientras el máximo tribunal esperaba contar con la información completa, el financiamiento de parte de los bancos chinos comenzó a ralentizarse. Y en octubre de 2021 se produjo un sismo en la ciudad de El Calafate, cerca de una de las represas. La Justicia ya había recibido una de las quejas de INPRES, que alertaba sobre posibles sismos en la zona. Y se detectaron, además, deslizamientos de los suelos en la zona de montañas sobre las cuales está previsto construir y apoyar la pared de una de las presas. “Faltó información geológica y se frenó la obra”, explicó una fuente que interviene en el proyecto.
“Al no haber avances de obra, tampoco hay certificación de obra. Se frenó el financiamiento y se acarrearon deudas”, reconoció una fuente cercana al proyecto. El compromiso era que, a los 60 meses, China dejaría de financiar porque la obra iba a entregar energía y así generaría sus propios ingresos. Pero eso no ocurrió. Los desembolsos de dinero de los bancos chinos se frenaron a mediados de 2021. Cuando el financiamiento chino para la continuidad del proyecto quedó en stand by, el Gobierno argentino transfirió fondos por 17.290 millones de pesos, mediante un decreto (489/21) al Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, para cubrir los gastos corrientes de las obras. Esto implicó una ampliación del Presupuesto Nacional.
La información disponible sobre esta enredada inversión indica, según las planillas oficiales, que un total de 1350 millones de dólares fueron desembolsados por los bancos chinos ICBC, Bank of China Limited (BOC) y CDB (China Development Bank Corporation), de los cuales 1100 millones ingresaron a la Argentina. Los 250 millones de dólares restantes quedaron, según las fuentes oficiales, en China, bajo el concepto de “pago a los proveedores de turbinas”.
Después de una serie de marchas y contramarchas, el nuevo plan y cronograma de obras fue aprobado durante 2021 con la firma de una adenda suscrita por la firma estatal IEASA y la china Gezhouba. Pero la reactivación de desembolsos para continuar con este proyecto se volvió indispensable. El Gobierno argentino defiende el proyecto bajo el fundamento de la soberanía energética.
Otros proyectos incluidos como “prioritarios”
Los proyectos “prioritarios” no empiezan ni terminan con las represas en la Patagonia ni con la central nuclear. En la lista proveída por la Cancillería argentina al embajador chino Zou Xiaoli figuran, además, gasoductos, la rehabilitación del sistema de Ferrocarriles de la Línea San Martín, Roca y Belgrano Cargas, así como también un Plan de Modernización de Redes Ferroviarias.
La lista también incluye los ítems “Buenos Aires Pasajeros Material Rodante”, y “las Plantas de Tratamiento de Agua Potable y Acueductos” sin especificar ni brindar precisiones. Y se alude al “Parque fotovoltaico Cauchari 4 y 5 (ampliación)”, los puentes Chaco/Corrientes y Santa Fe/Paraná, el ítem “corredores viales y mejoramientos”, así como también “programas de conectividad y fibra óptica” sin mayores precisiones.
También se mencionan “obras de transmisión y distribución eléctrica”, el desarrollo de las Centrales eléctricas en el Polo Energético Zárate, “programas de vivienda y hábitat” y el Parque Eólico Cerro Arauco.
El proyecto del parque fotovoltaico Cauchari fue desarrollado por las firmas Power China y Shanghai Electric, a partir de un crédito del Eximbank con una tasa del 3 %, y mediante la colocación de un bono internacional por parte del gobierno de la provincia de Jujuy, el extremo norte del país. De los 331,5 millones de dólares totales previstos para la obra fueron desembolsados 312 millones, según las cifras que brindó el Ministerio de Economía en diciembre pasado.
Parque solar de Cauchari en la provincia argentina de Jujuy. El proyecto fue construido por las firmas chinas Power China y Shanghai Electric. Foto/ Manuel Arequipa, Creative Commons.
La empresa Huawei ya tuvo su despliegue en ese proyecto energético: instaló allí un inversor de cadena trifásico conectado a la red, que convierte la energía generada por las cadenas fotovoltaicas en energía de corriente alterna y alimenta la energía a la red eléctrica. El gobierno actual de la provincia de Mendoza, junto a la frontera con Chile, no es afín al oficialismo nacional. La aclaración vale porque el proyecto de la mega central hidroeléctrica Portezuelo del Viento no se encuentra entre los proyectos listados por el gobierno nacional en su búsqueda de capitales chinos. Portezuelo del Viento, un histórico proyecto para construir una central hidroeléctrica, está previsto que se construya en la localidad de Malargüe, en la provincia de Mendoza (al oeste del país), pero la primera piedra sobre esta mega obra todavía está lejos de comenzar: la licitación internacional está todavía en proceso de adjudicación.
La firma china Gezhouba no solo se concentra en la Patagonia, sino también en La Rioja, una de las provincias del norte del país cuyo gobernador, Ricardo Quintela, es afín al kirchnerismo. Allí hay una vía de diálogo enfocada en canalizar una inversión en el Parque Eólico Arauco. Ese es otro de los proyectos por los que bregó el gobierno argentino en su visita a China.
Un informe realizado por la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) en mayo de 2021 concluyó que “el acceso a información sobre proyectos con financiamiento chino es de mediana calidad”.
Durante el tiempo que se utilizó para hacer esta investigación resultó más efectivo para el acceso a la información sobre inversiones chinas en Argentina el contacto con fuentes oficiales a través de consultas telefónicas a los voceros de cada ministerio, que la búsqueda en bases de datos disponibles en sitios oficiales.
No existe un sitio web de entidades gubernamentales en la Argentina que concentre la totalidad de las inversiones chinas en Argentina, dado que, en numerosos casos, los convenios o acuerdos de financiamiento son firmados por gobiernos provinciales o incluso municipales con las entidades asiáticas y, por ende, no hay un seguimiento o registro de la operación en las dependencias nacionales.
“Los bancos públicos de desarrollo chino no tienen información. De esta manera, uno termina recurriendo a las dos instancias analizables; por un lado, lo que puede obtenerse de parte del gobierno argentino, y por otro la información que está disponible en páginas oficiales”, dijo Gonzalo Roza, quien se desempeña como Coordinador del Área de Gobernabilidad Global de Fundeps.
Aun así, sostiene Roza, la información disponible es mínima. En las páginas web oficiales, como la de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Nación, los datos disponibles son escasos: se muestra el monto destinado a un determinado proyecto y el banco que lo financia, sin brindar a los ciudadanos la posibilidad de acceder a algún documento. “Desde la perspectiva ciudadana, la información es prácticamente nula, solamente se le permite saber qué banco va a financiar”, señala Roza.
Desde el área de gobernabilidad de la Fundación no solamente se trabaja en temas de inversiones chinas sino también otros proyectos. “Por lo general los niveles de respuesta son similares, a veces hay demoras, y cuando responden a los pedidos no son las mejores respuestas”, dijo Roza.
“Específicamente en el caso de las inversiones provenientes de China, lo que sí venimos advirtiendo es que la posibilidad de acceder se hace más compleja, no hay demasiadas alternativas. En el caso de los proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está la posibilidad de pedirle información al gobierno nacional, pero también podés hacer la solicitud a la página del banco como alternativa”, agregó. Y señaló que en el caso de los productos de financiamiento chino “es imposible”, por un tema del acceso al idioma, y porque los bancos públicos de desarrollo chino no tienen información disponible.
Al respecto, y en alusión al informe elaborado por Fundeps, dijo: “En cada una de las solicitudes que enviamos pedimos si existían estudios de impacto ambiental, muy pocos respondieron con información. Eso debería estar disponible de manera accesible”.
Por otro lado, la tesis que sostiene la magíster en Relaciones Económicas Internacionales María Marta Di Paola en el artículo titulado ‘Los acuerdos entre Argentina y China ¿Qué lugar ocupa el ambiente y qué rol juega el Fondo Monetario Internacional?’ tiene una nítida correlación con la información recabada para este artículo. Han sido vulnerados los requisitos en materia socioambiental y de derechos humanos, así como también fueron salteadas las consultas previas y las audiencias públicas para dar comienzo a proyectos de alto impacto ambiental, como es el caso de las represas Cepernic y Néstor Kirchner.
El creciente vínculo entre la potencia asiática y la Argentina es asumido por las fuentes oficiales del país sudamericano. Si bien hay un sector de la industria, de la economía y de la política que consideran positivo el desembarco de inversiones chinas en este país, hay advertencias de organizaciones no gubernamentales abocadas a la transparencia institucional sobre la falta de acceso a la información sobre dichos proyectos. Esas dificultades para contar con la totalidad de la información se traducen en un fuerte hermetismo para aquellos ciudadanos que buscan conocer los detalles de las inversiones y su impacto socioambiental.