A comienzos del Siglo XX fue llamado tierra de bandoleros, en los años 60 se le acusaba de albergar repúblicas independientes, y para la transición de los 90 al nuevo milenio, fue el epicentro de uno de los hechos preponderantes en la historia del conflicto armado: la Zona de Distensión y Despeje, durante los diálogos de paz con el expresidente Andrés Pastrana (1998-2002), por la cual fue denominada la ‘capital’ de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
Sin embargo, la firma en 2016 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, al que llegaron el Estado y las Farc, recobró la esperanza del campesinado que habita lejanas, desprotegidas y abandonadas zonas rurales de vivir dignamente, con tierra y en paz.
Con el Acuerdo de Paz de 310 páginas, firmado 24 de noviembre de 2016, se puso fin a una confrontación entre las fuerzas del Estado y ese grupo subversivo que se prolongó por más de cinco décadas. Este conflicto social y armado, que reconocieron múltiples actores, dejó más de 450.000 víctimas, según registros de la Comisión de la Verdad.
El acuerdo permitió ver a San Vicente desde una óptica distinta, desde los ojos de sorpresa de quienes empezaron a descubrir un mundo maravilloso de ríos, bosques diversos y animales coloridos. El municipio empezó a ser referente de una gran importancia ambiental, por su exuberante biodiversidad y desconocidos ecosistemas.
Al mismo tiempo fue recibido con gran ilusión por parte de las comunidades. En particular, el Punto 1 del Acuerdo de Paz: Reforma Rural Integral, generó una fuerte expectativa y esperanzas entre las comunidades y organizaciones de San Vicente del Caguán, que históricamente han buscado la formalización de la tierra, así como el acceso a bienes y servicios básicos. También esperaban un impulso al acceso y uso de la tierra como política de desarrollo agrario, formalizando la propiedad rural, adjudicando tierras a través del Fondo de Tierras, considerando los lineamientos para el uso del suelo y fortaleciendo la participación ciudadana en el ordenamiento territorial.
A su vez, el Acuerdo creó los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que impactan directamente en la pobreza, el conflicto armado, la debilidad de la capacidad institucional y la superación de economías de cultivos de uso ilícito. Dichos PDET debían estar articulados a planes nacionales relacionados con la Reforma Rural Integral, que integraban inversión en infraestructura, desarrollo social y estímulos a la economía campesina.
Pero el paso de esos casi ocho años demuestra que el Estado no estaba preparado para afrontar el desafío y que tampoco ha contado con la voluntad ni la creatividad para hacerlo, y las esperanzas de nuevos vientos se encontraron con antiguos obstáculos: la corrupción y la violencia.
Por un lado, están las denuncias sobre irregularidades en el presupuesto destinado para la implementación del Acuerdo de Paz; el caso más reciente fue expuesto por el Departamento Nacional de Planeación, que alertó sobre una presunta pérdida de 12 billones de pesos durante los años 2018 y 2022. Por otro lado, entre 2016 y 2023 fueron asesinados más de 400 excombatientes firmantes del Acuerdo, según la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
Y las buenas intenciones se encontraron con obstáculos en la normativa nacional y en disposiciones de legislación ambiental, como la Ley Segunda de 1959, que regula la figura de áreas forestales protegidas, ya que más del 70 por ciento del territorio de San Vicente del Caguán se encuentra cobijado por esa figura, o las áreas de interés estratégico ecológico y ambiental, como parques naturales o regionales.
Sin embargo, la amenaza más grave a las promesas de paz es el retorno de la violencia por la conformación de nuevos actores armados ilegales. La Defensoría del Pueblo, por medio de su Alerta Temprana 018 de 2023, documentó la presencia del Estado Mayor Central de las Farc (EMC) y de la Segunda Marquetalia en la zona de cordillera caqueteña, generando zozobra, homicidios, y desaparición forzada como resultado de sus enfrentamientos y disputa por control territorial.
Al mismo tiempo el Acuerdo de Paz dejó al descubierto las graves afectaciones de la presencia guerrillera en territorios como San Vicente del Caguán, y de las problemáticas estructurales de exclusión, vulnerabilidad y empobrecimiento de sus habitantes.
Este panorama pone al departamento de Caquetá en una situación de grandes desafíos y problemas para lograr la implementación de lo pactado. El accionar del Estado y de las organizaciones sociales que actúan en estos territorios desde los liderazgos campesinos, se ven nuevamente amenazados y ante los ojos de todo el mundo, los actores armados ilegales retoman los territorios que hasta hace unos años fueron de las extintas Farc.
Un territorio de luchas y esperanza
Hoy son las comunidades campesinas, desde sus territorios y acciones, quienes siguen sosteniendo la paz con luchas gestadas desde la gobernanza territorial, la defensa de la vida y la protección del medioambiente, haciendo un llamado al Estado sobre el cumplimiento de uno de los puntos más urgentes: la Reforma Rural Integral. Lo anterior, con especial énfasis en el acceso a tierra, a la solución de problemáticas socioambientales como la ocupación de áreas de protección forestal y el reconocimiento del campesino como un guardián de la vida y de la naturaleza, antes que un deforestador.
Con la firma del Acuerdo salieron a relucir las consecuencias de los cultivos ilícitos en la Amazonía, la falta de presencia e inversión social por parte del Estado y, contradictoriamente, el impacto que generó el desplazamiento de la guerrilla de las Farc de la selva amazónica, coincidiendo con el incremento de una de sus amenazas más latentes: la deforestación. Según cifras de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia), en los años 2017 y 2018, la deforestación en San Vicente del Caguán aumentó como nunca antes, con 26.632 y 19.126 hectáreas, respectivamente.
El fenómeno de los conflictos socioambientales y la deforestación no son nuevos en este territorio. Una de las constantes contradicciones ha sido la permanencia de un campesinado que, por efectos de desplazamiento, la inequidad del acceso a la tierra, planes de colonización, ordenamiento territorial y ambiental mal diseñados, ha tenido que pervivir en uno de los espacios más biodiversos del país.
Lo anterior conlleva a la dicotomía entre el acceso a la tierra y el desarrollo comunitario, en retroceso de la selva amazónica. Aunque la balanza tienda a inclinarse desfavorablemente para la naturaleza, la protección del medioambiente ha generado un gran reto en el ordenamiento territorial y con ello, se ha pensado la implementación de planes y programas que buscan la transformación de los territorios más afectados por el conflicto armado. Y el campesino abandera, desde las acciones de cuidado del medioambiente, una nueva visión de la selva colombiana.
Se esperaba que la aplicación de una Reforma Rural Integral en un territorio altamente afectado por el conflicto armado y un laberinto jurídico tendría que presentar estrategias y planes que conllevarán a armonizar el derecho a la tierra y el desarrollo de comunidades afectadas por el conflicto armado, con la protección ecosistemas altamente importantes para el país.
En una serie de tres reportajes más, realizados por una alianza de la Red Compaz, VerdadAbierta.com y Consejo de Redacción, con el apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para la paz en Colombia, se dará cuenta de los pocos resultados alcanzados en el Punto 1 y de los conflictos socioambientales que desencadenó y agudizó su inapropiada implementación.
