“La desaparición forzada provoca un dolor permanente. A él se lo llevaron un 13 de mayo, pero para mí es como si estuviera pasando hoy. Lo sigo buscando y aún no tengo respuestas”. Candelaria Vergara tiene 64 años, de los cuales lleva 31 buscando a Pedro Julio Movilla, su esposo que fue desaparecido por el Estado colombiano el 13 de mayo de 1993.
“No volví a estar con nadie porque la desaparición de mi hijo me generó un dolor y una angustia que no se va. Es vivir en la incertidumbre de no saber qué pasó, dónde está, qué ha sido de él. Aunque han pasado más de 23 años, lo extraño todos los días”. Rocío del Pilar Castillo, que a sus 63 años sigue buscando a su hijo Iván Darío López, reclutado forzosamente y desaparecido por las antiguas Farc-EP el 25 de enero de 2001.
“Después de la desaparición de Rubén paré mi vida en todos los aspectos porque uno está siendo señalado siempre; si me fijaba en alguien, era malo, si empezaba una nueva vida, también. Me terminé cohibiendo de vivir por el ‘qué dirán’ que me enseñaron desde niña”. Luz Liliana Salamanca tiene 55 años y busca a su esposo Rubén Darío Ramírez, secuestrado y posteriormente desaparecido por las antiguas Farc-EP.
Mujer buscadora sosteniendo fotografía de su familiar desaparecida forzadamente. Artista: Camila Santafé.
La vida, como la conocían estas tres mujeres, no volvió a ser la misma después de la desaparición de sus seres queridos. Desde el momento de los hechos, sus días han estado atravesados por el dolor. Han tenido que convivir con él de todas las formas y en todos los lugares que han habitado, pero no han logrado deshacerse de su compañía; ni siquiera cuando concilian el sueño porque, incluso allí, las persigue el peso de la ausencia, de la incertidumbre, de la falta de respuestas.
“En primer lugar, es esencial reconocer que la desaparición tiene afectaciones diferenciadas por género. La mayoría de las personas desaparecidas son hombres, como lo refleja el hecho de que más del 78 % de nuestras solicitudes corresponden a hombres, mientras que solo el 12 % se refieren a mujeres. El 10 % restante corresponde a solicitudes sin información de género”, señaló Luz Janeth Forero, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), entidad extrajudicial y humanitaria que se creó a partir de las necesidades y exigencias que surgieron durante las negociaciones del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las antiguas Farc.
“Este dato sugiere que son principalmente las mujeres quienes han sobrevivido a este tipo de violencia en el contexto del conflicto armado, a pesar de haber sufrido otras formas de violencia de manera desproporcionada. Y han sobrevivido para emprender la búsqueda”, agregó.
Hasta el 15 de agosto de 2024 había 28.497 solicitudes de búsqueda impulsadas por 33.805 familiares, de las cuales alrededor del 60 % (19.937) son mujeres, según datos de la UBPD.
El desgaste físico y emocional derivado de esos procesos de búsqueda de seres queridos desaparecidos en el contexto del conflicto armado colombiano ha causado graves afectaciones en el curso de vida de las mujeres, desde volver a construir un vínculo sexoafectivo con otras personas hasta desistir de los planes de tener más hijos e hijas (para quienes son madres), y sobrecargarse con la responsabilidad que implica el cuidado del hogar y de la familia.
Esta es la historia de Candelaria, Rocío del Pilar y Luz Liliana; es una historia que ellas esperan que nunca nadie más tenga que vivir.
Para que nuestros desaparecidos no sigan siendo un número más
El día que conocí a Candelaria llevaba en su chaqueta una cometa que había bordado. También tenía un pin de Pedro Julio al otro costado de su blazer y un collar con una foto de él a blanco y negro. “Nuestros desaparecidos terminan siendo números y el fenómeno se va desfigurando. Ninguna sociedad debería tolerar eso”, dijo mientras explicaba la importancia de entender las razones que han perpetuado la existencia de este crimen para que no se repita nunca más.
“Salimos a las siete de la mañana de la casa. Nos fuimos juntos hasta la Caracas. Yo cogí mi transporte y me fui pa’l trabajo. Y él se fue con Jenny pa’ la escuela. Fue la última vez que vi a Pedro, la última vez que me dio un beso, que nos abrazamos. Todo eso sin saber que era la última vez”.
Pedro era líder sindical y militante del Partido Comunista de Colombia – Marxista Leninista (PCC-ML). Como consecuencia del hostigamiento y la persecución que estaba sufriendo por su labor de liderazgo y militancia, tuvo que desplazarse dos veces: la primera en 1982, año en que salió de Montería, Córdoba, su ciudad natal, para irse a Medellín; el segundo desplazamiento ocurrió pocos años después, cuando tuvo que huir nuevamente con su familia, esa vez a Bogotá.
Antes de que lo desaparecieran en 1993, a Pedro Julio ya lo habían detenido arbitrariamente por participar en una asamblea del sindicato de su trabajo en el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora).
“En esa época [el presidente Belisario Betancur] había decretado estado de sitio [por el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla] y no se podían hacer asambleas ni reuniones masivas, y ellos [el sindicado al que pertenecía Pedro] desobedecieron. El Ejército llegó a hacer un allanamiento y se llevó a Pedro un mes a la cárcel”, relató Candelaria.
De acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición (CEV), entidad que también surgió como parte de la firma del Acuerdo de Paz, más de 121.700 personas fueron desaparecidas forzosamente en Colombia entre 1985 y 2016.
Aunque estiman que hay un subregistro potencial y que las víctimas de este delito que configura una grave violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario (DIH) podrían ser alrededor de 210.000.
La CEV también documentó que, si bien los principales responsables de las desapariciones forzadas en Colombia son paramilitares, guerrillas y fuerza pública, “dentro de los servicios de inteligencia y fuerzas militares se establecieron, en muchos casos, entramados institucionales que facilitaron que sus miembros cometieran” este tipo de crimen, como ocurrió en el caso de Pedro Julio, esposo de Candelaria.
Además, como lo señala la CEV, “la implementación del Estatuto de Seguridad facilitó la desaparición (…) contra sectores sociales que fueron señalados como sospechosos de pertenecer a grupos guerrilleros”.
Dentro de las violaciones de derechos humanos relacionadas con este delito y que anteceden su comisión, la CEV encontró que están las “amenazas previas, detención arbitraria, tortura, violencia sexual y, sobre todo, homicidio”. Sumado a esto, la Comisión explicó que los grupos guerrilleros que más han desaparecido civiles han sido las Farc y el ELN.
Tanto Rubén, esposo de Liliana, como Iván, hijo de Rocío, fueron secuestrados por integrantes de la que hasta hace unos años fue la guerrilla más antigua de Colombia: las Farc-EP. De acuerdo con un informe que publicó en 2018 el Centro Nacional de Memoria Histórica, los grupos subversivos fueron responsables de aproximadamente 5.800 desapariciones cometidas entre 1970 y 2015.
A Iván Darío se lo llevaron el 25 de enero de 2001. Supuestamente solo lo iban a tener secuestrado durante dos meses como castigo por pelearse con otro muchacho en Chupave, un caserío que queda al sur del departamento de Vichada, zona que, desde la década de los ochenta, cautivó la atención de varios actores, entre los cuales están grupos armados como las Farc, por el cultivo de hoja de coca.
“Traté de negociar, ofrecí pagar una multa y no quisieron soltarlo. Me arrodillé ante el comandante, pero mi hijo me dijo: ‘Madre, estos dos meses pasan rápido, no se afane’”. Desde ese momento hasta ahora han pasado más de 23 años.
A Rubén Darío, comerciante de accesorios para vehículos en el barrio Siete de Agosto, en Bogotá, lo secuestraron el 19 de diciembre de 2002. Durante más de un año, el Bloque Oriental de las antiguas Farc estuvo extorsionando a su familia para una supuesta liberación que nunca ocurrió.
“Nos llegó a nosotros esa tristeza, nos tocó en nuestra propia piel el conflicto. Creían que él era millonario porque en el Siete lo veían como una persona ejemplar, que iba creciendo, pero limpiamente, sin hacerle daño a nadie”, mencionó Liliana.
La desaparición forzada en Colombia solo fue reconocida como delito hasta el año 2000. Como lo documentó la CEV, antes de esa fecha, “se trataba de un crimen no reconocido y los casos denunciados eran considerados como secuestros u otros delitos”.
Afectaciones de la desaparición en los proyectos de vida de las buscadoras
“Volver a ser mujer después de vivir una desaparición forzada no es fácil. Es como si uno no tuviera derecho a ser feliz”, contó Liliana Salamanca con un tono de voz que hasta ese momento mantuvo su templanza.
La violencia y las vulneraciones de derechos humanos experimentadas durante el conflicto armado inciden en la sexualidad de las víctimas, así lo documenta el informe La verdad de las mujeres, que recoge 1000 testimonios como parte de un proyecto de la Comisión de la Verdad y de Memoria de Mujeres Colombianas, realizado por Ruta Pacífica.
Mujer honrando la memoria de su familiar desaparecida forzadamente. Artista: Camila Santafé.
Las mujeres que han experimentado algún tipo de agresión en contextos de guerra sufren “afectaciones importantes en la relación con su propio cuerpo, con el placer y en las relaciones sexuales”, asegura el informe.
Diana Carvajal, profesional psicosocial de la Comisión Colombiana de Juristas, organización defensora de los derechos humanos en Colombia que acompaña y representa a víctimas de agentes del Estado y de las antiguas Farc-EP, explicó que: “Para las mujeres buscadoras es muy difícil retomar su proyecto de vida después de una desaparición porque viven en un duelo suspendido. Dedican sus días a encontrar a ese ser querido que se perdió y el resto de aspectos quedan en pausa”.
“Se rompió mi sueño de casarme con el padre de mis hijos. Se rompió el sueño de trabajar, de estudiar. Cuando uno queda viudo lo condenan, lo pisotean”, señaló Liliana Salamanca.
Pasó más de una década desde la desaparición de Rubén para que Liliana volviera a establecer un vínculo sexoafectivo con otra persona: “Me di la oportunidad después de ir a retiros, a psicólogos, a psiquiatras. No fue fácil. Sentía que estaba siendo desleal”.
Para Rocío tampoco fue posible retomar su proyecto de vida después del reclutamiento y la posterior desaparición de su hijo, mucho menos por el secuestro que vivió como parte de las acciones de búsqueda que emprendió para que le devolvieran a Iván.
Después de esperar más de los dos meses que supuestamente estaría castigado su hijo, decidió ir hasta el campamento donde se suponía que lo tenían. Ese día tuvo un altercado con el comandante, quien la retuvo junto con sus dos hijos de 5 y 10 años. La llevaron a la finca La Gorgona, en Chupave, donde vivió cinco meses aproximadamente.
Allí tuvo que hacer trabajos forzados como cocinar y servir a las personas que vivían en ese lugar. A sus hijos también los obligaron a cargar armamento.
“Con el dolor más grande de mi vida me tuve que ir dejando la mitad de mi corazón allá, no pude volver a buscar a mi hijo. Me deprimí, me enfermé”, contó Rocío en audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entidad judicial que también surgió tras la firma del Acuerdo con las extintas Farc.
Cuando Rocío recuperó su libertad decidió separarse del papá de sus dos hijos más pequeños, con los que fue secuestrada mientras que buscaba respuestas sobre el paradero de Iván, reclutado a los 16 años.
Asimismo, el vivir “bajo amenaza y tensión, sometidas a un alto nivel de estrés (…), fue una de las causas de la pérdida de la vida sexual para las mujeres” que experimentaron algún hecho victimizante.
Candelaria tampoco volvió a casarse ni tuvo más hijos después de la desaparición forzada de Pedro Julio, el hombre del que se enamoró cuando tenía 14 años. Esperaron hasta que ella cumpliera 18 para iniciar su noviazgo y dos años después se casaron. Tuvieron tres hijos: Carlos, José Antonio y Jenny.
A Pedro lo desaparecieron cuando tenía 43. Al igual que Liliana y Rocío, Candelaria también ha dedicado su vida a la búsqueda. Pasó más de una década para que estableciera otro vínculo sexoafectivo con alguien, pero contó que esa persona «sabía muy bien que no estaba enamorada» y decidieron dejarlo.
“Siempre se piensa que los derechos sexuales y reproductivos más violados en materia de búsqueda son los derechos a una vida libre de violencia sexual por el gran riesgo y la gran exposición a la que se someten las mujeres buscadoras, pero hay derechos asociados a explorar y disfrutar una vida sexual placentera, a acceder a servicios integrales en salud ginecológica, al autocuidado, que se van quedando atrás”, señaló Luz Janeth Forero, directora de la UBPD.
Y agregó que: “Por eso, muchas mujeres que dedican su vida a la búsqueda terminan falleciendo por enfermedades y por patologías relacionadas con el sistema reproductor femenino, terminan teniendo cáncer de útero y de mama. Queda como en la supremacía el derecho que ellas están exigiendo en relación con sus desaparecidos, pero el resto de derechos que no les están siendo garantizados no se visibilizan”.
El cuerpo como primer territorio de paz
El informe La verdad de las mujeres documenta que la reparación de las personas que han vivido algún hecho victimizante en el contexto del conflicto armado colombiano no debe entenderse como “una ayuda asistencial, sino como una oportunidad de tener una vida digna con autonomía económica y proyección social que las haga saberse útiles a la sociedad”.
En abril de 2024, como resultado de la labor de incidencia de siete organizaciones de mujeres buscadoras en Colombia, se aprobó en el Congreso un proyecto de ley que reconoce su labor de búsqueda, además de adoptar medidas de protección constitucional, así como de atención y reparación integral.
Johanna Blanco Barreto, coordinadora de educación integral de la sexualidad del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), destacó que: “Los derechos sexuales y reproductivos se viven en nuestros cuerpos como primer territorio de paz” y que, para garantizar la no repetición y la reparación es necesario que «todos los actores involucrados reconozcan la sexualidad como parte fundamental de la vivencia y del bienestar de las personas».
“La mayoría de mujeres convierten la búsqueda en su proyecto de vida y, después de encontrar a su ser querido, siguen apoyando otros procesos. Se mueven muchas solidaridades entre las familiares víctimas de desaparición y eso termina aportando a la reparación: unirse con otras personas que han vivido lo mismo para acompañarse”, añadió Blanco Barreto.
Cuando les pregunté cómo se sentirían reparadas, Candelaria, Rocío y Liliana coincidieron en que lo más importante para ellas es conocer la ubicación exacta de su ser querido, saber la verdad sobre lo que pasó con Pedro Julio, Iván y Rubén.
Además, poder hablar sobre ellos, sobre sus vidas; esta es una forma de decirle al mundo que esa persona que desaparecieron, ese hermano, esposo, padre, hijo, hermano, tuvo un lugar y ocupó un espacio en la tierra.
Lo cierto es que las vidas de las mujeres que buscan a víctimas de desaparición forzada en Colombia no van a volver a ser las mismas, ni con el regreso a casa de su ser querido, vivo o muerto.
Liliana hizo varias pausas antes de iniciar su despedida. Dijo que eran “silencios de años guardados en los cuales a uno nadie lo comprende porque tampoco es obligación”.
Le agradeció a Rubén por sus tres hijos y destacó que lamentaba que no los hubiera podido disfrutar como a él le hubiera gustado. “Mi mejor forma de darle las gracias es buscándolo y encontrándolo. A él lo perdono de corazón”, dijo.
Cuando íbamos a terminar la videollamada le pregunté a Rocío si quería dejarle algún mensaje a Iván. Empezó diciendo que teníamos que hablar de nuestros desaparecidos porque eso sanaba.
“A mi hijo, donde quiera que esté, yo sé que él me escucha: que lo amo y que todos los días está aquí en mi corazón. Le pido que me ayude a encontrarlo. No quiero irme de este mundo sin saber qué pasó con él”.
Le pregunté lo mismo a Candelaria. Me dijo que había escrito tantas cosas durante estas más de tres décadas de búsqueda. Han sido más los años detrás de la verdad del crimen de Pedro Julio que el tiempo que pudo disfrutar con él.
Me dijo que la mejor forma de recordarlo y agradecerle era con una frase que él siempre repetía: “Para que la voz y el rostro de los nuestros no se pierda en el silencio y en la impunidad, unidad, organización y lucha”.
Esta historia hace parte del proyecto de formación ‘CdR/Lab Periodismo y sexualidad: informar desde la evidencia’, financiado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y realizado por Consejo de Redacción (CdR).